Esta nota es para recordarle al consumidor que parte importante de estas tarifas que ahora debe pagar tienen que ver con el proteccionismo que impera en la matriz energética en todos sus formatos, y con la connivencia entre esas diversas versiones y el Estado.

Tras la quiebra de 2001, el Gobierno decidió controlar las tarifas de todas las empresas privadas, decisión que luego continuó y profundizó Néstor Kirchner y que exageró luego hasta la caricatura trágica su esposa Cristina.

Con excepción de Shell, sin demasiado peso en la ecuación, el resto del sistema energético guardó silencio o emitió suaves quejidos ante la destrucción de la producción. Era lo que correspondía dentro de un sistema secreto y áulico, el del proteccionismo prebendario.

Las tarifas se congelaron y se subsidiaron, dos pasos ruinosos simultáneos. La exploración, la extracción y la distribución se tornaron económicamente imposibles, pero las empresas protegidas, controladas guardaron silencio. Lo mismo la población subsidiada, como corresponde al populismo, que siempre es bifronte.

Cuando se produjo el colapso inexorable, se lo hibernó con medidas-parche, que además incluían su cuota de corrupción y acomodo: importación carísima de gas que se vendía a una fracción de su costo, empresas del Estado sin función, creadas como cáscaras del fraude, acuerdos de apuro con las empresas productoras, que nunca se explicaron adecuadamente.

Paralelamente, fueron creciendo los acuerdos de las provincias en las áreas de explotación up stream, bajo el amparo de la nación. Los apellidos tradicionales del proteccionismo se fortalecieron y se repartieron concesiones, regalías, retornos, favores, que enriquecieron a gobernadores, legisladores, presidentes y, obviamente, a los protegidos empresarios, ahora invitados a la mesa con Barack Obama.

Néstor Kirchner descubrió que se podía dar un paso más: quedarse personalmente con una parte de las empresas energéticas, que ahora dependían de su limosna y de su regulación. Entonces comenzó su avance sobre Repsol y varias de las privatizadas eléctricas, con formatos de una creatividad asombrosa.

Fondos y personajes totalmente ajenos al rubro y al manejo de capitales aparecieron de pronto comprando empresas que les vendían una participación como si les vendiesen un auto usado. El escandaloso caso de Repsol es emblemático, pero sólo una muestra. La empresa fue premiada por regalarle el control a un amigo de Néstor, con el permiso al vaciamiento, que culminó con la recompra de sus acciones por el Estado a un precio delirante. La producción obviamente fue insuficiente y las reservas (de petróleo y dólares) se perdieron. No distinto a lo que pasó con el gas, la electricidad y las áreas de exploración y extracción, con las variantes propias de cada actividad y del creativo de turno. Testaferros, importaciones ruinosas, concesiones contra inversiones que siempre se esfumaban o se transformaban en juicios y reclamos.

Las cláusulas secretas del contrato con Chevron no son las únicas. Todos los contratos de las zonas de exploración y explotación las tienen. No son por cuestiones técnicas. Son prebendas que concedieron los Estados nacional y provinciales. ¿Contra qué? Por cualquier duda, preguntarle al fiscal Guillermo Marijuan los datos de los pagos que encontró en Estados Unidos relacionados con la concesión de Cerro Dragón a uno de los heroicos empresarios nacionales.

Cada piedra que se levante, cada contrato que se analice, cada acuerdo, cada subsidio, está lleno de prebendas, protección, retornos y, como consecuencia, ineficiencia, despilfarro; en resumen, altos costos. La tomografía de un modelo proteccionista en descomposición, donde los protagonistas conviven promiscuamente en una mezcla de papeles.

Hoy se asiste al show hipócrita de las provincias del sur pidiendo recursos de amparo para que no se aplique el aumento de tarifas que con su permisividad encarecieron. O a los mismos legisladores que aprobaron contratos que son de lesa patria interpelando a los ministros por tratar de paliar las barbaridades incurridas. Y al kirchnerismo residual (de residuos), director de la orquesta mussoliniana desorbitada, reclamando como si el aumento en las facturas fuera obviable o postergable.

