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Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

La caja, una obsesión común en el oficialismo y la oposición

Con poco usual anticipación el Gobierno nacional presentó al Congreso las bases del Presupuesto de Gastos y Recursos para el año entrante y, con la habilidad de un atleta de clase mundial, superó las primeras vallas para su tratamiento exprés en Diputados y Senadores.

Se trata de una historia conocida por su repetición y carencia de debates destinados a obtener el mejor proyecto, para el bien de los 41 millones de argentinos.

Tampoco es nuevo que una vez más referentes de los partidos de oposición levantaran sus voces no ya para rechazar la continuidad de diversos impuestos que nacieron en la emergencia, como es el caso más reciente del referido al que se aplica a los créditos y débitos bancarios y que como Ganancias, se fue convirtiendo en una pieza inamovible del manual tributario, sino porque se propone una vez más prorrogarlo, ahora por dos años, sin compartirlo con el conjunto de las provincias, antes de que cambie la estructura de las cámaras, el 10 de diciembre.

Y no se busca rechazar de plano la prórroga de un impuesto claramente distorsivo en los costos de las empresas y también de la amplia familia de trabajadores independientes, como autónomos y monotributitas, además de afectar la bancarización porque los que pueden buscan esquivar el pago del 1,2% del tributo, sino de aceptar su aplicación si el oficialismo cediera a compartirlo con las 24 jurisdicciones administrativas en que se divide el país.

Una vez más, pese a la oportunidad que brindaron las PASO, porque anticipa que desde el próximo 10 de diciembre las Cámaras del Congreso pasarán a tener una conformación menos dependiente del Poder Ejecutivo, diputados de la oposición no parecen dispuestos a plantear la necesidad de una reforma integral del sistema tributario argentino, en la que desaparezcan los impuestos de emergencia, se restablezca un equilibrio en la coparticipación regulada según las necesidades básicas insatisfechas de cada distrito y se prohíba la distribución discrecional de los recursos por parte del Poder Ejecutivo.

En los últimos tiempos se han presentado más de 20 proyectos de reformas impositivas, que buscan aliviarle la carga a algunos y elevarla a otros, con suma positiva.

Tampoco se percibe una insistente vocación en la oposición por impulsar no sólo los ajustes automáticos de los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias, tanto para asalariados, como para autónomos y empresas, sino también de una revisión de las escalas regresivas de tributación de 9 a 35% y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones, en particular para los productos de las economías regionales y el sector industrial no agropecuario.

Por el contrario, una vez más se percibe una alta propensión de las diferentes lineas partidarias, con muy pocas excepciones, por presentar propuestas para crear impuestos, como a la renta financiera, escudadas en principios de equidad tributaria, las cuales sólo contribuyen a fomentar un gasto creciente, ineficiente y que, a la postre lejos esta de redistribuir los recursos de los que mas ganan a los que menos tienen.

Muchos me atacarán, cuestionándome cómo se financiará el Estado si se resigna recaudación, dado el peso del gasto en salarios, jubilaciones, asistencia social, inversión en obra pública y la atención, aunque con claras deficiencias, de los servicios esenciales. La respuesta está del lado de la parte del gasto improductivo, ineficiente, clientelar y la mayoría de las veces con aplicaciones nada transparentes. Y no estoy hablando de los subsidios a los sectores carenciados. El ahorro puede ser inmediato, aunque se corra el riesgo de tildarlo de “ajuste ortodoxo”.

¿Gradualismo o shock?

La inflacion elevada y sostenida, es la principal responsable de esa distribucion regresiva, porque a través del encarecimiento de los alimentos y medicamentos, perjudica más a los que ganan la minima, (90% de los jubilados y pensionados), a más del 40% de los asalariados y autónomos y ni que hablar de los 1,4 millones de desocupados que informa el Indec y otro tanto que no participan del mercado de trabajo por sentirse desalentados.

De ahi que es de esperar que las fuerzas politicas asuman el rol de legislar pensando más en contribuir al logro de un estado que en lugar de aumentar su carga sobre el sector privado, se encamine a favor de reducirla vía el aliento de la inversión, el empleo productivo y la estabilidad de precios. Sólo así se podrán cobrar más impuestos sin necesidad de crear tributos distorsivos para el desarrollo del país.

Eso requiere atacar la inflación de cuajo, cualquier intento de gradualismo, y de suponer que está determinada por la existencia de oligopolios en un mundo altamente globalizado, aunque la Argentina se cierra por caprichos y al extremo de frenar la creación de empleos, sólo conducirá a perpetuarla, para beneficio de pocos y el perjuicio de muchos. Experiencias en la materia hay de sobra.