Es importante que se analicen las consecuencias y los efectos de cada una de estas posibles decisiones, cosa que trataré de hacer sin apelar a fórmulas ni curvas ni terminología complicada, aunque utilizando los principios ortodoxos.

Las estimaciones del endeudamiento en 2016-2017 oscilan entre cuarenta y cincuenta mil millones de dólares, supuestamente en plazos que van desde 5 a 30 años, si el mercado lo permite. Estas cifras no contabilizan totalmente la emisión de nueva deuda provincial, que todavía no se ha sincerado.

Comencemos por analizar la deuda que se tomará para el pago a los holdouts, supuestamente 5 mil millones en esta etapa y otro tanto en una segunda, para cancelar el total existente en todo el mundo y en cualquier estadio de litigio. Esos montos no están considerados hoy en la información de deuda del país, ni en su valor original ni en el acrecido.

Consecuentemente, si bien el 60% de ese total no es técnicamente una deuda nueva, a todos los efectos de análisis y contabilización estaremos agregando esos diez mil millones de deuda para cualquier cálculo de solvencia y repago, por ejemplo, para calcular con base técnica el riesgo país o el valor de la tasa de interés que pagaremos.

Cualquier otra deuda que tomemos —nacional, provincial o municipal—, para cualquier destino —financiamiento del gasto, obra pública u otros propósitos—, deberá convertirse en pesos, salvo en aquellos casos en que esa deuda sea para pagar equipamiento o bienes importados.

Para convertir los dólares que ingresen por cualquier concepto, inclusive las inversiones, hay, como en cualquier caso, dos caminos. Uno es que los dólares sean comprados como reservas por el Banco Central, es decir, que el banco emita para pagar al Tesoro y que los pesos sean destinados a pagar gastos u otros conceptos. Tal movimiento, a efectos de la presión inflacionaria, es equivalente a emitir lisa y llanamente. En este supuesto, tomando deuda en dólares para financiar el gasto no se baja la presión inflacionaria del actual nivel de dicho gasto.

Si en vez de emitir pesos para comprar esos dólares, se los vende en el mercado sin intervención alguna del Banco Central, eso implica esperar que particulares y empresas compren esos dólares. Para ello, deben usar sus pesos u obtener pesos del mercado para comprarlos. En teoría, eso baja el circulante, es decir, la presión inflacionaria. Pero esa oferta adicional de dólares, si es importante, bajará el tipo de cambio del dólar de todos los dólares que se compren. Eso apreciará el peso, lo que puede tener un efecto muy desagradable, léase atraso cambiario. El peor de dos mundos: el dutch disease sin aumento de exportaciones.

También hay que pensar si los privados estarán muy interesados en atesorar dólares cash, en un contexto donde habrá desaparecido el estímulo para conservarlos. En otros términos, aumentar la oferta de dólares no implica crear necesariamente una demanda adicional. Esto será más cierto cuanta más deuda externa se tome.

Igual disyuntiva surgiría con el posible ingreso de dólares vía un blanqueo con el que sueñan muchos. El gasto se paga en pesos. ¿Cómo se conseguirán pesos con esos dólares sin emitir? ¿Vendiéndolos a quién? ¿Para qué los compraría alguien? Cuantos más dólares ingresen por cualquier concepto, más cierta y más importante será la disyuntiva: emitir más pesos, o sea, aumentar la inflación, o atrasar el tipo de cambio.

Esta especulación sirve para reforzar el concepto de que el gasto se debe bajar, con total prescindencia del mecanismo de financiación del déficit. Que la tasa sea el 35% en pesos o el 8% en dólares no altera la necesidad de reducir el gasto, como se ha explicado (No abundaré sobre el hecho de que además la deuda tomada para pagar gasto también debe pagarse).

Distinto sería decir que se recibe una inversión externa en dólares, que creará demanda adicional laboral y que permitirá absorber empleo público, pero, de todos modos, eso implica reducir el gasto del Estado.

La idea de que se puede emitir pesos contra dólares prestados que obran de respaldo y que eso no tendrá efectos inflacionarios es la que se usó desde 1976 a 1983, con consecuencias desastrosas en el endeudamiento, la inflación y la pérdida de competitividad. Esta afirmación valdría aun si los dólares que se tomasen pagaran tasa cero.

Esto significa que, de no bajarse el gasto, estaríamos jugados a que el crecimiento bajase la importancia relativa del déficit como único camino. Por otros medios, estaríamos de nuevo en el corsé explosivo impuesto por la convertibilidad (Por eso el sueño de Domingo Cavallo era usar el dólar como moneda nacional).

Está muy bien que dejemos de ser estafadores globales y cumplamos con nuestros compromisos. Está muy mal que luego nos endeudemos creyendo que eso nos dará aire para no tener que bajar el gasto. Como he tratado de explicar, no se trata de una cuestión conceptual. Simplemente no se puede lograr.

La más evidente es la convicción de que el sistema democrático que nos rige es una estafa a la voluntad popular. Y ni siquiera hablaré de fraude. La lista sábana anula toda posibilidad de que los diputados tengan voluntad propia. El cambio del infame Pacto de Olivos que entronizó a los partidos en la Constitución lo convalida y graba a fuego. Con los senadores ocurre algo similar, aunque más constitucional. Son herramientas de los gobernadores en su búsqueda incesante de fondos.

En esas condiciones, las herramientas de negociación son la caja, los cargos, la obra pública y la deuda. El mismo sistema que se usó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gobernar en minoría. Imposible creer que de ese sistema surgirá alguna reforma profunda en ningún orden.

La segunda convicción sobre el sistema democrático es más profunda. Tengo serias dudas de que tanto en Argentina como en cualquier otro lado la mayoría quiera minimizar el Estado, ceder lo que considera sus derechos adquiridos o simplemente sus derechos divinos. No es cierto que la gente se venda por un pancho: se vende por un plan, un subsidio, una dádiva, un permiso para delinquir, un puesto, un sistema educativo que otorgue títulos sin esfuerzo ni talento.

Es difícil creer que el amplio sector que piensa de ese modo acepte ceder sus supuestas conquistas. Sobre todo si las paga el sector que sí trabaja, se esfuerza, ahorra, se sacrifica y produce.

Entra ahora en escena el mazacote de la asociación ilícita implícita entre el sindicalismo, el proteccionismo, el prebendarismo y los empresarios ladrones del gasto estatal. No los agrupo de casualidad. Deliberadamente o no, obran siempre en sincronía y funcionalmente al dispendio, la corrupción, el cierre de la economía y la ineficiencia en términos locales e internacionales. Su contrapartida es el saqueo del Estado a los patrimonios y al legítimo lucro de los que trabajan en serio, se arriesgan y producen.

Sus consecuencias naturales y sistemáticas son el déficit, el atraso, la falta de crecimiento, el endeudamiento, la falta de inversión. De paso, el ahuyentamiento deliberado de la inversión externa seria, reemplazada por deuda para que sea el Estado quien administre las obras y los retornos y las ventajas. Y pierda los juicios. Algunos le llaman el círculo rojo.

Es también evidente, y siempre lo fue, que este Gobierno no comienza desde cero. Eso sería demasiado fácil. Comienza en menos un millón, con los efectos acumulados durante 75 años, que se fueron agravando en la época Kirchner, como una sinusoide enloquecida, hasta llegar a la pesadilla actual, que en una monstruosa tautología requiere para su solución la ayuda de los mismos Freddy Krueger que la crearon y protagonizaron.

