Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.

Por supuesto que el análisis frío hace comprender que ese proceder no es un capricho, sino un modo de quedarse con cartas de negociación para garantizarse un futuro sin demasiadas persecuciones ni visitas a tribunales, lo más lejano posible del 10 de diciembre.

Pero si he de utilizar un término bélico, prefiero sintetizar el futuro inmediato que deberemos encarar con la figura de un campo minado, un símil que considero más adecuado a la problemática que recibirán los nuevos optimistas que nos gobiernen durante el próximo período.

En la  primera línea de minas, está, por supuesto, el cepo cambiario. Trampa mortal para los que armaron el explosivo y para quienes intenten desarmarlo. Lo sigue el arreglo de la deuda, que ya hemos analizado y que volveremos a analizar desde un ángulo político en breve, una mina que va aumentando su potencia y riesgo con cada nueva barbaridad del aprendiz de ministro de economía y los aprendices de política internacional que nos han tocado.

Los subsidios son luego una de las minas que pueden estallar al menor descuido, tanto en lo social como en lo económico, una disyuntiva de hierro que obligará a tomar riesgos dignos de una película de suspenso bélico, con el héroe desactivando el explosivo.

Y como un campo minado, cuando se pasa la primera línea de minas se encuentran otras y otras, casi infinitamente: vienen luego el proteccionismo,  la infraestructura, la no-política energética, el sistema jubilatorio inviable, la regularización de las estadísticas falsas y los juicios que ello generará.

Detengo aquí las similitudes porque no es el objeto de esta nota hacer el detalle de los peligros que se avecinan, sino concentrarnos en la primera mina, que no será estrictamente económica, sino política, aunque terminará afectando la economía.

La primera mina es el Presupuesto Nacional.

Las normas legales que rigen la confección del Presupuesto, que empiezan en la Constitución Nacional y siguen con un paquete de leyes, decretos, reglas, interpretaciones y resoluciones, son, como toda la burocracia, un galimatías deliberadamente indescifrable. Ni que hablar cuando se llega a la Oficina Nacional de Presupuesto, encargada de enredar toda la información hasta que se vuelva incomprensible y fundamentalmente inútil. (Y no indaguemos cuánta gente tiene en sus planillas de sueldos y contratados)

Todas esas disposiciones, arrojan una sola fecha cierta: el 15 de septiembre de cada año es la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para elevar al Congreso el Proyecto de Presupuesto del año siguiente. Y el Congreso no sólo sanciona o no este instrumento, sino que puede introducirle todas las modificaciones que considere oportunas, solicitándolas al Ejecutivo. O en su defecto, puede no aprobarlo. Es decir, el presupuesto es una ley de Congreso, como cualquier otra.

En ninguna parte de esta tupida y confusa maraña regulatoria he podido encontrar ninguna norma que contemple el caso especial de lo que ocurre en el año de la asunción de un nuevo Presidente. Es decir, existe el riesgo latente de que, en una de sus cabriolas tramposas, el kirchnerismo proceda, con este Congreso- escribanía,  a aprobar un Presupuesto para el año 2016 que le ate las manos al nuevo gobierno por un año que será clave, y que le cree fenomenales dificultades.

(Si alguien tiene un dato mejor que el mío que corrija esta percepción, me prestará un gran servicio si me lo hace saber, y sobre todo, se lo prestará a la sociedad) Tal vez exista algún acuerdo no escrito, o una norma casi de cortesía parlamentaria en esas trampas que son los reglamentos de cada Cámara. Pero el kirchnerismo es experto en traicionar todos los acuerdos y romper todos los códigos, como sabe bien el radicalismo, violado varias veces con esas inconductas.

Me limito simplemente a puntualizar esta posibilidad, sabiendo que si hay un daño que se pueda hacer con ese vacío, el gobierno lo hará. Y como puede imaginarse, los efectos de tamaño condicionamiento sobre un Poder Ejecutivo que necesitará justamente todo lo opuesto, o sea una gran flexibilidad política y velocidad jurídica, pueden ser dramáticos.

Pero supongamos que se pasa con éxito esa línea Maginot, para seguir en el léxico de Von Clausewitz. El siguiente obstáculo inmediato será el tratamiento y aprobación del presupuesto para 2016. Es obvio que el proyecto se presentará y será tratado tardíamente por el Congreso, aún suponiendo un imprescindible llamado a extraordinarias.

