Un hacker —contratado ad hoc o no— roba igual material.

Cualquiera de los dos personajes ofrece en venta lo robado, primero, a la empresa despojada, luego, a sus clientes más importantes y luego, a los Gobiernos. Si no tiene éxito, vende lo robado a la prensa.

Si los Gobiernos compran el botín, también lo filtran a la prensa para presionar-atemorizar a quienes figuran en la base de datos.

Seguramente la gran mayoría de quienes figuran en esos listados han cometido algún delito en algún país, con diferentes niveles de gravedad. También lo han cometido los que robaron la información, para las leyes de cualquier país. Y también los Gobiernos que actúan de ese modo están vulnerando todo tipo de derechos y violando garantías procesales elementales que se les garantizarían a un carterista o a un asesino serial. Además de que la supuesta prueba es inusable e ilegal en juicio.

Cuando se le arroja parte del material al periodismo, que siente que está investigando los horrores de la Solución Final con una planilla Excel, el proceso se transforma en escándalo. Hasta aquí fue descripción.

Los Gobiernos argüirán que el nivel de los delitos cometidos justifica cualquier accionar. Una especie de ley del arrepentido no escrita. Una justificación legal al submarino, como ya ocurre en algunos países. Sería bueno, con tal criterio, aplicar el concepto a cualquier delito. A este columnista le daría lo mismo ser asesinado por un islamita que se vuela por el aire que por un motochorro que le hace una salidera.

Hace 30 años el consenso consistía en que lo que se perseguía sin límites de fronteras eran los delitos sociales aberrantes: fondos del tráfico de armas, trata, narcotráfico. El resto era aceptado por bancos, gobiernos, sociedades. El secreto bancario no era disputado, lo mismo que los derechos de cada uno. También el gasto del Estado era mucho menor que hoy y, consecuentemente, la necesidad de recaudar.

Día a día comenzaron a agregarse excepciones. Lavado de dinero, una causa sacrosanta, por ejemplo. También se fueron flexibilizando las pautas de información entre países. Pero al hacerlo en distintas etapas, lo que hasta ayer no era delito pasó a serlo, y con grandes penalidades.

La lucha contra el lavado de dinero, indisputable, en vez de ser un sistema de consulta secreta de cooperación entre países es hoy un mecanismo agobiante que ha transformado en sospechoso a todo cliente bancario. Cada ley nueva, cada requisito adicional, cada nueva directiva de las organizaciones supranacionales pone en infracción a quienes hasta un minuto antes no cometían delito alguno.

La evasión impositiva prácticamente se confunde hoy deliberada e injustamente con el lavado, tanto en lo legal como en la comunicación, a niveles que afectan la libertad y el derecho. Esto en un marco donde los Estados gastan anualmente más del 50% del PBI mundial y tienen una deuda mayor al PBI global. ¿Será coincidencia?

Quienes creemos que evadir es un derecho cuando la presión del gasto, la emisión y el populismo tiende al infinito vemos el futuro con un sistema impositivo mundial único y creciente, donde el contribuyente privado será exprimido hasta que se le extraiga todo lo necesario para pagar el gasto populista mundial.

Algunos economistas conocidos, como Thomas Piketty y Nouriel Roubini, igual que Warren Buffett, ya abogan interesadamente por un impuesto mundial, que obviamente se aplicará a las tenencias de las personas, no de las empresas ni de las tramposas fundaciones americanas, la nueva manera permitida de evadir, junto con la práctica de las trasnacionales que venden en Estados Unidos como domésticas, pero pagan solamente los impuestos baratos en Asia, usando los agujeros de la ley impositiva estadounidense.

Se recordará que para luchar contra su evasión doméstica, Estados Unidos obligó a todos los países a aceptar su ley Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), un concepto peligroso de extraterritorialidad, un fatal mecanismo de información automática indiscriminada. Europa, enojada por la unilateralidad, reaccionó promoviendo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un mecanismo parecido, al que Estados Unidos no ha adherido. Aún.

Subyacentemente, se está jugando una pulseada entre Europa y Estados Unidos, acusado de que su sistema se beneficia con la no reciprocidad. También contra Panamá, que se venía resistiendo a la transparencia. Ahora sirve de ejemplo. Ahora el hackeo y el robo informático han pasado a ser políticamente correctos.

Y también debe recordarse el odio que tienen los países centrales a quienes cobran menos impuestos que ellos, como si gastar de más hubiera pasado a ser obligatorio y ser cuidadoso con el déficit fuera un delito de lavado, cosa que es probable que sea así tipificado muy pronto.

