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El despertar de un sueño que se creyó que no era tal

Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de la deuda pública permanente, y tampoco por la pérdida o el achicamiento de mercados externos, porque el cepo cambiario reducía las importaciones y se creía que así se contenía la fuga de capitales.

Sin embargo, gran parte de la población que no llegó a vivir ese sueño y que, por el contrario, se mantuvo despierta (aunque muchas veces dudaba de ese Estado porque advertía que estaba sumergido en una pesadilla), un día pudo decidir que era tiempo de cambio y por tanto se debía no sólo comenzar a reencauzar la economía para revertir una insoportable realidad social de una singular legión de excluidos que nunca aparecía en la siesta profunda en la que estaban muchos de los votantes: 30% de pobres, producto de más de 11% de la oferta laboral desempleada y creciente desaliento en el mercado de trabajo que había marginado a casi un 3% de la población, un 6% de la oferta laboral total que pasó a formar parte de los “desalentados”.

Frente a ese escenario el nuevo Gobierno se propuso seguir una hoja de ruta compleja, porque optó por medidas de shock para unos casos, que resultaron exitosas, y por el gradualismo para otros, con saldo parcial.

En el primer caso se ubicaron las medidas para salir del cepo cambiario, eliminar la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, cerrar un rápido acuerdo con los holdouts para superar un pleito judicial después de casi 10 años con pago en efectivo, subir las asignaciones familiares y corregir parte de las distorsiones que generaba el congelamiento del mínimo imponible de Ganancias sobre los salarios de una pequeña parte de los asalariados y menos aún de jubilados y pensionados.

Mientras que en el segundo caso se situaron los aumentos de las tarifas de luz y gas, principalmente para sincerar los cuadros tarifarios en la limitada, pero amplia, área del Gran Buenos Aires; luego las correspondientes al transporte público de pasajeros para la misma región, y luego el agua, a lo que se agregó el sostenido aumento del precio de las naftas, aun en momentos en que baja la cotización internacional del barril del petróleo.

Hacen, pero no se ve
Y si bien el Gobierno nacional implementó la creación de la tarifa social para todos esos casos, con una cobertura que abarcó a más de tres millones de familias, a excepción de los combustibles, y elevó el alcance de las asignaciones familiares, de efecto inmediato, que se agregó a la estacional suba semestral de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, la sensación generalizada y la prédica diaria de los principales formadores de opinión, con muy pocas excepciones, es que “el Gobierno hizo una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más fuertes, como los empresarios del campo, la industria y la minería, mientras aún no le dio nada a los sectores postergados”, como los trabajadores, los desempleados de antes y los nuevos que se dispararon por el efecto de dichas medidas.

No sólo eso, la elección del gradualismo para los aumentos espaciados de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y también los servicios privados, junto con las autorizaciones de alza de los precios todavía “administrados”, como la medicina prepaga, la televisión por cable y otros, han provocado el resurgimiento de expectativas fundadas de un cuadro inflacionario sostenido que no sólo impide al Banco Central delinear un sendero de baja de las tasas de interés al nivel compatible con una meta de 25% de inflación, y con ello demorar el esperado ingreso de capitales de inversión productiva, sino que, peor aún, ha disparado decisiones de despidos en algunas industrias, en particular en las ramas de la construcción y de la altamente dependiente del ritmo de la economía de Brasil y del valor del petróleo en el mundo.

Con ese escenario, ya hay economistas que vaticinan enormes dificultades para que el Gobierno no sólo logre cumplir la meta de 25% de inflación, sino la de bajar el déficit fiscal a un 5% del PBI, casi el doble del promedio mundial.

Sin embargo, desde el presidente Mauricio Macri hasta sus ministros y secretarios de Estado se muestran confiados en que el cuadro cambiará radicalmente en el segundo semestre, porque ya habrán cesado los ajustes de tarifas y combustibles y los asalariados registrados volverán a contar con “ingresos nuevos” para “precios nuevos”.

No obstante, para llegar a esa instancia no sólo faltan transitar dos largos meses, sino que aún queda pendiente una respuesta de alivio para quienes están desempleados y diariamente se suman otros, más los sectores carenciados de menos de 18 años y de más de 60, que no están en condiciones de concurrir al mercado de trabajo.

Subestimación del pasado y sobrerreacción del presente
Durante los últimos cuatro años la economía no generó empleos privados netos, y el sector público, pese a haber creado una enorme cantidad de puestos por año, no llegó a absorber a la totalidad de las más de 230 mil personas que anualmente deberían haberse sumado al mercado de trabajo, para no agravar el desempleo, por lo que quedaron sin respuesta en ese período más de quinientas mil personas en todo el país.

Sin embargo, el sueño en el que estaban muchos de los beneficiarios de un modelo que dejó pesadas hipotecas por todos lados hizo que ese fenómeno no adquiriera la entidad que ahora ha tomado la denuncia sindical de más de 127 mil despidos en tres meses, mientras que nada se dice de los esfuerzos que está haciendo la mayor parte de las empresas para sostener e incluso incrementar levemente la nómina.

