A diferencia de Cristina de Kirchner, que para mantener la iniciativa sobre la agenda inventaba conflictos, proponía y aprobaba raras leyes de igualdad, vacías de contenido, o iniciaba cruzadas contra los medios o contra el mundo externo como una suerte de Quijote desaforado, Mauricio Macri controla y dicta la agenda política atacando problemas concretos y de interés generalizado.

Los temas que proponía la ex Presidente solían ser épicos y burocráticos, con ataques permanentes a los derechos de los ciudadanos o por lo menos molestos y lesivos a esos derechos. Sobre todo, urticantes para la mitad del país, casi matemáticamente y, en general, inconducentes. Cambiemos está tacleando los temas importantes, a veces urgentes, a veces profundos, a veces de largo aliento, que dejó palpitando el Gobierno del Frente para la Victoria y sus socios. El cepo, las retenciones, los pagos de importaciones, el default eterno, la reinserción en el sistema mundial, fueron las urgencias que encaró, con bastante solvencia y acierto, con observaciones varias, por supuesto. La apertura de las discusiones sobre seguridad y reforma política, que ciertamente requerirán políticas de Estado para ser eficaces, y temas tan variados como la discusión no terminada de Fútbol para Todos o de los medios oficiales.

Abruma pensar la cantidad y la diversidad de los problemas que se debe atacar, y también da una cierta tranquilidad saber que se están atacando, por supuesto que con distintos niveles de competencia y acierto. La deuda con los jubilados, la coparticipación, el blanqueo, la inserción en el comercio mundial, la reevaluación del Mercosur, son ahora los nuevos temas que aparecen, todos urgentes, pero también de una enorme complejidad.

Como enmarcando esas políticas viene la escenografía de la lucha contra la inflación, que ocupa el centro del escenario, aunque no sea el centro de la escena. Cambiemos impone su agenda, pero, paradojalmente, no controla a los otros actores políticos, que son los legisladores, ni a la Justicia, que seguramente será más adelante otro cambio de fondo a considerar. Esta situación, como es notorio, lo obliga a negociar, pero no en términos políticos, en el sentido sano del término, sino en aspectos y especies muy poco apreciados por la ciudadanía y casi nunca tolerados, sobre todo después del saqueo kirchnerista.

En ese contexto, hay quienes sostienen que Cambiemos está tratando de ganar las elecciones de 2017 y que a partir de allí realizará los grandes cambios, con un Congreso más favorable. Es evidente que tratará de ganar las próximas elecciones, pero no es tan obvio que tenga vocación y convencimiento para hacer los cambios que revolucionen la economía y la sociedad. Y aquí llegamos al meollo del asunto.

Quienes criticamos a “apenas 5 meses de asumir” el enfoque económico del Ejecutivo, no desconocemos el problema que implica un Congreso dominado por peronismos diversos (siempre el peronismo se muestra con ropajes y papeleses diversos). Tampoco esperamos una solución instantánea, ni ignoramos la advertencia de: “El país se incendiaría si hubiera un ajuste”. ¿Qué nos preocupa entonces? Aquí va.

-Que en serio se crea que no hace falta bajar el gasto, o que se crea que el gasto hay que bajarlo cuando haya crecimiento. Eso sería desconocer demasiado el funcionamiento moderno del mundo económico y de la inversión, para no hablar de los fundamentos económicos sólidos.

-Que no se conozca un plan de equilibrio fiscal de mediano plazo que sirva de marco a la actividad local, a los inversores, a las empresas y los capitales que quieran radicarse y a quienes quieran arriesgar su patrimonio en el país. Peor aún, preocupa de que no se advierta la necesidad de confeccionarlo.

-Que el modelo proteccionista militar-peronista que tanto criticamos y que tanto perjudicó al consumidor y al país por más de 70 años no tenga visos de cambiar, y que, por el contrario, muchos de los defensores y los beneficiarios de ese modelo sigan siendo protagonistas de la economía del futuro, con todas las mañas y los perjuicios implícitos.

-Que el transitorio alivio que puedan brindar un endeudamiento fácil pero costoso, un blanqueo fácil pero dudoso y una exportación primaria que resurgirá casi por su propio peso, obre como un bálsamo que alivie y que permita finalmente que todo siga igual en el largo plazo. Es decir, que esta etapa sea una de las tantas fases cíclicas que terminan como sabemos que terminan.

-Que Cambiemos sea apenas una consigna para salir del desastre peronista, pero que se diluya antes de ser una propuesta superadora y ganadora como podría ser si en este momento, no dentro de un año, se sentaran las bases sólidas de un sistema nuevo, potente y basado en la libertad.

-Que el conformismo de decir: “Estamos mejor que con el kirchnerismo” nos haga bajar la vara o tolerar las soluciones a medias, o aceptar las reformas parciales, o perpetuar las viejas prácticas.

-Que se pierda el momento y que se terminen camuflando dentro del supuesto nuevo modelo económico las viejas estructuras, costumbres, vicios y protagonistas.

-Que triunfe la impunidad política, social y económica.

Podríamos repetir lo que hemos dicho tantas veces en términos técnicos o resumir las puntualizaciones de los economistas más lúcidos de nuestro medio, pero esencialmente este punteo las incluye.

Por eso creemos que no hay que enervar la discusión ni la crítica frente a cualquier proyecto o medida. Debe ser nuestro aporte como técnicos, como periodistas y como ciudadanos. No se trata de una discusión académica ni filosófica. Se trata de cambiar el país para que recupere su grandeza.

Echarle la culpa al kirchnerismo sirve para esta vez, no para todas las otras veces pasadas. No para el futuro. Cambiar de populismo no va a servir, en ningún plano. Por lo menos quien escribe estas líneas no quiere sentirse responsable por callar ahora.

Esta nota es para recordarle al consumidor que parte importante de estas tarifas que ahora debe pagar tienen que ver con el proteccionismo que impera en la matriz energética en todos sus formatos, y con la connivencia entre esas diversas versiones y el Estado.

Tras la quiebra de 2001, el Gobierno decidió controlar las tarifas de todas las empresas privadas, decisión que luego continuó y profundizó Néstor Kirchner y que exageró luego hasta la caricatura trágica su esposa Cristina.

Con excepción de Shell, sin demasiado peso en la ecuación, el resto del sistema energético guardó silencio o emitió suaves quejidos ante la destrucción de la producción. Era lo que correspondía dentro de un sistema secreto y áulico, el del proteccionismo prebendario.