Y para concluir, por ahora, la enumeración de pesimismos, como a usted le gusta decir, basta analizar el número de gente que depende del Estado. Dieciocho millones de modo directo. No menos de veinticinco millones de personas calculando duplicaciones y un mínimo de familiares. Sin contar los grandes ladrones empresarios del gasto, que pesan mucho más. Ninguna oportunidad viable de contar con su apoyo, ni de reconvertirlos a trabajos útiles que ellos mismos ayudaron a no crear.

Ese fue un rápido repaso de los factores exógenos. Ahora miremos para adentro.

¿Quién nos hizo creer que este Gobierno sería antiestatista, bajaría drásticamente el gasto, eliminaría el proteccionismo, pondría al país a competir como si fuera Singapur, analizaría uno por uno los contratos de asesoramiento, las licitaciones, las concesiones, las tercerizaciones por servicios falsos, alevosas y generalizadas, que suman mil veces más que los ñoquis?

Nunca hubo por parte de Cambiemos promesa alguna en tal sentido. Nos complugo creer que esa omisión era para no espantar votantes, o en respuesta a las críticas de sus contendientes. Pero fue nuestra percepción. Tampoco su equipo de gobierno refleja esas ideas.

Para personalizar más: ¿de dónde sacamos que Mauricio Macri era un fanático de la libertad de mercados, la libre competencia y la apertura? Nunca lo dijo. Nunca lo hizo en su trayectoria empresaria.

¿Qué es lo que sí se puede esperar?

-          Que nos reinsertemos internacionalmente y nos alejemos de la estupidez de la ideología perdedora de la Patria Grande.

-          Que mejore el crédito del país, para bien o para mal.

-          Que aumente la producción del campo y su rentabilidad.

-          Que se eliminen las exageraciones de corrupción y acomodo, o al menos una parte de ellas.

-          Que se mejoren algunas reglas democráticas, aunque no tanto ni tantas como quisiéramos.

-          Que ganemos tiempo para que se licue el kirchnerismo y se renueve el peronismo.

-          Que se recompongan algunos términos relativos cuyo desfase impide todo crecimiento.

-          Que se restablezcan algunos criterios de eficiencia y trasparencia en el presupuesto y la administración.

-          Que se mejore la infraestructura y el soporte de producción y logística, más allá de la pureza de los métodos.

-          Que la Justicia se anime a tomar algunas decisiones que comprometan a políticos corruptos.

-          Que haya ciertas mejoras en el sistema de coparticipación y tributación, pero no un cambio integral en ningún aspecto.

-          Que se logre alguna mejora sustancial en la lucha contra el narco y la seguridad en general.

No me animo a esperar mucho más. Pero sí espero algo de una parte de la sociedad. El sector que trabaja, se esfuerza, produce, se arriesga, paga sus impuestos como puede.

-          Que se plante a defender el derecho a no ser esquilmado por nadie en nombre del derecho de los demás, y no se compre la culpabilidad por la pobreza ni la solidaridad generosa con su dinero.

-          Que exija que sus impuestos y sus aportes no se regalen a nadie, ni se roben, ni se repartan como un botín.

-          Que exija que no haya jubilaciones otorgadas por gracia y potestad del Estado.

-          Que reclame la baja del gasto y de los impuestos, la causa misma de la inflación y el atraso.

-          Que no compre la mentira del proteccionismo como generador de trabajo, ni en el orden local, ni en el regional.

-          Que comprenda que está defendiendo sus derechos y los de su familia cuando reclama todo esto, no discutiendo en un centro de estudiantes sobre ideología alguna.

-          Que oponga una fuerza igual o mayor, en todos los aspectos, a todos los movimientos, las presiones y las trabas que tiendan a impedir cualquiera de los cambios que se traten de aplicar.

Y hasta ahí llego. Sé que el lector ama el optimismo. Pero las notas de autoayuda están en otra sección.

Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.

Nada más lejano a la realidad. Argentina no es Grecia. Tiene políticos y gobernantes payasescos parecidos, no solo el kirchnerismo, para ser justos. Pero tiene mucho más corrupción empresarial que los helenos. Me refiero, además de a las industrias protegidas prebendarias, a los ladrones directos colgados del gasto público que robaron, roban y seguirán robando cientos de millones de dólares.

Basta poner un ojo en lo que está pasando en la industria del petróleo para retirarse asqueado por las negociaciones secretas y directas entre la mafia petrolera y el Estado, vía contratos anulados o incumplidos, y otras patrañas. Mafia privada, no ya YPF.

Mientras en Grecia se habla del enorme costo social de bajar los empleos públicos y las jubilaciones, entre nosotros se podrían obtener ahorros impresionantes si simplemente se echara a los buitres del presupuesto. Diferencia no menor.

Grecia ha mentido y se ha burlado de sus socios de la Unión Europea (UE). Recién al final se burló de sus ciudadanos al promover un referéndum que les hizo creer que votando se podía cambiar el ritmo de las mareas.

El gobierno argentino se burla de sus ciudadanos todos los días, les miente todos los días y en todos los temas, abiertamente, sin pudor ni límites. No es lo mismo.

Grecia nunca tuvo ni tendrá demasiados recursos, ni naturales, fuera del turístico (16 % de su PBI), ni de ninguna otra clase, excepto algunos cultivos y producción pastoril que vende cual un mantero de la UE.

Argentina tiene como base de su economía sus enormes recursos naturales y una clase productiva agropecuaria que maneja todos los recursos tecnológicos y biotecnológicos de última generación. Y una educación residual que todavía le provee de una clase media talentosa, creativa y capaz.

Tiene cientos de miles de pymes que son una fuente inagotable de exportación y de empleo. Y si quiere, le dejo unas líneas para que las complete con lo que a usted se le ocurra agregar. Muy distinto al caso griego.

Grecia, en sus diferentes gobiernos, cometió el error de repartir lo que no tenía, de endeudarse para lograr un bienestar que no le correspondía, de despilfarrar su crédito para pagar gastos corrientes, y finalmente, de mentir alevosamente a sus socios, que se dejaron mentir, para lo que contrató al cuestionado Goldman Sachs, el banco infiltrado en el sistema americano para conseguir cualquier ventaja, a cualquier costo. O sea, no matter what.

Argentina no hizo eso externamente, porque su suicida política que llama de desendeudamiento la privó de crédito externo, la enemistó con la justicia de los centros financieros globales, y la condenó a un cepo infantil que la desangra. Todo lo opuesto a Grecia, que llegó al mismo lugar de parálisis por un camino más precario.

Hay un punto en que mostramos contundentemente enormes diferencias con la ex-Hellas: Grecia no se dedicó prolijamente a crear una maraña de leyes para reducir su exportación a la nada, perder todos los mercados ganados y ahuyentar la inversión, como hizo Argentina.

Hay otro aspecto clave de diferenciación. El logro de Argentina al eliminar su superávit energético y tener que importar el gas que consume, para venderlo a un precio 8 veces más barato en el mercado interno. Diferencial no menor.

Y pasando por un instante al plano geopolítico, mientras Grecia ha debido subordinarse al comisariato y la dominación de la UE, Argentina va en rápido camino a consolidar su dependencia de países como Rusia o China, o contratos como los de Chevron, que no parecen existir en el Peloponeso.

Grecia tiene la convertibilidad del euro, que hacía suicida el aumento de gasto del Estado. Argentina no tiene convertibilidad, categóricamente. Cierto que tiene un atraso cambiario encepado con efectos similares. Lo especial en relación con la nación helénica es que la mayoría de las restricciones argentinas no se basan en leyes, sino en aprietes, diferencia notoria entre ambos países.

