No son aceptables esos actos, ni son recomendables, ni resultan plausibles de ningún modo, espontáneos o no. Pero no deberíamos apresurarnos a calificar a la sociedad de totalitaria o cobarde por esos sucesos.

Luego de doce años de autocracia creciente, rematados por ocho bajo el pie de una señora que hablaba con Dios y desde un púlpito en cadena lanzaba bravuconadas y admoniciones sobre las cabezas de los ciudadanos, la sociedad está corroborando que fue gobernada por una banda de ladrones despreciables y desaforados.

Si bien esa situación no es novedosa, la fuerza de las imágenes, de las declaraciones de algunos cómplices, la exhibición de mansiones, los montos, los mecanismos de robo y ocultamiento, el cinismo de los personajes, la impunidad, la grosería de los modus operandi, las cifras que se manejan, los nombres que van apareciendo y la evidencia de que todo está podrido, han indignado a la sociedad hasta la bronca.

Esto se agrava porque crece el convencimiento popular de que los juicios y las investigaciones no seguirán hacia arriba, ni hacia los costados, es decir, hacia los grandes cómplices privados, ahora en franca simbiosis con el nuevo Gobierno.

Y no fue menos irritante la presencia de la señora de Kirchner haciendo su acting bailantero ante la Justicia, una burla inaceptable para quienes ya han empezado a pagar las consecuencias, no del desgobierno, sino del expolio del kirchnerismo. A lo que debe agregarse el escrache al juez con una turba insultante de 15 mil personas.

Observar a muchos representantes de la Justicia fingiendo diligencia y compromiso, pero en realidad embrollando las causas, ha convencido a los más atentos de que hay un acuerdo o, por lo menos, un clima de impunidad en el aire.

Muchos de quienes sintieron que con su voto cambiarían el sistema corrupto nacional tal vez están empezando a recalcular. El caso del dólar futuro, cuya lista de compradores sigue siendo un secreto de Estado, y la filtración de algunos nombres de actuales funcionarios en ella no es un paño frío ético adecuado para esta situación.

La sociedad está enojada. Sabe que está dirigida por un Congreso y una Justicia que no son distintos a los que perpetraron o consintieron la depredación. Y tampoco siente que el Ejecutivo esté seriamente de su lado en esta lucha, en especial por su asociación con los mismos chupasangres del gasto y la corrupción de siempre.

En tales condiciones, no es sorprendente que, cuando encuentra a algún representante conspicuo de la violación sufrida, le haga sentir el peso del escarnio y el repudio. Eso cobra más fuerza cuando el repudiado ha estado atado a los sectores más prepotentes y patoteros de la asociación gobernante hasta el 10 de diciembre.

Ante la impotencia, la sociedad reacciona obligando a los ladrones a vivir encerrados en sus mansiones o a huir en clase ejecutiva adonde está su dinero, o el nuestro, mejor dicho.

Además de repudiar la actitud espontánea, deberíamos preguntarlos si no es preferible que la bronca se canalice de ese modo, por criticable que fuese, en vez de que estalle de maneras más duras, más dolorosas y más peligrosas.

Hay un paralelo con 2001, cuando la consigna de la población indignada fue el “Que se vayan todos” y los políticos se asustaron seriamente. Peligraba la esencia de su monopolio.

Rápidamente desactivaron el apotegma, con una combinación de acciones violentas en las calles y un giro en la discusión promoviendo el cambio de la Corte (inspiradas por el experto Eduardo Duhalde). Todo apoyado por la providencial corrección política periodística que rápidamente salió a explicar que el concepto era antidemocrático y disociante.

Aunque todavía no se haya explicitado, la ciudadanía está mirando de reojo a todo el sistema político. Se está preguntando si estos son sus representantes y si quiere este monopolio corporativo de la democracia. El simple ejercicio del voto cada dos años, como advirtiera Tocqueville, no parece haberle dado resultado.

Los políticos de hoy, como el señor feudal de antaño, deberían recordar la frase del encabezado. No descalificar el enojo del pueblo. No desvirtuarlo con subtítulos ni con acusaciones de fascismo. La plebe está enojada, pero los fascistas no están del lado de acá del enojo, precisamente.

La sociedad ya votó, democráticamente. Ahora quiere que ese voto se refleje en el accionar de la Justicia. Escrache sería manipular o diluir esa decisión.

No irriten al siervo. Es mejor que no haya ninguna impunidad para nadie en nombre de la gobernabilidad. O la ingobernabilidad vendrá por otro lado.

Quien quiera oír que oiga.

Una auditoría, en el caso del Estado, debería conllevar dos aspectos completamente distintos. Uno es la verificación de todas las normas del manejo presupuestario, las partidas, su ejecución, los diferentes puntos de cumplimiento legal que se requieren de los funcionarios en cada estamento estatal. Ciertamente eso es necesario y probablemente se encuentren irregularidades de diversa importancia, algunas graves y hasta punibles.

El otro aspecto es más parecido al de cualquier empresa privada. El análisis de cada contratación, licitación o acuerdo y los respectivos cumplimientos de las normas de adjudicación. Posteriormente, el estudio del desarrollo de esos contratos, cumplimiento, litigios, demandas, pagos y otras eventualidades. Por supuesto que desde el origen la comparación de precios es fundamental.

En un rubro aparte colocaremos a las tercerizaciones, en cualquiera de sus formatos y en cualquier tipo de prestaciones que se realicen. Este apartado requiere un largo comentario que haremos más adelante.

Por último, está el caso de todas las facturas que no se originan en los dos apartados anteriores y que, sin embargo, implican un monto trascendente.

Una auditoría en el Estado tiene tres objetivos centrales. Primero, asegurarse de que las operaciones realizadas han sido legítimas y no existen situaciones delictivas. Segundo, determinar el estado de situación a un momento determinado de las cuentas de la administración. Tercero, tomar los recaudos para que no se sigan realizando pagos indebidos o improcedentes originados en la gestión revisada.

Por la situación en que se realiza este trabajo, es de esperar que se encare a nivel nacional, provincial y municipal en todas aquellas jurisdicciones en que haya habido un cambio de signo en el Gobierno. También será fundamental que la revisión no se limite solamente a la evaluación del déficit o del cumplimiento presupuestario, sino que abarque los demás aspectos que hemos puntualizado.

Esto porque habría que aprovechar esta auditoría para bajar el gasto, no sólo para deslindar responsabilidades. Y ciertamente el gasto puede bajar varios puntos con los resultados de este trabajo.

Es redundante puntualizar el rico campo que son los contratos, las licitaciones, las concesiones y todos sus derivados. Desde los juicios inventados en conjunto, cuyos plazos se dejan caer a propósito, hasta el viejo sistema de repartirse las licitaciones entre los contratistas. Sin olvidar las prórrogas y los agregados sin licitación y todo el pentagrama de trampas conocido.