Cuando todo este partido termine y se fundan todos los que se tienen que fundir, surgirá una estructura única impositiva mundial, tanto de gasto como de impuestos, de la que nadie podrá eludirse, ni siquiera con la devaluada democracia, ya que el voto de cada país no afectará la presión fiscal. La democracia de cada nación, tras delegar todo su poder monetario, fiscal y judicial, pasará a ser un mecanismo municipal de recolección de residuos y transporte público.

La pesadilla orwelliana descrita tan gráficamente en su libro 1984, donde ilusamente creíamos que se refería al comunismo.

Se impone volver a dejar claro un punto fundamental: si no se bajan contundentemente el gasto, el robo, los subsidios y las prebendas, no tiene sentido hablar de nuevos sistemas impositivos, ni de redistribuir la carga fiscal, porque vía lobby, se fundirá a todas las víctimas de esa reforma en beneficio de los mismos de siempre.

Si deja de existir el impuesto inflacionario, que tanto ha ayudado a la recaudación, será imperioso bajar el nivel de gasto. De lo contrario, la carga impositiva será intolerable e impagable. Lo mismo pasará si se actualizan las escalas o se permite el ajuste por inflación y además se reducen las retenciones.

La propuesta más agitada es la del federalismo fiscal, o sea, un esquema en que la nación cobre un mínimo de impuestos para el costo de la administración y las provincias apliquen cada una los impuestos que crea convenientes.

En tal esquema, las provincias dependen para su subsistencia del crecimiento que sean capaces de generar con su sistema fiscal y los estímulos, las oportunidades y las libertades que concedan a las empresas. Con esa concepción, desaparece la necesidad de la coparticipación federal o de los esclavizantes ATN, que han transformado a los gobernadores en mendicantes.

A riesgo de caer en el desprecio de mis correligionarios liberales, afirmo que tal idea no es aplicable de modo instantáneo y acaso no lo sea nunca con la presente división geográfica del país.

Los liberales, en nuestra desesperación al ver los desastres del estatismo, la autocracia y el proteccionismo, queremos aplicar soluciones rápidamente y nos tornamos fundacionales, como si nos creyésemos Juan Bautista Alberdi. Ahora queremos cambiar con una ley la conformación de las provincias, agrupándolas según mejor convenga a su autonomía presupuestaria.

En esa línea, querríamos eliminar el método de la coparticipación y dejar librada a cada provincia y su población, de un día para otro, a su creatividad y su empuje para generar riqueza. Lamentaré que se enojen conmigo, pero esa idea es sencillamente inaplicable.

Se requeriría un paquete de leyes en el orden nacional y también en cada provincia, y una discusión que sería más larga y enconada que las fratricidas disputas previas a la Constitución de 1853.

Aun si fueran superables esos escollos, es impensable que de un día para otro una provincia comience a autofinanciarse vía impuestos y merced a los nuevos desarrollos que genere. A menos que se quiera provocar una secesión o la miseria colectiva en muchas zonas.

Cualquier reforma requerirá una compleja negociación, un plan de entre 5 y 10 años para adecuarse, un mecanismo intermedio para financiarse y una política de Estado con jerarquía constitucional. No hay modo de que con esta idea vayan a lograrse resultados en el corto plazo, menos con la sociedad con tamañas divisiones y un sistema político incapaz de negociar y tomar compromisos serios.

Por lo menos, mientras nos parezca valioso pertenecer al sistema democrático.

Por eso considero que plantear esa salida es simplemente echar humo para confundir la discusión y llegar a la nada. Es posible y deseable encararla, pero no como una solución de coyuntura, sino como un proyecto de largo plazo.

Es algo más viable rediscutir la coparticipación federal, incluir en ella todos los impuestos ahora escamoteados, para evitar la manipulación política y crear compromisos presupuestarios mutuos y metas pactadas, tanto en lo político como en lo económico. De más está decir que tamaña discusión tampoco será fácil, no sólo por los intereses espurios implícitos, sino por los intereses legítimos y la enorme ideologización, el partidismo y la corrupción de la política nacional.

De modo que volvamos a la Tierra:

-          La carga fiscal debe reducirse; repartirla de otro modo no cambiaría el problema. Eso implica que, como condición previa, se baje el gasto.

-          Las escalas y el mínimo no imponible deben ajustarse a valores reales; hay que eliminar los parches y las graves injusticias de la actual metodología.

