Por supuesto que esta vez será distinto y el último, y además se justifica por el supuesto requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de otorgar un perdón fiscal antes de la entrada en vigencia de los tratados de información automática entre países, que aún no se han firmado y que regirían desde fin de 2018.

Sin embargo, por lo que está comunicando el Gobierno y lo que se conoce de los proyectos, surge que lo que se intenta es el retorno de dólares al país. O sea, que los argentinos vendan sus tenencias de la especie que fuere y traigan esos fondos a la Argentina para colocarlos, sea en nuevos certificados de depósito para la inversión (Cedin), sea en nuevos bonos, que pagarán una tasa que se supone algo menor a la reciente colocación, pero no demasiado.

Ello también se evidencia en la idea de cobrar menos alícuota en los casos de repatriación que en los casos de simple exteriorización con permanencia de los dólares donde estén actualmente.

Pongámoslo más claro: el Gobierno intenta que vengan dólares que se transformen en préstamos para la actividad inmobiliaria, o en bonos de nueva deuda que tomará el Estado para usar con fines diversos.

En cualquiera de los dos casos, y suponiendo que no fuera el Banco Central (BCRA) quien comprase esos dólares, sino el mercado, habrá que rogar que no se cumpla la estimación que ha circulado, que lleva la cifra a blanquearse a los 50 mil millones de dólares. Si tal cosa ocurriese, el efecto sería igual al de cualquier invasión de hot money o capital golondrina.

Esto implica una baja potencial muy dura del tipo de cambio nominal, en un contexto de inflación en auge que ha neutralizado una parte importante de la devaluación del peso tras la liberación del cepo. No parecería que fuera muy inteligente apurar un atraso cambiario, ni mucho menos empujar a una apreciación del peso mayor a la esperable.

Tal vez se puedan responder estas observaciones apelando a la esperanza de que los fondos que retornen se apliquen a inversiones productivas, que, sin embargo, no parecen tener aún el escenario mínimo que se requiere para esa etapa. Todavía parece no haberse digerido el concepto de que la inversión no depende de la afluencia de dólares, sino de las expectativas, los proyectos, el clima y el sistema legal imperante. La lluvia de dólares, cualquiera fuera su origen, no llevará apareada ninguna inversión por su sola presencia. La simetría opuesta es mucho más probable: un clima y un ambiente legal y laboral pro inversión provocaría una lluvia de dólares.

Descarto que se le ocurra al BCRA emitir para comprar estos dólares con cualquier formato, por cuanto ello sería una locura que el presente equipo técnico no cometería.

Sin embargo, la financiación de gasto u obras públicas implica algún mecanismo de conversión de esos dólares a pesos, con los efectos que conocemos en el aspecto cambiario o en el inflacionario.

Queda por analizar si efectivamente el blanqueo será tan exitoso como se espera, en momentos en que las tapas de los diarios y los portales no parecen ser un catálogo de oportunidades, sino un listado de reclamos e imposiciones populistas, algunas concedidas.

Creemos que no hay urgencia alguna en lanzar este blanqueo, perdón, exteriorización o como se le quiera llamar a este procedimiento. Desde el punto de vista de los tratados de la OCDE, hacerlo en 2017 estaría perfectamente dentro de los tiempos lógicos de decisión, a la vez que probablemente para ese momento Estados Unidos también estará anunciando algún grado de facilidad de información fiscal, lo que puede empujar más adhesiones.

En lo que hace a la confianza en el país y a la inversión posible, tal vez el año próximo tenga más incógnitas despejadas que las que hay en este momento, de previsible incertidumbre.

¿Cuál es el apuro, entonces? ¿Para qué exponerse a una superabundancia de dólares si se es exitoso, o a un papelón si no se logra atraer suficientes adherentes?

Si el tema es meramente cumplir con el mandato supuesto de la OCDE, no habría que crear incentivos para inundar de dólares al país en un momento en que no hay importaciones relevantes, suponiendo que alguna vez las haya. Si tal fuera el caso, el blanqueo debería limitarse a una simple exteriorización, pagando las alícuotas correspondientes, sin diferenciación alguna.

El tema de la cercanía entre esta regularización fiscal y las escandalosas compras de cedines sin denuncia de lavado, que el Banco Nación no ha explicado aún, es un asunto aparte, pero no sería insensato poner algún espacio de tiempo entre una y otro, máxime cuando las noticias de operaciones similares a las que ahora se quieren promover aparecen todos los días y los sospechosos de ilícitos están desesperados buscando regularizar sus activos.

¿Cuál es la urgencia estratégica en hacerlo ahora? Aun aceptando todos los argumentos a favor, es mucho mejor que este perdón ocurra después de alcanzados ciertos objetivos centrales que constituyan un marco de referencia, no antes de que todo ello esté plasmado. Se trataría así del colofón de un proceso, no del preámbulo.

Tantos blanqueos acumulados configuran ya una sistemática “doctrina del perdón que puede anular el pasado”, como decía Jorge Luis Borges. Habría que tratar de que en esta oportunidad también cambiemos.

Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.