El componente privado mafioso del gasto: el ahorro aquí es incalculable. Pero eso será cuestión de una política de Estado y tomará muchos años para luchar contra la acusación de inseguridad jurídica que esgrimirán los ladrones públicos y privados.

Pero donde más rápido se encontrarán enormes fraudes y grandes ahorros futuros es en las tercerizaciones. Este ha sido el método exprés preferido por los corruptos públicos y privados para saquear al Estado nacional, a las provincias y a los municipios.

Cientos de miles de tercerizaciones, que ya no tienen el clásico diezmo de retorno, sino que, al revés, es todo mentira, y el privado que presta el servicio recibe apenas 20% o 30% de la factura y un mecanismo de ceguera impositiva para que el costo del retorno no encarezca la operatoria  y licue la ganancia.

Vigilancias que no existen o al triple de precio, asesores de todo tipo que realizan informes copiados o vacíos, siempre innecesarios, servicios por los conceptos más inverosímiles, clases de dialéctica, o cursos de coaching, de presentaciones de Power Point, de dicción, de actuación, de cocina o de cualquier cosa de alguien amigo que tenga un membrete y pueda acreditar que algo sabe de algún tema. Ni hablar de los servicios financieros y similares.

El despojo ha sido rampante. No sería descabellado pensar en un ahorro significativo del gasto, que baje un par de puntos el déficit. Un ahorro importante, rápido, ético y con muy bajo costo social.

No se trata de olvidar de todos los otros aspectos del gasto, que por supuesto deben atacarse al mismo tiempo. Simplemente me limito a puntualizar este rubro por la rapidez y la importancia de los resultados.

Pero llevar adelante esta tarea es ciclópeo, carísimo y lento. Ni todos los estudios de auditoría juntos están preparados para semejante tarea. Entonces brindo una alternativa. Propongo la creación de una fuerza de profesionales que trabajen pro bono. Pueden ser retirados, jubilados o donar tiempo parcial, o estar temporariamente sin empleo. Miles de voluntarios, como los fiscales, pero con formación y experiencia.

La tarea se haría entonces de una forma mixta. Bajo la dirección y la supervisión de un estudio de auditores, pero con el aporte a distintos niveles y especialidades de este batallón de voluntarios. La tarea en sí puede tomar formas diversas. Se pueden asignar tres o cuatro contratos a cada equipo de dos o tres profesionales, que se concentren en ellos y eleven sus conclusiones y sus dudas a los auditores rentados, o semi integrándose a los cuerpos estables.

Se debe entender que, por tratarse de una tarea única y sin precedentes, se debe recurrir a soluciones únicas.

La tarea de contralor presupuestario y de cumplimiento de leyes presupuestarias deberá hacerse en menor tiempo que el resto, por razones de oportunidad, y acaso solamente por los auditores profesionales. Pero un contrato de asesoramiento para dicción de los empleados de un área cualquiera requiere menos especialidad.

Este sistema evita que se termine dejando la auditoría en manos de la administración interna, por razones obvias, y además obra de control cruzado de la objetividad y la integridad de la tarea del estudio contable a cargo. Pone además a un número muy importante de ciudadanos sin compromiso político alguno a controlar el gasto estatal y a luchar frontalmente contra la corrupción.

Comprendo que se trata de una solución audaz y compleja. Pero no encuentro otros modos de pasar de la discusión obvia, al voleo y de café sobre el gasto a una acción concreta sistemática. Arrojo esta idea con la esperanza de que sea discutida, perfeccionada y aplicada, como un primer movimiento hacia un control de la ciudadanía de la gestión del Estado, que puede ser potenciado por las redes y la colaboración en línea con programas de workflow.

Si parece disparatada, les recuerdo que hace 8 meses nadie creía que Cambiemos podía llegar a tener cien mil fiscales voluntarios, que fueron vitales para su triunfo. Propongo ahora crear cien mil fiscales voluntarios del gasto. Se puede. ¿Se podrá?

Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.

No se trata solamente de un desafío ni de un acto de valentía o rebelión frente a un Gobierno con los peores métodos de sometimiento desde los abusos de los ingenios azucareros de principios del siglo XX, que fueron desde la esclavitud económica hasta la servidumbre sexual.

Se trata de indicar el camino que seguramente deberemos recorrer desde aquí a octubre, desde octubre al 10 de diciembre y luego a lo largo de los próximos cuatro años, quienquiera fuese el candidato ganador en las elecciones generales.

Tuve la suerte, o la desgracia, de anticipar este mecanismo que comenzó el lunes 24 en la nota que publicara en Infobae hace 3 semanas.

Allí hablaba de la necesidad de tomar la calle, no ya como un mecanismo de catarsis, sino como un resorte de poder, o para influir permanentemente en el poder.

Independientemente de que no es esperable que ni José Alperovich, ni Juan Luis Manzur, ni Daniel Scioli (ni Cristina, obviamente) hagan absolutamente nada para corregir el resultado de la elección tucumana, ni tampoco para mejorar el sistema de aquí a octubre, la instantánea reacción de la gente se va a entronizar como un sistema de plebiscito permanente que deberemos usar sin asco ni miedo.

La reciente decisión de crear otro ente con funcionarios eternizados y atornillados para “cuidar” las acciones de empresas privadas en manos del Estado termina de mostrar todas las caretas que está dispuesto a usar el kirchnerismo peronista para quedarse con el poder y para sabotear cualquier intento de salida racional del despropósito que ha procreado y cultivado en estos años.

El Gobierno, que dilapidó de mil maneras los fondos que pertenecen a los jubilados, desde el regalo de dos o tres millones de jubilaciones hasta la venta de sus bonos en dólares a precios de oferta para frenar el blue, la desnaturalización y la expoliación multipropósito de su fondo de reserva y el reviente de sus posiciones en dólares, ahora quiere hacer creer que defiende las acciones que robó a las AFJP y sus aportantes.

Para ello impulsa una ley que será aprobada por mayoría simple, pero que requiere 75 % de votos favorables para vender una acción de Clarín (no de YPF, porque eso es otro negocio), pero puede ser derogada por mayoría simple, otra precariedad de prepotencia legal y jurídica. También técnicamente impugnable por inconstitucional (ley de sociedades).

En definitiva, el kirchnerismo, o Cristina, que no se resigna a morir políticamente, usará el Congreso dividido para impedir gobernar, como también expliqué en esta nota en Infobae hace 3 meses.

El peronismo, con su tradicional mezcolanza de ideología barata e ignorancia, siempre ha dejado de herencia a la república una sociedad caótica, un país exangüe y un sistema de poderes corrupto y paralizante. Por eso los golpes de Estado fueron en general aceptados como mal menor para borrar lo que no se podía borrar jurídicamente, toda una paradoja.

El cepo jurídico será ahora el Congreso de la Nación.

Sobre todo en el crucial primer año, ese Congreso estará en contra de quien fuera que gobierne. Por acción o por omisión. Por lo que vote o por lo que no vote.

