Desempleo, sindicatos, pensiones, tamaño del estado, productividad, etc., han sido los temas de agenda de los gobiernos griegos en los últimos años. Pero la fortaleza del Euro, útil para Alemania, ha ido socavando las posibilidades de competir de Grecia y ha afectado el flujo de ingresos por turismo.

El candidato oficial a la presidencia, el ex comisario europeo Stavros Damis, fracasó en su intento por acceder al poder. En la tercera y última vuelta de la elección presidencial, Dimas obtuvo 168 votos, 12 menos que la mayoría necesaria (de 180) para ser elegido.

Alexis Tsipras, dirigente del partido de izquierda radical Syriza, y el favorito en las encuestas, proclama  terminar con las políticas de austeridad que impone la troika para seguir financiando el déficit y refinanciando su deuda.  Es decir, desandar las medidas de ajuste que les han impuesto el BCE y el FMI.

Tampoco hay certeza que Tsipras logre acceder a la Presidencia, ya que con el 28% de intención de voto, más los 50 asientos adicionales que se le otorgan a la primera minoría, tampoco tendría asegurada una coalición de Gobierno. Dependerá de la votación presidencial a realizarse el 25 de enero. El premier Samaras pidió que las elecciones se celebren lo antes posible. Si gana la izquierda, el partido con mayor intención de voto, peligran seriamente los acuerdos firmados con el BCE y se pueden producir fuertes caídas de los bonos, algo que puede golpear fuertemente a todos los emergentes.

¿Qué ocurriría si Grecia saliera de la Eurozona? ¿Qué pasaría con los socios periféricos? ¿Podrían Italia y España soportar la presión interna para volver a la lira y la peseta?  Alemania y Francia han dejado claro que si gana el partido populista de izquierda, no intentarán persuadir al país que se mantenga en la Eurozona, será una decisión propia de Grecia, sin condicionamientos ni incentivos por parte de sus vecinos y socios.

La troika de acreedores de Grecia está compuesta por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. En 2010 impuso un drástico plan de austeridad a cambio de un préstamo de EUR 240 Bn. (unos USD 285 Bn.).

Sin embargo, el Gobierno tuvo que someterse una vez más a la troika y aceptar una prolongación del programa hasta febrero de 2016, para poder recibir EUR 7.2 Bn adicionales. Pero el pago de la próxima parte de la ayuda a Grecia quedó suspendido hasta que se forme un nuevo gobierno.

Grecia tiene una deuda impagable. Ni siquiera con más ajustes a salarios, restricciones al gasto público o crecimiento será posible que lo resuelva en los próximos 5 años de manera ordenada.

Con un desempleo del 26% de la población económicamente activa y un 175% de ratio de Deuda/PBI, creemos que pueden darse dos escenarios:

El primero es el más doloroso, que implica una salida de la zona Euro y una brutal devaluación para ganar competitividad perdida, a costa de mayores penurias para su población. Este escenario abre una serie de interrogantes hacia la continuidad de la eurozona a futuro. Muchos países estarán atentos, porque el resultado de este proceso podría condicionar políticamente a otros socios europeos a seguir el mismo camino.

El segundo escenario puede ser la  solución más viable, dado que el 70% de su deuda de más de USD 500Bn. está en manos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, dos organismos que han contribuido en el pasado reciente para evitar un cese de pagos. La solución parecería ser un default organizado y un recorte del valor nominal de la deuda, y/o combinado con posible alargamiento de los plazos y rebaja de tasas de interés.

El rendimiento de la deuda de Grecia a diez años en el mercado secundario subió por encima del 10%, un valor considerado como crítico:

En definitiva, la única realidad es que Grecia está en una situación de la que no tiene forma de salir, dentro de las premisas actuales y sin ayuda adicional de los socios europeos. Esta ayuda no debería limitarse a refinanciación contra mayores ajustes, sino debería promover inversión y dar a Grecia un trato especial y más tiempo para adaptar su economía a esta nueva realidad, incluyendo obras de infraestructura, inversión y promoción del empleo privado y la movilidad social.

Hay que tener en cuenta que los mecanismos que está mirando el BCE para una flexibilización monetaria (QE) podrían incluir algún tipo de recompra de bonos y activos griegos.