El Congreso que lo tratará será una mezcla explosiva en sí misma. Kirchneristas remanentes y nuevos, en número importante, influyente y todavía fieles a su abeja reina. Justicialistas con ropajes varios, pero justicialistas al fin. Radicales, Socialistas, progresistas y sensibles varios en dulce montón. Y Macristas, quién sabe con qué ideas.

En otro corte, habrá legisladores experimentados y otros noveles, sin fogueo ni capacidad de negociación y hasta sin conocimiento de la formación de leyes.  También oferentes de votos al mejor postor.

Imaginémonos ahora a todos ellos discutiendo un presupuesto elaborado por funcionarios del Poder Ejecutivo que tampoco tendrán mucha experiencia, ni conocimiento de cada área, ni habrán podido empaparse de la problemática – y mucho menos de las posibles soluciones -  inherentes a cada área. Y sobre todo, imaginemos un escenario de confrontación deliberada planteado por el kirchnerismo y sus aliados en la ideología, la conveniencia, la corrupción o la idiotez.

Con el kirchnerismo con un negativismo vengativo que recordará al Tea Party de Sarah Palin, con un desconocimiento del funcionamiento de la administración, cuyas líneas (todas k) también opondrán sus propios obstáculos, y sin las alianzas mínimas para negociar acuerdos, por lo menos hasta conseguir moneda de canje, el nuevo Ejecutivo  encontrará un rompecabezas jurídico-político bajo el mismísimo dintel del Congreso.

Por una cuestión de oportunidad, el gobierno electo deberá machacar en caliente. Y en esa línea deberá ser el presupuesto que someta a la consideración del Legislativo. Tal presupuesto no será aprobado, por la suma de razones que se han esbozado.

Aún si fuera aprobado, lo sería con insoportables modificaciones, y de todos modos nunca al principio de año, donde se requiere justamente la mayor urgencia de acción. Me atrevo a decir que el presupuesto 2016 no tendrá sanción, con lo que es probable que el nuevo Presidente deba usar el presupuesto 2015 con las adaptaciones, quitas y agregados que prevén las normas legales.

Pero ocurre que el Presupuesto 2015, es, como sabemos, una basura técnica, no ya por las cuestiones filosóficas e ideológicas que lo componen, (que también son escatológicas en muchos casos), sino porque contiene burdas subestimaciones deliberadas en cuanto a la inflación y todos los elementos estadísticos falsos que incorpora. Entre otras razones, para poder utilizar sin control algunos los excedentes deliberados, vía ATN´s o reasignaciones.

O sea que, de utilizar el  presupuesto 2015, no solamente se copiarían sus distorsiones absurdas, sino que se agregarían las nuevas a producirse durante la gestión de 2016, tanto en sus números reales, como en el contenido filosófico/económico que imponga el gobierno.

Si se quiere esto más claro, la gestión de la Administración en 2016 bordeará lo ilegal, pero por el lado de adentro de la ilegalidad. Y ciertamente, el presupuesto, inútil herramienta durante estos años, será más inútil aún.

Esta situación será más o menos grave, más o menos paralizante, dependiendo no sólo del signo del partido/facción triunfante, sino del tipo de programa socio-económico que se desee encarar. Debe recordarse que durante todo el gobierno K, los presupuestos fueron casi siempre teóricos, pero el kirchnerismo contó con la inconstitucional y babosa complicidad legislativa que le delegó poderes fulminados por la Constitución.

Esa generosidad cómplice (en el sentido más negativo posible del término) y los presupuestos crecientemente basura, le dieron casi un poder ilimitado sobre las cajas, del que todavía sigue disfrutando aún en la agonía.

Es claro que si el futuro programa socio-económico es de tipo continuista, o simplemente refleja el socialismo romántico y vigésimo siglo de la Capital Federal, tendrá más afinidades con el contenido de ese presupuesto basura, que podrá ser modificado con la delirante autorización que la Constitución de 1994 otorga al Jefe de Gabinete y piloteado con un manejo más o menos serio de sus excedentes, que triplicarán – en una economía ya más que kafkiana – las cifras originales.