La plaza de los dos Congresos deberá entonces ser el escenario de muchos Tucumanes, de un Tucumán semanal, de una presión ciudadana incontenible para que se pueda hacer lo que haya que hacer, sin importar quién fuera el presidente de la nación.

Este Congreso, que seguirá con impronta kirchnerista aun en minoría, y por la escasa calidad de la mayoría de sus anónimos componentes, no es capaz de pensar. Cualquier legislación que de él emane, o que no emane, será nociva para la nación.

Aun cuando se hiciera realidad el sueño imposible de algunos y Scioli decidiera ser Alvear, o Menem aunque fuere, el Congreso no lo dejaría.

La forma de romper ese conflicto deliberado de poderes al que se nos ha condenado es con la presión popular. Organizada, pero instantánea, certera, concreta y valiente. Respirándoles en la nuca a los legisladores.

Esa es nuestra tarea a partir de mañana. Usar la herramienta que acabamos de descubrir. El pueblo no delibera ni gobierna. Pero presiona, reclama, controla, denuncia y exige en la calle. Todos los días. El pueblo mete miedo a los autoritarios, a los tiranos y a los corruptos. Esa es, desde hoy, nuestra tarea política.

Aunque tengamos que importar tucumanos para que aporten sus hormonas.

Como la diferencia entre el cielo y el infierno kirchnerista puede llegar a ser de solo cuatro o cinco puntos, la presunción de un fraude tiene fundamentos, en especial en las zonas del malón electoral del conurbano, donde para ser fiscal de la oposición se requiere por lo menos ser cinturón marrón de karate.

La profecía de Lilita puede llegar a proyectarse hacia después de las elecciones, cualquiera fuera el candidato ganador. Sobre todo teniendo en cuenta la conformación de las Cámaras, la cristinización del Ministerio Público y el descuartizamiento y la invasión K de la Justicia.

Si el vencedor fuera Daniel Scioli, habrá que buscar maneras democráticas de hacer valer la presencia ciudadana para quitar el manto protector que el nuevo Ejecutivo tendería sobre la expresidente, con la complicidad de una Justicia acolchonada a esos efectos, luego de haberse incurrido en todo tipo de abusos y tropelías anticonstitucionales.

También la ciudadanía debería organizarse para defender al nuevo presidente contra su propio partido -una enorme paradoja- si quisiera tomar actitudes sensatas en planos tales como arreglo de la deuda, cepo cambiario, apertura de mercados, baja del déficit y de la emisión, reducción de la corrupción, o lucha contra la droga.

Scioli tendrá que buscar inexorablemente esos caminos si no quiere salir expelido por la fuerza de la realidad en una sociedad y una economía que no aguantan más insensateces. Pero si intentase algunas variantes sensatas, en especial en los meses iniciales, clave para estos cambios, se enfrentaría a la ideología, el capricho y el resentimiento sicótico de sus mayores.

En un reciente discurso a su propio entorno materno-político, el gobernauta dijo que esperaba que el Congreso diera libertad al Ejecutivo para negociar la deuda con los holdouts. No hay duda de que comprendía que los legisladores de su propio partido harían valer la letra de la Constitución para entorpecer cualquier arreglo.

En esos casos, ¿qué hará la ciudadanía? ¿Qué haremos? ¿Esperaremos en otra larga agonía hasta que el odio, el resentimiento, el miedo y la psicopatía se agoten, o marcharemos o pararemos para mostrar la disconformidad con la autocracia eternizada?

Ahora supongamos la otra opción. Un triunfo de Mauricio Macri, con el Congreso y la Justicia en las mismas condiciones que las descritas. Habrá que salir a respaldar al nuevo presidente en todas sus decisiones, tanto en las que tienen que ver con propugnar las acciones judiciales contra los corruptos como las medidas económicas impostergables que el FPV querrá, como adivinamos, neutralizar y sabotear. Un largo CV lo avala.

Usará, además de los recursos políticos, las huelgas y los paros, una herramienta habitual que ha usado con éxito el peronismo en toda su historia. ¿Habrá que asistir mansamente a otro torpedo contra la democracia como el de Saúl Ubaldini a Raúl Alfonsín?

Pero también habrá que movilizarse institucionalmente en otros aspectos. El campo y sus organizaciones no pueden simplemente hablar de que no quieren retenciones e impuestos y apuntar con el dedo a otros sectores para sacarles sangre. Tendrán que salir a pedir y presionar para que se baje el gasto, único modo de conseguir una solución duradera.

¿Está el campo preparado para ello, o solo dará discursos encendidos, con razón, pero inconducentes? Macri necesitará presión ciudadana para defenderlo de los obstáculos, y también deberá ser presionado para hacer lo que no quiere hacer.

Los grandes industriales, fuera de su genuflexión cómplice y mendiga de prebendas, no harán nada. Pero el resto del vasto sector industrial trabajador y decente, ¿no debería estar pensando ya en una presencia contestataria y activa en la calle y los foros de la república? ¿Seguirán diciendo que el tipo de cambio los funde, pero que no quieren devaluación? ¿Y qué quieren?

Las economías regionales, ¿se quedarán esperando una próxima elección si no encuentran respuestas? Difícilmente sobrevivirán hasta otra si no hacen algo concreto.

Los jubilados, que son contribuyentes a la hora de robarles los aportes personales y patronales, y mendicantes a la hora de cobrar, ¿se organizarán para protestar y presionar, o se resignarán a ponerse en cola detrás de los empleados públicos privilegiados de La Cámpora?

El populismo, y en general todo el efímero poder político, se basa en que la gente no es capaz de mirar más allá de su pequeña ventaja personal o de su pequeña comodidad. Esa comodidad consiste a veces en comprarse todo lo que le venden.

Las ciudadanías libres son aquellos que han sabido ocupar su lugar en la calle y en la vida republicana. Pacífica, civilizada, sistemáticamente, tenemos que aprender a protestar, a pedir, a presionar, a exigir, a demandar, a auditar. Y por supuesto, a apoyar lo que se crea correcto cuando se intente bastardearlo. ¿O alguien cree que los empresarios corruptos presos en Brasil no son consecuencia directa de las movilizaciones?

Contra la asfixiante hegemonía de los partidos, contra la hipocresía de una dirigencia empresaria y sindical corporativa, hay que empezar a contraponer el poder indisputable de la ciudadanía. En la calle, en todos los foros, en los medios, en las redes.

Las barricadas ya no se hacen con armas ni con palos, sino con la fuerza de la razón y de la convicción. En paz, pero con constancia y organización. Aun los reyes más poderosos y déspotas le temían al pueblo. Esta democracia no nos sirve demasiado con estas reglas. Hay que empezar a cambiarlas. Los políticos, incluso nuestros preferidos, no lo harán voluntariamente.