Lo importante es que el consumidor y la ciudadanía toda deben entender que las tarifas energéticas, incluyendo la nafta, tienen estos niveles por culpa del proteccionismo, el estatismo, la corrupción y la ineficiencia que ambos acarrean siempre.

Las empresas privatizadas fueron llevadas —vía ahogo tarifario— a un proteccionismo que aceptaron gustosas, a un esquema destructivo y corrupto, y finalmente a una sociedad anónima con los funcionarios, no con el Estado, que nos llevó a todos a la ruina. Ahora se están intentando arreglar los efectos del problema. Pero eso no arregla el problema. El problema es el proteccionismo. El problema es el Estado. Eso es lo que usted paga de más en la factura de cada mes. Valdría la pena recordarlo.

Daniel Scioli y Sergio Massa están jugados al endeudamiento, tanto para financiar el gasto como para eliminar el cepo y también para la imprescindible renovación y hasta revolución de la infraestructura, que lleva 20 años de atraso como mínimo. Mauricio Macri ha hablado a veces de inversión, pero con bastante timidez y sin precisar las áreas. Ahora lo oculta.

Los estatistas conciben la deuda como el único mecanismo de financiamiento y lo mismo ocurre con nuestra sociedad, que tiende a acostumbrarse a la mediocridad de pensamiento y espíritu con sorprendente facilidad. Nuestros políticos son dignos de esa sociedad. Se ha llegado al error de llamar inversores a los que compran un bono.

A esos políticos, casi todos estatistas, no les cabe la idea de inversión privada. Necesitan que sea el Estado el que funcione como gran hacedor y que se endeude para ello. Lo mismo ocurre con nuestros empresarios prebendarios. Necesitan un Estado estúpido con quien contratar y que les pague más de lo que corresponde y tome deuda para pagarles. Eso les permite prescindir de la competencia y de la necesidad de ser eficientes y obtener rápidas ganancias en juicios manejados por abogados vendidos.

Para los estatistas, políticos o empresarios vividores, hablar de inversión es un problema, porque significa que las obras o los emprendimientos serán privados y extranjeros, ya que los argentinos no tenemos fondos blancos, se sabe.

Por eso cuando la magnitud de un emprendimiento requiere necesariamente empresas e inversión externa, el Estado y los prebendarios se las ingenian para inventar complicadas figuras donde siempre debe ser protagonista una empresa nacional, asociada con “inversores” o “fondos” extranjeros, o con empresas extranjeras que terminan comportándose como argentinos. Basta mirar lo que está haciendo YPF, los contratos que firma y anula, y con quién lo hace.

A lo máximo que parece llegar nuestra inventiva es a arreglar con los holdouts y salir a tomar crédito para todos los propósitos y despropósitos. Y para financiar planes faraónicos de obras, que estarán en manos de contratistas nacionales. O sea, el futuro parece ser igual que siempre. En el mejor de los casos, echaremos a La Cámpora del presupuesto, pero la reemplazaremos multiplicada por mil por la patria contratista.

Sin embargo, la inversión externa permitiría resolver una gran cantidad de situaciones que hoy parecen imposibles de solucionar. Desde el gravísimo desabastecimiento energético, incluido tarifas y subsidios, hasta obras como los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que nunca serán ampliados y modernizados con los métodos actuales. A lo máximo a que podemos aspirar es a más bicisendas y carriles exclusivos con nombres rimbombantes, que son, sin embargo, meros carriles exclusivos. Caros.

Autopistas, diques, cárceles, hospitales, ferrocarriles, colectivos, deberían recibir esa inversión y ser sacados de las manos del Estado subsidiador y del concesionario socio cómplice y retornador. Una manera efectiva de bajar el gasto sin costo social.

Un problema gravísimo como el de Aerolíneas, a la que Macri promete volver eficiente (sueño de una noche de verano) y Scioli y Massa prometen perpetuar en su ineficiencia, también tiene solución con inversión y operación extranjera.
Cuando se habla de inversión privada, o sea, inversión externa, surge inmediatamente el ejemplo de las privatizaciones de Carlos Menem. Por supuesto, la gran mayoría de los críticos jamás ha leído una página de los contratos, ni sabe cómo fueron concebidos y redactados.