Pero si alguien intentase encarar las reformas y cambios que considero esenciales para que el país salga de esta espiral suicida donde fue metido gratuitamente, no será este presupuesto que describo el instrumento adecuado. Más bien será un contrapeso insoportable y paralizante.

Porque quien quiera hacer cualquier cambio importante y serio en las condiciones descriptas, escuchará el terrible ¨clic¨ que denunciará que ha pisado una mina. Y el problema no será la explosión. Será que el miedo le impida levantar el pie y dar el paso siguiente por miedo a la detonación.

El presupuesto 2016: la primera mina de Cristina.

Ya propusimos fijar primero una misión, una meta a mediano plazo, y luego, descendiendo a las urgencias, hablamos del cepo y el modo de salir de él en un solo día, con un mercado libre de cambios, sin el Central. Esto, para escándalo de los liberales locales, que temen a la libertad y sus horribles efectos.

Si quiere leerlas están ahí, son las dos primeras a la derecha de su pantalla, Señora.

El gasto    

Vamos ahora a hablar del gasto. Basta con mencionar la palabrita para que miles de enardecidos economistas, algunos sumamente respetables y otros solamente “economistas exitosos” – no se si me entiende- empiecen a retorcerse de ira y a exhibir sus recetas, que siempre contienen en destacado el adverbio “drásticamente”.

Después de décadas de escuchar lo mismo sin resultado de ninguna clase, todo lo que sea drástico me suena a solución de coronel. He escrito en este mismo sitio cinco notas sobre el gasto, que también están ahí, Señor, a la derecha de la pantalla, si tiene ganas de aburrirse.

De modo que no argumentaré, sino resumiré mis ideas:

-          El gasto debe bajarse en términos absolutos, no porcentualmente a nada.

-          Se debe crear una estructura ad honorem para atacar el gasto, presidida por una suerte de Fiscal ad hoc elegido de un modo especial, con independencia y continuidad.

-          El presupuesto debe ser analizado en su totalidad, y preparar un presupuesto en base cero, algo que jamás se ha hecho, no por imposibilidad técnica sino porque los corruptos no quieren que se haga.  Esta es una tarea fundacional.

-          Se deben encarar varias instancias de revisión, todas al mismo tiempo, aunque algunas darán resultado más rápidamente que otras.

-          La corrupción de los contratos empresariales de todo tipo, escondida hace décadas en todos los presupuestos, es un objetivo primordial, por ética, por los montos involucrados y por la velocidad con que  se puede proceder. El ahorro potencial alcanza y sobra.

-          Los subsidios requieren varias acciones. La primera es dejar de darlos a las empresas para otorgarlos a los usuarios. Eso ahorrará cómodamente de un día para otro 3% del presupuesto. Haga el cálculo, y verá que si bien en porcentaje es poco, el monto es impactante.

-          Luego hay que hacer un plan para retirar gradualmente los subsidios a quienes no deben gozarlos. (Esto va unido a cambios en el sistema impositivo y otros) y a la baja de la inflación.

-          Hay una confusión, aún para expertos, entre subsidios y tarifas salvajemente baratas en Capital y GBA.  Por una cuestión de costos y de est+imulo a la producción, las tarifas deben ser prontamente normalizadas. De lo contrario el subsidio se volverá crónico y la producción y calidad tenderán a cero.

-          Fútbol Para Todos, los subsidios y créditos del INCAA, y otras actividades similares. deben eliminarse de inmediato. (Acabo de perder a todos mis amigos)

-          Empresas como Aerolíneas, Enarsa, YPF y similares, deben ser escudriñadas despiadadamente por especialistas, y cortar sus gastos de todo tipo, empezando por los contratos, subcontratos, tercerizaciones, acuerdos de mantenimiento etc.

-          Hablemos ahora de la gente. De los empleados públicos. Por supuesto que hay que revisar las designaciones y aumentos salariales de los últimos años, tanto en la Administración como en las seudo empresas privadas con que nos estafan.  Algo tan simple como ordenar los sueldos por monto decreciente, puede dar resultados muy trascendentes. Esos nombramientos, en especial los altos sueldos, deben ser dejados sin efectos, y enfrentar cualquier clase de juicio que surgiere, sabiendo que el beneficiario también será procesado por estafa al Estado.