-          El efecto impositivo de la inflación debe neutralizarse en todos sus aspectos.

-          Impuestos como el de débitos bancarios o sellos deberían eliminarse o minimizarse, por su condición de paralizantes de las actividades.

-          El sistema de monotributo debe mejorarse para que no sea un castigo a las pymes, sino una real ayuda.

-          Un alivio a la torturante carga administrativa que la AFIP coloca día a día sobre los contribuyentes también es imperioso.

-          El IVA y el impuesto a las ganancias no deben emparcharse con subsidios, exenciones ni favorecer a determinados sectores en detracción de otros. La idea de arrojar el peso de los impuestos sobre otros sectores, como sería gravar más a consumidores y menos a las empresas, es únicamente otra prebenda.

-          Una serie de impuestos nacionales, provinciales, municipales, regionales, específicos que sancionan a los productores y que se han ido agregando a la carga fiscal sólo a efectos de financiar despilfarros deben eliminarse.

-          El número y el monto de impuestos que se cobran sobre las facturas de servicios deben reducirse drásticamente, porque no tienen otra justificación que la de resultar de fácil cobro; crecerán exponencialmente cuando se acerquen a la realidad los valores tarifarios.

No creo que el problema central de nuestra economía se deba ni al impuesto a las ganancias ni al IVA, que están dentro de valores normales mundiales.

Cuando el despreciado Alfredo Martínez de Hoz aplicó el IVA en 1976, su tasa era del 13%, pero a cambio se eliminaban cientos de impuestos en todas las jurisdicciones, incluyendo el impuesto a las actividades lucrativas y el de sellos.

Hoy hemos llegado a una tasa del 21% en IVA, pagamos un impuesto inflacionario fenomenal, cuatro puntos en impuesto de sellos y cuatro o cinco en ingresos brutos, los más regresivos que se conocen. Esos impuestos son los que deben desaparecer. Más los cientos de gabelas y cargos específicos que campean en el país. Para no hablar del Fondo del Tabaco.

Y recordemos el delirante impuesto a los débitos bancarios, que cuesta el 1,2% de todo el giro de una empresa, cuanto menos.

Ahí tenemos suficiente material para la reforma fiscal. Si alguien quiere afrontarla en serio.

Ahora llegamos a lo que usted realmente le importa. Lo que va a tener que pagar de impuestos.

Hagamos un pido para aclarar lo que entendemos por impuestos:

-A las ganancias

-A los bienes personales

-IVA

-Recargos de importación en todas sus formas

-Retenciones y otros recargos de exportación

-A las transacciones bancarias

-Gabelas nacionales, provinciales y municipales de toda clase

-Provinciales de Ingresos Brutos y similares

-Sellos

-Todos los que gravan facturas de servicios diversos

-Internos y otros a actividades o bienes específicos

-Cargas sociales patronales y aportes personales de cualquier índole

-ABL y similares.

-A la herencia en algunas provincias

-Y seguramente muchos otros ocultos o particulares que el lector padece. (Agregue la inflación, si quiere amargarse)

La carga que pesa sobre el ciudadano que trabaja y vive en blanco es la suma de todos estos gravámenes, que puede llegar a cualquier porcentaje, según como se analice.  Mi cálculo personal es que una persona que cobra un sueldo de 15,000 pesos, está pagando impuestos equivalentes al 65% de sus ingresos, como mínimo.

Lamento decirle que muy difícilmente un nuevo gobierno vaya a bajar este nivel de impacto sobre su economía. (Bueno, no insulte, sólo le cuento, no se la agarre conmigo)

Seguramente se intentará corregir barbaridades, como en el impuesto a las ganancias el aplanamiento de las escalas y el cobro a las empresas sobre ganancias inflacionarias, pero eso no cambiará la carga total a soportar por la economía.

La razón es bastante simple: no bajará el gasto total en valores absolutos.  Ninguno de nuestros políticos quiere, ni puede, ni sabe hacerlo.  Ni siquiera la sociedad lo quiere en serio. Todo esto parece oponerse a lo que yo mismo he escrito aquí sobre el gasto. No es así. Escribo sobre lo que se debe y puede hacer. No soy responsable de la conducta, inconducta, corrupción, estupidez o incompetencia de los gobernantes.

Como en el caso del gasto al que financia, lo máximo que se intentará será utilizar un supuesto crecimiento para que la carga tributaria  relativa disminuya. Ese culebrón lo hemos visto muchas veces antes, con resultados siempre iguales. Es un error indignarse por esto solamente con los K, porque no ayudaría a comprender el problema en su total magnitud.

