Daniel Scioli y Sergio Massa están jugados al endeudamiento, tanto para financiar el gasto como para eliminar el cepo y también para la imprescindible renovación y hasta revolución de la infraestructura, que lleva 20 años de atraso como mínimo. Mauricio Macri ha hablado a veces de inversión, pero con bastante timidez y sin precisar las áreas. Ahora lo oculta.

Los estatistas conciben la deuda como el único mecanismo de financiamiento y lo mismo ocurre con nuestra sociedad, que tiende a acostumbrarse a la mediocridad de pensamiento y espíritu con sorprendente facilidad. Nuestros políticos son dignos de esa sociedad. Se ha llegado al error de llamar inversores a los que compran un bono.

A esos políticos, casi todos estatistas, no les cabe la idea de inversión privada. Necesitan que sea el Estado el que funcione como gran hacedor y que se endeude para ello. Lo mismo ocurre con nuestros empresarios prebendarios. Necesitan un Estado estúpido con quien contratar y que les pague más de lo que corresponde y tome deuda para pagarles. Eso les permite prescindir de la competencia y de la necesidad de ser eficientes y obtener rápidas ganancias en juicios manejados por abogados vendidos.

Para los estatistas, políticos o empresarios vividores, hablar de inversión es un problema, porque significa que las obras o los emprendimientos serán privados y extranjeros, ya que los argentinos no tenemos fondos blancos, se sabe.

Por eso cuando la magnitud de un emprendimiento requiere necesariamente empresas e inversión externa, el Estado y los prebendarios se las ingenian para inventar complicadas figuras donde siempre debe ser protagonista una empresa nacional, asociada con “inversores” o “fondos” extranjeros, o con empresas extranjeras que terminan comportándose como argentinos. Basta mirar lo que está haciendo YPF, los contratos que firma y anula, y con quién lo hace.

A lo máximo que parece llegar nuestra inventiva es a arreglar con los holdouts y salir a tomar crédito para todos los propósitos y despropósitos. Y para financiar planes faraónicos de obras, que estarán en manos de contratistas nacionales. O sea, el futuro parece ser igual que siempre. En el mejor de los casos, echaremos a La Cámpora del presupuesto, pero la reemplazaremos multiplicada por mil por la patria contratista.

Sin embargo, la inversión externa permitiría resolver una gran cantidad de situaciones que hoy parecen imposibles de solucionar. Desde el gravísimo desabastecimiento energético, incluido tarifas y subsidios, hasta obras como los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que nunca serán ampliados y modernizados con los métodos actuales. A lo máximo a que podemos aspirar es a más bicisendas y carriles exclusivos con nombres rimbombantes, que son, sin embargo, meros carriles exclusivos. Caros.

Autopistas, diques, cárceles, hospitales, ferrocarriles, colectivos, deberían recibir esa inversión y ser sacados de las manos del Estado subsidiador y del concesionario socio cómplice y retornador. Una manera efectiva de bajar el gasto sin costo social.

Un problema gravísimo como el de Aerolíneas, a la que Macri promete volver eficiente (sueño de una noche de verano) y Scioli y Massa prometen perpetuar en su ineficiencia, también tiene solución con inversión y operación extranjera.
Cuando se habla de inversión privada, o sea, inversión externa, surge inmediatamente el ejemplo de las privatizaciones de Carlos Menem. Por supuesto, la gran mayoría de los críticos jamás ha leído una página de los contratos, ni sabe cómo fueron concebidos y redactados.

Sin las privatizaciones de Menem, sin embargo, el kirchnerismo no habría podido mantener en funcionamiento el sistema productivo y jamás habría podido realizar avances en infraestructura por su cuenta. Basta ver el estado en que la deja, al borde del colapso (Prometo una nota específica sobre las privatizaciones y su historia).

Los contratistas, que no aportan ni consiguen financiación, obligan al Estado a endeudarse y fabrican juicios millonarios que les hacen ganar fortunas sin hacer las obras, nos condenan a quedarnos sin infraestructura en pocos años, tal vez en cuestión de pocos meses. Nunca ese sistema va a construir nada.

Está claro que nuestro Estado odia la inversión privada. Aun cuando no tiene más remedio que recurrir a ella, elige a las empresas o los países famosos por estar dispuestos a dar coimas o retornos. Los casos de IBM, Siemens, Skanska, Chevron, Repsol y varias empresas españolas son suficientemente conocidos. Ahora hemos agregado a China, Rusia y lo peor de África.

A pesar de todas las críticas y los defectos, la inversión externa es muchísimo más conveniente que la toma de deuda. La primera opción tiene un porcentaje bastante alto de probabilidades de éxito. La segunda, que implica al Estado gestionando, ninguno.

