Sin embargo, la tarea más difícil, delicada y la que menos margen de error admite es la que tiene por delante el Ministerio del Interior. Años de Domingo Cavallo en el menemismo, de nadismo en el delarruísmo y de absolutismo en el kirchnerismo han hecho olvidar la importancia de esta área. También se diluyó su peso específico con la invención de la Jefatura de Gabinete, que le restó influencia y decisión.

Sin embargo, la coyuntura, o más bien la profunda zanja en que nos deja empantanados Cristina Fernández, lo ha transformado en la principal herramienta de cambio y de gobernabilidad con que cuenta el nuevo Gobierno.

Empecemos justamente por la gobernabilidad. El Senado residual es de mayoría absoluta kirchnerista o afín. Esta situación no implicaría per se una situación dramática en una democracia normal. Pero esta no es una democracia normal, ni lo es la pronto ex Presidente.

Las instrucciones que han recibido los militantes son las de resistir. Eso significa que por un tiempo, al menos hasta que se acaben los efectos de la plata, la lealtad o el poder remanente de Cristina, los senadores obstruirán la sanción de leyes urgentes, imprescindibles para resolver barbaridades como la de tener un presidente del Banco Central incapaz, o una procuradora general que jamás procesará a los delincuentes públicos que la sociedad conoce.

Tampoco se aprobarán las leyes que permitan salir de la encrucijada con los holdouts, situación que impediría a cualquier país tener un desarrollo financiero simplemente normal. No hay margen para esperar que el tiempo solucione estos problemas. Por caso, noventa leyes podrían sancionarse en este momento, que aumentarían la hipoteca y las arbitrariedades que heredamos.

Será un diálogo inteligente de este ministerio con los gobernadores el que permita salir del atolladero legislativo. Justamente la Constitución creó el Senado como un modo de que las provincias tuvieran fuerza en su continua negociación con el Gobierno nacional.

El Plan Belgrano es un punto de partida importantísimo para comenzar ese diálogo, y también para que la política vuelva a ocuparse de los problemas de la gente, no de obedecer a los caudillos. De paso, un mecanismo de creación de trabajo del que más se necesita hoy, en las zonas que más lo necesitan y un paso trascendente en revertir el éxodo hacia un fatalismo villero en el Conurbano.

Hasta la inoportuna pero calculada decisión de la Corte de ordenar la devolución de las retenciones de coparticipación a dos provincias, que pronto serán más por los me too que se agregarán, será una oportunidad de diálogo y construcción de políticas de federalismo que tanto se reclaman.

La Constitución de 1994 establece dos mandatos: el de dictar una nueva ley de coparticipación, y el de promover y ayudar a la regionalización. Ambos son preceptos fundamentales para un federalismo que ponga más sensatez, equidad y eficiencia en el sistema fiscal, y para evitar los vergonzosos episodios de subordinación y humillación a los que se ha sometido a los Gobiernos provinciales con los tributos no coparticipables y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), verdaderos decretos virreinales con que se doblegó a los mandatarios.

Será este ministerio quien emprenda semejante tarea. Sólo ese logro sería ya hercúleo: la coparticipación tiene tal madeja de reglas y disposiciones, tal foja de acuerdos, excepciones y juicios, tantos planes de reparación histórica que parecería más fácil reescribir los Evangelios que acordar en estos puntos.

Es probable que junto con el estudio sobre la coparticipación deba replantarse el esquema tributario, y hasta sería digno de analizar si no convendría eliminar la coparticipación y reemplazarla por un nuevo sistema rentístico federal, con el que cada estado provincial sería dueño de sus destinos. Eso se integra con la idea de regionalización que menciona la Constitución.

Nada más que este punto implica una construcción refundacional, que ni siquiera Bautista Alberdi logró aplicar, pese a haberlo soñado en sus Bases… Está claro que un Gobierno peronista no estaría en posición de proponer y pilotear estos cambios. Este Ministerio del Interior tiene ese desafío.

Tiene también otra tarea, no menos urgente, ni menos trascendente, ni menos fundacional. La de reformar el sistema electoral para que podamos creer en él. Esto incluye desde la unificación de las elecciones, para evitar manipulaciones y distracciones de los funcionarios, hasta un sistema electrónico seguro que impida conspiraciones mafiosas como las del domingo 22, que aún no se nos han aclarado debidamente.

Pero además, se deben reforzar las normas democráticas tanto de la Constitución como de las leyes. Y hasta los reglamentos de las Cámaras Legislativas. Ello también es urgente y no puede ser dejado para más adelante.

El Consejo de la Magistratura debe cuidarse y blindarse; sus reglas deben ser más comprehensivas y estrictas. El Ministerio Público debe tener un marco más preciso en sus funciones. Las reelecciones deben ser limitadas, incluyendo los intercambios matrimoniales. Y otras normas de las que ya hemos hablado deben ser reforzadas o creadas.

Aunque fuera lo único que hiciera este Gobierno, sería suficiente logro si su legado fuera un fortalecimiento de las normas republicanas. Hemos aprendido lecciones que no se pueden desperdiciar.

