Una auditoría, en el caso del Estado, debería conllevar dos aspectos completamente distintos. Uno es la verificación de todas las normas del manejo presupuestario, las partidas, su ejecución, los diferentes puntos de cumplimiento legal que se requieren de los funcionarios en cada estamento estatal. Ciertamente eso es necesario y probablemente se encuentren irregularidades de diversa importancia, algunas graves y hasta punibles.

El otro aspecto es más parecido al de cualquier empresa privada. El análisis de cada contratación, licitación o acuerdo y los respectivos cumplimientos de las normas de adjudicación. Posteriormente, el estudio del desarrollo de esos contratos, cumplimiento, litigios, demandas, pagos y otras eventualidades. Por supuesto que desde el origen la comparación de precios es fundamental.

En un rubro aparte colocaremos a las tercerizaciones, en cualquiera de sus formatos y en cualquier tipo de prestaciones que se realicen. Este apartado requiere un largo comentario que haremos más adelante.

Por último, está el caso de todas las facturas que no se originan en los dos apartados anteriores y que, sin embargo, implican un monto trascendente.

Una auditoría en el Estado tiene tres objetivos centrales. Primero, asegurarse de que las operaciones realizadas han sido legítimas y no existen situaciones delictivas. Segundo, determinar el estado de situación a un momento determinado de las cuentas de la administración. Tercero, tomar los recaudos para que no se sigan realizando pagos indebidos o improcedentes originados en la gestión revisada.

Por la situación en que se realiza este trabajo, es de esperar que se encare a nivel nacional, provincial y municipal en todas aquellas jurisdicciones en que haya habido un cambio de signo en el Gobierno. También será fundamental que la revisión no se limite solamente a la evaluación del déficit o del cumplimiento presupuestario, sino que abarque los demás aspectos que hemos puntualizado.

Esto porque habría que aprovechar esta auditoría para bajar el gasto, no sólo para deslindar responsabilidades. Y ciertamente el gasto puede bajar varios puntos con los resultados de este trabajo.

Es redundante puntualizar el rico campo que son los contratos, las licitaciones, las concesiones y todos sus derivados. Desde los juicios inventados en conjunto, cuyos plazos se dejan caer a propósito, hasta el viejo sistema de repartirse las licitaciones entre los contratistas. Sin olvidar las prórrogas y los agregados sin licitación y todo el pentagrama de trampas conocido.

El componente privado mafioso del gasto: el ahorro aquí es incalculable. Pero eso será cuestión de una política de Estado y tomará muchos años para luchar contra la acusación de inseguridad jurídica que esgrimirán los ladrones públicos y privados.

Pero donde más rápido se encontrarán enormes fraudes y grandes ahorros futuros es en las tercerizaciones. Este ha sido el método exprés preferido por los corruptos públicos y privados para saquear al Estado nacional, a las provincias y a los municipios.

Cientos de miles de tercerizaciones, que ya no tienen el clásico diezmo de retorno, sino que, al revés, es todo mentira, y el privado que presta el servicio recibe apenas 20% o 30% de la factura y un mecanismo de ceguera impositiva para que el costo del retorno no encarezca la operatoria  y licue la ganancia.

Vigilancias que no existen o al triple de precio, asesores de todo tipo que realizan informes copiados o vacíos, siempre innecesarios, servicios por los conceptos más inverosímiles, clases de dialéctica, o cursos de coaching, de presentaciones de Power Point, de dicción, de actuación, de cocina o de cualquier cosa de alguien amigo que tenga un membrete y pueda acreditar que algo sabe de algún tema. Ni hablar de los servicios financieros y similares.

El despojo ha sido rampante. No sería descabellado pensar en un ahorro significativo del gasto, que baje un par de puntos el déficit. Un ahorro importante, rápido, ético y con muy bajo costo social.

No se trata de olvidar de todos los otros aspectos del gasto, que por supuesto deben atacarse al mismo tiempo. Simplemente me limito a puntualizar este rubro por la rapidez y la importancia de los resultados.

Pero llevar adelante esta tarea es ciclópeo, carísimo y lento. Ni todos los estudios de auditoría juntos están preparados para semejante tarea. Entonces brindo una alternativa. Propongo la creación de una fuerza de profesionales que trabajen pro bono. Pueden ser retirados, jubilados o donar tiempo parcial, o estar temporariamente sin empleo. Miles de voluntarios, como los fiscales, pero con formación y experiencia.

La tarea se haría entonces de una forma mixta. Bajo la dirección y la supervisión de un estudio de auditores, pero con el aporte a distintos niveles y especialidades de este batallón de voluntarios. La tarea en sí puede tomar formas diversas. Se pueden asignar tres o cuatro contratos a cada equipo de dos o tres profesionales, que se concentren en ellos y eleven sus conclusiones y sus dudas a los auditores rentados, o semi integrándose a los cuerpos estables.

Se debe entender que, por tratarse de una tarea única y sin precedentes, se debe recurrir a soluciones únicas.

La tarea de contralor presupuestario y de cumplimiento de leyes presupuestarias deberá hacerse en menor tiempo que el resto, por razones de oportunidad, y acaso solamente por los auditores profesionales. Pero un contrato de asesoramiento para dicción de los empleados de un área cualquiera requiere menos especialidad.

Este sistema evita que se termine dejando la auditoría en manos de la administración interna, por razones obvias, y además obra de control cruzado de la objetividad y la integridad de la tarea del estudio contable a cargo. Pone además a un número muy importante de ciudadanos sin compromiso político alguno a controlar el gasto estatal y a luchar frontalmente contra la corrupción.