Las tarifas se congelaron y se subsidiaron, dos pasos ruinosos simultáneos. La exploración, la extracción y la distribución se tornaron económicamente imposibles, pero las empresas protegidas, controladas guardaron silencio. Lo mismo la población subsidiada, como corresponde al populismo, que siempre es bifronte.

Cuando se produjo el colapso inexorable, se lo hibernó con medidas-parche, que además incluían su cuota de corrupción y acomodo: importación carísima de gas que se vendía a una fracción de su costo, empresas del Estado sin función, creadas como cáscaras del fraude, acuerdos de apuro con las empresas productoras, que nunca se explicaron adecuadamente.

Paralelamente, fueron creciendo los acuerdos de las provincias en las áreas de explotación up stream, bajo el amparo de la nación. Los apellidos tradicionales del proteccionismo se fortalecieron y se repartieron concesiones, regalías, retornos, favores, que enriquecieron a gobernadores, legisladores, presidentes y, obviamente, a los protegidos empresarios, ahora invitados a la mesa con Barack Obama.

Néstor Kirchner descubrió que se podía dar un paso más: quedarse personalmente con una parte de las empresas energéticas, que ahora dependían de su limosna y de su regulación. Entonces comenzó su avance sobre Repsol y varias de las privatizadas eléctricas, con formatos de una creatividad asombrosa.

Fondos y personajes totalmente ajenos al rubro y al manejo de capitales aparecieron de pronto comprando empresas que les vendían una participación como si les vendiesen un auto usado. El escandaloso caso de Repsol es emblemático, pero sólo una muestra. La empresa fue premiada por regalarle el control a un amigo de Néstor, con el permiso al vaciamiento, que culminó con la recompra de sus acciones por el Estado a un precio delirante. La producción obviamente fue insuficiente y las reservas (de petróleo y dólares) se perdieron. No distinto a lo que pasó con el gas, la electricidad y las áreas de exploración y extracción, con las variantes propias de cada actividad y del creativo de turno. Testaferros, importaciones ruinosas, concesiones contra inversiones que siempre se esfumaban o se transformaban en juicios y reclamos.

Las cláusulas secretas del contrato con Chevron no son las únicas. Todos los contratos de las zonas de exploración y explotación las tienen. No son por cuestiones técnicas. Son prebendas que concedieron los Estados nacional y provinciales. ¿Contra qué? Por cualquier duda, preguntarle al fiscal Guillermo Marijuan los datos de los pagos que encontró en Estados Unidos relacionados con la concesión de Cerro Dragón a uno de los heroicos empresarios nacionales.

Cada piedra que se levante, cada contrato que se analice, cada acuerdo, cada subsidio, está lleno de prebendas, protección, retornos y, como consecuencia, ineficiencia, despilfarro; en resumen, altos costos. La tomografía de un modelo proteccionista en descomposición, donde los protagonistas conviven promiscuamente en una mezcla de papeles.

Hoy se asiste al show hipócrita de las provincias del sur pidiendo recursos de amparo para que no se aplique el aumento de tarifas que con su permisividad encarecieron. O a los mismos legisladores que aprobaron contratos que son de lesa patria interpelando a los ministros por tratar de paliar las barbaridades incurridas. Y al kirchnerismo residual (de residuos), director de la orquesta mussoliniana desorbitada, reclamando como si el aumento en las facturas fuera obviable o postergable.

Lo importante es que el consumidor y la ciudadanía toda deben entender que las tarifas energéticas, incluyendo la nafta, tienen estos niveles por culpa del proteccionismo, el estatismo, la corrupción y la ineficiencia que ambos acarrean siempre.

Las empresas privatizadas fueron llevadas —vía ahogo tarifario— a un proteccionismo que aceptaron gustosas, a un esquema destructivo y corrupto, y finalmente a una sociedad anónima con los funcionarios, no con el Estado, que nos llevó a todos a la ruina. Ahora se están intentando arreglar los efectos del problema. Pero eso no arregla el problema. El problema es el proteccionismo. El problema es el Estado. Eso es lo que usted paga de más en la factura de cada mes. Valdría la pena recordarlo.

Cuando se ataca gradualmente al minotauro salvaje y corrupto del gasto, un animal antediluviano multipartidario y libre de toda ideología, el sistema pone en funcionamiento todos sus recursos de supervivencia, como cualquier cucaracha haría.

Si se resuelve el problema del cepo y el atraso cambiario, de inmediato aparecen pedidos de ayuda para salvar a las “víctimas” de los efectos colaterales de la medida. El Gobierno, como en una tragedia griega, hace inexorablemente lo que se sabe que hará, aunque no deba hacerlo. Entonces, vienen los parches que suavizan la medida, que en el fondo la neutralizan y crean mayor déficit.

Si se regulariza el laberinto infernal de los subsidios a las tarifas, sólo una mínima recomposición de los términos relativos, aparecen las protestas sectoriales y entonces se lanzan subsidios, créditos especiales, planes de rescate y otros. Lo que crea nuevo déficit. Por supuesto que como esos efectos están descontados en las paritarias, también golpean en los aumentos de sueldo, con lo cual los costos privados y estatales aumentan, y con ellos el déficit.

Si se despide a un número mínimo de empleados del Estado claramente ñoquis, y en el sector privado se produce alguna reducción leve como consecuencia de la absorción de base monetaria inevitable, rápidamente nacen protestas y leyes anti-antidespidos que obligan a negociaciones, concesiones, acuerdos, pactos sociales y otras medidas obsoletas, con costos que aumentan el déficit.

Siguen luego los planes del tipo Repro (Programa de Reproducción Productiva) y similares en los casos de quiebras o inviabilidad de empresas, que terminan en la exageración de Cresta Roja, que sigue viviendo del Estado, aunque su debacle no tuviera nada que ver con medida alguna de este Gobierno.

Debe ser sumamente agotador para el Gobierno dedicar tanto tiempo todos los días para neutralizar el efecto de las propias medidas que toma justamente para neutralizar el efecto de las medidas ajenas.

En igual línea está cualquier aumento relacionado con la reducción de retenciones, que de inmediato requiere una nueva intervención estatal para anular, aunque sea parcialmente, el efecto de la medida que tanto costó tomar. Por eso se explica el triste espectáculo de funcionarios y entidades atacando a los formadores de precios, unos canallas que han elegido Argentina para hacerla víctima de las peores maldades.

La suba de tasas, imprescindible en el corto plazo para contener la inflación al no bajar el gasto, produce, a su vez, efectos que, tras criticados, son subsidiados con algún crédito barato, moratoria o parche impositivo. Otra vez más costo fiscal.