Usted puede elegir creer, como ocurre tantas veces con Lilita, que estoy exagerando. Puede. Solo le ruego que dentro de algún tiempo no me venga a decir que tenía razón.

El cepo fue fatal. Porque ahuyentó el ingresó de divisas y exponenció el aumento de costos en dólares.  Las empresas más grandes ya no pudieron obtener sus componentes importados a tiempo, o no los obtuvieron nunca más. Las pequeñas empresas exportadoras vieron desaparecer sus mercados frente al aumento de sus costos. Las ganancias obtenidas en los primeros años tuvieron que consumirse para durar.

Las mega inversiones se transformaron en declamaciones o en campo de aventureros, locales o extranjeros, o asociaciones de ambos, sin grandes requerimientos de personal ni de servicios. Junto con las reservas se evaporaron las esperanzas y los proyectos. Las empresas ya establecidas decidieron simplemente quedarse en stand by. Los supuestos nuevos inversores esperaban con calma poder negociar con alguien que no necesitara un chaleco de fuerza.

Las preocupaciones cotidianas de los factores ya no eran las ventas, los costos o los desarrollos, sino lo que el gobierno haría o dejaría de hacer con el dólar, o cada nueva resolución de la Afip que implicaría más engorros y costos, una nueva restricción o requisito que demoraría o impediría el crecimiento, o la simple supervivencia.

Los aumentos de sueldos por paritarias, los impuestos, los alquileres, fueron congelando las esperanzas y las expectativas. Consumidores, Pymes, empresas grandes, productores agrícolas, industrias y cultivos regionales, simplemente se fueron paralizando, sumiéndose en estado de hibernación.

Muchos están hoy en situación de marasmo hasta el extremo de no saber ni siquiera si cerrar o vender. Tampoco hay precios de mercado en vastos sectores, como el inmobiliario, que prácticamente ha dejado de existir.

Miran todos hacia la distancia con ojos desesperadamente esperanzados, pero no avizorando el futuro, sino como el náufrago que otea el horizonte compulsivamente para ver si milagrosamente descubre la proa del barco salvador.

Nos hemos vuelto expertos en quiromancia política tratando de adivinar quién es el candidato que nos sacará de la pesadilla, quién será menos mentiroso, o quién será un clon o un títere de este gobierno. Esperamos que los candidatos traicionen lo que dicen en las campañas y sentimos eso como un gesto de inteligencia.  Sólo nos queda energía para la indignación, la ironía y el insulto.

Como en una vieja película de ciencia ficción, nuestro mundo se ha paralizado y estamos a merced del invasor extraterrestre.    

Pero no sólo está en vida latente nuestra economía, tampoco estamos haciendo nada con nuestra educación, que nos está entregando año a año miles y miles de ignorantes con diploma, y el subproducto de otros miles y miles de desertores y marginales permanentes.

Nadie se ocupa seriamente, a estar por los resultados, de los dos problemas terminales que hemos dejado que acontecieran en nuestra sociedad: la adicción a las drogas y al alcohol en todos los estamentos, y el avance narco en la instauración de zonas de control y hasta gobiernos paralelos.

Aprovechando el aletargamiento, se han aprobado leyes y códigos que aumentarán la inseguridad, la violencia, el autoritarismo, la impunidad de los gobernantes y la corrupción, y destruirán los restos de modelo republicano que pudieran quedar.

Nadie ha salido del sopor para advertir que el sistema democrático es sólo una parodia, y que cada día se resigna una parcela más de derechos ciudadanos.

El sueño parece interrumpirse por instantes para escandalizarnos por alguna declaración estupidizante de los funcionarios o de la Presidente, pero es sólo un sobresalto. Enseguida volvemos al onirismo protector.

Hemos visto como otros países de la región y del mundo se nos adelantaban en progreso y en bienestar, pero tampoco eso logró despertarnos. Venimos desde hace años corriendo la meta del optimismo para cuando ocurra algún hito que inventamos, y que ahora hemos establecido que será el  25 de octubre, o en su defecto el 10 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno.

Tampoco se nos ha ocurrido pensar que el sistema democrático requiere una reforma a fondo para que vuelva a cobrar legitimidad y represente auténticamente al ciudadano, no a unos cuantos vivos dueños de los partidos.

Llevamos varios años en que nos hemos dado el lujo de no hacer, de no cambiar, de no corregir, de dilapidar, de no pensar, de no crear, de no crecer en serio, de no estudiar, de no aprender, de declamar.

Personajes de un cuento infantil trágico, alguien nos ha dado la manzana de la demagogia, nos ha lanzado el hechizo del populismo o nos ha cegado con nuestros propios resentimientos y temores. Puerilmente, esperamos ahora al hada buena que venza al hada maligna y  nos rescate, para volver a un final feliz y que el cuento empiece de nuevo.

Una sociedad infantil, o que ha sido reducida al infantilismo, esclavizada por una lobo tirano con disfraz de democracia,  una democracia a la que la dialéctica condena a defender y respetar como si fuera su salvación, cuando en realidad es su camino de servidumbre.

Una sociedad al borde de ser disoluta, que se regodea casi cuando infaltablemente aparecemos globalmente como icono de la mentira, la trampa, la deslealtad y la falta de principios. Una sociedad donde los ladrones públicos son admirados, aceptados, respetados y buscados como amigos.

Esa combinación de populismo, dialéctica, manipulación política, conveniencia, viveza, demagogia, progresismo, garantismo, banalidad, resentimientos, facilismo, ignorancia y corrupción es el elixir venenoso que ha producido este coma inducido en que está la Nación.

Disconformes con los capataces que nos mandan, pidiendo un cambio que no sabemos cuál es,  pero más estatistas que nunca, miramos con un ojo somnoliento al futuro, esperando un nuevo amo que nos sepa explotar mejor.

Lástima que Menem dilapidó la frase ¨Argentina, levántate y anda¨ . Seria oportuna ahora. Si la pronunciase alguien capaz de hacer milagros.

El obstáculo más evidente es que tendría ambas cámaras legislativas en contra. El Senado por una cuestión matemática y Diputados porque con cualquier resultado esperable se compondría más de un tercio de kirchneristas y afines y luego el otro peronismo, el radicalismo en todos sus formatos, el PRO, los socialismos y demás deudos.

Como ya hemos dicho, el arreglo de la deuda y toma de deuda nueva, el presupuesto, los impuestos, los tratados, la designación de jueces, los juicios políticos y muchas cuestiones que tienen que ver con la reducción del gasto pasan por el Congreso.

Los códigos son leyes, su reforma requiere leyes, el sistema jubilatorio requiere leyes para su cambio, los DNU, deben ser refrendados por el Congreso, la anulación o renegociación de licitaciones y adjudicaciones requiere leyes, hasta muchos despidos requerirán leyes.

Cambiar, o aunque sea arreglar el cachivache cruel, cínico y monstruoso que deja este gobierno requerirá de leyes. Esas leyes no serán aprobadas. Ni siquiera puede decirse que serán tratadas.