Comprendo que se trata de una solución audaz y compleja. Pero no encuentro otros modos de pasar de la discusión obvia, al voleo y de café sobre el gasto a una acción concreta sistemática. Arrojo esta idea con la esperanza de que sea discutida, perfeccionada y aplicada, como un primer movimiento hacia un control de la ciudadanía de la gestión del Estado, que puede ser potenciado por las redes y la colaboración en línea con programas de workflow.

Si parece disparatada, les recuerdo que hace 8 meses nadie creía que Cambiemos podía llegar a tener cien mil fiscales voluntarios, que fueron vitales para su triunfo. Propongo ahora crear cien mil fiscales voluntarios del gasto. Se puede. ¿Se podrá?

La Justicia, pese a todas sus imperfecciones legales y humanas, logró salvar al país de graves riesgos, no muy diferentes a los que soporta Venezuela. Habrá que reconocer la valentía de muchos que en condiciones dificilísimas defendieron principios, libertades y derechos que garantiza la Constitución Nacional. No estaríamos hoy dando la bienvenida a nuevos gobiernos sin ese coraje.

Ese poder merece ser reforzado para garantizar todavía más su independencia, su calidad y su probidad. Redundaría un detalle de las medidas que es tarea gubernamental confeccionar, estudiar, proponer y transformar en ley y hasta en reforma constitucional. Sobran ideas valiosas.

Dentro de esa misión, habrá que incluir la demorada ley de coparticipación, o su eliminación, como muchos proponen. Biunívocamente, es ineludible revisar el sistema rentístico nacional, una tarea potencialmente revolucionaria en sí misma.

El reciente fallo de la Corte y el previsible manoseo de Cristina Fernández con su decreto sólo ponen en evidencia lo importante que resulta no dejar semejante tema en manos del capricho de cualquiera. Como tampoco en manos de un presidente con su chequera de decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Aquí es esperable un debate profundo, serio, pesado y con enorme difusión. No estamos en un momento fundacional como en 1853. La simplificación de que cada provincia se arregle como pueda no parece inteligente ni aplicable por lo menos en el corto plazo. Republicano no es sinónimo de federal, aunque en el extremo negativo los efectos se confundan o se hayan confundido.

Por eso la seriedad con la que hay que encarar este punto es tanta como la que hace falta para fortalecer el sistema de Justicia. Tampoco cabe hoy proponer ideas, que seguramente lloverán. La discusión es para otro momento, pero es imprescindible.

La segunda misión es la de mejorar y modernizar la democracia. El modo en que los partidos se han apoderado del sistema, de los diputados y de los cargos es peligroso y repugnante, cualquiera sea el sino. También la lista sábana y los manoseos de desdoblamientos y uso de artilugios como la ley de lemas.

La sociedad debe ser compulsada y también se requieren debates sólidos y amplios. El uso de internet no debe ser desdeñado ni despreciado como hasta ahora. Reglas de control de gastos y presupuestario deben ser sopesadas, aunque ello implique tener que proponer modificaciones constitucionales.

Las reelecciones han sido otro reclamo que no puede ignorarse. Nuevamente, sobran propuestas valiosas. Hay que armonizarlas y discutirlas. Nunca mejor momento que a la salida del enorme manoseo a que ha sido sometida la ciudanía.

Y, por último, este Gobierno ya ha dicho que tiene una visión. La de unir a los argentinos. Y es muy importante entender este punto. Unidad no es unanimidad. Justamente ese es el punto central. La única manera de enriquecer a una sociedad, y aun su calidad de vida, es ser capaces de debatir sin transformar la diferencia de ideas y de propuestas en un tajo que corte el rostro de la república.

Ese es el camino que eligen siempre las dictaduras. Ese es el camino que no se debe seguir.

Para ello, avanzar en el cumplimiento de las dos misiones primeras es muy importante, porque son el marco jurídico y ético que lleva a poder debatir y discrepar sin odio y sin que cada tópico sea una cuestión de vida o muerte.

Por supuesto que el estilo del Presidente y de sus funcionarios, en especial en el disenso y ante la crítica, que las habrá, será tan importante como lo legal y lo moral. Es el Gobierno el que debe dar el ejemplo y moderar el tono. Son los funcionarios los que deben avivar el espíritu republicano, que finalmente no es una ley, sino un soplo, un mandato, un hábito, un respeto por el otro y por las instituciones.

Usted, lector, se sorprenderá de que en esta primera nota sobre el nuevo Gobierno no abarque temas económicos, de los que tanto hablamos.

Ya llegaremos a eso. Pero si tan sólo lograra llevar a cabo estas dos misiones y avanzar con esta visión, este nuevo Gobierno le habría prestado el más importante servicio que le puede brindar al país.

No es un empeño fácil. Más bien luce imposible. Una anécdota de Abraham Lincoln en la Guerra de Secesión puede ayudar. Visitaba el gran presidente un hospital de su tropa y, al llegar a un pabellón, lo hicieron pasar de largo.

—¿Por qué no entramos?— preguntó.

—Ahí están los soldados enemigos—. Fue la respuesta.

—Confederados, querrá decir—. Contestó mientras entraba decidido al pabellón.

Como ha quedado claro en estos años, incluyendo los cuatro últimos días, más que crédito, la Argentina necesita grandeza.