No falta demasiado para que se pida una limitación de exportaciones para cuidar el consumo interno, lo que será resuelto con más sacrificio fiscal. En el caso de las importaciones, el proteccionismo sigue tan rígido como antes de asumir Cambiemos; basta ver el grosero juego de influencias y amenazas desplegado por la mayor productora de tubos de acero del país porque una licitación se adjudicó a alguien que usaba caños que costaban casi un tercio que los suyos.

El proteccionismo y los beneficiarios del gasto superfluo del Estado se están comportando como era previsible que lo hicieran, con la complicidad del sindicalismo, socio permanente de ambas lacras. El gradualismo, con el apodo que fuera, es lo mejor que les podría haber pasado. Todos los costos que la sociedad, no el Gobierno, está pagando y seguirá pagando tienen que ver con esa decisión central.

Y como fondo de la salsa, las enormes concesiones que deben hacerse a los gobernadores, los intendentes y los sindicalistas para conseguir aprobación de algunas medidas, o al menos una cierta tolerancia en otras. También con costo fiscal.

Esto tiene consecuencias económicas profundas. La recomposición de los términos relativos tiende a neutralizarse con todos los parches. El déficit no baja adecuadamente y entonces pone presión sobre la emisión-inflación y la carga impositiva. El tiempo del idilio pasa y el del desgaste se acerca, que es lo que espera el enemigo gastador serial y prebendario empresario.

Y entonces vuelve a surgir, como tantas veces, la metáfora del lecho de Procusto, la manta corta de la que la víctima tironea desesperadamente, hasta que el posadero corte todo lo que sobra del cuerpo social, sin afectar jamás a los causantes de semejante desgracia.

Esa recomposición de los términos relativos, junto con el mantenimiento de la inflación en niveles bajos y previsibles, es esencial a la inversión, o sea, esencial al crecimiento. Y el crecimiento es el único camino que le queda al Gobierno luego de haber elegido el gradualismo o la normalización, como tenga ganas de apodarlo.

Justamente porque esa inversión se demorará si no se solucionan esas normalizaciones neutralizadas, es absurdo celebrar cualquier lluvia de dólares que venga al país, sea vía un blanqueo prematuro, como se piensa, sea hot money golondrina, o por endeudamiento liso y llano. Porque a este paso y con esta normalización que tiende al gatopardismo, esos dólares terminarán presionando hacia abajo el tipo de cambio y entonces el paso siguiente será la queja porque no se puede exportar, y el círculo (no el rojo, precisamente) se habrá completado.

No le hacen un favor al Gobierno los samaritanos de la tolerancia que predican que se le dé más tiempo. Tampoco se lo hacen al país. El favor se lo hacen a los que quieren que nada cambie.

Por supuesto que esta vez será distinto y el último, y además se justifica por el supuesto requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de otorgar un perdón fiscal antes de la entrada en vigencia de los tratados de información automática entre países, que aún no se han firmado y que regirían desde fin de 2018.

Sin embargo, por lo que está comunicando el Gobierno y lo que se conoce de los proyectos, surge que lo que se intenta es el retorno de dólares al país. O sea, que los argentinos vendan sus tenencias de la especie que fuere y traigan esos fondos a la Argentina para colocarlos, sea en nuevos certificados de depósito para la inversión (Cedin), sea en nuevos bonos, que pagarán una tasa que se supone algo menor a la reciente colocación, pero no demasiado.

Ello también se evidencia en la idea de cobrar menos alícuota en los casos de repatriación que en los casos de simple exteriorización con permanencia de los dólares donde estén actualmente.

Pongámoslo más claro: el Gobierno intenta que vengan dólares que se transformen en préstamos para la actividad inmobiliaria, o en bonos de nueva deuda que tomará el Estado para usar con fines diversos.

En cualquiera de los dos casos, y suponiendo que no fuera el Banco Central (BCRA) quien comprase esos dólares, sino el mercado, habrá que rogar que no se cumpla la estimación que ha circulado, que lleva la cifra a blanquearse a los 50 mil millones de dólares. Si tal cosa ocurriese, el efecto sería igual al de cualquier invasión de hot money o capital golondrina.

Esto implica una baja potencial muy dura del tipo de cambio nominal, en un contexto de inflación en auge que ha neutralizado una parte importante de la devaluación del peso tras la liberación del cepo. No parecería que fuera muy inteligente apurar un atraso cambiario, ni mucho menos empujar a una apreciación del peso mayor a la esperable.

Tal vez se puedan responder estas observaciones apelando a la esperanza de que los fondos que retornen se apliquen a inversiones productivas, que, sin embargo, no parecen tener aún el escenario mínimo que se requiere para esa etapa. Todavía parece no haberse digerido el concepto de que la inversión no depende de la afluencia de dólares, sino de las expectativas, los proyectos, el clima y el sistema legal imperante. La lluvia de dólares, cualquiera fuera su origen, no llevará apareada ninguna inversión por su sola presencia. La simetría opuesta es mucho más probable: un clima y un ambiente legal y laboral pro inversión provocaría una lluvia de dólares.

Descarto que se le ocurra al BCRA emitir para comprar estos dólares con cualquier formato, por cuanto ello sería una locura que el presente equipo técnico no cometería.

Sin embargo, la financiación de gasto u obras públicas implica algún mecanismo de conversión de esos dólares a pesos, con los efectos que conocemos en el aspecto cambiario o en el inflacionario.

Queda por analizar si efectivamente el blanqueo será tan exitoso como se espera, en momentos en que las tapas de los diarios y los portales no parecen ser un catálogo de oportunidades, sino un listado de reclamos e imposiciones populistas, algunas concedidas.

Creemos que no hay urgencia alguna en lanzar este blanqueo, perdón, exteriorización o como se le quiera llamar a este procedimiento. Desde el punto de vista de los tratados de la OCDE, hacerlo en 2017 estaría perfectamente dentro de los tiempos lógicos de decisión, a la vez que probablemente para ese momento Estados Unidos también estará anunciando algún grado de facilidad de información fiscal, lo que puede empujar más adhesiones.

En lo que hace a la confianza en el país y a la inversión posible, tal vez el año próximo tenga más incógnitas despejadas que las que hay en este momento, de previsible incertidumbre.

¿Cuál es el apuro, entonces? ¿Para qué exponerse a una superabundancia de dólares si se es exitoso, o a un papelón si no se logra atraer suficientes adherentes?