Debo aceptar que Tsipras guarda muchas reminiscencias con la mayoría de los gobernantes locales, partiendo de la primera reporteada. No querría enumerarlas por respeto a mi libertad física, ya que, también a diferencia de Grecia, la ley de golpe de mercado y la de terrorismo se me podría aplicar por un comentario de ese tipo. Una notable disimilitud.

Curiosamente, pese a tantas diferencias, resulta difícil no aceptar que estamos ambos países al fin de un camino que no lleva a ninguna parte, salvo al fracaso.

Felizmente, más allá de las cuasi ironías, hay grandes diferencias reales. Argentina necesita muy poco para crecer exponencialmente. Tiene los recursos, los mercados, la gente, la creatividad, las posibilidades, la riqueza latente y los fondos escondidos de los argentinos, que necesitan aplicarse y obtener rendimientos.

Tiene muchos problemas sociales, a los que debe abocarse, pero tiene los recursos técnicos y económicos para resolverlos.

Grecia no tiene nada de eso. Tiene un desempleo estructural que la condena y una carencia de recursos y voluntad que no le dan esperanzas, salvo la de mendigar a las puertas de la UE.

Argentina no tiene Argexit. No tiene de dónde irse. Tiene en cambio hacia dónde ir. Sabe hacia dónde, sabe cómo y tiene cómo.

No necesita un referéndum para votar por el “no”.

Tiene que ir a las elecciones de octubre y votar por el “sí”.

Y esperar, otra vez, un milagro.

Argentina es un país con escasa innovación y como tal, de escaso nivel de ventajas competitivas en sus productos. Depende entonces de dos clases de bienes para exportar: las materias primas, en las que no es formador de precios, y los productos industriales, en su mayoría fuertes demandantes de insumos importados y con precios internacionales que no permiten demasiada flexibilidad a la suba del precio.

Está claro que para los bienes agrícolas, el productor se verá fuertemente afectado por la suba de los costos internos y del lado de los ingresos, por un tipo de cambio con un peso muy sobrevaluado. Eso presagia menor actividad, y seguramente menores niveles de empleo.

En cuanto a los bienes manufacturados, como ya se está observando, han comenzado a reducirse las ventas porque los compradores del exterior, empecinados en no querer comprender las ventajas del modelo de redistribución con inclusión social, se niegan a pagar por nuestros productos más caro que lo que le cobra el resto del mundo por ellos. Esto también agregará desempleo a la ecuación.

Este doble escenario no tiene por qué sorprendernos. Un tipo de cambio retrasado y congelado reajusta siempre por desempleo. Ya lo vivió Menem al final de la convertibilidad, en definitiva un sistema de retraso cambiario frente al aumento del gasto.

Ocurre que los costos internos se componen exclusivamente de costo salarial, impuestos y costo del capital, o interés. Esa suma hay que divirla por el tipo de cambio oficial para obtener el costo de producción. Sin necesitar de estudios especiales, es fácil notar que con impuestos crecientes, (incluyo inflación) costo salarial generoso y escaso crédito barato, el costo de producción será muy alto en pesos, y al dividirse por un tipo de cambio falsamente barato, la producción nacional será muy cara en términos internacionales.

Cualquier otro país devaluaría, o permitiría una devaluación, aunque fuera como medida cortoplacista. La experiencia nos dice que eso no pasará aquí. Nos hemos transformados en especialistas en “no hacer lo que hay que hacer”. Un paso aún más adelante que “hacer lo que no hay que hacer”.

Además de que luego de tanto atraso, de tanto gasto y de tanta emisión una devaluación pondría presión sobre la inflación, hoy falsamente controlada, (es un decir) el gobierno quiere ganarle al mercado. El resultado en el corto plazo es previsible: no habrá devaluación, por lo menos en la medida conveniente.

Como tampoco bajará el gasto, (ni siquiera dejará de subir), ni se ampliará el crédito a tasas razonables, ni bajarán las presiones salariales, y además se prevé subir las cargas sociales y ventajas laborales, la ecuación se alterará necesariamente para peor. El desempleo tomará características preocupantes.

En un año electoral, con un gobierno populista, sería irreal pensar en un plan integral para bajar la inflación, el gasto y los impuestos, lo que hace también impensable una devaluación sin sufrir serias consecuencias.

Nada que no hayamos dicho todos varias veces en los últimos meses, pero que hay que volver a decir para explicar que 2015 será, en el mejor de los casos, otro año en blanco.

Algunos colegas respetables sostienen que 2016 también será duro porque allí se deberá practicar el ajuste que ahora se elude irresponsablemente. Pero ese ajuste contendrá una esperanza que es imposible de concebir y soñar en 2015.

Todo este panorama estará fuertemente matizado por la imposibilidad de importar, dada la mala situación de reservas, lo que agravará la recesión y el desempleo. La amenaza de aumentar el valor de las indemnizaciones en nuevas leyes en estudios, puede precipitar despidos y conflictos.

Aún cuando no fuese la solución ideal, un gobierno sensato trataría de conseguir divisas auténticas para incorporarlas a las reservas, y aún para (desesperadamente) poder pagar insumos vitales. También descarto que se vaya a ir por ese camino.

A estas penurias sumémosle las que devendrán del juicio perdido con los holdouts y sus correlativas, y de otros que perderemos, más sanciones adicionales que recibiremos.

Esto, matizado por nuevas leyes vengativas de parte del ejecutivo, a veces con propósitos más o menos claros y despreciables, y otras veces de pura venganza, simplemente.

A menos que algún psicólogo de renombre me explique que se ha encontrado un súbito tratamiento contra las psico y socipatías que parecen afectar al gobierno, perdónenme si no tengo la suficiente hipocresía para desearles felicidades en un año que ya se que será penoso para el país y su gente.

Permítanme entonces trasladar el augurio y las esperanzas a 2016.

A mi regreso escribí varias notas sobre ese tema y lo comenté en algunas de mis columnas en radio y TV.  Treinta años después encuentro en mi país lo mismo que en la URSS.

Cuando despotricamos contra el gasto público lo hacemos en general por el sobrepeso económico que pone sobre el sector productivo y el efecto redistributivo injusto que tiene en la sociedad. Pero gasto público es también sinónimo de burocracia, ya que inexorablemente se traduce en aumento de personal en las administraciones públicas.

Y lo peor que tiene la burocracia – y los burócratas – es la necesidad de justificar su existencia, de controlar, de buscar una excusa para poder usar discrecionalmente el sello de goma, como sabe cualquiera que haya estado frente a algún empleado público, tan brillantemente sintetizado por Antonio Gasalla.

Desde el Primer burócrata, que es el Presidente de la Nación, hasta el último pinche, el estatismo necesita justificar su existencia. Esto lo logra, o intenta lograrlo, de dos formas: protegiendo y prohibiendo, vía sus ejércitos de inútiles.

Como tan precisamente lo describiera Tocqueville, el Estado extiende sus manos protectoras sobre los ciudadanos y lanza una maraña de leyes minuciosas, obsesivas, puntillosas, neuróticas y paralizantes para cuidarlos y procurarles el bienestar que supuestamente ellos no saben ni pueden proveerse.

No hace falta un esfuerzo de imaginación para ejemplificar estos dichos, porque nuestro país ofrece una magnífica demostración de ellos, en especial en los últimos diez años.  Ni hace falta aclarar que el efecto de todas esas leyes, además de los costos que recaen sobre la sociedad productiva, son siempre enervantes (agarre el diccionario) de la voluntad, la creatividad y la competencia. Y definitivamente, matan el esfuerzo, la creatividad y excelencia.