Cualquier otra opción incluiría el default de deuda, sea este inmediato o postergado en el tiempo a través de nueva ayuda “financiera” por parte de la troika.

La situación en la que puso el Juez Griesa no sólo está generando problemas para una salida definitiva para el problema de la deuda externa de Argentina que aún no ha reestructurado y que representa apenas el 7% del total, sino que también tendría directas implicancias negativas para países que deberán enfrentar situaciones de reestructuración de deuda en el futuro, ya que esta determinación deja abierto un mecanismo para que una minoría pueda sortear lo que la mayoría aceptó. O al menos, que no entrar al canje, demandar y esperar, tiene su recompensa.

En los últimos 35 años hubo más de 70 cesaciones de pagos y reestructuraciones en el mundo. Entre ellas cabe remarcar las de los países de Latinoamérica de las década de 1980, desatada en un principio en México y que afectó a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, y otros países de la región.

A fines de 1990 y principios de 2000, fue el turno de las reestructuraciones de Rusia, Ucrania y Ecuador. Más tarde por el año 2005, República Dominicana, Granada y nuevamente Ecuador enfrentaron situaciones de este tipo. Mayormente las reestructuraciones tuvieron un alto grado de aceptación, donde en promedio un 95% de los acreedores aceptaron el canje y la quita de capital propuesto.

Esto no se limita sólo a países considerados en vía de desarrollo. Más recientemente, las cosas se tornaron bastante delicadas en Europa post crisis de 2008. Las deudas soberanas han sido motivo de preocupación e incluso dejó en una situación complicada a la Unión Europea, con todo lo que ello representa en términos de estabilidad financiera. Eso obligó a varias intervenciones de la denominada Troika (BCE, UE y FMI) para evitar posibles cesaciones de pagos. Finalmente, Grecia tuvo que realizar una reestructuración con quita de capital para evitar el default.

Veamos algunos ejemplos de reestructuraciones:

RUSIA (1998-2000): Durante los años 1997 y 1998, el precio del petróleo cayó con fuerza y Rusia experimentó una fuerte disminución de los ingresos por exportaciones. A mediados de julio de 1998, los servicios de la deuda superaron USD 1 Bn y las tasas de interés de mercado de los bonos fueron en constante aumento. Dada la fuerte presión financiera, el gobierno puso en marcha un programa de intercambio voluntario para convertir deuda de corto plazo denominada en rublos a deuda en moneda extranjera de largo plazo, pero el programa de intercambio no tuvo una buena aceptación y logró una baja tasa de participación de los acreedores. Además, Rusia perdió el acceso a los fondos del FMI, dado que el programa de ajuste requerido por el organismo perdió el rumbo, y dada la escasez de reservas se declaró la cesación de pagos el 17 de agosto de 1998. Al poco tiempo, el gobierno inició un proceso de renegociación de la deuda con acreedores nacionales y privados, resultando la reestructuración de la deuda interna en mayo de 1999 y de la deuda externa en agosto de 2000.

ECUADOR (1999-2000): El Plan Brady surgió a principios de los años 90 como respuesta a la crisis de deuda de los países latinoamericanos iniciada en la década del 80. Pero en agosto de 1999, Ecuador anunció la suspensión de pagos de sus bonos Brady. La economía se vio afectada por varios shocks adversos a nivel externo e interno, incluyendo daños por inundaciones causadas por el fenómeno climático de El Niño, una caída en la entrada de capitales y una crisis bancaria sistémica, que estalló en 1998 y 1999. El gobierno y el Banco Central trataron de salvar los bancos que caían, contribuyendo a una crisis monetaria a principios de 1999 y la consecuente caída de reservas. A ésto se suma una carga de deuda pública de alrededor del 100% del PIB, lo que hizo cada vez más difícil cumplir con el pago de los servicios de la deuda. Después de entrar en default, el gobierno preparó una oferta de canje respaldado por el FMI, que fue lanzado al público en julio de 2000.

