Para comenzar, ha mostrado con enorme claridad las consecuencias del estatismo, con su maraña de reglas paralizantes e innecesarias, siempre en nombre de la bondadosa protección que supuestamente se ofrece a la población.

También ha expuesto los males del sindicalismo, que se basa en la obligatoriedad de afiliación y que culmina siempre en la esclavitud de quienes dice defender.

De paso, llamó la atención sobre el proteccionismo y el prebendarismo empresario privilegiado, que, unidos simbióticamente al estatismo, tornan ineficiente cualquier sistema y anulan todas las libertades, tanto de quien ofrece como de quien demanda bienes, servicios o prestaciones de cualquier tipo. Al mismo tiempo, ha evidenciado cómo el Estado es simultáneamente amo y esclavo de su propio totalitarismo, en una confusión que abre paso a todas las sospechas y a todos los extremos.

Como propina, ha exhibido el derecho a la prepotencia que las regulaciones confieren, sobre todo cuando los regulados terminan por regular al regulador, por cualquiera de los medios que puedan imaginarse.

Un argumento no menor en la vehemente disputa pública fue el costo del servicio y la imposibilidad de elegir, lo que resulta un interesante aporte didáctico sobre el efecto para el consumidor de ese paquete totalitario y siempre corrupto en los altos precios que paga, la poca calidad que obtiene y los pocos derechos que le asisten.

En resumen, la simple irrupción de una nueva forma de remisería pareció servir para recordar los beneficios de la libertad. ¿Comprenderá la sociedad que esto que ocurre en el transporte pasa en todos los órdenes de la actividad económica? No hay diferencia alguna entre el monopolio taxista (efectos y accionar) y el proteccionismo que impide comprar autos al precio de Chile, o que nos transforma en esclavos de las empresas de servicios, desde el cable hasta los bancos, o en benefactores de las petroleras.

No es distinta la discusión ni los groseros costos que se pagan por exenciones como las de Tierra del Fuego, o las limitaciones a la importación de cualquier producto por los medios que fuere, o que los impuestos al trabajo disfrazados de aportes jubilatorios, o la afiliación compulsiva a sindicatos (o mejor, empresas sindicales) bajo el paraguas dialéctico de las fuentes de trabajo, que terminan costando al consumidor diez o veinte veces los sueldos que pagan.

La discusión sobre Uber debería expandirse a todo el sistema económico, si fuéramos capaces de ser coherentes. Profundizando: ¿no deberíamos aplicar el concepto que defendemos en el caso de Uber a todo nuestro sistema político y democrático?

En la era de las aplicaciones, de los sistemas financieros en línea, de los bitcoins y su tecnología blockchain, de la inminente desaparición del dinero físico, de la dirección digital, del expediente y el proceso judicial integral electrónico, de la tarjeta Sube, del pago sin contacto, ¿vamos a seguir llamando al taxi político con un silbido, un grito o con una señal de la mano?

¿Qué quiere decir ir a votar a las escuelas, cuando se puede votar con una aplicación, y no sólo por cargos electivos, sino por temas centrales del país? ¿Qué clase de democracia es votar por una lista de veinte desconocidos propuesta por un partido oscuro cuando se puede elegir a los veinte que cada uno considere mejores, sin intermediarios ni corrupción ni “robo para el partido”?

Licitaciones, presupuestos del Estado, contratos, ejecuciones deben ser públicos y deben poder discutirse en foros especiales. La ley de información pública debe ser digital e instantánea. La Constitución debe incorporar mecanismos obligatorios de consulta popular en línea en ciertos temas, al igual que mejores y más serios sistemas de tratamiento obligatorio de propuesta popular.

Las aplicaciones y los foros dedicados deben reemplazar a los partidos u obligarlos a cambiar diametralmente y salir de su oscuridad de hoy. Incluso en la elección de las propias autoridades partidarias.

Todo el sistema judicial debe funcionar sobre expedientes digitales y con mecanismos de workflow o similares que controlen la eficiencia y los plazos. Lo mismo para todas las administraciones gubernamentales. ¿Y por qué no un método de revocación de mandato iniciado en línea?

Se escucha ahora: “El pueblo eligió a un presidente con las Cámaras en contra”. Mentira. El pueblo no elige con el actual sistema. Sólo tiene un esquema de multiple choice reducido que le es ofrecido por partidos llenos de conspiradores y muchas veces corruptos.

Se escuchan objeciones a cualquier sistema de voto digital. Me parecen tan anticuadas como si se descartara el uso del avión por su peligrosidad, o el uso del email por su hackeo, aunque quienes así opinen esgriman su condición de expertos informáticos en casi todos los casos.

En una sociedad global, donde todo el destino financiero pende de algunos servers, donde el poderío bélico consiste en archivos encriptados, donde las capas más instruidas de la humanidad cuelgan su intimidad de Facebook, donde la cirugía más delicada se hace con robots infalibles, donde los Estados controlan matrixialmente a propios y extraños y le rastrean digitalmente hasta la respiración, creer que la única mejora al sistema electoral es un voto en papel con una lista única pero sábana es un avance parece demasiado pobre.

La aplicación de Uber, como tantas otras, marca, sin proponérselo, el camino de la libertad, la democracia verdadera y la trasparencia. Esto que llamamos democracia es un viejo taxi destartalado y sucio manejado por un descontrolado maleducado protegido por un Estado y un sindicato prepotentes.