No se debe caer en el error de creer que este comportamiento obedece a alguna ideología.  La burocracia y el burócrata necesita actuar de ese modo, porque esa es su razón de ser.

El otro tic de la burocracia es el control y la prohibición. Ahí es donde más se luce.  Los funcionarios no atinan a concebir otra solución para los problemas de la realidad que arrojar leyes, resoluciones, prohibiciones, crear formularios, mecanismos de vigilancia, de información, que terminan resultando no solamente costosos, sino que afectan las libertades más elementales.

Como toda esa maraña se teje paulatinamente,  el ciudadano no alcanza a percibir la esclavitud a la que es sometido. Un ejemplo sumamente fácil son las normativas de la AFIP, que llegan a ser cambiadas hasta un instante antes de un vencimiento, en un proceso definitivamente kafkiano, palabra que no puede dejar de aplicarse a la burocracia.

A medida que estos procedimientos fracasan, como es predecible, los burócratas no cesan y doblan la apuesta.  Utilizan el peso del Estado para amedrentar, presionar, procesar, encarcelar, expropiar, restringir derechos, asustar a los factores económicos de modo de hacerlos hacer lo que creen que deben hacer.  El comportamiento que brillantemente describiera Ayn Rand en La Rebelión de Atlas es atemporal. Está en el alma del burócrata.  Y termina en la muerte de la sociedad por inanición.

Por eso cualquier estatismo desemboca sin alternativas en la pérdida de todas las libertades.  A medida que los burócratas aumentan,  este comportamiento se acentúa. Es decir, que hemos llegado a las situaciones que hoy sufrimos no sólo por la filosofía de un gobierno o de una conducción, sino por el crecimiento sistemático de la burocracia.

Otra característica de los burócratas es la capacidad para atraer ladrones privados, que se montan sobre sus controles para hacer “negocios” con el Estado, o para conseguir protección, sobre todo, protección de la competencia de exitosos más capaces. Esto lo logran a veces hasta sin pagar coimas, porque al burócrata le apasiona conseguir la igualdad y la no competencia mediante la emisión de leyes, y en especial, mediante el ejercicio directo de su poder sin ley alguna.

Porque el burócrata desprecia la ley, en el fondo. Ama sentir el poder personal de ese amedrentamiento, de tener en su puño a un sector, una industria, y sobre todo, a un exitoso.  Quiere ser la ley.  Quiere sentir el orgasmo de imponer su decisión personal sobre los que valen más que él.  Es un impotente armado de un sello de goma.

En definitiva, un burócrata es un secuestrador y un torturador intelectual.  Por eso la filosofía montonera les viene tan bien a muchos funcionarios actuales. 

No se queje de los vagos. Es mejor que no vayan a trabajar.

Comunicación a la sociedad

Internet será el medio de difusión viral y de comunicación, con un sitio web muy potente donde se expliquen los planes, plazos y resultados y se reciban ideas, voluntarios, opiniones. Será la base para el uso de las redes sociales y la cantera donde, por algún sistema de VPN, se acceda al trabajo en cooperación y a la gestión de proyectos.

Tendrá una doble función: la comunicación y cooperación interna, y la comunicación/interrelación con los ciudadanos. Tendrá un sector de denuncias y seguimiento que cumplirá un papel sumamente activo para evidenciar los excesos, errores y prácticas indeseadas de la administración.

Esta sitio, al explicar y debatir cada uno de los temas y casos importantes, cumplirá también una función formativa y, vía sus opiniones y colaboraciones, se irán destacando los líderes, no sólo de opinión, sino los futuros gestores y administradores.

Al fin y al cabo, ¿cuánto falta para una democracia apoyada fuertemente en Internet, con líderes políticos nacidos de Internet?

 Cómo reclutar a quienes harán la tarea                     

Como en cualquier otro caso. Convocándolos. El aviso del Tío Sam diciendo I need you, pidiéndole a la gente que se dejase matar por la causa de la libertad pareció bastante efectivo. Aquí se necesita un poco menos de sacrificio.

Hay que contar con la emulación, la necesidad de participar, el hecho de que habrá rápidamente resultados y de que mucha gente joven y no tanto, necesita participar. Se trata de una tarea que puede considerarse re-fundacional, contará con el soporte de las redes y muchos líderes y twitter stars, con enormes inquietudes y talento.

Internet será vehículo de reclutamiento de profesionales, que agregarán orgullosamente  a su curriculum que han trabajado en estos proyectos. La publicidad de los resultados tendrá un efecto potenciador trascendente y tarde o temprano, devendrá en un sistema de compulsa para elegir desde allí a los nuevos líderes. La idea central de colocar como líderes formales a los líderes informales.

Modo de presionar a los políticos   

La tarea de bajar el gasto debe estar enmarcada en la ley y en la política definitivamente. Esto crea diversos problemas. El primero es que los argentinos no tenemos confianza en los políticos ni en su respeto a la ley, que tampoco nosotros respetamos mucho.  Parte de esa deficiencia será cubierta por la particular estructura que describimos, que no es nada más que la larga mano de la ciudadanía metiéndose a auditar el gasto.

Pero se necesita para este proyecto una voluntad política que lo abrace y lleve adelante, y un grupo de leyes que soporten y legalicen la transición y el cambio de paradigma. Nuestras leyes están hoy alineadas con el sistema de rapiña al Presupuesto, y son rápidamente torcidas o tergiversadas para que se adecuen a las necesidades de los cuervos presupuestarios, ya que no los buitres.

Suscribo la idea de algunos expertos de establecer constitucionalmente límites al endeudamiento, el gasto, el déficit, la emisión y los impuestos. Con observaciones. La primera es que todas las mediciones deben ser hechas por entes supervisados por las estructuras que hemos propuesto para bajar el gasto, con participación directa de la gente. Poner normas constitucionales para burlarlas vía una oficina de cuarta es darle la razón a Tácito: «en un país corrupto se dictan infinidad de leyes

Pero, ¿cómo hacer que los políticos acepten cortar su mayor fuente de ingresos, manipulación, negociación y enriquecimiento personal como es el gasto público? ¿Cómo evitar que los partidos, en vez de formar futuros funcionarios y líderes, sean el piso de la Bolsa donde se negocia cada cargo público, cada favor, cada prebenda, cada licitación, cada partida?

De la única manera que los políticos entienden. Presionándolos, asustándolos, negociándoles el voto, repudiándolos, exponiéndolos, sacudiéndolos. (Si esto parece duro, recuérdese que en otras épocas de la historia les hacían cosas peores)

Y aquí otra vez las redes. El cacerolazo fue apenas una demostración de lo que se puede hacer. Recabar un compromiso firmado por los principales candidatos antes de las elecciones puede ser un mecanismo de presión importante, según cómo y cuánto trabajemos en ello. Redactar un modelo de compromiso incluyendo estos puntos y la promesa de designar los funcionarios ad-honorem con la anuencia popular, para luego exigir la adhesión de los políticos es un primer paso. Y quien no lo firme será expuesto a la opinión pública.

Democracia y participación directa

Una digresión previa. ¿A cuánto estaremos de una forma de participación directa de la ciudadanía en estos paupérrimos sistemas democráticos, – y no hablo sólo de Argentina- que nos han transformado en meros rehenes o vasallos con derecho a voto?