La inversión obliga a un compromiso mutuo del Estado y el inversor, aunque resulte más complejo al comienzo. El endeudamiento es un pozo negro (sic) en el que se pierden todas las responsabilidades, menos la de las generaciones futuras, que deben pagarlo.

Todas esas mentes brillantes económicas que se arrojan sobre la sociedad como espejitos de colores para mostrar la seriedad de la futura gestión de cada candidato deberían desempolvarse y dejar de pensar en la deuda como una herramienta de crecimiento, postergación o salida fácil y temporaria de la crisis.

La inversión es la verdadera solución. Claro que para eso hay que ser serio. En cambio, para tomar deuda basta con arreglar de cualquier modo con los holdouts, ¿verdad? O eso dicen ahora.

Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.

No se trata solamente de un desafío ni de un acto de valentía o rebelión frente a un Gobierno con los peores métodos de sometimiento desde los abusos de los ingenios azucareros de principios del siglo XX, que fueron desde la esclavitud económica hasta la servidumbre sexual.

Se trata de indicar el camino que seguramente deberemos recorrer desde aquí a octubre, desde octubre al 10 de diciembre y luego a lo largo de los próximos cuatro años, quienquiera fuese el candidato ganador en las elecciones generales.

Tuve la suerte, o la desgracia, de anticipar este mecanismo que comenzó el lunes 24 en la nota que publicara en Infobae hace 3 semanas.

Allí hablaba de la necesidad de tomar la calle, no ya como un mecanismo de catarsis, sino como un resorte de poder, o para influir permanentemente en el poder.

Independientemente de que no es esperable que ni José Alperovich, ni Juan Luis Manzur, ni Daniel Scioli (ni Cristina, obviamente) hagan absolutamente nada para corregir el resultado de la elección tucumana, ni tampoco para mejorar el sistema de aquí a octubre, la instantánea reacción de la gente se va a entronizar como un sistema de plebiscito permanente que deberemos usar sin asco ni miedo.

La reciente decisión de crear otro ente con funcionarios eternizados y atornillados para “cuidar” las acciones de empresas privadas en manos del Estado termina de mostrar todas las caretas que está dispuesto a usar el kirchnerismo peronista para quedarse con el poder y para sabotear cualquier intento de salida racional del despropósito que ha procreado y cultivado en estos años.

El Gobierno, que dilapidó de mil maneras los fondos que pertenecen a los jubilados, desde el regalo de dos o tres millones de jubilaciones hasta la venta de sus bonos en dólares a precios de oferta para frenar el blue, la desnaturalización y la expoliación multipropósito de su fondo de reserva y el reviente de sus posiciones en dólares, ahora quiere hacer creer que defiende las acciones que robó a las AFJP y sus aportantes.

Para ello impulsa una ley que será aprobada por mayoría simple, pero que requiere 75 % de votos favorables para vender una acción de Clarín (no de YPF, porque eso es otro negocio), pero puede ser derogada por mayoría simple, otra precariedad de prepotencia legal y jurídica. También técnicamente impugnable por inconstitucional (ley de sociedades).

En definitiva, el kirchnerismo, o Cristina, que no se resigna a morir políticamente, usará el Congreso dividido para impedir gobernar, como también expliqué en esta nota en Infobae hace 3 meses.

El peronismo, con su tradicional mezcolanza de ideología barata e ignorancia, siempre ha dejado de herencia a la república una sociedad caótica, un país exangüe y un sistema de poderes corrupto y paralizante. Por eso los golpes de Estado fueron en general aceptados como mal menor para borrar lo que no se podía borrar jurídicamente, toda una paradoja.

El cepo jurídico será ahora el Congreso de la Nación.

Sobre todo en el crucial primer año, ese Congreso estará en contra de quien fuera que gobierne. Por acción o por omisión. Por lo que vote o por lo que no vote.

La plaza de los dos Congresos deberá entonces ser el escenario de muchos Tucumanes, de un Tucumán semanal, de una presión ciudadana incontenible para que se pueda hacer lo que haya que hacer, sin importar quién fuera el presidente de la nación.

Este Congreso, que seguirá con impronta kirchnerista aun en minoría, y por la escasa calidad de la mayoría de sus anónimos componentes, no es capaz de pensar. Cualquier legislación que de él emane, o que no emane, será nociva para la nación.

Aun cuando se hiciera realidad el sueño imposible de algunos y Scioli decidiera ser Alvear, o Menem aunque fuere, el Congreso no lo dejaría.

La forma de romper ese conflicto deliberado de poderes al que se nos ha condenado es con la presión popular. Organizada, pero instantánea, certera, concreta y valiente. Respirándoles en la nuca a los legisladores.