Si el tema es meramente cumplir con el mandato supuesto de la OCDE, no habría que crear incentivos para inundar de dólares al país en un momento en que no hay importaciones relevantes, suponiendo que alguna vez las haya. Si tal fuera el caso, el blanqueo debería limitarse a una simple exteriorización, pagando las alícuotas correspondientes, sin diferenciación alguna.

El tema de la cercanía entre esta regularización fiscal y las escandalosas compras de cedines sin denuncia de lavado, que el Banco Nación no ha explicado aún, es un asunto aparte, pero no sería insensato poner algún espacio de tiempo entre una y otro, máxime cuando las noticias de operaciones similares a las que ahora se quieren promover aparecen todos los días y los sospechosos de ilícitos están desesperados buscando regularizar sus activos.

¿Cuál es la urgencia estratégica en hacerlo ahora? Aun aceptando todos los argumentos a favor, es mucho mejor que este perdón ocurra después de alcanzados ciertos objetivos centrales que constituyan un marco de referencia, no antes de que todo ello esté plasmado. Se trataría así del colofón de un proceso, no del preámbulo.

Tantos blanqueos acumulados configuran ya una sistemática “doctrina del perdón que puede anular el pasado”, como decía Jorge Luis Borges. Habría que tratar de que en esta oportunidad también cambiemos.

Es temprano para pronosticar un cambio en la tendencia que por más de cinco puntos favorecía hasta marzo a la ex primera dama, pero el nuevo sesgo no es una novedad en la breve historia de la campaña presidencial del raro magnate, que ha venido desafiando y destrozando los pronósticos de sondeos y expertos politólogos. La derrota de Clinton frente a Bernie Sanders es un dato relevante.

El deshilvanado discurso de Trump toca fibras que se suponían tensas en muchos sectores profundos del pueblo norteamericano, pero que parecían atemperadas o superadas por los criterios modernos de relación entre países y la concepción de una sociedad universal.

La globalización, que los norteamericanos pensaron originalmente como una proyección mundial de sus mercados, ha tenido un efecto contrario muchas veces, que no fue contrarrestado con la flexibilización necesaria para enfrentar la competencia internacional, en especial en el aspecto laboral-sindical y también en el proteccionismo paraarancelario.

Eso ha tenido efectos en la calidad de los empleos y de los salarios. La crisis del 2008, cuando por razones acaso explicables se rescató con dinero público a grandes estafadores financieros, dejó un tendal de disconformes y de afectados reales.

Tampoco ayudó política y económicamente la elusión tramposa de las grandes empresas emblemas del capitalismo, que se radicaron falsamente en otros países.

El Tea Party, fruto del empecinamiento de los sectores más retrógrados, fanáticos y segregacionistas del Grand Old Party (GOP), separó al gran Partido Republicano de su real tarea en el Congreso, al transformarlo en un mero instrumento obstruccionista contra el Ejecutivo, lo que lo alejó del poder y del centro del escenario político y lo condenó a no crear grandes conductores ni figuras políticas representativas.

La fobia contra los inmigrantes mexicanos —sin entrar a analizar siquiera la esencia de la cuestión— le ganó al candidato devenido republicano más adeptos que lo que cualquiera hubiera imaginado. Ello, pese a la idea de construir un muro y obligar a pagarlo a su socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) bajo amenazas de aplicarle un recargo del 30% sobre las operaciones financieras.

Curiosamente, esa amenaza del recargo sobre las transacciones fue la misma que usó Estados Unidos para forzar a muchos países a subordinar su sistema bancario a las reglas norteamericanas, y para imponer su sistema de información impositiva Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), ambos conceptos inspirados en la absolutista Patriot Act, creada por el presidente George W. Bush en la furia inmediata al 9/11.

Imaginemos ahora por un momento lo que un presidente no demasiado preparado ni sensato puede hacer con ese poder y con semejante paquete normativo que puede aplicar universalmente. Trump ha dicho que negociará términos comerciales del modo más duro con China y otras potencias, y les hará sentir el poderío de su país.

También ha expresado: “Cuando sepan que se puede levantar de la mesa de negociaciones e irse, tendrán más respeto por Estados Unidos”. Estos desplantes, y en especial el concepto de bazar turco con que el candidato parece encarar la política internacional, no son tranquilizantes. No sólo para los estadounidenses, sino para el resto del mundo, que recuerda el 1984 orwelliano ante esos dichos.

Aprovechar y atizar los temores y las carencias de la población y prometer solucionarlos con acciones prepotentes o provocativas es demagogia pura. Pero parece estar teniendo éxito, como suele ocurrir con la demagogia. Lo grave sería si, llegado al cargo, se tomara en serio lo que dice.

Estados Unidos, cuya participación en el producto bruto mundial era de 73% al fin de la segunda guerra y de 33% a mediados de la década de los setenta, sólo representa hoy el 22% de ese producto. Sin entrar a analizar las razones, ese hecho, reflejado en algunos aspectos de la realidad cotidiana, es un campo fértil para fogonear el proteccionismo desatado y la violencia interior y empeorar el problema norteamericano y mundial.

En una ultrasimplificación, Trump ha atacado toda la política exterior norteamericana, lo que abre otro grave interrogante para el mundo, que mira entre absorto, sorprendido, y a veces hasta admirado, esta carrera hacia una colisión inevitable contra todos los muros.

Su propio partido ha abandonado la lucha, como anunció de inmediato a su derrota previsible Ted Cruz, otro exagerado pero más prudente. Los republicanos han decidido concentrarse en mantener sus mayorías en las Cámaras, desde donde esperan controlar y neutralizar al delirante millonario.

Lamentablemente, eso condena otra vez al sistema de poder norteamericano a un juego de obstrucción y parálisis en la tarea de gobierno, como ocurrió con Barack Obama, pero esta vez con un presidente impredecible. O predecible. Y condena al mundo a un período de tremenda inestabilidad política y adicionalmente económica.

Como si Donald tratara de recrear algún capítulo de su programa El aprendiz (The Celebrity Apprentice), donde golpeaba la mesa, despedía gente a los gritos y resolvía los casos como un grotesco personaje de ficción, cree que así se puede gobernar la mayor potencia de la historia.

En una colosal paradoja, su partido espera ahora, junto con el resto de los norteamericanos sensatos y el mundo sensato, que Hillary Clinton lo derrote. Luego, los republicanos paralizarán a la candidata demócrata como hicieron con Obama. Jorge Luis Borges no hubiera imaginado este final.