El sistema democrático de hoy es un monopolio asegurado por el Estado. El futuro —y la libertad— es la democrappcia.

Sin embargo, la tarea más difícil, delicada y la que menos margen de error admite es la que tiene por delante el Ministerio del Interior. Años de Domingo Cavallo en el menemismo, de nadismo en el delarruísmo y de absolutismo en el kirchnerismo han hecho olvidar la importancia de esta área. También se diluyó su peso específico con la invención de la Jefatura de Gabinete, que le restó influencia y decisión.

Sin embargo, la coyuntura, o más bien la profunda zanja en que nos deja empantanados Cristina Fernández, lo ha transformado en la principal herramienta de cambio y de gobernabilidad con que cuenta el nuevo Gobierno.

Empecemos justamente por la gobernabilidad. El Senado residual es de mayoría absoluta kirchnerista o afín. Esta situación no implicaría per se una situación dramática en una democracia normal. Pero esta no es una democracia normal, ni lo es la pronto ex Presidente.

Las instrucciones que han recibido los militantes son las de resistir. Eso significa que por un tiempo, al menos hasta que se acaben los efectos de la plata, la lealtad o el poder remanente de Cristina, los senadores obstruirán la sanción de leyes urgentes, imprescindibles para resolver barbaridades como la de tener un presidente del Banco Central incapaz, o una procuradora general que jamás procesará a los delincuentes públicos que la sociedad conoce.

Tampoco se aprobarán las leyes que permitan salir de la encrucijada con los holdouts, situación que impediría a cualquier país tener un desarrollo financiero simplemente normal. No hay margen para esperar que el tiempo solucione estos problemas. Por caso, noventa leyes podrían sancionarse en este momento, que aumentarían la hipoteca y las arbitrariedades que heredamos.

Será un diálogo inteligente de este ministerio con los gobernadores el que permita salir del atolladero legislativo. Justamente la Constitución creó el Senado como un modo de que las provincias tuvieran fuerza en su continua negociación con el Gobierno nacional.

El Plan Belgrano es un punto de partida importantísimo para comenzar ese diálogo, y también para que la política vuelva a ocuparse de los problemas de la gente, no de obedecer a los caudillos. De paso, un mecanismo de creación de trabajo del que más se necesita hoy, en las zonas que más lo necesitan y un paso trascendente en revertir el éxodo hacia un fatalismo villero en el Conurbano.

Hasta la inoportuna pero calculada decisión de la Corte de ordenar la devolución de las retenciones de coparticipación a dos provincias, que pronto serán más por los me too que se agregarán, será una oportunidad de diálogo y construcción de políticas de federalismo que tanto se reclaman.

La Constitución de 1994 establece dos mandatos: el de dictar una nueva ley de coparticipación, y el de promover y ayudar a la regionalización. Ambos son preceptos fundamentales para un federalismo que ponga más sensatez, equidad y eficiencia en el sistema fiscal, y para evitar los vergonzosos episodios de subordinación y humillación a los que se ha sometido a los Gobiernos provinciales con los tributos no coparticipables y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), verdaderos decretos virreinales con que se doblegó a los mandatarios.

Será este ministerio quien emprenda semejante tarea. Sólo ese logro sería ya hercúleo: la coparticipación tiene tal madeja de reglas y disposiciones, tal foja de acuerdos, excepciones y juicios, tantos planes de reparación histórica que parecería más fácil reescribir los Evangelios que acordar en estos puntos.

Es probable que junto con el estudio sobre la coparticipación deba replantarse el esquema tributario, y hasta sería digno de analizar si no convendría eliminar la coparticipación y reemplazarla por un nuevo sistema rentístico federal, con el que cada estado provincial sería dueño de sus destinos. Eso se integra con la idea de regionalización que menciona la Constitución.

Nada más que este punto implica una construcción refundacional, que ni siquiera Bautista Alberdi logró aplicar, pese a haberlo soñado en sus Bases… Está claro que un Gobierno peronista no estaría en posición de proponer y pilotear estos cambios. Este Ministerio del Interior tiene ese desafío.

Tiene también otra tarea, no menos urgente, ni menos trascendente, ni menos fundacional. La de reformar el sistema electoral para que podamos creer en él. Esto incluye desde la unificación de las elecciones, para evitar manipulaciones y distracciones de los funcionarios, hasta un sistema electrónico seguro que impida conspiraciones mafiosas como las del domingo 22, que aún no se nos han aclarado debidamente.

Pero además, se deben reforzar las normas democráticas tanto de la Constitución como de las leyes. Y hasta los reglamentos de las Cámaras Legislativas. Ello también es urgente y no puede ser dejado para más adelante.

El Consejo de la Magistratura debe cuidarse y blindarse; sus reglas deben ser más comprehensivas y estrictas. El Ministerio Público debe tener un marco más preciso en sus funciones. Las reelecciones deben ser limitadas, incluyendo los intercambios matrimoniales. Y otras normas de las que ya hemos hablado deben ser reforzadas o creadas.

Aunque fuera lo único que hiciera este Gobierno, sería suficiente logro si su legado fuera un fortalecimiento de las normas republicanas. Hemos aprendido lecciones que no se pueden desperdiciar.

Esa enorme tarea, que necesariamente debe surgir de la persuasión, del diálogo, de la negociación y del liderazgo, es la función que se ha encomendado a Rogelio Frigerio. Nos merecemos que tenga éxito en ella.