Dice la Constitución argentina: “Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Tal garantía se inspira en los principios de limitación de la monarquía y el despotismo que se comenzaron a imponer a fuerza de espada en los albores del siglo XVII: ningún hombre estará subordinado a otro, sino a la ley.

Ninguno de los dos preceptos se está cumpliendo en la antigua República Argentina. Toda la nociva construcción del cepo y atraso cambiario se basa en una combinación de aprietes, amenazas, algunas resoluciones secundarias que habilitan una jurisdicción inexistente (como la de la AFIP) para disfrazar los controles. Continuar leyendo →