Esa enorme tarea, que necesariamente debe surgir de la persuasión, del diálogo, de la negociación y del liderazgo, es la función que se ha encomendado a Rogelio Frigerio. Nos merecemos que tenga éxito en ella.

Empiezo entonces resumiendo con el título. Anhelo que, en términos de acción de gobierno,  este sea un año de tres semanas: las que van del 10 al 31 de diciembre.

El resto del año espero que el gobierno no haga nada, o, si fuera necesario, que no le permitamos hacer nada, entre la ciudadanía, el periodismo libre, la oposición y la justicia.   

Estos son mis deseos: 

- Que no se tome ninguna medida que aumente el gasto: nombramientos, designaciones, contrataciones, tercerizaciones y compras de cualquier otro tipo. Si fuera posible que se subejecuten todas las partidas presupuestarias.

- Que no se otorguen ni creen subsidios de ninguna naturaleza, ni a personas ni a empresas. Tampoco jubilaciones o pensiones de regalo.

Estas no-medidas dejarían de fogonear la emisión, la inflación, la corrupción. Y también evitarían más presiones sobre el próximo gobierno, que  no tendrá más remedio que desmantelarlas.

También se evitaría que se continuase llenando de inútiles la administración pública, para colmo encubridores futuros de las huellas digitales de sus jefes ladrones.

- Que no se firmen ni aprueben tratados de ninguna clase, con países, organizaciones internacionales o cualquier otro ente.

El tratado con China, que no vacilo en calificar de grave delito contra la Nación, es un ejemplo de las barbaridades que aún se pueden hacer, con un enorme costo tanto si se cumpliese como si se anulase.

La oposición debe declarar que propugnará la derogación de estos tratados y hacer los planteos judiciales como para que China no pueda alegar derechos adquiridos en el futuro.  Esto se extiende a cualquier acuerdo vía las falsas Sociedades Anónimas para-estatales. Por ejemplo YPF.

- Que se impida por todos los medios la reasignación de partidas, que, pese a ser constitucional, es una de las lacras que fomenta la autocracia.

Si bien este tema forma parte de una profunda reforma presupuestaria a encararse en el futuro, hay que parar el sangrado urgentemente, y los dispendios electorales del gobierno.

- Que no se de vía libre para ninguna clase de negociación, renegociación o emisión de deuda externa del gobierno nacional. Tampoco para resolver el juicio con los holdouts y correlativos. 

Además de su ineficiencia y corrupción,  se correrían varios riesgos al dejar cualquiera de estas acciones en manos del PE. El fallo Griesa, si bien es un fallo que hay que cumplir, admite aún inteligentes soluciones, con el acuerdo de los acreedores reales y potenciales. (Ya ofrecieron una quita voluntaria, por ejemplo).

El primer riesgo es que, por ineptitud, por desesperación, por inexperiencia o por corrupción, se termine pagando más de lo que corresponde, como ocurrió con el Club de París.

El segundo riesgo es que efectivamente se consiga algo de crédito externo, que será dilapidado instantáneamente en la hoguera electoral.

Todo indica que la situación de deuda argentina es compleja pero no dramática, pero debe ser analizada y negociada por profesionales serios y conocedores del tema, no por una estudiantina  vociferante e improvisada, dirigida con impulsos psicológicos irrefrenables.

-  Que no se creen por ninguna vía nuevos impuestos, gabelas o similares, ni reglamentaciones persecutorias o reinterpretativas.

Las ansias de venganza o la desesperación electoral puede ocasionar que se agreguen más monstruosidades e injusticias al actual sistema impositivo, otra madeja difícil de desenredar en el futuro.

- Que no se nombren nuevos jueces ni fiscales, ni se manosee al Consejo de la Magistratura, ni se den curso a juicios políticos o sanciones de cualquier tipo a jueces y fiscales.

Casi no requiere explicación. Es imprescindible evitar que se amedrente a la justicia, y también evitar que se pavimente el camino de la huída con nombramientos de cómplices o complacientes.

- Que por vía del Senado o por la Justicia, se impida la elección anticipada y antiestatutaria de legisladores del Parlasur en conjunto con las elecciones nacionales.

La búsqueda de fueros es una burla a la ciudadanía y un acto de impunidad que no puede dejarse pasar, sobre todo porque los funcionarios de este gobierno deben ser acusados y procesados por sus delitos.

-  Que se frene la aplicación, reglamentación o aprobación de leyes supuestamente de contralor o regulación de cualquier actividad. 

El avance sobre las libertades escondido en este tipo de leyes debe ser impedido y revertido con urgencia, mucho más en un año electoral.

- Que se frene la aplicación del nuevo Código Civil a partir de junio.

No solamente la Presidente rompió alevosamente su promesa de que sería aplicado en 2016, sino que es otro instrumento de apuro para manosear la realidad que usará el Ejecutivo.

Y con eso me conformo.  Con una parálisis provocada de 49 semanas, y un año con 3 semanas útiles. Donde el nuevo gobierno tampoco podrá hacer mucho, pero que deseo que lo poco que haga esté inspirado por el espíritu republicano, la democracia real, el respeto de los derechos auténticos de la gente, la honestidad y el patriotismo.

Ahora sí. Feliz 2015.