El realismo mágico que se ha apoderado de los sectores supuestamente informados, les hace creer con todo optimismo que hay un pacto.  Según ese sueño, en el que de nuevo la protagonista principal es la corrupción, la Presidenta, a cambio de impunidad, facilitaría al ingeniero boquense su tarea de gobierno y aún su acceso a la presidencia.

Permítanme una breve pausa para reírme, con todo respeto.

Vaticino que el kirchnerismo residual se comportará, en caso de un triunfo del PRO, como el Tea Party americano. Saboteará todo lo que pueda sabotear, demorará todo lo que se pueda demorar, paralizará todo lo que se pueda paralizar e impedirá todo lo que se pueda impedir. No sólo para protegerse, sino por revancha hacia quienes considera que le han quitado el poder: los ciudadanos.

Ese ha sido su estilo político permanente y también está embebido en el mapa psicogenético de Cristina Kirchner, que pone sus rencores por encima de su propia conveniencia, como se ha visto.

Usará en esa epopeya suicida y destructiva a sus herederos legislativos, al Ministerio Público, al sector de la Justicia que ha infiltrado e infiltrará, y a todos los recursos que pueda mantener formal o  informalmente del sistema de espionaje propio que ha montado a cachetazos y prepotencia.

Cualquier intento del peronismo no cristinista de apoyar medidas o propuestas de un gobierno macrista, será calificado de traición, en el mejor estilo del creador del movimiento. Los huevos de la serpiente desovados en el sistema de espionaje, en la justicia y en la administración pública, cumplirán la función obstruccionista que se les encargue.

Este accionar tendrá, como en el pasado, el apoyo de otros partidos y corrientes, que como en tantas leyes nocivas aprobadas en estos años, seguirán el mandato de su ideología que se parecen a la declamada por el kirchnerismo. Recuérdese cuando tras su derrota en 2009 la abogada presidente repasó públicamente sus aliados e incluyó a muchos que parecían y parecen opositores.

Y aunque hoy luzca remoto, no deberíamos sorprendernos de ver a una CGT unificada haciendo paros y huelgas contra cualquier medida que intente poner sobriedad en la disparada inflacionaria.

Suponiendo que, como sueñan muchos, varios de estos sectores terminen traicionando a Cristina, y otros sean corrompibles, (lo que ya parecemos haber aceptado como herramienta válida) el comportamiento descripto hará perder momentum al nuevo Ejecutivo, si no toda oportunidad.

Esta resistencia institucional pasiva puede enfrentar a Macri a una tremenda disyuntiva: la de tratar de eludir el sistema republicano para defender a la República, mediante el uso de DNU, ATN, ATM y otras siglas perversas, o mediante cualquier procedimiento a los que se ha acostumbrado nuestra política. Como no parece proclive a tales acciones, el precio será la inacción.

Mauricio ha sido un contemporizador en la Ciudad, con una Legislatura adversa. Pero difícilmente pueda usar métodos como los que usó en CABA de distribución de puestos y presupuesto en el actual contexto económico.

El Jefe de Gobierno no parece ya de por sí inclinado a ajuste alguno. Más bien luce que apostará al crecimiento, la exportación y un nuevo endeudamiento que suponemos que espera que sea productivo. Pero este panorama le tornaría sumamente difícil aún ese objetivo, que de todos modos dista de ser el ideal.

Con todos esos factores en su contra, o en contra del país, con el Tea Party autóctono torpedeándole cualquier medida o idea, con una oposición que hace mucho ha dejado de pensar en la grandeza, de ser electo Presidente Mauricio Macri tendrá que transformarse en un líder a lo Thatcher, para movilizar a la ciudadanía, alinear a la oposición, despertar conciencia del duro futuro hacia el que vamos, y al mismo tiempo tratar de lograr una unidad de la sociedad que parece imprescindible para cualquier proyecto serio de país. Todo eso sin salirse de los valores de la República ni de la democracia.

Por ello, si es presidente y logra que su gestión salga con bien de las trampas que le ha tendido y le tenderá Cristina Kirchner, habrá que ir pensando en que la continuación de la calle Marcelo  T. de Alvear deje de llamarse Charcas.

Sin embargo, en la práctica son lo mismo, o para ser más precisos. el estatismo desemboca inevitablemente en corrupción, con lo que se vuelve sustancialmente lo mismo en cuanto a los efectos.

El Estado mete el dedo en la realidad por diversas razones. Porque los gobernantes creen que hay funciones que no puede cumplir la sociedad, debido a su valor estratégico, a su falta de rentabilidad, o a la falta de altruísmo del sector privado.

También interviene a pedido de la sociedad, que suele descubrir necesidades propias que son a su juicio tan justas que merecen que las paguen el resto de los habitantes. Y también interviene por mesianismo.

En otros casos, el Estado interviene para bajar los precios o regularlos, en la convicción de que tal accionar no generará efecto colateral alguno. La gente suele estar muy conforme en primera instancia con estas tareas, como hemos visto en el caso de luz, gas, prepagas, educación y precios en general. (No analizaremos aquí los resultados ni las consecuencias económicas del estatismo sino las éticas y morales) 

Cada lector puede hacer un repaso de los distintos aspectos en que el Estado interviene en la vida diaria per se o ante reclamos de los consumidores o usuarios. Todos los casos en que el Estado interviene, terminan provocando, permitiendo, creando, tolerando o estimulando la corrupción. 

Tomemos el caso de una prestación de servicios. Aerolíneas, por ejemplo. Lo primero que hace el Estado en estos casos, es eliminar o acorralar a cualquier empresa privada que ose disputarle su terreno. Despidámonos entonces de la competencia y la eficiencia.

La corrupción encuentra luego un terreno fértil. Sin posibilidad de comparar, sin parámetros, con presupuestos infinitamente elásticos, se puede tomar personal innecesario, pagarle de más, firmar contratos de todo tipo con privados (corruptos en su mayoría), no sólo con sobreprecios sino por prestaciones inexistentes. El monto es inmanejable.

Pongamos ahora otro ejemplo. Una empresa de servicios privatizada, por caso. Es privada, pero al privatizarla le han creado un ente de contralor. Ese ente de contralor tiene más gente que la empresa privada. La controladora empieza suavemente, sólo incorporando empleados. Luego subcontrata y terceriza cualquier servicio. Luego, empieza a influir en la privada: le sugiere o impone proveedores, sistemas, tecnología. Al poco tiempo se hacen favores mutuos. Y se presionan mutuamente.

Desde la época de Néstor, también amigos del poder se apoderan de algún porcentaje de la empresa privada. Ahí la corrupción es perfecta, la eficiencia desaparece y la calidad de servicio utópica.