Pues bien, hagamos de la ciudadanía el auditor de nuestro gasto. Que se imbrique en este sistema de control, de modo orgánico, por algunos de los mecanismos explicados más arriba. Con datos que obtenga formalmente, o con datos que consiga del modo que fuere, y que exponga y haga públicos, de modo  orgánico o no.

Una especie de Greenpeace del presupuesto que concientice a la ciudadanía y presione al Estado y a los políticos y partidos, obligándolos a firmar compromisos de honor, de modo que si son electos, deban aplicar las recomendaciones de este trabajo o similares, y que sepan que serán despreciados y expuestos si no lo hacen.

Las mentes viejas leerán estas líneas con una sonrisa. Les respondo con una carcajada ante el desprecio de la capacidad de las fuerzas, la creatividad, la pujanza y la perseverancia de los jóvenes, particularmente los que tienen formación de redes. Después estas mentes obsoletas se admiran de los Amazons, Facebooks, Twitters y tantos otros emprendimientos, que son fruto esencialmente de la perseverancia que los ancianos mentales ya no ejercen.

Para bajar el gasto, hace falta esas perseverancia, talento y coraje. Ha hecho más por las libertades WikiLeaks que billones de dólares gastados con ese fin por los burócratas ancianos de todos los regímenes.

Propongo que esos movimientos de redes tomen un papel preponderante, no sólo ya en la lucha contra el gasto, sino en toda la vida democrática nacional, actualmente de una mediocridad y calidad desilusionante.

La presión de esos grupos sobre el sistema, no sólo impondrá el cambio, sino que removerá todos los obstáculos que se pongan por delante de las reformas.

Las alternativas propuestas sonarán al menos raras. No serán menos raras que un cacerolazo o una marcha inútiles convocados por las redes. Los argentinos nos quejamos de los políticos con toda razón, y nos acusamos por haberlos votado. Pero no nos damos cuenta de que nos han quitado todo mecanismo razonable de elección. Esos derechos que hemos perdido a manos de los partidos, ahora dueños del sistema electoral y de la propia Constitución Nacional, deben recuperarse vía la presión ciudadana.

Los derechos se han conseguido siempre enfrentando al rey, al poder, al Estado. Tenemos mecanismos colosales para hacerlo sin violencia y con una enorme eficacia. El pacto social siempre fue firmado por los reyes bajo el miedo. El de Juan sin Tierra, cuando firma su Carta Magna, no es una excepción. ¿Queremos usarlos o queremos seguir quejándonos y votando por 20 desconocidos?

Este tipo de proyectos será bandera en las redes o no tiene sentido hablar más de bajar el gasto. Hay que resignarse a la expoliación. Y tampoco tendrá sentido hablar más de las redes, si sus usuarios no son capaces de entender su misión.

Copiamos los sistemas políticos de los países centrales, pero no la acción de sus ciudadanos para lidiar con los políticos. Un grupo tenebroso, machista, belicoso, con lobby corrupto como la National Riffle Association, influye fuertemente en la elección del presidente norteamericano. Nosotros ponemos hashtags y cambiamos nuestros nicknames, como máximo.

Tal vez es hora de hacer más. Así ayudaremos a nuestra economía personal,  a la del país y seguramente a esta manoseada democracia.

El robo en los presupuestos es tan grande, que su sola detección y eliminación cambiaría el nivel de bienestar. Habrá que vencer todos los obstáculos falsos apilados por los propios políticos, los  sindicatos, los tercerizados, los prebendarios. Las huelgas, los reclamos de derechos adquiridos, (derechos que se burlaron cuando consiguieron las prebendas).

Habrá que pensar y conseguir aprobar leyes para permitir el cambio, ya que detrás de la ley se escudan los que la violaron serialmente para conseguir su libra de carne en el gasto.

En esta tarea, la ciudadanía debe tener un solo modo de pensar: es mejor hacer este cambio fundacional con el estado, con los políticos y con los partidos. Pero si lo tiene que hacer sin ellos, lo hará. Y si lo tiene que hacer contra ellos, también.

Así rescataremos la democracia de la hipocresía, la corrupción, la mediocridad y la rapiña en que se ha convertido, recuperando con la acción directa la condición de ciudadanos, trocada hace mucho por la de siervos por la asociación ilícita entre el poder mayoritario y minoritario, los empresarios, los ladrones públicos (perdón por la redundancia) y los vagos.

No es tarea de pocos meses, y habrá que resolver de otra manera las urgencias presupuestarias en el corto plazo. Es una tarea ongoing que, como práctica republicana, no debe cesar nunca. Y se debe ampliar a toda la gestión del estado, no sólo a la economía.

El Estado ha usado la tecnología y las redes para espiar, subyugar, controlar, dominar, burocratizar, esclavizar y someter al ciudadano. Es hora de que el ciudadano reaccione en el sentido inverso. Los líderes mediáticos de medios tradicionales y de las redes, deben abandonar su postura seudodesinteresada y comprometerse en proyectos como éste. O si no serán cómplices. No se puede desperdiciar el liderazgo sin abogar por las grandes causas.

Las redes han hecho de todos los líderes, periodistas. Y como dijera Joseph Pulitzer, un periodista debe estar siempre a favor de los necesitados y siempre en contra de los ladrones públicos.

Acostumbrados a pensar en 140 caracteres, nos cuesta trabajo bajar aunque sea sólo un nivel en la tarea de desarrollo del pensamiento. Por eso todas las ideas son apenas esbozos que raras veces avanzan a más de eso: ideas esbozadas en un plumazo.

Tareas refundacionales complementarias

Por supuesto que hay algunas tareas de fondo que son necesarias para tener un país razonablemente serio y posible.

Una reformulación del sistema de coparticipación.  Otros prefieren un federalismo furioso. Imitando modestamente a Alberdi, creo que no se puede aplicar de golpe sin dejar un tendal de sancionados por una generación.

Una reformulación del sistema tributario. Para ello es condición previa que el nivel de gasto sea lógico y adecuado. De lo contrario estaremos simplemente cambiando el pagador de la factura.

Una reformulación de la política del Estado y su participación en la economía. Casi no merece comentarios por su obviedad.

Cito estos temas como una forma de reconocer su necesidad, pero no es el intento de este trabajo abarcarlos. Sí sería posible usar algunos de los conceptos aquí ensayados para encarar esas tareas.

Estamos proponiendo limitarle al Estado el control de la economía, de nuestra economía personal y de la economía de la sociedad.Para ello, utilizar sistemas organizados de la sociedad y de las redes sociales  en general, que obren como contralores de la ciudadanía sobre el estado, los políticos y sus funcionarios.

Es evidente que los políticos y aún la democracia vilmente desfigurada por ellos, los partidos y los ladrones públicos, nos han defraudado y han entronizado una ineficiencia e ignorancia cómplice en todos los presupuestos.

Como en toda la historia, la ciudadanía debe elegir entre reaccionar y retomar su poder, o resignarse a la esclavitud y el servilismo. Hay una oportunidad en el gigantesco sobregasto, cuya eliminación permitiría resultados espectaculares sin sacrificios que afectan siempre a las clases más desprotegidas.

Abro esa discusión, aun sabiendo que recibiré la ironía- (sistema de discusión de los ineptos- y la burla ante lo que se percibirá como idealismo anticuado. Idealismo viene de ideas. Hay que tener coraje para defenderlas. Nadie nos regalará la libertad, ni económica ni de ninguna otra clase. La libertad se gana con coraje. Ese coraje comienza por exponerse.