-          Sin embargo, sería prudente y estudiaría mucho antes de aplicar medidas draconianas sobre las plantillas de personal común. Es cierto que suena bien en los livings la frase “hay que rajar a todos esos vagos”,  pero “esos vagos” suman varios millones de personas. El país no tiene trabajo para darles. 

-          Pensar en dejar sin ingresos a esa masa de gente suena a suicida o a estalinismo. Aunque los liberales teóricos bufen de rabia. Esa tarea debe ser gradual, planificada, y debe acompasarse con la generación de empleos. Hay muchos lugares dónde ahorrar. Y muchos billonarios conocidos viviendo del gasto.

-          Sería además irresponsable echar gente sin un estudio serio de las funciones y prestaciones de cada uno y de las necesidades que cada uno está cubriendo. Echar desde un escritorio frente a una planilla excel, será cómodo y no obliga a ensuciarse las manos, pero no es el camino serio y técnico recomendable. Calma liberales.

Con placer debato todos estos conceptos, pido que en tal caso lea mis notas en este mismo sitio para evitarme volver a explicar. Decir que se va a eliminar a millones de empleados públicos es no sólo peligroso, sino que meramente se cambiaría la asignación de partidas.

La lucha contra el gasto requiere un plan con metas y etapas, comunicarlo a la sociedad y dar cuenta de los resultados y logros sistemática y periódicamente, con un gran compromiso de los funcionarios. Empezando por el Presidente. Esta lucha es, por otra parte, continuada, permanente e inclaudicable.

La acción anticorrupción 

Como compañera inseparable del gasto, la corrupción merece varias consideraciones. También he propuesto varias ideas en mis notas previas, a la derecha de la pantalla, joven argentino.  Pero me concentro en dos:

-          Declarar imprescriptible el delito, tipificarlo más abarcativamente y aumentar las penas.

-          Incorporar el mismo tratamiento para los particulares involucrados en actos de corrupción que para los funcionarios, tanto en la investigación sobre su patrimonio y en la obligación de justificar su enriquecimiento, como en las penas.  No se puede seguir creyendo que los empresarios” colgados del gasto  son unos inocentes que  sólo intentan maximizar su utilidad.

Sistema legal       

La lucha contra el gasto requerirá varios cambios en los paquetes legales. Tanto en el tratamiento de los derechos de los trabajadores, huelgas, despidos, escalafones, categorización, premios, sanciones, etc. como en la eliminación o condicionamiento de los supuestos derechos adquiridos de los zares del gasto, que expolian el erario público desde hace décadas.

También para sancionar con duras penas a los abogados y funcionarios que pierdan deliberadamente juicios  o dejen caer los plazos procesales, viejo truco de la corrupción presupuestaria de los privados.

Reducción de la intervención  e intromisión del Estado 

Paralelamente, se deben revisar todas las leyes y normas que han ido dando protagonismo exagerado al estado, en detrimento de la actividad privada y a veces creando enormes obstáculos para las empresas, en especial las Pyme.

Esta tarea es imprescindible, por una cuestión de costos, pero también para liberar las fuerzas creativas de los auténticos empresarios, paralizados en una maraña de normas intervencionistas y controladoras. De paso,  en muchos casos se producirán ahorros importantes en el presupuesto.

Entran en este rubro desde la Ley de Abastecimiento a la Ley de Medios, que, independientemente de su uso político, retroceden décadas con su intervencionismo minucioso y persecutorio.

Basta pensar en el daño que ha hecho la intervención estúpida del Estado en el agro y la exportación para comprender la importancia de una revisión total a todo el paquete legislativo intervencionista, incluyendo normas reglamentarias, formularios, permisos previos y demás obstáculos.

Los controles de precios deben dejarse sin efecto de modo instantáneo.

Datos y mediciones

Se profesionalizará nuevamente al Indec y a todas las reparticiones que provean información sobre las cuentas públicas o datos estadísticos socioeconómicos. El país no puede marchar a la deriva sea por descuido o por acción deliberada de nadie.

Este paso se entronca en un paquete de medidas tendientes a recuperar la credibilidad mínima que se requiere no solamente para reinsertarse en la comunidad internacional, sino también para reconstruirnos como sociedad.

Dejo para otra entrega, la necesaria contrapartida a estas ideas, que es el análisis de todos los aspectos tributarios con cualquiera de sus nombres y formatos, que evidentemente no pueden dejar de evaluarse cuidadosamente en un proceso refundacional como el que viene.