Por ahora, el rocambolesco personaje sigue avanzando y cosecha adeptos y admiración. “Todavía ni empecé con Hillary”, lanza su bravata. Habrá que rogar que alguien tenga los votos suficientes como para decirle la frase que lo hizo famoso en su programa de televisión que hoy intenta llevar a la vida real: “You are fired, Donald”.

No son aceptables esos actos, ni son recomendables, ni resultan plausibles de ningún modo, espontáneos o no. Pero no deberíamos apresurarnos a calificar a la sociedad de totalitaria o cobarde por esos sucesos.

Luego de doce años de autocracia creciente, rematados por ocho bajo el pie de una señora que hablaba con Dios y desde un púlpito en cadena lanzaba bravuconadas y admoniciones sobre las cabezas de los ciudadanos, la sociedad está corroborando que fue gobernada por una banda de ladrones despreciables y desaforados.

Si bien esa situación no es novedosa, la fuerza de las imágenes, de las declaraciones de algunos cómplices, la exhibición de mansiones, los montos, los mecanismos de robo y ocultamiento, el cinismo de los personajes, la impunidad, la grosería de los modus operandi, las cifras que se manejan, los nombres que van apareciendo y la evidencia de que todo está podrido, han indignado a la sociedad hasta la bronca.

Esto se agrava porque crece el convencimiento popular de que los juicios y las investigaciones no seguirán hacia arriba, ni hacia los costados, es decir, hacia los grandes cómplices privados, ahora en franca simbiosis con el nuevo Gobierno.

Y no fue menos irritante la presencia de la señora de Kirchner haciendo su acting bailantero ante la Justicia, una burla inaceptable para quienes ya han empezado a pagar las consecuencias, no del desgobierno, sino del expolio del kirchnerismo. A lo que debe agregarse el escrache al juez con una turba insultante de 15 mil personas.

Observar a muchos representantes de la Justicia fingiendo diligencia y compromiso, pero en realidad embrollando las causas, ha convencido a los más atentos de que hay un acuerdo o, por lo menos, un clima de impunidad en el aire.

Muchos de quienes sintieron que con su voto cambiarían el sistema corrupto nacional tal vez están empezando a recalcular. El caso del dólar futuro, cuya lista de compradores sigue siendo un secreto de Estado, y la filtración de algunos nombres de actuales funcionarios en ella no es un paño frío ético adecuado para esta situación.

La sociedad está enojada. Sabe que está dirigida por un Congreso y una Justicia que no son distintos a los que perpetraron o consintieron la depredación. Y tampoco siente que el Ejecutivo esté seriamente de su lado en esta lucha, en especial por su asociación con los mismos chupasangres del gasto y la corrupción de siempre.

En tales condiciones, no es sorprendente que, cuando encuentra a algún representante conspicuo de la violación sufrida, le haga sentir el peso del escarnio y el repudio. Eso cobra más fuerza cuando el repudiado ha estado atado a los sectores más prepotentes y patoteros de la asociación gobernante hasta el 10 de diciembre.

Ante la impotencia, la sociedad reacciona obligando a los ladrones a vivir encerrados en sus mansiones o a huir en clase ejecutiva adonde está su dinero, o el nuestro, mejor dicho.

Además de repudiar la actitud espontánea, deberíamos preguntarlos si no es preferible que la bronca se canalice de ese modo, por criticable que fuese, en vez de que estalle de maneras más duras, más dolorosas y más peligrosas.

Hay un paralelo con 2001, cuando la consigna de la población indignada fue el “Que se vayan todos” y los políticos se asustaron seriamente. Peligraba la esencia de su monopolio.

Rápidamente desactivaron el apotegma, con una combinación de acciones violentas en las calles y un giro en la discusión promoviendo el cambio de la Corte (inspiradas por el experto Eduardo Duhalde). Todo apoyado por la providencial corrección política periodística que rápidamente salió a explicar que el concepto era antidemocrático y disociante.

Aunque todavía no se haya explicitado, la ciudadanía está mirando de reojo a todo el sistema político. Se está preguntando si estos son sus representantes y si quiere este monopolio corporativo de la democracia. El simple ejercicio del voto cada dos años, como advirtiera Tocqueville, no parece haberle dado resultado.

Los políticos de hoy, como el señor feudal de antaño, deberían recordar la frase del encabezado. No descalificar el enojo del pueblo. No desvirtuarlo con subtítulos ni con acusaciones de fascismo. La plebe está enojada, pero los fascistas no están del lado de acá del enojo, precisamente.

La sociedad ya votó, democráticamente. Ahora quiere que ese voto se refleje en el accionar de la Justicia. Escrache sería manipular o diluir esa decisión.

No irriten al siervo. Es mejor que no haya ninguna impunidad para nadie en nombre de la gobernabilidad. O la ingobernabilidad vendrá por otro lado.

Quien quiera oír que oiga.

Para comenzar, ha mostrado con enorme claridad las consecuencias del estatismo, con su maraña de reglas paralizantes e innecesarias, siempre en nombre de la bondadosa protección que supuestamente se ofrece a la población.

También ha expuesto los males del sindicalismo, que se basa en la obligatoriedad de afiliación y que culmina siempre en la esclavitud de quienes dice defender.

De paso, llamó la atención sobre el proteccionismo y el prebendarismo empresario privilegiado, que, unidos simbióticamente al estatismo, tornan ineficiente cualquier sistema y anulan todas las libertades, tanto de quien ofrece como de quien demanda bienes, servicios o prestaciones de cualquier tipo. Al mismo tiempo, ha evidenciado cómo el Estado es simultáneamente amo y esclavo de su propio totalitarismo, en una confusión que abre paso a todas las sospechas y a todos los extremos.

Como propina, ha exhibido el derecho a la prepotencia que las regulaciones confieren, sobre todo cuando los regulados terminan por regular al regulador, por cualquiera de los medios que puedan imaginarse.

Un argumento no menor en la vehemente disputa pública fue el costo del servicio y la imposibilidad de elegir, lo que resulta un interesante aporte didáctico sobre el efecto para el consumidor de ese paquete totalitario y siempre corrupto en los altos precios que paga, la poca calidad que obtiene y los pocos derechos que le asisten.

En resumen, la simple irrupción de una nueva forma de remisería pareció servir para recordar los beneficios de la libertad. ¿Comprenderá la sociedad que esto que ocurre en el transporte pasa en todos los órdenes de la actividad económica? No hay diferencia alguna entre el monopolio taxista (efectos y accionar) y el proteccionismo que impide comprar autos al precio de Chile, o que nos transforma en esclavos de las empresas de servicios, desde el cable hasta los bancos, o en benefactores de las petroleras.