Podemos seguir pidiendo a gritos la baja del gasto, sin explicar cómo, ni dónde, ni de qué modo. En tal caso, y para ser políticamente correctos a full, sugiero que, además de la baja del gasto, pidamos por la vacuna del sida, la lucha contra la trata, y sobre todo, la paz universal.

Se escuchan ofertas.

Un modesto homenaje a Ricardo López Murphy, que inmoló su carrera por proponer una baja concreta del gasto.

La organización humana empieza con el siguiente nombramiento:                                                         

Auditor General del Presupuesto

1. El Presidente de la Nación designará al Auditor General del Presupuesto, quién le reportará directa y exclusivamente.

2. Durará cinco años en su cargo y será inamovible, con las mismas condiciones que rigen para un senador o para el Presidente del Banco Central.

3. Se realizarán audiencias públicas y compulsas vinculantes en las redes sociales y otros medios para la designación de este funcionario.

 4. Desarrollará su tarea de manera ad honorem, al igual que todo el personal, asesores o cualquier otro colaborador que designase, en horario parcial o total.

5. El personal designado por el Auditor podrá ser removido por éste sin necesidad de procedimiento alguno.

6. Este funcionario y quienes él designare, estarán sujetos a las leyes y reglas de comportamiento y conducta que rijan en la Administración.

7. Tendrá iguales inmunidades que un ministro de la Corte Suprema, pero sólo podrá ser removido por falta gravísima con un juicio político con el voto del 75% del Senado.

8. Las Provincias y Municipios designarán funcionarios con iguales atribuciones, tareas y responsabilidades, con relación a sus respectivos presupuestos.

9. Este funcionario no podrá desde la fecha de su designación y por 10 años luego de cesar en el cargo, desempeñarse en ningún cargo electivo o no, del Estado para el que ha sido designado. Tampoco desarrollar tarea alguna en empresas u organizaciones que  hayan tenido  negocios con el estado durante el tiempo de su gestión.

10. Sus funciones abarcarán el análisis de cada uno de los rubros del Presupuesto y  de todas las empresas del Estado cualquiera fuera su forma jurídica. Podrá requerir de la autoridad de aplicación que se le provea de cualquier clase de información o documento que determinara. También requerir del Poder Judicial información detallada de cualquier juicio en el que el estado sea o haya sido parte. La negativa a proporcionarle información colocará a quien se la negare en situación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con las penalidades y acciones legales respectivas.

11. El Auditor no podrá efectuar cambios ni en la composición ni en la ejecución del presupuesto en cualquiera de sus formas. En cambio, elevará informes al Presidente de la Nación y al responsable directo de la ejecución de la partida respectiva, sobre sus conclusiones, de modo orgánico, y las hará conocer a los medios de comunicación y redes sociales principales, mediante un sitio web específico.

12. En cumplimiento de su tarea, podrá requerir información de cualquier funcionario o empleado del estado de modo directo y solicitar información o aclaraciones pertinentes a cualquier empresa, estatal o privada, organización de cualquier tipo o particulares que tengan negocios con el estado.

13. Tendrá la obligación de elevar a la Justicia con su correspondiente informe, cualquier irregularidad que configure un delito de orden público, que detecte en el cumplimiento de su tarea. Realizará el seguimiento del proceso judicial correspondiente

14. En casos que considere adecuado, recomendará a las autoridades con competencia, cambios, renegociaciones o anulaciones de contratos o compromisos de cualquier índole, y realizará el seguimiento de dichas recomendaciones.

15. Cuantificará trimestralmente los ahorros que se hubieran producido con su gestión, y los comunicará al Presidente de la Nación y a la opinión pública.

Se coordinará esta tarea con la SIGEP y la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Todo personal con cualquier formato de contratación, profesional o no, agremiado o no, con forma jurídica o no, sólo podrá desempeñarse de modo ad honorem. Se compensarán gastos de viáticos, movilidad y similares con partidas muy modestas. 

Sí, se trata de un auténtico Zar del Gasto Público, de modo de que no sea el propio estado el que se analiza, regula y audita, con los resultados conocidos hasta hoy.

La idea central es que la ciudadanía participe y se informe de lo que se está intentando, de fijar metas de resultados y finalmente, de conseguir el suficiente conocimiento del presupuesto como para formular propuestas superadoras y nuevos mecanismos y criterios para las políticas públicas, pero recién una vez que se consiga eliminar los excedentes presupuestarios enquistados.

El formato de trabajo pro bono, tiene que ver con la necesidad de no aumentar el costo de la administración, pero también con la idea de involucrar a los factores de la comunidad en las funciones de contralor del Estado.  Ya que el gasto es un factor condicionante del nivel de impuestos, del tipo de cambio y finalmente del bienestar, parecería adecuado transferirle su contralor a la ciudadanía, para lo que, lamentablemente, habrá que acostumbrarla a hacerlo, sacándola de su indiferencia, escepticismo, ironía y descreimiento, que permite la impunidad generalizada de nuestro sistema presupuestario.

Este formato pro bono también tiene que ver con la necesidad de que la tarea sea efectuada por profesionales con conocimiento y experiencia en temas presupuestarios, contratos, contrataciones, licitaciones, juicios y tercerizaciones. Todo ello sin gastos adicionales. Deberá entonces convencerse  a esas personas con valiosa experiencia técnica y práctica, de darle un formato concreto al patriotismo que todos declamamos. 

Muchos expertos y técnicos consultados, han manifestado que no disponen del tiempo necesario para colaborar. Nada puede hacerse ante esa respuesta, salvo ponerla en conocimiento de la comunidad para que sopese las opiniones de quienes no están luego dispuestos a poner el hombro y arriesgarse en la tarea. El término «opinator» les estará entonces bien empleado.

No hay duda que esta idea del trabajo pro bono tendrá muchos detractores que calificarán el concepto de romántico, entre otras cosas. Es sugerente que un país como Estados Unidos, según el concepto popular frío capitalista, tenga como una institución arraigada el trabajo pro bono de sus profesionales, inclusive los estudios más destacados. Lo mismo ocurre con los voluntarios, una institución en EEUU y Europa.  Mientras en un país que clama contra los políticos y se considera sensible, sus profesionales y ciudadanos más capaces «no tienen tiempo para ocuparse».

El tipo de tarea, necesariamente multidisciplinaria, y el formato de retribución, implicará que se deban  desarrollar modelos de colaboración online, desde un modesto Dropbox hasta sofisticados mecanismos de workflow. Por supuesto, quienes no estén familiarizados con estas tecnologías deberán aprenderlas. De paso les vendrá bien en sus actividades privadas. 

El grupo

Se asignarán grupos de especialistas a reparticiones o áreas específicas y aún a casos específicos. Seguramente en todos los casos harán falta contadores, abogados y economistas aportando su enfoque particular. Otras especialidades serán necesarias según el caso. Habrá que crear un pool de expertos disponibles para consultas, a fin de evitar requerir de mucha gente en cada proyecto. Se procurará en cada caso que en cada grupo haya alguien con experiencia práctica en manejo de situaciones presupuestarias, licitaciones, personal y similares, dado que lo que su busca es detectar irregularidades y deficiencias y eliminarlas, junto con sus efectos.

Eso permite que no se requiera en un comienzo de mucha gente, y de que quienes participen vayan cobrando experiencia que luego transferirán. No hay una carrera de reducción del gasto vía detección de excesos, corrupción y despilfarro en ninguna Universidad del  mundo. 