Sin las privatizaciones de Menem, sin embargo, el kirchnerismo no habría podido mantener en funcionamiento el sistema productivo y jamás habría podido realizar avances en infraestructura por su cuenta. Basta ver el estado en que la deja, al borde del colapso (Prometo una nota específica sobre las privatizaciones y su historia).

Los contratistas, que no aportan ni consiguen financiación, obligan al Estado a endeudarse y fabrican juicios millonarios que les hacen ganar fortunas sin hacer las obras, nos condenan a quedarnos sin infraestructura en pocos años, tal vez en cuestión de pocos meses. Nunca ese sistema va a construir nada.

Está claro que nuestro Estado odia la inversión privada. Aun cuando no tiene más remedio que recurrir a ella, elige a las empresas o los países famosos por estar dispuestos a dar coimas o retornos. Los casos de IBM, Siemens, Skanska, Chevron, Repsol y varias empresas españolas son suficientemente conocidos. Ahora hemos agregado a China, Rusia y lo peor de África.

A pesar de todas las críticas y los defectos, la inversión externa es muchísimo más conveniente que la toma de deuda. La primera opción tiene un porcentaje bastante alto de probabilidades de éxito. La segunda, que implica al Estado gestionando, ninguno.

La inversión obliga a un compromiso mutuo del Estado y el inversor, aunque resulte más complejo al comienzo. El endeudamiento es un pozo negro (sic) en el que se pierden todas las responsabilidades, menos la de las generaciones futuras, que deben pagarlo.

Todas esas mentes brillantes económicas que se arrojan sobre la sociedad como espejitos de colores para mostrar la seriedad de la futura gestión de cada candidato deberían desempolvarse y dejar de pensar en la deuda como una herramienta de crecimiento, postergación o salida fácil y temporaria de la crisis.

La inversión es la verdadera solución. Claro que para eso hay que ser serio. En cambio, para tomar deuda basta con arreglar de cualquier modo con los holdouts, ¿verdad? O eso dicen ahora.

Esos puntos, como ocurre en cualquier quiebra hasta del bar de la esquina, debieron ser objeto de arreglos, negociaciones, ajustes y emparches posteriores, como siempre sucede.  Pese a las múltiples exhortaciones del senil juez Griesa (percepción K anti-Inadi), el gobierno de Néstor y luego el de Cristina Kirchner, prefirieron ignorar el problema, confiados en quién sabe qué asesoramiento o en qué sabiduría de barrio.

El posterior desarrollo de ese juicio, el fallo en firme, el verso de la cláusula Rufo, el pari-passu y colaterales, nos han llevado a una situación aún más complicada, que puede complicarse más si en breve el juez decide en algún momento no otorgar el permiso por única vez que mendigamos  para que los bancos trustees paguen los intereses de los bonos de jurisdicción nacional.

Una simple pregunta del juez fulminó la incipiente idea de lanzar via JP Morgan y Deutsche Bank una modesta colocación de 2000 millones de dólares en Bonar 24. (Afortunadamente, decimos algunos) Ello abre un interrogante de inseguridad sobre lo que parecía que estaba claramente fuera de la jurisdicción de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A esto hay que agregar los Holdouts que se colgaron del fallo (me too) ante el llamado de Griesa, a los que no se van a colgar, y a los que tienen otra jurisdicción, como el caso de Londres. Todos, sin embargo, deben ser resueltos por el país de una buena vez.

Luego están los atrasos producidos en los bonos del canje jurisdicción NY, y algunas situaciones particulares como el caso de los bonos ajustables por el PBI, que tendrán que ser analizados para buscar variantes menos onerosas. (Estos bonos tienen latente la posibilidad de un reclamo por el manoseo estadístico en las cifras de crecimiento)

Tenemos luego una interminable lista de bonos provinciales denominados en dólares, algunos pesificados y otros con pesificación latente. Este tema deberá ser resuelto derogando de paso la posibilidad que ofrece el nuevo Código Civil, que obstaculiza cualquier pretensión de seriedad financiera. El tema per se originará demandas y erogaciones importantes.