No es distinta la discusión ni los groseros costos que se pagan por exenciones como las de Tierra del Fuego, o las limitaciones a la importación de cualquier producto por los medios que fuere, o que los impuestos al trabajo disfrazados de aportes jubilatorios, o la afiliación compulsiva a sindicatos (o mejor, empresas sindicales) bajo el paraguas dialéctico de las fuentes de trabajo, que terminan costando al consumidor diez o veinte veces los sueldos que pagan.

La discusión sobre Uber debería expandirse a todo el sistema económico, si fuéramos capaces de ser coherentes. Profundizando: ¿no deberíamos aplicar el concepto que defendemos en el caso de Uber a todo nuestro sistema político y democrático?

En la era de las aplicaciones, de los sistemas financieros en línea, de los bitcoins y su tecnología blockchain, de la inminente desaparición del dinero físico, de la dirección digital, del expediente y el proceso judicial integral electrónico, de la tarjeta Sube, del pago sin contacto, ¿vamos a seguir llamando al taxi político con un silbido, un grito o con una señal de la mano?

¿Qué quiere decir ir a votar a las escuelas, cuando se puede votar con una aplicación, y no sólo por cargos electivos, sino por temas centrales del país? ¿Qué clase de democracia es votar por una lista de veinte desconocidos propuesta por un partido oscuro cuando se puede elegir a los veinte que cada uno considere mejores, sin intermediarios ni corrupción ni “robo para el partido”?

Licitaciones, presupuestos del Estado, contratos, ejecuciones deben ser públicos y deben poder discutirse en foros especiales. La ley de información pública debe ser digital e instantánea. La Constitución debe incorporar mecanismos obligatorios de consulta popular en línea en ciertos temas, al igual que mejores y más serios sistemas de tratamiento obligatorio de propuesta popular.

Las aplicaciones y los foros dedicados deben reemplazar a los partidos u obligarlos a cambiar diametralmente y salir de su oscuridad de hoy. Incluso en la elección de las propias autoridades partidarias.

Todo el sistema judicial debe funcionar sobre expedientes digitales y con mecanismos de workflow o similares que controlen la eficiencia y los plazos. Lo mismo para todas las administraciones gubernamentales. ¿Y por qué no un método de revocación de mandato iniciado en línea?

Se escucha ahora: “El pueblo eligió a un presidente con las Cámaras en contra”. Mentira. El pueblo no elige con el actual sistema. Sólo tiene un esquema de multiple choice reducido que le es ofrecido por partidos llenos de conspiradores y muchas veces corruptos.

Se escuchan objeciones a cualquier sistema de voto digital. Me parecen tan anticuadas como si se descartara el uso del avión por su peligrosidad, o el uso del email por su hackeo, aunque quienes así opinen esgriman su condición de expertos informáticos en casi todos los casos.

En una sociedad global, donde todo el destino financiero pende de algunos servers, donde el poderío bélico consiste en archivos encriptados, donde las capas más instruidas de la humanidad cuelgan su intimidad de Facebook, donde la cirugía más delicada se hace con robots infalibles, donde los Estados controlan matrixialmente a propios y extraños y le rastrean digitalmente hasta la respiración, creer que la única mejora al sistema electoral es un voto en papel con una lista única pero sábana es un avance parece demasiado pobre.

La aplicación de Uber, como tantas otras, marca, sin proponérselo, el camino de la libertad, la democracia verdadera y la trasparencia. Esto que llamamos democracia es un viejo taxi destartalado y sucio manejado por un descontrolado maleducado protegido por un Estado y un sindicato prepotentes.

El sistema democrático de hoy es un monopolio asegurado por el Estado. El futuro —y la libertad— es la democrappcia.

Particularmente las empresas norteamericanas; a través del instrumento más potente del capitalismo moderno, la hipocresía, han logrado convertir a cualquier país en un paraíso fiscal y a cualquier afiliada, en una offshore. Se enfrentan ahora no contra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amigo, sino contra el propio presidente Barack Obama, en una lucha que imaginan ganada porque el republicanismo del Congreso y la estolidez de los postulantes a sucederlo lo garantizan.

Usan para ello diversos recursos. Uno de ellos es vender su empresa norteamericana a alguna pequeña empresa en Europa, Canadá o China, o fusionarse con ella y transformarla en su domicilio fiscal, por lo que pagan la tasa del país de nuevo domicilio. Tal es el caso de Pfizer, que intentó fusionarse con una pequeña empresa irlandesa, país cuya tasa de impuestos es tres veces menor que la de Estados Unidos. Este mecanismo que se conoce como de Investment Approach elude impuestos sin infringir la ley norteamericana.

Google recurrió en su momento a lo que se llamó el “sándwich doble irlandés-alemán” para traspasar ganancias de una jurisdicción de alta tasa a un país de menor tributación. También todo legal. Hacía desaparecer una subsidiaria de la vista de la Internal Revenue Service (IRS) norteamericana y la convertía en no gravada. No daré los detalles para no caer en instigación al delito.

La inefable Apple sigue su litigio con el fisco norteamericano por un esquema montado en Irlanda por el que, por tener una subsidiaria con residencia en ese país, no estaba gravada en Estados Unidos, pero, por no cumplir con los requisitos de residencia de la ley irlandesa, tampoco era contribuyente irlandesa. Conveniente trabalenguas por el que una investigación del Congreso la acusó de evadir-eludir 15 mil millones de dólares en 3 años.

Starbucks, cuyos negocios en Gran Bretaña son florecientes, pierde plata en ese país como fruto de una combinación de precios de transferencia, regalías y otros cruces de servicios e intereses intercompañías que en Argentina serían considerados delitos. Siempre en busca de la escasa o nula tributación.

Luego están los tratamientos especiales que algunos países europeos garantizan a las grandes empresas para su radicación. Irlanda es famosa por estos acuerdos. Una especie de paraíso fiscal a medida. Apple es la más favorecida también en este caso. Ahorró 30 mil millones en impuestos de este modo.

Luxemburgo tiene su acuerdo especial con McDonald’s, lo que le ha ganado la furia no sólo de Estados Unidos sino de la Unión Europea, como bien explica Michael Hiltzik, autor y columnista de Los Angeles Times, quien agrega los casos de Fiat y Amazon.