Vamos a otro aspecto directo. El Estado decide controlar precios, importaciones, exportaciones o tipo de cambio. No hace falta un desgaste de fósforo relevante para entender el funcionamiento de la corrupción en estos casos, supongo. De lo contrario, sería muy difícil explicar por qué se siguen regalando dólares subsidiados para “atesoramiento” mientras no hay divisas para medicamentos. El peronismo ha sido experto desde hace décadas en estos manejos.

Pasemos a los sistemas de protección, como el automotor, o de desgravación como el de Tierra del Fuego. Resignando contralores, o creando reglas “a medida”de distintas situaciones, el Estado cambia continuamente los términos de los regímenes, provocando las sospechas, generalmente fundadas, de que se otorgan prebendas por sobre las prebendas.

Regímenes de explotación minera, pesca, recursos naturales o hídricos, donde el Estado primero prohíbe todo y luego negocia y otorga permisos discrecionalmente, son tarde o temprano mecanismos corruptos. Muy en especial cuando se hacen tratados con países famosos por sus prácticas “generosas” en materia de propinas, y no me refiero sólo a China, aunque podría.

Podemos luego cubrir rubros como trenes, represas, usinas o subtes. El Estado prefiere siempre ser el proveedor del servicio, “licitando” la compra de unidades, o la construcción de ciertas obras. Eso le permite negociar con los contratistas y proveedores. Otra interesante fuente corrupta de ingresos para el funcionario, de alto costo para el país. No es sorprendente además, que los proveedores sean siempre de países conocidos por su mano blanda en los retornos.

Pensemos en los sistemas de jubilación y de obras sociales y las masas de dinero que se reparten por esa vía. “Reparten” no es un término que aplico a los beneficiarios de los sistemas, sino a quienes lo manejan.

Aún todo el sistema educativo adolece del mismo problema, aunque la corrupción allí tome otro formato: el de haberse llegado a un esquema que hace que se necesite por año y por curso tres veces más maestros que en Chile. 

Nombre el lector cualquier actividad del Estado, y será corrupta.

Usted me dirá ahora: “Todo esto que me dice ya lo sabía”. Perfecto. Y si lo sabe, ¿por qué por un lado despotrica contra la corrupción y por el otro sigue creyendo que hay tantas cosas en que el Estado es imprescindible?

¿Por qué defiende un estatismo que termina siempre en déficits, mala calidad, frustración, descontento, y la sensación (real) de que lo que se paga de impuestos no vuele a la comunidad? 

Usted me retrucará: ¿ y qué le hace pensar que los privados harán una mejor tarea? Dele. Estaba esperando esa pregunta.

Las empresas privadas tienen que dar ganancias. No suelen ponerse felices si su personal se dedica a pagar sobreprecios o a comprar servicios que no se prestan. Muchas de las extranjeras tienen reglas muy duras contra la corrupción al Estado y la colusión con funcionarios públicos. ¡Ah! Y presentan balances anuales donde es bastante difícil esconder las trampas.

Y algo muy importante: los privados pueden y deben ser puestos en competencia, que es un buen mecanismo para que las empresas se autocontrolen y se controlen mutuamente. Por supuesto que no hay que ignorar el sistema tan exitosamente usado por los contratistas locales tantos años:

“Esta para mí, esta para vos”, que ha llevado a la exclusión de las empresas internacionales más serias y al invento de que las licitaciones obliguen a armar consorcios internacionales entre extranjeros y locales, garantía de corrupción.

La famosa frase escrita por Repsol cuando “vendió” el contralor de YPF al incorporar sin costo, como socio a pedido presidencial a Eskenazi, “se trata de un experto en mercados controlados” es un agravio a la inteligencia de los argentinos, pero un excelente resumen de la situación.

Pasar una parte importante de las actividades al sector privado, eliminarla directamente o dejar que los consumidores o beneficiarios tomen sus propias decisiones implica también desmantelar la maraña ideológica y legal que se ha construído para perpetuar, apañar y justificar el robo.

En nombre de la seguridad, la producción y la soberanía nacional, no sólo se han perpetrado todo tipo de maniobras, sino que se ha terminado rifando la riqueza entre los peores bandidos.

Sí se puede construir un sistema privado o administrado por privados en competencia que funcione. Existen en muchas partes del mundo. El mayor productor de petróleo del mundo no tiene empresa de petróleo estatal. Nuestra defensa de la soberanía junto a otras estupideces nos han llevado a este desbalance energético de gravedad estratégica.

No puedo garantizar que no tendrá corrupción. Sí que será mucho menor que la actual, y que será un sistema mucho más eficiente que el de hoy.

Voy a poner un ejemplo molesto. Cuando Menem privatizó los cadáveres de las empresas del Estado, la tarea fue muy aceptable, salvo Aerolíneas. Muchos contratos inclusive preveían el fin de la exclusividad en 2000. Al vencimiento de esos contratos, operados durante la 2ª. Presidencia del riojano y la de De la Rúa, se renovaron todos sin licitación y en peores condiciones para el país, cuando más grandes eran los sistemas estatales de contralor sobre las privatizadas. La medida original fue acertada, el Estado grande la desvirtuó.

Todo el sistema de licitaciones nacional, provincial y municipal debe ser revisado para eliminar las trabas a la competencia disfrazadas de protección a la producción nacional y otros palabreríos, y analizados con la mirada de la trampa contenida para evitar que el Estado se disfrace de privado. Obligar a las empresas a competir es el corazón de la economía ortodoxa. Esa si es función del Estado.

Hay muchas ideas para explorar. Suecia, según la mitología telúrica un país socialista, hace 20 años que tiene el sistema jubilatorio totalmente privado y la enseñanza estatal es pagada por el Estado pero gerenciada por privados.

No puedo olvidar el caso de la marca emblemática de fotocopiadoras que se había adueñado de todas las compras del Estado. Cuando aparecieron marcas muy buenas, mucho más pequeñas y más baratas, se las ingenió para que todas las licitaciones dijeran que la copiadora debía medir no menos de… y especificaba sus medidas, mucho mayores que la competencia.

La tarea de bajar el gasto y el latrocinio, es la tarea de achicar el Estado. Debe ser hecha por expertos, especialistas en la vida empresaria y en la administración pública. Con las directivas adecuadas, la corrupción, el gasto y el estatismo bajarán fuertemente, con otras ventajas además de las enunciadas. Falta el soplo de quien esté en el cockpit del piloto.

Y que los argentinos dejemos de decirnos liberales, antiestatistas, antigasto, y al mismo tiempo breguemos porque el Estado haga bajar el precio de las prepagas y los colegios y siga dando gratis fútbol para todos, además de darnos servicios baratos y subsidios para todos, y todas.

Como verá, no sé si ahora estamos tan de acuerdo. No se preocupe, esta nota es el preámbulo de la de la semana que viene, que será un poco más pesada.

Ahí seguro que vamos a estar en desacuerdo.