Sigamos juntos y la semana próxima lo vemos.

Todo lo detallado enmarcado en una política de estado de reducción del gasto, y la aplicación de las políticas públicas correspondientes.

Urgido por la realidad,  usted, lector,  ya me está diciendo que estoy loco porque no se puede esperar tanto tiempo, que hay que cortar de un tajo. Permítame que le retruque: ¿Por qué se cree que nunca se bajó el gasto? Porque siempre hemos pensado de ese modo y al final no hicimos nada.

Para que se quede tranquilo, vamos a establecer una diferencia en la metodología y en la velocidad de las medidas a tomar, según el tipo de gasto. Lo explicaré en seguida. Pero primero querría salir al cruce de un pensamiento facilista, que podríamos describir así: «echemos a todos esos vagos empleados públicos, y que se vayan a laburar al sector privado»

Puede que el método sea rápido, pero ofrece, como decíamos en la nota anterior, el problema de que se corren riesgos muy serios de inequidades e ineficiencias de todo tipo. Con  el  peligro de dejar lo peor dentro de los presupuestos. De todas maneras, cabe una pregunta: ¿qué va a hacerse con los que sobren? Porque el sector privado, por muchos años, no podrá ofrecer ninguna cantidad relevante de empleos.

Como no estamos empezando el mundo de cero, como dije, todos los ajustes deben hacerse, pero no al voleo. Eso no significa que no hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, y eso lleva tiempo y estudios serios.

Todo el análisis de baja del gasto debe arrancar al mismo tiempo

Si bien existen varios tipos de gasto, se debe comenzar toda la tarea al mismo tiempo, con diferentes equipos, aceptando que algunas tendrán resultados más rápidos dado su conformación y otras más lentos dada su complejidad. Será importante que se muestre a la sociedad esos resultados rápidamente y  se apliquen los cambios, como un modo de reforzar el compromiso y de empezar a producir ahorro  lo  antes posible donde efectivamente pueda hacerse.

Haciendo esa salvedad, detallamos los rubros o grupos donde más rápido se podrán obtener resultados.

Por dónde empezar a cortar

Estos son los rubros por dónde se podrá empezar la reducción,  los que más fácil resultan de detectar y eliminar, y los que mayor sustento ético tienen. Aún sabiendo que ofrecen flancos jurídicos que hay que resolver, habrá que enfrentarlos, pelearlos y ganarlos. Y hay modos. Empezando por un juicio penal por cada caso de corrupción que se encuentre.

Contratos, tercerizaciones, concesiones, sistemas de subsidios y «Sociedades Anónimas» del Estado

Cada uno de los contratos y sus prórrogas de cualquier índole o formato, concertado por el método que fuese, será analizado por un equipo multidisciplinario, (explicaremos el modo) en su génesis, su razonabilidad, sus costos y los reclamos generados. Se elevará a juicio cualquier contrato irregular. Se hará un seguimiento de vencimientos para evitar las prórrogas automáticas. Se anularán los contratos irregulares con procedimientos legales. Se adecuarán las leyes  para evitar la industria del juicio y se implementará un sistema de workflow para evitar la caída deliberada de los plazos procesales, viejo truco indio para hacerse millonario a costa de nosotros.

Se identificará a los titulares reales de todas las empresas que contraten con el estado, lo que está ya legislado actualmente. Todo contrato o concesión con empresas sin identificación de sus accionistas EN EL MOMENTO de la contratación, será pasible de ser anulado. Toda transferencia de titularidad de un contrato o de las acciones de un contratista, deberá contar con la aprobación del estado.

Se pondrá  énfasis en los servicios de consultoría de toda índole, no sólo apuntando a detectar los despropósitos contenidos, sino a su eliminación.

En este rubro se prevén rápidos éxitos y resultados. La ciudadanía deberá ser informada rápidamente de los hallazgos, los juicios y los ahorros producidos. El efecto Ciccone debe permear a toda la sociedad.

Subsidios

El sistema de subsidios de cualquier tipo debe ser modificado en la planificación para propugnar su cambio en la realidad. Cualquier tipo de subsidio será entregado directamente al beneficiario, en una cuenta de ahorro, caso por caso.

