Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.

Esos puntos, como ocurre en cualquier quiebra hasta del bar de la esquina, debieron ser objeto de arreglos, negociaciones, ajustes y emparches posteriores, como siempre sucede.  Pese a las múltiples exhortaciones del senil juez Griesa (percepción K anti-Inadi), el gobierno de Néstor y luego el de Cristina Kirchner, prefirieron ignorar el problema, confiados en quién sabe qué asesoramiento o en qué sabiduría de barrio.

El posterior desarrollo de ese juicio, el fallo en firme, el verso de la cláusula Rufo, el pari-passu y colaterales, nos han llevado a una situación aún más complicada, que puede complicarse más si en breve el juez decide en algún momento no otorgar el permiso por única vez que mendigamos  para que los bancos trustees paguen los intereses de los bonos de jurisdicción nacional.

Una simple pregunta del juez fulminó la incipiente idea de lanzar via JP Morgan y Deutsche Bank una modesta colocación de 2000 millones de dólares en Bonar 24. (Afortunadamente, decimos algunos) Ello abre un interrogante de inseguridad sobre lo que parecía que estaba claramente fuera de la jurisdicción de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A esto hay que agregar los Holdouts que se colgaron del fallo (me too) ante el llamado de Griesa, a los que no se van a colgar, y a los que tienen otra jurisdicción, como el caso de Londres. Todos, sin embargo, deben ser resueltos por el país de una buena vez.

Luego están los atrasos producidos en los bonos del canje jurisdicción NY, y algunas situaciones particulares como el caso de los bonos ajustables por el PBI, que tendrán que ser analizados para buscar variantes menos onerosas. (Estos bonos tienen latente la posibilidad de un reclamo por el manoseo estadístico en las cifras de crecimiento)

Tenemos luego una interminable lista de bonos provinciales denominados en dólares, algunos pesificados y otros con pesificación latente. Este tema deberá ser resuelto derogando de paso la posibilidad que ofrece el nuevo Código Civil, que obstaculiza cualquier pretensión de seriedad financiera. El tema per se originará demandas y erogaciones importantes.

Tenemos luego las deudas consolidadas o no de las empresas del estado, de las que la más evidente son los bonos con ley de Nueva York de YPF, pero también las que surgen de las operaciones normales (o anormales) de las empresas del estado, las que se agregaron por los reclamos internacionales como en el caso de YPF y similares, ahora y en el futuro.

Nos quedan por resolver varios reclamos en el CIADI, algunos en curso y otros en instancias previas o aún no iniciados, fruto de la prepotencia y el desmanejo de varias expropiaciones decididas a lo capataz de estancia de telenovela. Sólo algunos pocos reclamos se pagaron, curiosamente los de acreedores que habían transferido sus acreencias previamente a empresas conectadas con el Vicepresidente, experto en estas cuestiones.

Tampoco está clara la solución con el Club de París, que si bien tuvo un principio de arreglo y pago, requiere un imprescindible escrutinio para poderle explicar a la ciudadanía el modo en que fueron calculadas las acreencias, sus intereses y sus punitorios, manejado de modo secreto por el gobierno.

Suponemos que los Boden, incluidos los que se entregaron a Repsol, serán cancelados a su vencimiento en octubre, Dios mediante. Pero hay que recordar que las emisiones de Bonar X y 24, y los Discount 33, se han incrementado por el pago a Repsol y quién sabe si no algún otro.

Falta analizar en detalle la situación con China y sus swaps, así como el resultado final de todo el manoseo de reservas y las piruetas que se hagan con los fondos de otros países y terceros privados para mantener la farsa de su existencia.

Este es un grosero detalle de la deuda en moneda extranjera. Habrá que ver qué otros reclamos arroja la era K cuando el gobierno se haya ido y sus cómplices comiencen a reclamar los derechos que ya vendieron en negro, como es fácil sospechar que ocurrió con Repsol.

Luego viene todo el paquete de la deuda en pesos. Además de los bonos y endeudamiento regular (para llamarle de algún modo) de las empresas del estado, reparticiones y similares, existe el tremendo paquete de Lebacs y el sistema de esterilización de fondos, más la deuda con la Anses, o mejor dicho con los jubilados, más la deuda del Estado con el Banco Central con un patrimonio negativo y la base monetaria monstruosa sin respaldo de ningún tipo y menos de confianza.

Como plato sorpresa, tenemos los bonos indexados por dólar oficial, cuyo valor más que duplicará en cuanto se sinceren las variables.

Toda esta construcción es calculada por los expertos, a ojo de buen cubero, en una suma total de deuda que asciende a algún valor entre 250.000 y 300.000 millones de dólares. (Estoy más cerca de la segunda)

Hecho este recuento, más o menos conocido, o por lo menos intuido, me surgen tres recomendaciones.

• No dejemos que estos muchachos que nos desgobiernan negocien más nada de estas deudas, y en lo posible, no dejemos que emitan más deuda.
• No salgamos corriendo el 11 de diciembre a gritar que queremos pagar, que por favor nos den la cuenta.
• Dejemos claro que vamos a pagar el 100% de la deuda.