Tenemos luego las deudas consolidadas o no de las empresas del estado, de las que la más evidente son los bonos con ley de Nueva York de YPF, pero también las que surgen de las operaciones normales (o anormales) de las empresas del estado, las que se agregaron por los reclamos internacionales como en el caso de YPF y similares, ahora y en el futuro.

Nos quedan por resolver varios reclamos en el CIADI, algunos en curso y otros en instancias previas o aún no iniciados, fruto de la prepotencia y el desmanejo de varias expropiaciones decididas a lo capataz de estancia de telenovela. Sólo algunos pocos reclamos se pagaron, curiosamente los de acreedores que habían transferido sus acreencias previamente a empresas conectadas con el Vicepresidente, experto en estas cuestiones.

Tampoco está clara la solución con el Club de París, que si bien tuvo un principio de arreglo y pago, requiere un imprescindible escrutinio para poderle explicar a la ciudadanía el modo en que fueron calculadas las acreencias, sus intereses y sus punitorios, manejado de modo secreto por el gobierno.

Suponemos que los Boden, incluidos los que se entregaron a Repsol, serán cancelados a su vencimiento en octubre, Dios mediante. Pero hay que recordar que las emisiones de Bonar X y 24, y los Discount 33, se han incrementado por el pago a Repsol y quién sabe si no algún otro.

Falta analizar en detalle la situación con China y sus swaps, así como el resultado final de todo el manoseo de reservas y las piruetas que se hagan con los fondos de otros países y terceros privados para mantener la farsa de su existencia.

Este es un grosero detalle de la deuda en moneda extranjera. Habrá que ver qué otros reclamos arroja la era K cuando el gobierno se haya ido y sus cómplices comiencen a reclamar los derechos que ya vendieron en negro, como es fácil sospechar que ocurrió con Repsol.

Luego viene todo el paquete de la deuda en pesos. Además de los bonos y endeudamiento regular (para llamarle de algún modo) de las empresas del estado, reparticiones y similares, existe el tremendo paquete de Lebacs y el sistema de esterilización de fondos, más la deuda con la Anses, o mejor dicho con los jubilados, más la deuda del Estado con el Banco Central con un patrimonio negativo y la base monetaria monstruosa sin respaldo de ningún tipo y menos de confianza.

Como plato sorpresa, tenemos los bonos indexados por dólar oficial, cuyo valor más que duplicará en cuanto se sinceren las variables.

Toda esta construcción es calculada por los expertos, a ojo de buen cubero, en una suma total de deuda que asciende a algún valor entre 250.000 y 300.000 millones de dólares. (Estoy más cerca de la segunda)

Hecho este recuento, más o menos conocido, o por lo menos intuido, me surgen tres recomendaciones.

• No dejemos que estos muchachos que nos desgobiernan negocien más nada de estas deudas, y en lo posible, no dejemos que emitan más deuda.
• No salgamos corriendo el 11 de diciembre a gritar que queremos pagar, que por favor nos den la cuenta.
• Dejemos claro que vamos a pagar el 100% de la deuda.

La primera recomendación tiene un fundamento que excede la incapacidad técnica que ha manifestado hasta ahora el MECON: como todo el sistema sabe que están tratando con tramposos seriales, con cero vocación de pago y nada de ganas de respetar al sistema, los costos de cualquier emisión o arreglo serán altísimos y deberán ser soportados por varios años. Ni siquiera incluiremos aquí supuestos de corrupción de ningún tipo.

Ahora vamos a las  dos últimas recomendaciones. El país ha venido pagando una tasa implícita en dólares que oscila entre el 8 y el 9%. Eso es un 50% más alto que lo que paga un país en situación de desastre, como Grecia por caso.

Por ello es fundamental que en cuanto un nuevo gobierno asuma conforme un equipo, que puede ser temporario, de especialistas respetados que se ocupe del manejo integral de la deuda.

Ese equipo debe ponerse rápidamente en contacto con los centros financieros mundiales, los principales acreedores, el FMI, y los grandes bancos, para trasmitir la decisión argentina de cumplir con el 100% de las deudas contraídas y los fallos que hayan surgido con motivo de las mismas, así como con los fallos de otra naturaleza contra el país.