A esta altura de la tecnología y el espionaje, es absolutamente fácil determinar quién es pobre, cuántos hijos tiene, consumo eléctrico, calidad de vivienda, etc. Entonces, distribuir subsidios entregándoselos a empresas, punteros, Milagro Sala u otras ONG’s, es no solo ineficiente sino una fuente de corrupción y desperdicio. Las tarifas deben ser únicas, y los problemas de equidad resolverse con subsidios directos.  De paso, el mecanismo evitará los beneficios repetidos, como los abusos en los planes, asignación universal por hijo, gas, electricidad, etc.

Una tarjeta y registro único de beneficiarios de subsidios es vital para la equidad, la eficiencia y el contralor. No es difícil y será muy útil. El reflejo de esta política en el presupuesto será muy notorio.

Una reflexión. Deben descartarse de planos los planteos del tipo «Habiendo tantos otros gastos y robos que cortar, ¿por qué cortar justamente esto?» Tal pensamiento es paralizante y minimizante. Siempre habrá otros gastos, prebendas y robos que cortar, menos el que le conviene a cada uno.

Personal designado en los últimos 6 años por sobre ciertos niveles salariales mínimos

Se pondrá en revisión con iguales sistemas todos estos casos. La diferencia será que se dejará de abonar  de inmediato estos salarios por encima de los mínimos en cualquier formato que se hubiera contratado. También en este caso se promoverán acciones penales contra los funcionarios y los beneficiarios, cuando no surja claramente la razón del pago excepcional.

Este procedimiento se realizará tanto en las reparticiones del estado como en cualquiera de las sociedades con cualquier formato que dependan del estado. Se harán públicos los nombres de los beneficiados con este otro truco indio.

Jubilados con regímenes excepcionales sin aportes

Si bien es cierto este rubro no forma parte de lo que se conoce como gasto, cuando se genera un déficit debe ser absorbido de algún modo.  Se incluyen aquí los 3000,000 de jubilados sin aportes beneficiados por regímenes especiales en los últimos 7 años. Se analizarán todos los casos y se establecerá un régimen para el futuro que no ponga en igual nivel las actualizaciones de estas jubilaciones con las de quienes cumplieron con todos sus aportes. También se revisarán en igual sentido las jubilaciones de privilegio concedidas en este período.

Es posible pensar en tomar un grupo significativo de casos piloto para analizar si efectivamente correspondió el otorgamiento del beneficio dentro de la normativa vigente. Si de ese test surgiera  un resultado alto de incumplimiento, tendrá sentido pensar en ampliar el estudio para anular toda jubilación mal concedida.

En términos de carga impositiva total, no es descabellado pensar que se pueden obtener ahorros que permitan reducir el costo laboral.

Tarifas desactualizadas o políticas en  todos los servicios públicos y privados

Se trata del valor de las tarifas, no de los subsidios, que están tratados por aparte más arriba. En un lapso de tres años estas tarifas deben ser gradualmente adecuadas a la realidad y por vía de subsidios individuales debe resolverse la situación de los carenciados o necesitados.

Este paquete de componentes del gasto indirecto será la primera etapa a cumplir. La idea es obtener rápidos resultados, un fuerte apoyo de la población, y dar una base ética importante a los ajustes al gasto en general.  Si bien es cierto todo este grupo de gastos NO ES tan relevante como el resto del presupuesto, el global sí lo es, y además el ahorro porcentual puede ser muy grande por las barbaridades contenidas.

Por  otra parte, las tarifas son fundamentales en los casos de energía para estimular la producción, razón primordial de la pérdida del autoabastecimiento energético.

Estas tareas, como en el resto de los casos, se realizarán tanto en el presupuesto nacional como en los provinciales y municipales.

Los dejo masticando todo esto que hay que hacer, que es un poco más difícil, laborioso y técnico que simplemente decir: «hay que bajar el gasto», no?

Al mismo tiempo, analizando estos temas, se verá la gran oportunidad que se presenta de analizar desde cero todas las políticas públicas, su procedencia, importancia y costo. Si somos inteligentes, en vez de efectuar un mero trabajo de corte de gastos, podemos transformar esta instancia en un proceso refundacional del estado y consecuentemente  del sistema impositivo y toda la economía.

Eso sigue la semana próxima. Duro, espero que útil.