La primera recomendación tiene un fundamento que excede la incapacidad técnica que ha manifestado hasta ahora el MECON: como todo el sistema sabe que están tratando con tramposos seriales, con cero vocación de pago y nada de ganas de respetar al sistema, los costos de cualquier emisión o arreglo serán altísimos y deberán ser soportados por varios años. Ni siquiera incluiremos aquí supuestos de corrupción de ningún tipo.

Ahora vamos a las  dos últimas recomendaciones. El país ha venido pagando una tasa implícita en dólares que oscila entre el 8 y el 9%. Eso es un 50% más alto que lo que paga un país en situación de desastre, como Grecia por caso.

Por ello es fundamental que en cuanto un nuevo gobierno asuma conforme un equipo, que puede ser temporario, de especialistas respetados que se ocupe del manejo integral de la deuda.

Ese equipo debe ponerse rápidamente en contacto con los centros financieros mundiales, los principales acreedores, el FMI, y los grandes bancos, para trasmitir la decisión argentina de cumplir con el 100% de las deudas contraídas y los fallos que hayan surgido con motivo de las mismas, así como con los fallos de otra naturaleza contra el país.

También debe pedir un plazo de dos o tres meses para poder analizar integralmente la situación de endeudamiento y proponer un plan de regularización que bien puede determinarse en conjunto con los acreedores.

Paralelamente se debe ir adecuando la legislación para mostrar que esa voluntad es firme. Por ejemplo, la derogación de cualquier ley que impida negociar con los acreedores que no entraron al canje, léase Holdouts. También se debe retomar de inmediato la relación plena con el FMI, y cumplir con las auditorías requeridas por el G20.

Simultáneamente, se deben revisar la dotación y las prácticas técnicas del INDEC para asegurar la trasparencia absoluta y calidad de la información que brinda.

Colateralmente, pero con una fuerte conexión con el tema, se deben adecuar las reglas para permitir la libre entrada y salida de capitales, dividendos, préstamos, regalías y similares. Una liberación total del tipo de cambio, sin intervención del Banco Central, sería casi mandatoria, para asegurar los flujos de fondos que empiecen a permitir un adecuado manejo financiero.

La idea sería lograr en muy poco tiempo que la tasa de riesgo país esté alrededor de los 3 puntos, o sea, a valores de hoy, que se pague a 10 años una tasa nominal máxima de entre 4 y 5%. No parece demasiado irreal en ese nuevo escenario, en especial si se ve lo que pasa hoy con los Boden y Bonar, o con cualquier otro papel de la deuda, en cuanto existe la mínima esperanza de un giro sensato, o a medida que se acerca el fin del mandato.

En todos los casos, se asegurara el pago del 100% de lo adeudado, incluyendo los intereses devengados pactados. No será igual para los casos de punitorios y otros intereses y multas por los atrasos, que pueden y deben ser negociados o renegociados.

Pero de aquí en adelante, por todas las vías legítimas de negociación o de técnica financiera, se debe reprogramar la deuda integralmente, en el tiempo y a veces en el formato, como el caso de los cupones que ajustan por PBI. También, en cuanto sea posible, se deberá rescatar anticipadamente los bonos de alto interés, y reemplazarlos por emisiones a tasas más convenientes.

El objetivo debe ser lograr que la deuda no se espiralice via una tasa de interés totalmente fuera del mercado. Si el riesgo país baja, la tasa que se pague por toda la deuda futura deberá ser adecuada a esa condición. De lo contrario en poco tiempo estaremos pidiendo una nueva reestructuración.

Las tasas bajas no se irán velozmente. Europa, por ejemplo, recién empieza su plan de relajamiento monetario. Lo mismo que China, que acaba de empezar a bajar su tasa de interés. Y aún Estados Unidos sigue posponiendo un modesto ajuste de un cuarto de punto. Si Argentina se adecua a los requisitos que corresponden para ser un deudor confiable, la tasa de interés de toda la deuda futura debe también adecuarse a esa condición.

Por eso, entre otras cosas, es absurdo que el gobierno salga hoy a tomar deuda al 8.75% via Bonar, o que se paguen juicios u otros  conceptos con bonos con esas tasas. Se están regalando intereses. Tampoco un nuevo gobierno debe apresurarse a salir a pagar juicios o recamos entregando bonos con estas tasas, ni a tomar nueva deuda con estas tasas.

De una intensa interrelación con los acreedores, un manejo profesional de la deuda y su reprogramación, un rescate anticipado contra nueva emisión de deuda a mejores tasas y plazos más largos, depende poder tener un futuro estable y confiable, que será la base de la recomposición industrial y hasta institucional del país.

Todavía el mercado permite, por un tiempo, lograr la programación que proponemos. Por eso las urgencias de éste o futuros gobiernos constituirán un error que pagaríamos muy caro, literalmente.

No vaya a ser que muchos de los funcionarios actuales, que han estado muy activos en la compra de bonos argentinos, terminen aumentando su patrimonio gracias a la valorización espectacular de nuestros títulos de deuda, provocada porque otros logran la confianza que ellos no quisieron generar.

El mercado ya lo está suponiendo. Y descontando.