También debe pedir un plazo de dos o tres meses para poder analizar integralmente la situación de endeudamiento y proponer un plan de regularización que bien puede determinarse en conjunto con los acreedores.

Paralelamente se debe ir adecuando la legislación para mostrar que esa voluntad es firme. Por ejemplo, la derogación de cualquier ley que impida negociar con los acreedores que no entraron al canje, léase Holdouts. También se debe retomar de inmediato la relación plena con el FMI, y cumplir con las auditorías requeridas por el G20.

Simultáneamente, se deben revisar la dotación y las prácticas técnicas del INDEC para asegurar la trasparencia absoluta y calidad de la información que brinda.

Colateralmente, pero con una fuerte conexión con el tema, se deben adecuar las reglas para permitir la libre entrada y salida de capitales, dividendos, préstamos, regalías y similares. Una liberación total del tipo de cambio, sin intervención del Banco Central, sería casi mandatoria, para asegurar los flujos de fondos que empiecen a permitir un adecuado manejo financiero.

La idea sería lograr en muy poco tiempo que la tasa de riesgo país esté alrededor de los 3 puntos, o sea, a valores de hoy, que se pague a 10 años una tasa nominal máxima de entre 4 y 5%. No parece demasiado irreal en ese nuevo escenario, en especial si se ve lo que pasa hoy con los Boden y Bonar, o con cualquier otro papel de la deuda, en cuanto existe la mínima esperanza de un giro sensato, o a medida que se acerca el fin del mandato.

En todos los casos, se asegurara el pago del 100% de lo adeudado, incluyendo los intereses devengados pactados. No será igual para los casos de punitorios y otros intereses y multas por los atrasos, que pueden y deben ser negociados o renegociados.

Pero de aquí en adelante, por todas las vías legítimas de negociación o de técnica financiera, se debe reprogramar la deuda integralmente, en el tiempo y a veces en el formato, como el caso de los cupones que ajustan por PBI. También, en cuanto sea posible, se deberá rescatar anticipadamente los bonos de alto interés, y reemplazarlos por emisiones a tasas más convenientes.

El objetivo debe ser lograr que la deuda no se espiralice via una tasa de interés totalmente fuera del mercado. Si el riesgo país baja, la tasa que se pague por toda la deuda futura deberá ser adecuada a esa condición. De lo contrario en poco tiempo estaremos pidiendo una nueva reestructuración.

Las tasas bajas no se irán velozmente. Europa, por ejemplo, recién empieza su plan de relajamiento monetario. Lo mismo que China, que acaba de empezar a bajar su tasa de interés. Y aún Estados Unidos sigue posponiendo un modesto ajuste de un cuarto de punto. Si Argentina se adecua a los requisitos que corresponden para ser un deudor confiable, la tasa de interés de toda la deuda futura debe también adecuarse a esa condición.

Por eso, entre otras cosas, es absurdo que el gobierno salga hoy a tomar deuda al 8.75% via Bonar, o que se paguen juicios u otros  conceptos con bonos con esas tasas. Se están regalando intereses. Tampoco un nuevo gobierno debe apresurarse a salir a pagar juicios o recamos entregando bonos con estas tasas, ni a tomar nueva deuda con estas tasas.

De una intensa interrelación con los acreedores, un manejo profesional de la deuda y su reprogramación, un rescate anticipado contra nueva emisión de deuda a mejores tasas y plazos más largos, depende poder tener un futuro estable y confiable, que será la base de la recomposición industrial y hasta institucional del país.

Todavía el mercado permite, por un tiempo, lograr la programación que proponemos. Por eso las urgencias de éste o futuros gobiernos constituirán un error que pagaríamos muy caro, literalmente.

No vaya a ser que muchos de los funcionarios actuales, que han estado muy activos en la compra de bonos argentinos, terminen aumentando su patrimonio gracias a la valorización espectacular de nuestros títulos de deuda, provocada porque otros logran la confianza que ellos no quisieron generar.

El mercado ya lo está suponiendo. Y descontando.