ARGENTINA (2002-2005 y 2010): La economía entró en recesión en 1998 y dado que regía en el país un proceso de convertibilidad fija a lo que se suma una serie de shocks internos, desencadenó en la declaración de cesación de pagos en 2002. En octubre de 2001, el sistema bancario había perdido una gran cantidad de depósitos y los diferenciales de crédito llegaron a 1.600 bps. A medida que la salida de capitales se extendía, las autoridades decidieron congelar los depósitos en cuentas bancarias en diciembre de 2001. Luego del default, se llevó a cabo un proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda. El canje se llevó a cabo entre enero y abril de 2005, donde cerca del 76% de los acreedores aceptó las condiciones, y en 2010 se reabrió el canje, alcanzando una aceptación total de 92,6%.

GRANADA (2004-2005): A finales de 2005 se llevó a cabo la reestructuración de la deuda de Granada, un año después que el huracán Iván causó graves daños económicos. Según algunas estimaciones, cerca del 90% de las casas de la isla fueron destruidos o dañados, afectando en gran medida los medios de subsistencia y el sector turístico del país. El gobierno anunció una oferta de canje de la deuda en diciembre de 2004, con la intención principal de ganar tiempo para reconstruir las industrias clave del país. En septiembre de 2005, se realizó la apertura del canje y alcanzó una tasa de participación de 97% de los acreedores.

REPÚBLICA DOMINICANA (2005): Entre 2002 y 2003, en muchos bancos importantes fueron descubiertas situaciones de fraude y pérdidas a gran escala, lo que desencadenó corridas bancarias y una crisis financiera. El gobierno respondió con un programa de apoyo al sector financiero, obteniendo recursos de colocaciones de bonos en el exterior. Sin embargo, los esfuerzos de rescate han contribuido a una depreciación de la moneda, el aumento de la inflación y un aumento significativo en la relación deuda-PIB. Durante el mismo período, las reservas cayeron aproximadamente el 151% de la deuda de corto a tan sólo 31%. En agosto de 2004, el gobierno adoptó una estrategia de resolución de la crisis, lo que incluía una reestructuración de la deuda externa. En abril de 2005, el gobierno lanzó una oferta de canje de bonos que no incluían un recorte del capital, pero sí una extensión en los vencimientos.

ECUADOR (2008-2009): En noviembre de 2008, Ecuador declara un nuevo default, pero no porque haya sufrido una profunda crisis económica ni por una fuerte presión financiera. El ratio de deuda pública sobre el PIB esta de sólo 23%. Luego que una comisión de auditoría del gobierno declarara dos bonos como deuda “inmoral, ilegal e ilegítima”, decidió suspender los pagos de dos con vencimiento en 2012 y 2030. Luego de esta decisión, entre abril y noviembre de 2009, el gobierno lanzó varias rondas de recompra de deuda en efectivo y con un quita entre 65% y 70% de su valor nominal. A pesar de los intentos de los acreedores para bloquear la oferta, la tasa de participación fue de 95% de los bonos en circulación.

En 2005, Argentina implementó un canje obteniendo una aceptación de 76%, que fue reabierto en 2010, logrando una aceptación total de 92,6%. Esta reestructuración es lo que hoy está en disputa con aquellos que no ingresaron a dicho canje. El problema es que los acuerdos alcanzados por una mayoría no son aplicables a todos los acreedores, por lo que es difícil evitar que se inicien acciones legales que les permitan cobrar la deuda original, de no mediar una cláusula en la emisión que así lo estableciera. Asimismo, no existen organismo ni instituciones que determinen e impongan un arreglo razonable entre las partes.

En la gran mayoría de los casos de reestructuración recientes se implementó una cláusula en la cual la totalidad de los bonistas se obligan a aceptar las condiciones aceptadas por el 75% de los inversores en caso de una reestructuración de deuda. De esta manera, las “cláusulas de acción colectiva” son cada vez más frecuentes en las nuevas emisiones. Desde el FMI se trato de impulsar algunas alternativas para los distintos casos de reestructuración soberanas, pero finalmente fueron rechazadas por EEUU entre otros países. En noviembre de 2001, Anne Krueger propuso un mecanismo para hacer frente a una negociación compulsiva de la deuda soberana, que preveía la creación de una primera instancia similar a la ley de quiebras. Pero ésto no prosperó. Esto requiere de una voluntad política para reiniciar las conversaciones y alcanzar a un acuerdo entre los Estados, hasta tanto no haya un procedimiento definido se puede avanzar tanto en cláusulas que contemplen situaciones de reestructuración o en la creación de foros negociación entre deudores y acreedores.

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