La teoría, como se sabrá, es muy simple: lo importante es conseguir el poder por cualquier medio reputado como legal, no con el afán de imponer algún ideal, alguna ideología o alguna concepción de organización social o económica sino simplemente para detentar – y ostentar – el poder.

Una vez en el poder, se supone, y generalmente ocurre así, que ello da primero más poder, luego riqueza, influencia, boato, privilegios, atractivo sexual y social, ojos celestes, ostentación, relaciones, obsecuencia, acceso a todas las ventajas y, finalmente, de nuevo poder.

Si el político vencedor está muy enfermo, también le da derecho a la venganza, a la destrucción de la sociedad, al insulto, al ninguneo y a la pulverización de todos los valores que lo molestan en algún recóndito lugar de su memoria infantiloide.

Esta teoría, que llamo maquiaveliana recordando la mediocridad espiritual del despreciable italiano, contiene por supuesto un corolario: una vez que se obtiene el poder, debe ser conservado a rajatabla.

Cuando resulten triunfantes, los gabinetes y esquema de colaboradores de esos políticos ya no serán constituidos en función de los planes o proyectos que se quieren implementar, que no existen, ni de acuerdo a ninguna pauta ni requisito de idoneidad, conocimiento o experiencia.  Salvo la lealtad, la obediencia, la obsecuencia y la capacidad de llevar adelante una orden o consigna a cualquier precio, hasta la incineración.

Las reuniones internas son escasas y en grupos muy pequeños, ya que se realizan para dar órdenes o recibir algún informe siempre secreto. No hay un plan ni un proyecto. Hay un modelo. Un modelo de negocios.

Jamás estos políticos tendrán un proyecto integral y orgánico que cubra seriamente una necesidad de la sociedad.  Si se compran vagones de trenes se hace seguramente porque se recibe alguna coima, o por algún  oportunismo político, o por algún favor. Lo mismo si se hacen casas o caminos. No importa que los caminos no vayan a ninguna parte, ni siquiera que se hagan. Importan el cartel, el retorno y la inauguración.

En tal esquema, el técnico, el experto serio, el especialista, el profesional, son obstáculos, ya que  tendrán reticencias para hacer lo que se les manda en cumplimiento de objetivos que no son técnicos y que no comprenden.

Otra característica notoria de esta concepción, es que no se explica, no se dialoga ni se negocia. La idea es: “Yo gané, ahora obedézcanme”. El poder por el poder mismo, impuesto como dogma de fe. La ciudadanía, equivocada por precariedad intelectual y también por miedo a no ser políticamente correcta, tiende a aceptar el razonamiento y hasta a defenderlo, creyendo que está defendiendo la democracia.

En las campañas electorales, suele notarse que ningún partido con posibilidades presenta algo parecido a una plataforma. La gente prefiere creer que “no dicen lo que van a hacer porque si no no los votarían”. Generoso pensamiento que supone que los postulantes tienen un plan preciso y mágico, pero doloroso, que tienen que ocultar a la sociedad como a un niño se lo engaña para que tome el jarabe con gusto a medicina para curarse.

Falso. No dicen lo que van a hacer porque no tienen intención de hacer algo concreto y explicable desde la teoría. Tratarán de conseguir el poder e “irán viendo”.  La gente se apasiona, se pelea, se agrede, se descalifica, y no advierte que está siendo víctima de una trampa montada por todos los actores, que le hacen creer que están en bandos opuestos, pero que luchan para conseguir el poder por el poder mismo.

Después se encargarán de disfrazar con palabras cada obra interminable, cada prebenda, cada rapiña, cada contrato, cada permiso mal dado. Y por eso se advierten tantas contradicciones, que sólo son tales para quien cree linealmente que los gobernantes han trazado un plan y no son coherentes con él.

En este Gobierno que agoniza por plazo y por desprecio a y de la sociedad, hemos asistido a miles de contradicciones. No se trata de errores. Son conveniencias circunstanciales que responden al único plan central: ordeñar y conservar el poder. Sólo son contradicciones para nosotros. No para ellos.

Nótese con cuánta facilidad se pasa del criterio del poder por el poder mismo al desprecio  por los valores republicanos, al desprecio por la eficiencia, al desprecio por la ley, al desprecio por la gente.

Y por supuesto, a un verdadero fraude a la democracia, que no supone en su esencia esta concepción egoísta, inhumana y cínica del poder que en definitiva es delegado temporaria y provisoriamente por el pueblo.

Y nótese lo coherente que es para ese modelo la idea de eternizarse en el poder, ya que el poder pasa a ser un bien propio que ha sido ganado con los votos, lo que incluye el derecho a defenderlo de todos los modos… para siempre.

El kirchnerismo es sólo el heredero natural  de esta concepción, a la que le dio brillo y amplió hasta la indignación.

En este esquema sin ideales, ni ideologías, sin proyecto, sin técnicos ni expertos, sólo con el poder obtenido por la gracia del voto, como antes los reyes lo obtenían por la gracia de Dios, se entronca naturalmente la corrupción.

La corrupción es añeja entre nosotros, pero a nuestros efectos, es importante comprender su funcionamiento.  Una telaraña de favores, órdenes, coimas grandes y chicas, amenazas, delaciones, lealtades, traiciones.

Una mafia que recuerda tanto a la obra de tejido del arácnido, como a su homónima virtual, la Web.  Un juez nombrado por alguien le hace un favor a un tercero a pedido de quien lo designó, y se hace acreedor a un favor.  Un empresario que le paga los estudios al hijo de algún funcionario para obtener contrapartidas futuras.

Favores e ingresos cruzados donde a veces el que se beneficia y el benefactor ni siquiera se conocen. “Dejámelo a mí, yo lo arreglo”, sería la frase clave. Plata negra, lavado, facturas truchas cuyo importe van directo al funcionario,  droga y plata de la droga,  pancheros y plata de los pancheros, colectiveros y plata de los colectiveros, manteros y plata de los manteros, villas y plata del cónsul, el narco repartiendo plata hacia arriba y los costados y protección mafiosa hacia abajo.

A esa telaraña se puede entrar por cualquier lado. Está interconectada como la Web, se paga con bitcoins manchados con sangre, o con desnutrición, o con contaminación, o con descerebrados por el paco.  En el centro de esa telaraña, tal vez hay una araña, pero no hace falta que esté. Ya la red es autónoma.

Necesitado de transformar su esquema de poder por el poder mismo en dinero, el sistema político desaforado necesita tener su propio sistema. Lo encuentra en la telaraña de corrupción. Él le permite transformar lo negro en blanco y viceversa, recibir y dar retornos, comprar apoyos para legitimar ese poder sin alma ni ideas, inclusive comprar votos, del pueblo y de legisladores.  De paso, le permite espiar a todos.

En esa tarea, el poder protege a la web de corrupción, y la telaraña le devuelve agilidad operativa y le monetiza el fruto de su poder al gobierno y a los políticos. El blanqueo delirante y aún viviente es una vergonzosa muestra de esa simbiosis fatídica.