Lo ideal sería empezar con pocos casos en pocas áreas. Allí se evaluarían resultados y se haría experiencia, tanto a los niveles de conducción como en los aspectos técnicos, tecnológicos y comunicacionales. La ciudadanía tiene que ser informada de las expectativas, de los resultados, de los errores y de los pasos futuros. Debe poder criticar, aportar y demandar más resultados de quienes lleven adelante este emprendimiento.  El paso se acelerará solo, a medida que se incorporen los jóvenes, cuyo futuro es el que está en juego, las redes sociales, los nuevos mecanismos y canales participativos.

Estos jóvenes que hoy nos parecen irresponsables y livianos, deben tomar la posta, y por su propio bien, hacerlo mejor que nosotros, los que sabemos todo de tantas cosas, pero hemos llegado a esto.

En una primera fase no se realizarán innovaciones en el sistema ni en los mecanismos de cada función del estado, proceso que debe dejarse para otro paso más adelantado, cuando los auditores estén familiarizados con los procesos y formatos. Por supuesto que los funcionarios de cada sector participarán en la tarea, lo que les permitirá adquirir un mayor conocimiento de sus áreas. Nunca más los funcionarios pueden ignorar cómo se componen las partidas y conceptos existentes en sus respectivas jurisdicciones.

Cuando aprendamos empezaremos a innovar. El atraso de pensamiento va de la mano de la corrupción y el desconocimiento.

Se emplearán profesionales o estudiantes avanzados de distintas disciplinas, desde los especialistas en presupuesto a los de administración de empresas y planificación. No debe descartarse la posibilidad de enrolar profesionales retirados, cuya experiencia sería de gran utilidad.

Los pocos que conocen estos manejos, están hoy del lado del mal.

(Sigue: como presionar a los políticos para que bajen el gasto)

La ignorancia del contenido y funcionamiento del presupuesto por funcionarios de cualquier partido y cualquier administración es cómplice de los ladrones públicos y del populismo. Nadie sabe lo que hay adentro. Y ésa es la idea central. Que nadie sepa nada. Por eso hay que tirar a la basura el presupuesto actual.

El trabajo consiste en establecer cuál debería ser el verdadero nivel de gasto adecuado para cumplir con las políticas públicas diseñadas. Esto es lo que se conoce como presupuesto de base cero. Imaginemos entonces un diseño de políticas públicas en cada ministerio, (Tras determinar a su vez que el ministerio es relevante) Luego se establecen las necesidades de gastos para cumplir esas políticas. Las universidades tendrían una magnífica oportunidad de contribuir y al mismo tiempo desarrollar conocimiento sobre el funcionamiento del estado.

Esta técnica se usa en todas las grandes empresas del mundo -algunas casi comparables a Argentina- cada, por ejemplo, siete años, para obligar a repensar el presupuesto. Aquí es imprescindible.

Al completarse esta etapa, se tendrá un prototipo de presupuesto que en definitiva mostrará los gastos en que se debe incurrir para hacer lo mismo que se hace en la actualidad, con igual cantidad y calidad de prestaciones. Quienes hayan participado tendrán una cantidad de información sobre los excesos e irregularidades contenidas en los presupuestos actuales, a la vez que serán una fuente muy rica de ideas para otra futura etapa superadora.

Dos Presupuestos

Tendremos en ese momento dos presupuestos: el vigente, determinado a dedo, como se hace habitualmente, y el presupuesto modelo recién confeccionado. No hace falta mucha elaboración para comprender que las diferencias serán notorias y muy trascendentes. En ese momento, la sociedad debe ser informada de cuánto costaría el manejo de la cosa pública de utilizarse el nuevo criterio, y de cuáles serían los efectos impositivos, cambiarios y económicos en caso de aplicarse. Ese nuevo presupuesto deberá publicarse y discutirse.

¿Cuál sería el objeto? Que la ciudadanía advierta el enorme desperdicio contenido en las cuentas actuales. La terrible diferencia entre lo que se paga de impuestos y lo que la comunidad recibe de retorno. Esa diferencia es la que nos permitiría uno de dos caminos, o una mezcla de ambos:

-Bajar la presión impositiva liberando así recursos para el crecimiento y la inversión.

-Mejorar en serio la equidad vía prestaciones adicionales a los sectores que lo justifiquen. Y aquí ni siquiera se abre juicio sobre ideología alguna.

A partir de ese momento, empieza el proceso, (que es una técnica) de pasar del presupuesto de hoy al nuevo presupuesto. Eso implica una dura tarea que no se podrá realizar de un día para otro, pero que tiene que tener un paso firme y continuo.
Para ello no sólo hace falta una política de Estado, sino que la ciudadanía, con los mecanismos que hemos propuesto y con nuevos mecanismos que la comunidad imponga, vía su opinión y las redes sociales y otras acciones Nada de eso ocurrirá si no hay una convicción en la sociedad de la necesidad del cambio. La sola diferencia monetaria entre el presupuesto actual y el nuevo presupuesto puede ser un incentivo muy valioso. Por eso la persuasión y comunicación a la sociedad, además de leyes que deben ser promovidas y forzadas por la sociedad, serán vitales para este proceso.

La persuasión

Todo lo escrito vuelve a poner sobre la mesa la dificultad para bajar el gasto. Los mismos que hoy claman por su baja inmediata dirán que este camino es estrambótico y larguísimo. Sigo pidiendo que se propongan ideas alternativas, o que se hagan modificaciones a este trabajo que lo mejoren, pero que no se declamen proclamas de reducción de gasto o de déficit sin aportar ideas concretas y precisas.

Cuando Ricardo López Murphy propuso su modesto recorte al presupuesto, que le costó el cargo a él y al país el default, lo hizo vía la eliminación de un incremento previsto en el presupuesto universitario. Sin enjuiciar la procedencia de ese incremento, su intento fue desesperado, justamente por la imposibilidad, dada la urgencia, de entrar en el presupuesto en profundidad, una empresa imposible sin un Van Helsing ad hoc

Quien haya encarado en la práctica este tipo de tareas, siempre rehuídas también en el ámbito privado, sabe que el desafió requiere técnicas, perseverancia, firmeza y constancia. Y algo de inteligencia. Y principalmente, el apoyo de la población. Por eso la necesidad de ser capaces de persuadir, que no significa empaquetar, como rápidamente traducimos los argentinos. Persuadir es además tomar compromisos, fijarse metas, rendir cuentas a la sociedad. En una palabra, hacer el trabajo que deben hacer quienes pretenden ser funcionarios públicos. O sea, mejorar la calidad de la pobre democracia local.

Ya escucho al lector diciendo: “¿pero quién va a hacer todo este laburo? Este tipo se volvió loco”. La próxima semana explicamos quiénes y cómo harán esto.

Todo lo detallado enmarcado en una política de estado de reducción del gasto, y la aplicación de las políticas públicas correspondientes.

Urgido por la realidad,  usted, lector,  ya me está diciendo que estoy loco porque no se puede esperar tanto tiempo, que hay que cortar de un tajo. Permítame que le retruque: ¿Por qué se cree que nunca se bajó el gasto? Porque siempre hemos pensado de ese modo y al final no hicimos nada.