Ahora puede ser peor, porque si se intenta parar la emisión desenfrenada con que se está financiando parcialmente el gasto,  se deberá elevar los impuestos para reemplazar la emisión, lo que rayará en la alevosía.

Quienes propugnan un nuevo sistema impositivo tienen razón, por lo menos parcialmente. Pero si no se baja el gasto, la carga total será la misma. Y cuanto más alto sea el gasto, más difícil será la discusión sobre el sistema impositivo, que en definitiva determina siempre ganadores y perdedores.  Ni hablar cuando se introduzcan en la discusión las retenciones y la Coparticipación. Será lo más parecido a una pelea entre un Pitbull y un Rottweiler.

Con una masa brutal de desocupados reales, fruto de las sandeces económicas acumuladas y de un crecimiento poblacional laxo e irresponsable, faltan muchos años, aún con un buen plan, para que se creen empleos privados y otras condiciones que hagan bajar el gasto drásticamente, lo que no significa que no se deba empezar a dar ya esa lucha.

En términos de competitividad, debe recordarse que los impuestos son costos que presionan sobre ella, y consecuentemente requerirán mayores devaluaciones para adecuar los costos en dólares a los mercados mundiales.  Eso también es válido para el mercado de empleos, o de trabajo, que, aunque no nos demos cuenta, también está compitiendo globalmente.

Notará el lector que, contrariamente a mi hábito de proponer un camino para todo, no estoy intentando pergeñar un sistema impositivo ni dar lineamientos sobre su formulación. El tema requiere profundos estudios y una concepción política de la Nación que no se ha establecido. La Constitución Nacional, que debería sentar esas bases, es un caos ideológico como fruto de las reformas baratas del alfonsinismo y del menemismo, ampliado por los dislates de los nuevos códigos y leyes fundamentales de los últimos diez años.

Pero ya que tanto nos gustan los acuerdos políticos, pactos de la Moncloa y otras rimbombancias,  un pacto patriótico sería aquel en el que todos los partidos se comprometiesen  a debatir y aprobar, dentro de ciertas pautas prefijadas, un nuevo sistema de gastos, presupuestos, déficit y endeudamiento, estableciendo niveles máximos para cada uno,  y también preeminencias y prioridades. Ya hemos hablado de esto varias veces.

Ese acuerdo debería incluir imprescindiblemente las leyes de coparticipación, hoy desvirtuadas por una suma de desaciertos políticos, y por el apoderamiento de ciertos impuestos por parte del gobierno nacional, que así genera caja para manosear a los gobernadores e intendentes.

También podría lograrse un sistema impositivo menos desestimulante a la inversión, la creatividad, el esfuerzo y el riesgo como el actual, fruto de la improvisación, la urgencia y la emergencia.

Teóricos más prestigiosos que quien escribe han propuesto volcarse hacia un sistema más federal, donde la mayoría de los impuestos sean recaudados por las provincias, y la Nación retenga apenas el mínimo de impuestos para atender a su funcionamiento.

Habrá que recordarles que en 1853, con apenas 1,800,000 habitantes, hubo que sacrificar los principios federales defendidos por Alberdi en sus Bases,  y plasmar un sistema impositivo casi unitario. Ello, para permitir la unidad mínima para transformarse en Nación. ¿Es distinto hoy? Los conceptos fundacionales suelen ser muy buenos,  pero la democracia y las masas poblacionales no son fáciles de ignorar, aunque ninguna de las dos lleve la razón, necesariamente.

Cualquier cambio importante requiere liderazgos importantes. Y patrióticos. Ese es tal vez el más destacado ingrediente que deberíamos buscar en los políticos que elijamos.

Y ya que hablamos de patriotismo y de nuestro mayor adalid económico, el preclaro Juan Bautista Alberdi, no está mal recordar un párrafo de su Sistema Rentístico, que escribiera el mismo año de la Constitución Nacional:

“… la economía real que traerá la prosperidad a la Argentina no depende de sistemas ni de partidos políticos, pues la República, unitaria o federal (la forma no hace al caso), no tiene ni tendrá más camino para escapar del desierto y  del atraso, que la libertad concedida del modo más amplio al trabajo industrial en todas sus fuerzas (tierra, capital y trabajo), y en todas su aplicaciones (agricultura, comercio y fábricas)”

“En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza”.

“El trabajo libre es el principio de la riqueza”