De ahí que se aliente desde las fuerzas de oposición a tomar medidas antiempleo, porque incluso en los casos en los que no se prevean despidos ni reacciones anticipadas en esa dirección, se deberán incrementar las previsiones contables, con el consecuente impacto alcista sobre los costos laborales y, por tanto, de subas de precios, esto es, de la inflación.

No es fácil despertarse de un largo sueño y encontrarse con una realidad que durante años se negó a gran parte de la sociedad, porque se consideró que vivía de “sensaciones”, y reaccionar rápidamente para no caer en estado de angustia. Y menos aún, recuperarse de una larga pesadilla.

El Gobierno todavía está a tiempo de abandonar el gradualismo y disponer de una vez todas las correcciones tarifarias que considere que restan y, al mismo tiempo, acordar con empresarios y sindicatos medidas de emergencia para compensar a los trabajadores y a la sociedad del impacto real de esas acciones sobre los sectores carenciados y con ingresos inferiores al promedio nacional, para esperar inmediatamente después un cambio de las tendencias inflacionarias como ocurrió en los primeros meses del Plan Austral, en junio de 1985; de la convertibilidad, en 1991 e incluso luego de la crisis de fines de 2001, principios de 2002.

Quienes aseguran que ya se está en la última etapa de los aumentos y que se quiere evitar un daño social, por eso no se encara una drástica reducción del desequilibrio fiscal, que es una de las claves del desmadre de los precios, no advierten que no sólo muchos economistas dudan del logro de una baja efectiva de ese déficit, sino que, peor todavía, aventuran un nuevo aumento de la presión tributaria.

Esa línea fue abonada al cierre de abril, cuando el ministro Alfonso Prat-Gay anticipó a la prensa la decisión de disponer una drástica suba del impuesto a la venta de cigarrillos, bajo el argumento de buscar recursos para asistir a las provincias, cuando es posible esperar enormes ahorros con sólo no validar los sobreprecios denunciados en la obra pública pendiente de pago y en los nuevos proyectos de obras de infraestructura, así como eliminar de la nómina los empleos y los subsidios inexistentes, sólo registrados para alimentar las fuentes de corrupción que también se denuncian a diario en los tribunales.

El ajuste ya afecta a los alimentos

La política oficial de incentivo al consumo sigue sin registrar resultados positivos, no sólo en términos agregados de producción y ventas de la industria, el comercio y el transporte, según las cifras del Indec, sino que ahora se manifiesta también en el consumo básico de las familias que se sostienen en base a ofertas y traslado de primeras a segundas y terceras marcas y en la mayor inactividad de las plantas elaboradoras de alimentos y bebidas.

La serie de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Manufacturera del Indec dio cuenta de que en mayo el promedio del sector fabricante de alimentos y bebidas operó con una capacidad ociosa de más de un tercio del potencial de los establecimientos. Se amplió en los últimos doce meses en más de tres puntos porcentuales.

Esa estadística había sorprendido el mes previo cuando indicó que en abril el uso de las plantas de alimentos había crecido a 75,3%, desde un mínimo de 63% en marzo, pero rápidamente la debilidad del mercado interno y más aún de exportación volvió a elevar la capacidad ociosa en casi diez puntos el mes siguiente.

También se registró mayor parálisis en el uso de diversas líneas de producción en otros sectores, con la consecuente suspensión de personal, como en la rama textil, equivalente de 24 a 27% del potencial; en la elaboración de metálica básica de 15% a 27%; y en la industria automotriz del 50 a casi 55 por ciento.

Las excepciones fueron las industrias del papel; de minerales no metálicos y de productos químicos y del caucho y plástico, las cuales se caracterizan por ser más intensivas en capital físico que humano.

Aliciente de carácter parcial
Ahora, con el cobro de los salarios en varios gremios con el incremento acordado en paritarias y el agregado del medio aguinaldo, en el Gobierno, como en muchas consultoras, esperan una tonificación del consumo que contribuya a devolver impulso a la actividad productiva y comercial, junto a los servicios de transporte y comunicaciones.

Sin embargo, no debiera perderse de vista que el ajuste de salarios convencionados sólo comprende a una franja del 50% de los trabajadores en relación de dependencia registrados, mientras que no incluye al 33% de los asalariados ocupados en negro; a los cuentapropistas que representan más de un cuarto de la población empleada, y por supuesto a los jubilados y pensionados cuyos haberes aumentan en marzo y septiembre.

Además, la incertidumbre que genera el flanco político tras la oficialización de las fórmulas a presidente y los movimientos en el sector judicial, han despertado la preferencia de muchos agentes económicos por la dolarización de carteras, fenómeno que conspira contra la deseada tonificación del consumo y reducción de la alta capacidad ociosa, la cual ahora llegó a la industria de los alimentos.

Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

Menos del uno por ciento de los residentes compra dólar ahorro

En su conferencia matinal, en el día de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, el Jefe de Gabinete dijo que “el 25 por ciento de la población argentina accede a transacciones para tenencia en moneda extranjera. Esta burda mentira instalada respecto a restricciones al acceso. Si existe declaración jurada impositiva, acceden tanto para viajes al exterior tanto para dólar tenencia”. Jorge Capitanich remarcó que “en el último año 4.798.952 personas accedieron a la compra del dólar ahorro por un monto de 3.061 millones de dólares”.

Sin embargo, como me cuesta creer que el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, miente, tiendo a pensar que está mal informado y que sus asesores le omitieron advertir que los 4.798.952 que adquirieron dólares para ahorro en el último año, no eran todas personas diferentes, ni todas lo hicieron con fines de tenencia.

La reglamentación de la AFIP establece que sólo se podrá adquirir dólares para ahorro hasta un límite de 2.000 por mes y 24.000 dólares por año, por parte de aquellos que reúnan ingresos comprobables en tareas registradas por un mínimo equivalente a dos salarios mínimos, en la actualidad unos 9.400 pesos de bolsillo (unos 11.800 pesos en valores brutos). Sobre ese monto, se estima una capacidad de ahorro, tentativa y discrecionalmente del 20%, por lo que el monto mínimo de compra de partida es de unos 1.900 pesos, equivalente a menos de 185 dólares por mes.

A ese límite inferior de ingresos accedió, según los últimos datos del Indec correspondiente al tercer trimestre de 2014, apenas poco más del 10% de los jefes de familia, equivalente a menos de 3% de la población total del país, unas 1,1 millones de trabajadores, esto es poco más de la quinta parte del universo que dijo el Jefe de Gabinete.

Los beneficiarios podrían ampliarse a casi cuatro millones de personas favorecidas por la “flexibilidad” de la venta de dólares ahorro al cambio oficial más un pago a cuenta de futuros impuestos de 20% si opta por no dejar en una cuenta ahorro bancaria los billetes. Pero simplificación y licencia de cálculo no es aceptada por la AFIP, porque sólo valida las autorizaciones de compra en función del ingreso habitual declarado y no del grupo habitacional.

Límite por mes que se puede repetir

Pero esa no es la única falacia de la apreciación que, al parecer, los asesores le transmitieron al Jefe de Gabinete. El régimen de venta de dólares para ahorro se ha definido como parámetro mensual, con un tope anual. De ahí que es muy probable que entre las casi cinco millones de operaciones autorizadas y ejecutadas en el último año se hayan verificado reiteraciones de compra en cada uno de los doce meses, con lo que de modo simple, se puede estimar que la cantidad de personas que fueron autorizadas por la AFIP se limitó a apenas 400 mil, equivalente a menos del uno por ciento de los poco más de los 42 millones de habitantes en el país, o si se quiere poco más del dos por ciento de la nómina total de trabajadores; o de menos del 4% de los ocupados en blancos. En todos los casos, muy lejos del cuarto de la población que con satisfacción dijo Jorge Capitanich, porque estarían manifestando capacidad de ahorro.

Pero peor aún, en una economía que ha pasado de una tasa de inflación de 25 a casi 40%; con salarios que en el mejor de los casos subieron 32% y un gasto público que se expande a una tasa superior al 43%, no han sido pocos los trabajadores autorizados a comprar dólares para tenencia, que lo han hecho para ahorro de muy corto plazo, porque los vendían en menos de 15 días de su adquisición en el mercado libre con una diferencia piso de 30 por ciento, para poder llegar a fin de mes, y de ese modo evitar o atenuar la erosión del poder de compra de sus salarios.

De cualquier forma, ese segmento de la población es muy reducido, porque según los datos de la AFIP el promedio de venta de dólar ahorro por operación fue en el último año de 638 dólares, que al cambio actual, significa un universo muy chico de trabajadores que pueden justificar, siempre en promedio, un ingreso de bolsillo de 33.000 pesos.

Según los datos de Distribución del Ingreso que difundió el Indec menos del siete por ciento de los jefes de familia registró ese parámetro de salario medio, muy por debajo del dos por ciento de la población del total del país, aunque muy superior, con unas 700 mil personas, al promedio mensual de transacciones efectivizadas.

Es decir no todos los que tienen alta capacidad de generación de riqueza y de ahorro acuden al mercado oficial de cambios para comprar dólares billetes, más el pago a cuenta de impuestos del 20 por ciento. Si, son más los que gastan en el exterior con el uso de tarjetas de crédito y luego abonan en pesos en el país, al cambio oficial más un pago a cuenta de impuestos del 35 por ciento. Pero, también se trata de un universo que no llega al 10% de la población, esto es menos de la mitad del 25% que aseguró Capitanich.

En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.