Para que se quede tranquilo, vamos a establecer una diferencia en la metodología y en la velocidad de las medidas a tomar, según el tipo de gasto. Lo explicaré en seguida. Pero primero querría salir al cruce de un pensamiento facilista, que podríamos describir así: «echemos a todos esos vagos empleados públicos, y que se vayan a laburar al sector privado»

Puede que el método sea rápido, pero ofrece, como decíamos en la nota anterior, el problema de que se corren riesgos muy serios de inequidades e ineficiencias de todo tipo. Con  el  peligro de dejar lo peor dentro de los presupuestos. De todas maneras, cabe una pregunta: ¿qué va a hacerse con los que sobren? Porque el sector privado, por muchos años, no podrá ofrecer ninguna cantidad relevante de empleos.

Como no estamos empezando el mundo de cero, como dije, todos los ajustes deben hacerse, pero no al voleo. Eso no significa que no hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, y eso lleva tiempo y estudios serios.

Todo el análisis de baja del gasto debe arrancar al mismo tiempo

Si bien existen varios tipos de gasto, se debe comenzar toda la tarea al mismo tiempo, con diferentes equipos, aceptando que algunas tendrán resultados más rápidos dado su conformación y otras más lentos dada su complejidad. Será importante que se muestre a la sociedad esos resultados rápidamente y  se apliquen los cambios, como un modo de reforzar el compromiso y de empezar a producir ahorro  lo  antes posible donde efectivamente pueda hacerse.

Haciendo esa salvedad, detallamos los rubros o grupos donde más rápido se podrán obtener resultados.

Por dónde empezar a cortar

Estos son los rubros por dónde se podrá empezar la reducción,  los que más fácil resultan de detectar y eliminar, y los que mayor sustento ético tienen. Aún sabiendo que ofrecen flancos jurídicos que hay que resolver, habrá que enfrentarlos, pelearlos y ganarlos. Y hay modos. Empezando por un juicio penal por cada caso de corrupción que se encuentre.

Contratos, tercerizaciones, concesiones, sistemas de subsidios y «Sociedades Anónimas» del Estado

Cada uno de los contratos y sus prórrogas de cualquier índole o formato, concertado por el método que fuese, será analizado por un equipo multidisciplinario, (explicaremos el modo) en su génesis, su razonabilidad, sus costos y los reclamos generados. Se elevará a juicio cualquier contrato irregular. Se hará un seguimiento de vencimientos para evitar las prórrogas automáticas. Se anularán los contratos irregulares con procedimientos legales. Se adecuarán las leyes  para evitar la industria del juicio y se implementará un sistema de workflow para evitar la caída deliberada de los plazos procesales, viejo truco indio para hacerse millonario a costa de nosotros.

Se identificará a los titulares reales de todas las empresas que contraten con el estado, lo que está ya legislado actualmente. Todo contrato o concesión con empresas sin identificación de sus accionistas EN EL MOMENTO de la contratación, será pasible de ser anulado. Toda transferencia de titularidad de un contrato o de las acciones de un contratista, deberá contar con la aprobación del estado.

Se pondrá  énfasis en los servicios de consultoría de toda índole, no sólo apuntando a detectar los despropósitos contenidos, sino a su eliminación.

En este rubro se prevén rápidos éxitos y resultados. La ciudadanía deberá ser informada rápidamente de los hallazgos, los juicios y los ahorros producidos. El efecto Ciccone debe permear a toda la sociedad.

Subsidios

El sistema de subsidios de cualquier tipo debe ser modificado en la planificación para propugnar su cambio en la realidad. Cualquier tipo de subsidio será entregado directamente al beneficiario, en una cuenta de ahorro, caso por caso.

A esta altura de la tecnología y el espionaje, es absolutamente fácil determinar quién es pobre, cuántos hijos tiene, consumo eléctrico, calidad de vivienda, etc. Entonces, distribuir subsidios entregándoselos a empresas, punteros, Milagro Sala u otras ONG’s, es no solo ineficiente sino una fuente de corrupción y desperdicio. Las tarifas deben ser únicas, y los problemas de equidad resolverse con subsidios directos.  De paso, el mecanismo evitará los beneficios repetidos, como los abusos en los planes, asignación universal por hijo, gas, electricidad, etc.

Una tarjeta y registro único de beneficiarios de subsidios es vital para la equidad, la eficiencia y el contralor. No es difícil y será muy útil. El reflejo de esta política en el presupuesto será muy notorio.

Una reflexión. Deben descartarse de planos los planteos del tipo «Habiendo tantos otros gastos y robos que cortar, ¿por qué cortar justamente esto?» Tal pensamiento es paralizante y minimizante. Siempre habrá otros gastos, prebendas y robos que cortar, menos el que le conviene a cada uno.

Personal designado en los últimos 6 años por sobre ciertos niveles salariales mínimos

Se pondrá en revisión con iguales sistemas todos estos casos. La diferencia será que se dejará de abonar  de inmediato estos salarios por encima de los mínimos en cualquier formato que se hubiera contratado. También en este caso se promoverán acciones penales contra los funcionarios y los beneficiarios, cuando no surja claramente la razón del pago excepcional.

Este procedimiento se realizará tanto en las reparticiones del estado como en cualquiera de las sociedades con cualquier formato que dependan del estado. Se harán públicos los nombres de los beneficiados con este otro truco indio.

Jubilados con regímenes excepcionales sin aportes

Si bien es cierto este rubro no forma parte de lo que se conoce como gasto, cuando se genera un déficit debe ser absorbido de algún modo.  Se incluyen aquí los 3000,000 de jubilados sin aportes beneficiados por regímenes especiales en los últimos 7 años. Se analizarán todos los casos y se establecerá un régimen para el futuro que no ponga en igual nivel las actualizaciones de estas jubilaciones con las de quienes cumplieron con todos sus aportes. También se revisarán en igual sentido las jubilaciones de privilegio concedidas en este período.

Es posible pensar en tomar un grupo significativo de casos piloto para analizar si efectivamente correspondió el otorgamiento del beneficio dentro de la normativa vigente. Si de ese test surgiera  un resultado alto de incumplimiento, tendrá sentido pensar en ampliar el estudio para anular toda jubilación mal concedida.

En términos de carga impositiva total, no es descabellado pensar que se pueden obtener ahorros que permitan reducir el costo laboral.

Tarifas desactualizadas o políticas en  todos los servicios públicos y privados

Se trata del valor de las tarifas, no de los subsidios, que están tratados por aparte más arriba. En un lapso de tres años estas tarifas deben ser gradualmente adecuadas a la realidad y por vía de subsidios individuales debe resolverse la situación de los carenciados o necesitados.

Este paquete de componentes del gasto indirecto será la primera etapa a cumplir. La idea es obtener rápidos resultados, un fuerte apoyo de la población, y dar una base ética importante a los ajustes al gasto en general.  Si bien es cierto todo este grupo de gastos NO ES tan relevante como el resto del presupuesto, el global sí lo es, y además el ahorro porcentual puede ser muy grande por las barbaridades contenidas.

Por  otra parte, las tarifas son fundamentales en los casos de energía para estimular la producción, razón primordial de la pérdida del autoabastecimiento energético.

Estas tareas, como en el resto de los casos, se realizarán tanto en el presupuesto nacional como en los provinciales y municipales.

Los dejo masticando todo esto que hay que hacer, que es un poco más difícil, laborioso y técnico que simplemente decir: «hay que bajar el gasto», no?

Al mismo tiempo, analizando estos temas, se verá la gran oportunidad que se presenta de analizar desde cero todas las políticas públicas, su procedencia, importancia y costo. Si somos inteligentes, en vez de efectuar un mero trabajo de corte de gastos, podemos transformar esta instancia en un proceso refundacional del estado y consecuentemente  del sistema impositivo y toda la economía.

Eso sigue la semana próxima. Duro, espero que útil.