El Gobierno ha anunciado que practicará una auditoría externa (las internas se han desmantelado) en todas las áreas de la administración pública para determinar el estado de situación en el que asume la gestión nacional. Sigue aquí la sugerencia que en su momento realizara el talentoso economista Roberto Cachanosky, con todo tino.
Una auditoría, en el caso del Estado, debería conllevar dos aspectos completamente distintos. Uno es la verificación de todas las normas del manejo presupuestario, las partidas, su ejecución, los diferentes puntos de cumplimiento legal que se requieren de los funcionarios en cada estamento estatal. Ciertamente eso es necesario y probablemente se encuentren irregularidades de diversa importancia, algunas graves y hasta punibles.
El otro aspecto es más parecido al de cualquier empresa privada. El análisis de cada contratación, licitación o acuerdo y los respectivos cumplimientos de las normas de adjudicación. Posteriormente, el estudio del desarrollo de esos contratos, cumplimiento, litigios, demandas, pagos y otras eventualidades. Por supuesto que desde el origen la comparación de precios es fundamental.
En un rubro aparte colocaremos a las tercerizaciones, en cualquiera de sus formatos y en cualquier tipo de prestaciones que se realicen. Este apartado requiere un largo comentario que haremos más adelante. Continuar leyendo