Forbes Magazine publicó en 2014 una nota explicando la maniobra de Burger King, financiada por la compra de acciones preferidas por Warren Buffett para adquirir una empresa canadiense y cambiar su sede fiscal a ese país. El propósito central era la exitosa reducción de impuestos que se obtuvo de ese modo, que Barack Obama calificó de antipatriótico, en un dejo infantil.

Financial Times publicó en enero de 2015 un artículo sobre similar fusión de dos gigantes farmacéuticos, Valeant y Allergan, con el respaldo de grandes fondos de inversión y de Goldman Sachs y Morgan Stanley, uno de cuyos propósitos más evidentes era también el ahorro vía el esquema de investment.

Ninguno de estos casos ha concluido aún, pero las empresas alegan siempre lo mismo: “Somos grandes empleadores en Estados Unidos y contribuimos con gran cantidad de empleos”. Recuerdan a muchas empresas argentinas.

El planeamiento fiscal está penado en Estados Unidos. Con ese método se alteran los precios de transferencia, las regalías y hasta la base física de las operaciones. Una multinacional puede decidir fabricar en un país u otro, según le convenga y atribuir todo el valor agregado de su marca al país donde fabrica. Y allí es más difícil atacar el método o hasta verlo. La fuente fiscal es el país de fabricación, pero la mayoría de las ganancias provienen de la marca o el know-how, no de la producción.

Se pueden imaginar las inmensas posibilidades que ofrece el mundo asiático para estos esquemas, al no ser aún totalmente transparente. Esas posibilidades están siendo también ampliamente aprovechadas. Los formatos de subsidiarias, sucursales, asociadas, contratos de producción y sociedades locales hacen muy difícil que todo resulte visible para el fisco norteamericano, además de una legislación que se ha quedado muy desactualizada y que los republicanos no han ayudado a actualizar.

Entra ahora el sistema de diferimiento fiscal de la ley norteamericana, que también ayuda a dejar fuera del país los fondos ganados en el exterior (Cash Boxes), que al no retornar no pagan impuestos y son reemplazados financieramente por créditos en Estados Unidos.

Y para cuando haya tiempo dejamos el sistema de offshore interno, que son las fundaciones como las de Bill Gates y Warren Buffett, que además de saltear impuestos a las ganancias evitan el tan temido Estate Tax.

Ante ese panorama, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone ahora un plan (Base Erosion and Profit Shifting) para eliminar todos estos agujeros fiscales que sostiene que evaden hasta 240 mil millones de dólares de los distintos fiscos. Pero para ello se tiene que enfrentar con algunos propios y algunos extraños. Entre los extraños está Estados Unidos, que quiere cambiar unilateralmente su ley y además pone un impuesto acumulado por el pasado y uno permanente para el futuro que terminen con los paraísos fiscales virtuales inventados por las transnacionales norteamericanas. Dependerá mucho del nuevo presidente.

Entre los propios está Irlanda, que se ha transformado para las corporaciones en un país de escasa tributación, gracias a su ajuste. Un pecado mortal en el nuevo orden mundial. No hacen falta panameñas en el Primer Mundo, una offshore global.

Un hacker —contratado ad hoc o no— roba igual material.

Cualquiera de los dos personajes ofrece en venta lo robado, primero, a la empresa despojada, luego, a sus clientes más importantes y luego, a los Gobiernos. Si no tiene éxito, vende lo robado a la prensa.

Si los Gobiernos compran el botín, también lo filtran a la prensa para presionar-atemorizar a quienes figuran en la base de datos.

Seguramente la gran mayoría de quienes figuran en esos listados han cometido algún delito en algún país, con diferentes niveles de gravedad. También lo han cometido los que robaron la información, para las leyes de cualquier país. Y también los Gobiernos que actúan de ese modo están vulnerando todo tipo de derechos y violando garantías procesales elementales que se les garantizarían a un carterista o a un asesino serial. Además de que la supuesta prueba es inusable e ilegal en juicio.

Cuando se le arroja parte del material al periodismo, que siente que está investigando los horrores de la Solución Final con una planilla Excel, el proceso se transforma en escándalo. Hasta aquí fue descripción.

Los Gobiernos argüirán que el nivel de los delitos cometidos justifica cualquier accionar. Una especie de ley del arrepentido no escrita. Una justificación legal al submarino, como ya ocurre en algunos países. Sería bueno, con tal criterio, aplicar el concepto a cualquier delito. A este columnista le daría lo mismo ser asesinado por un islamita que se vuela por el aire que por un motochorro que le hace una salidera.

Hace 30 años el consenso consistía en que lo que se perseguía sin límites de fronteras eran los delitos sociales aberrantes: fondos del tráfico de armas, trata, narcotráfico. El resto era aceptado por bancos, gobiernos, sociedades. El secreto bancario no era disputado, lo mismo que los derechos de cada uno. También el gasto del Estado era mucho menor que hoy y, consecuentemente, la necesidad de recaudar.

Día a día comenzaron a agregarse excepciones. Lavado de dinero, una causa sacrosanta, por ejemplo. También se fueron flexibilizando las pautas de información entre países. Pero al hacerlo en distintas etapas, lo que hasta ayer no era delito pasó a serlo, y con grandes penalidades.

La lucha contra el lavado de dinero, indisputable, en vez de ser un sistema de consulta secreta de cooperación entre países es hoy un mecanismo agobiante que ha transformado en sospechoso a todo cliente bancario. Cada ley nueva, cada requisito adicional, cada nueva directiva de las organizaciones supranacionales pone en infracción a quienes hasta un minuto antes no cometían delito alguno.

La evasión impositiva prácticamente se confunde hoy deliberada e injustamente con el lavado, tanto en lo legal como en la comunicación, a niveles que afectan la libertad y el derecho. Esto en un marco donde los Estados gastan anualmente más del 50% del PBI mundial y tienen una deuda mayor al PBI global. ¿Será coincidencia?

Quienes creemos que evadir es un derecho cuando la presión del gasto, la emisión y el populismo tiende al infinito vemos el futuro con un sistema impositivo mundial único y creciente, donde el contribuyente privado será exprimido hasta que se le extraiga todo lo necesario para pagar el gasto populista mundial.

Algunos economistas conocidos, como Thomas Piketty y Nouriel Roubini, igual que Warren Buffett, ya abogan interesadamente por un impuesto mundial, que obviamente se aplicará a las tenencias de las personas, no de las empresas ni de las tramposas fundaciones americanas, la nueva manera permitida de evadir, junto con la práctica de las trasnacionales que venden en Estados Unidos como domésticas, pero pagan solamente los impuestos baratos en Asia, usando los agujeros de la ley impositiva estadounidense.