Esa es nuestra tarea a partir de mañana. Usar la herramienta que acabamos de descubrir. El pueblo no delibera ni gobierna. Pero presiona, reclama, controla, denuncia y exige en la calle. Todos los días. El pueblo mete miedo a los autoritarios, a los tiranos y a los corruptos. Esa es, desde hoy, nuestra tarea política.

Aunque tengamos que importar tucumanos para que aporten sus hormonas.

Argentina es un país con escasa innovación y como tal, de escaso nivel de ventajas competitivas en sus productos. Depende entonces de dos clases de bienes para exportar: las materias primas, en las que no es formador de precios, y los productos industriales, en su mayoría fuertes demandantes de insumos importados y con precios internacionales que no permiten demasiada flexibilidad a la suba del precio.

Está claro que para los bienes agrícolas, el productor se verá fuertemente afectado por la suba de los costos internos y del lado de los ingresos, por un tipo de cambio con un peso muy sobrevaluado. Eso presagia menor actividad, y seguramente menores niveles de empleo.

En cuanto a los bienes manufacturados, como ya se está observando, han comenzado a reducirse las ventas porque los compradores del exterior, empecinados en no querer comprender las ventajas del modelo de redistribución con inclusión social, se niegan a pagar por nuestros productos más caro que lo que le cobra el resto del mundo por ellos. Esto también agregará desempleo a la ecuación.

Este doble escenario no tiene por qué sorprendernos. Un tipo de cambio retrasado y congelado reajusta siempre por desempleo. Ya lo vivió Menem al final de la convertibilidad, en definitiva un sistema de retraso cambiario frente al aumento del gasto.

Ocurre que los costos internos se componen exclusivamente de costo salarial, impuestos y costo del capital, o interés. Esa suma hay que divirla por el tipo de cambio oficial para obtener el costo de producción. Sin necesitar de estudios especiales, es fácil notar que con impuestos crecientes, (incluyo inflación) costo salarial generoso y escaso crédito barato, el costo de producción será muy alto en pesos, y al dividirse por un tipo de cambio falsamente barato, la producción nacional será muy cara en términos internacionales.

Cualquier otro país devaluaría, o permitiría una devaluación, aunque fuera como medida cortoplacista. La experiencia nos dice que eso no pasará aquí. Nos hemos transformados en especialistas en “no hacer lo que hay que hacer”. Un paso aún más adelante que “hacer lo que no hay que hacer”.

Además de que luego de tanto atraso, de tanto gasto y de tanta emisión una devaluación pondría presión sobre la inflación, hoy falsamente controlada, (es un decir) el gobierno quiere ganarle al mercado. El resultado en el corto plazo es previsible: no habrá devaluación, por lo menos en la medida conveniente.

Como tampoco bajará el gasto, (ni siquiera dejará de subir), ni se ampliará el crédito a tasas razonables, ni bajarán las presiones salariales, y además se prevé subir las cargas sociales y ventajas laborales, la ecuación se alterará necesariamente para peor. El desempleo tomará características preocupantes.

En un año electoral, con un gobierno populista, sería irreal pensar en un plan integral para bajar la inflación, el gasto y los impuestos, lo que hace también impensable una devaluación sin sufrir serias consecuencias.

Nada que no hayamos dicho todos varias veces en los últimos meses, pero que hay que volver a decir para explicar que 2015 será, en el mejor de los casos, otro año en blanco.

Algunos colegas respetables sostienen que 2016 también será duro porque allí se deberá practicar el ajuste que ahora se elude irresponsablemente. Pero ese ajuste contendrá una esperanza que es imposible de concebir y soñar en 2015.

Todo este panorama estará fuertemente matizado por la imposibilidad de importar, dada la mala situación de reservas, lo que agravará la recesión y el desempleo. La amenaza de aumentar el valor de las indemnizaciones en nuevas leyes en estudios, puede precipitar despidos y conflictos.

Aún cuando no fuese la solución ideal, un gobierno sensato trataría de conseguir divisas auténticas para incorporarlas a las reservas, y aún para (desesperadamente) poder pagar insumos vitales. También descarto que se vaya a ir por ese camino.

A estas penurias sumémosle las que devendrán del juicio perdido con los holdouts y sus correlativas, y de otros que perderemos, más sanciones adicionales que recibiremos.

Esto, matizado por nuevas leyes vengativas de parte del ejecutivo, a veces con propósitos más o menos claros y despreciables, y otras veces de pura venganza, simplemente.

A menos que algún psicólogo de renombre me explique que se ha encontrado un súbito tratamiento contra las psico y socipatías que parecen afectar al gobierno, perdónenme si no tengo la suficiente hipocresía para desearles felicidades en un año que ya se que será penoso para el país y su gente.

Permítanme entonces trasladar el augurio y las esperanzas a 2016.