Desde villas a cocina de drogas en los countries, desde monumentales “donaciones” de los importadores de efedrina a las tercerizaciones inexistentes que saquean los presupuestos, desde las fronteras indefensas al contrabando a las tierras arrasadas por la minería salvaje, desde el pacto con Irán a la muerte de un fiscal cuya custodia mira para otro lado cuando tiene que mirar para este lado.

Y agregue cada uno lo que quiera, que seguramente acierta. Esta unión entre el paradigma del poder por el poder mismo y la telaraña de corrupción, es un enemigo del bienestar de la sociedad, de la cohesión de la sociedad, y esencialmente, de la democracia, a la que ha violado impunemente y mantiene secuestrada para violarla cada día de nuevo.

El peronismo nuevamente, y todo el sistema político por detrás, están en el proceso, (que espero fervientemente que no sea sangriento), de elegir a los próximos usufructuarios que vendrán a apoderarse del poder y de la telaraña, a “empoderarse” para hacer lo que se le de la gana omnímodamente.  A decir: “Gané, ahora hagan lo que yo digo”

Con un sistema político cuyos protagonistas se han ocupado de amañar a su conveniencia, difícilmente la ciudadanía podrá votar bien. Tampoco discernir entre los discursos todos iguales, sin plan, sin compromiso, sin liderazgo, sin coraje y sin propuesta, y sospecho que sin gente capacitada para gobernar.

La política debe ser una propuesta unificadora, un proyecto que integre a la nación y a su gente, una idea, una concepción de país. Sobre eso hay que discutir, discrepar y negociar.  Mientras sigamos creyendo que la política es un mecanismo para obtener el poder y luego sacarle el jugo, habrá muchas Cristinas y muchas telarañas en nuestro futuro.

La democracia requiere de un ejercicio de humildad. De propuestas,  convicciones,  persuasión y compromiso. El poder prestado que se otorga a un político debe ser manejado con enorme cuidado, con eficacia, talento y mucha generosidad. Traspasar la nación deshecha, exangüe y ordeñada a un nuevo gobierno no es una viveza. Es una estafa a la sociedad.

Procurar el poder por el poder mismo no es democracia. No es república. No es generosidad. No es decente.

Tal vez algún candidato comprenda que puede ser rentable empezar a hablarle a la ciudadanía como si fuera mayor de edad.

Y aclaro prestamente que un “suicido inducido” es un eufemismo nada jurídico para decir asesinato con premeditación y alevosía. La frase, fruto de la propaganda del Estado, es otro intento de manosear, distraer y confundir a la opinión pública, en esta permanente ofensa a la inteligencia del pueblo que practica el kirchnerismo.

Desde las novelas policiales de quiosco de los años 30 a los tratados de criminología, el asesino siempre es buscado entre quienes más se benefician con su muerte. Pero haré un esfuerzo por no aplicar silogismos en este caso, por respeto al lector.

Así como la corrupción es el mecanismo de los inútiles para igualar el éxito económico de los capaces y brillantes, el asesinato es el mecanismo desesperado de los impotentes para dirimir sus diferencias y salvar su pellejo. A ello habría que agregar la reacción paranoica sociopática tan común a nuestros gobernantes para fundamentar fácilmente esa sospecha. La paranoia lleva a la defensa desesperada.

Pero no caeré en esa línea, que sólo sería una reacción hormonal y catártica frente a otra alevosía, a otra falta de respeto por la vida y las instituciones, a otro golpe a la República y al concepto republicano.

Sí en cambio acusaré al Gobierno de algo aún más terrible. De haber libanizado a la Nación. Su impericia, su incapacidad, su resentimiento, la ambición política y/o económica de sus funcionarios, la irresponsabilidad y la falta de ideales y principios, los ha hecho allanar el camino para que la República se transformase en el campo de batalla del espionaje internacional y de cabotaje, un territorio liberado sin fuerzas policiales efectivas, cuando no cómplices, con una Justicia quebrada, sin convicción ni apoyo.

Fuera de caja el espionaje local, resentido, sin conducción, atomizado, desprofesionalizado y con ansias de revancha,  sin un sistema policial y judicial ni siquiera mediocre, y ciertamente sin una cabeza conductora del aparato de seguridad nacional, (ni de ninguna otra cosa) el país es presa fácil de cualquier operación, de cualquier ejercicio de represalia, de cualquier revancha, de cualquier asesino, venga del Gobierno o de cualquier parte.

No muy distinto de lo que está pasando con el poder narco, que ya dirime a tiros sus diferencias en las calles de nuestras ciudades sin otra reacción que el comentario policial de “es una lucha entre mafias”, como si eso fuera un acontecimiento social y no un drama.

Un ejemplo de esa complicidad implícita es la actuación del secretario de Seguridad Sergio Berni y su inexplicable presencia y permanencia en la escena del crimen, con sus posteriores declaraciones confusas y cada vez más autoincriminatorias.

Pero en el afán de no acusar injustamente, prefiero leer el manoseo del Secretario de otra manera: el Gobierno quiere desviar la atención del asesinato.  El gobierno tiene un TOC que lo obliga a desviar la atención de todos los temas que preocupan a la ciudadanía. O mejor, el Gobierno tiene una falta de respeto crónica por la ciudadanía.

Esa falta de respeto por la ciudadanía lo lleva a no hablar con ella, a insultarla y descalificarla, a burlarse de ella, a ningunear a los diarios que lee, los programas que ve y las radios que escuchan las mayorías. A insultar y agraviar a los periodistas más respetados por la gente.

Ese desprecio se extiende al país todo, y a la Patria. No se ocupa de defender sus valores, su territorio, su prestigio, su seguridad, su economía ni su educación. Odia a la sociedad. Un Gobierno sociópata, diríamos si ello fuera psicológicamente posible.

Pacta con Iran, minimiza el narco, se burla de los héroes y de sus valores, desangra la  seguridad. Torpedea la Justicia, rompe el esquema de comunicación con el pueblo y lo deja desamparado e inerme frente a cualquier ataque externo o interno de los más peligrosos enemigos, que ya no son países, sino terrorismo, espionaje, traficantes y lavadores.

Suena declamativo. Pero no es descabellado preguntarse cuán cerca de la traición a la Patria es ese accionar. Esta frase, imposible de decir hasta el domingo, tiene un tremendo significado luego de la muerte del Fiscal Nisman.

Su sangre mancha al Gobierno, el tiro que lo mató nos mató. No, no somos todos Nisman. Pero ahora sabemos que podemos serlo.

Con la impunidad, la ineficacia de la seguridad, la corrupción, el estado de país liberado, la desesperanza y desunión nacional y la complicidad garantizada para los asesinos, sicarios, espías y aventureros, la libanización ya está en marcha. De eso sí es culpable Cristina Fernández de Kirchner.