Se recordará que para luchar contra su evasión doméstica, Estados Unidos obligó a todos los países a aceptar su ley Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), un concepto peligroso de extraterritorialidad, un fatal mecanismo de información automática indiscriminada. Europa, enojada por la unilateralidad, reaccionó promoviendo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un mecanismo parecido, al que Estados Unidos no ha adherido. Aún.

Subyacentemente, se está jugando una pulseada entre Europa y Estados Unidos, acusado de que su sistema se beneficia con la no reciprocidad. También contra Panamá, que se venía resistiendo a la transparencia. Ahora sirve de ejemplo. Ahora el hackeo y el robo informático han pasado a ser políticamente correctos.

Y también debe recordarse el odio que tienen los países centrales a quienes cobran menos impuestos que ellos, como si gastar de más hubiera pasado a ser obligatorio y ser cuidadoso con el déficit fuera un delito de lavado, cosa que es probable que sea así tipificado muy pronto.

Cuando todo este partido termine y se fundan todos los que se tienen que fundir, surgirá una estructura única impositiva mundial, tanto de gasto como de impuestos, de la que nadie podrá eludirse, ni siquiera con la devaluada democracia, ya que el voto de cada país no afectará la presión fiscal. La democracia de cada nación, tras delegar todo su poder monetario, fiscal y judicial, pasará a ser un mecanismo municipal de recolección de residuos y transporte público.

La pesadilla orwelliana descrita tan gráficamente en su libro 1984, donde ilusamente creíamos que se refería al comunismo.

Es importante que se analicen las consecuencias y los efectos de cada una de estas posibles decisiones, cosa que trataré de hacer sin apelar a fórmulas ni curvas ni terminología complicada, aunque utilizando los principios ortodoxos.

Las estimaciones del endeudamiento en 2016-2017 oscilan entre cuarenta y cincuenta mil millones de dólares, supuestamente en plazos que van desde 5 a 30 años, si el mercado lo permite. Estas cifras no contabilizan totalmente la emisión de nueva deuda provincial, que todavía no se ha sincerado.

Comencemos por analizar la deuda que se tomará para el pago a los holdouts, supuestamente 5 mil millones en esta etapa y otro tanto en una segunda, para cancelar el total existente en todo el mundo y en cualquier estadio de litigio. Esos montos no están considerados hoy en la información de deuda del país, ni en su valor original ni en el acrecido.

Consecuentemente, si bien el 60% de ese total no es técnicamente una deuda nueva, a todos los efectos de análisis y contabilización estaremos agregando esos diez mil millones de deuda para cualquier cálculo de solvencia y repago, por ejemplo, para calcular con base técnica el riesgo país o el valor de la tasa de interés que pagaremos.

Cualquier otra deuda que tomemos —nacional, provincial o municipal—, para cualquier destino —financiamiento del gasto, obra pública u otros propósitos—, deberá convertirse en pesos, salvo en aquellos casos en que esa deuda sea para pagar equipamiento o bienes importados.

Para convertir los dólares que ingresen por cualquier concepto, inclusive las inversiones, hay, como en cualquier caso, dos caminos. Uno es que los dólares sean comprados como reservas por el Banco Central, es decir, que el banco emita para pagar al Tesoro y que los pesos sean destinados a pagar gastos u otros conceptos. Tal movimiento, a efectos de la presión inflacionaria, es equivalente a emitir lisa y llanamente. En este supuesto, tomando deuda en dólares para financiar el gasto no se baja la presión inflacionaria del actual nivel de dicho gasto.

Si en vez de emitir pesos para comprar esos dólares, se los vende en el mercado sin intervención alguna del Banco Central, eso implica esperar que particulares y empresas compren esos dólares. Para ello, deben usar sus pesos u obtener pesos del mercado para comprarlos. En teoría, eso baja el circulante, es decir, la presión inflacionaria. Pero esa oferta adicional de dólares, si es importante, bajará el tipo de cambio del dólar de todos los dólares que se compren. Eso apreciará el peso, lo que puede tener un efecto muy desagradable, léase atraso cambiario. El peor de dos mundos: el dutch disease sin aumento de exportaciones.

También hay que pensar si los privados estarán muy interesados en atesorar dólares cash, en un contexto donde habrá desaparecido el estímulo para conservarlos. En otros términos, aumentar la oferta de dólares no implica crear necesariamente una demanda adicional. Esto será más cierto cuanta más deuda externa se tome.

Igual disyuntiva surgiría con el posible ingreso de dólares vía un blanqueo con el que sueñan muchos. El gasto se paga en pesos. ¿Cómo se conseguirán pesos con esos dólares sin emitir? ¿Vendiéndolos a quién? ¿Para qué los compraría alguien? Cuantos más dólares ingresen por cualquier concepto, más cierta y más importante será la disyuntiva: emitir más pesos, o sea, aumentar la inflación, o atrasar el tipo de cambio.

Esta especulación sirve para reforzar el concepto de que el gasto se debe bajar, con total prescindencia del mecanismo de financiación del déficit. Que la tasa sea el 35% en pesos o el 8% en dólares no altera la necesidad de reducir el gasto, como se ha explicado (No abundaré sobre el hecho de que además la deuda tomada para pagar gasto también debe pagarse).

Distinto sería decir que se recibe una inversión externa en dólares, que creará demanda adicional laboral y que permitirá absorber empleo público, pero, de todos modos, eso implica reducir el gasto del Estado.

La idea de que se puede emitir pesos contra dólares prestados que obran de respaldo y que eso no tendrá efectos inflacionarios es la que se usó desde 1976 a 1983, con consecuencias desastrosas en el endeudamiento, la inflación y la pérdida de competitividad. Esta afirmación valdría aun si los dólares que se tomasen pagaran tasa cero.

Esto significa que, de no bajarse el gasto, estaríamos jugados a que el crecimiento bajase la importancia relativa del déficit como único camino. Por otros medios, estaríamos de nuevo en el corsé explosivo impuesto por la convertibilidad (Por eso el sueño de Domingo Cavallo era usar el dólar como moneda nacional).

Está muy bien que dejemos de ser estafadores globales y cumplamos con nuestros compromisos. Está muy mal que luego nos endeudemos creyendo que eso nos dará aire para no tener que bajar el gasto. Como he tratado de explicar, no se trata de una cuestión conceptual. Simplemente no se puede lograr.