Según él, el crecimiento de los asentamientos (cuyas condiciones infrahumanas de hábitat desmiente con el gastadísimo recurso de demonizar a los medios no oficialistas) es una expresión de que en la Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más trabajo y, añade, considera una ventaja poder residir en zonas cercanas a los centros de actividad laboral más importantes, aún si esto implica vivir en una villa como la 31.

Para rematar, borrando todo vestigio de raciocinio, Victor Hugo se declara con autoridad para opinar sobre el tema por el sólo hecho de haber, según dice, padecido él la pobreza cuando niño. Con ese criterio está en condiciones de opinar sobre políticas públicas de seguridad cualquier persona que haya sido víctima del delito, cosa que enerva a este tipo de personajes, que son los primeros en decir que desde la experiencia personal no se pueden esgrimir valoraciones racionales sobre los problemas públicos.

Todo lo que dice Victor Hugo se cae por el peso de su obsecuencia, si añadimos a la discusión el elemento que él, deliberadamente o no (vaya uno ya a saber), omite: la informalidad. En primer lugar la informalidad de las villas como complejos habitacionales, donde está más que probada la condición de hacinamiento en la que viven sus habitantes, y que es indefendible desde la perspectiva de cualquier persona que sostenga la necesidad de igualar las condiciones de vida en todos los territorios de nuestro país.

En segundo lugar, corresponde también hablar de la informalidad en el mercado laboral, cuyo crecimiento Victor Hugo celebra y designa como el indicador de la viabilidad de las villas como alternativa habitacional. Todos los estudios sobre población en villas y asentamientos indican que la mayoría de sus habitantes trabajan informalmente, esto es, percibiendo salarios precarios y sin los resguardos fundamentales de cualquier situación de empleo normal (aportes, ART, etc.).

Nuevamente con la proclamada pretensión de desestigmatizar, las voces del kirchnerismo se atragantan con sus más visibles deudas para con la sociedad. ¿Qué tipo de desestigmatización de la pobreza pretende Victor Hugo al asegurar que vivir en una villa está bueno porque se está más cerca del trabajo o del cine Gaumont, al que según su delirio van sus habitantes a entretenerse?

No hacen falta este tipo de ridiculeces para recordarnos que los que viven en villas son personas. Todos estos ejercicios de demagogia como las declaraciones de Víctor Hugo o el día de los valores villeros de La Cámpora recuerdan al típico furcio del que discrimina pero dice que tiene amigos en la categoría discriminada (“no soy antisemita, tengo amigos judíos”, “no soy racista, tengo amigos negros”, etc.).

Mientras tanto, las villas siguen creciendo, al igual que la informalidad, tanto habitacional como laboral. Si esto le parece una simple mentira mediática a Víctor Hugo, queda muy claro que la película que él mira sólo la pasan en el Gaumont.

Veníamos hablando del conflicto en el Parque Indoamericano, de las villas, de los asentamientos, de las condiciones precarias de vida en la que siguen estando año a año miles de ciudadanos. También del mal hábito de subsidiar y de la relación simbiótica que se ha gestado entre los gobiernos y parte de la ciudadanía a la que tristemente la han habituado a vivir de dádivas estatales. De todo eso hablamos en las ediciones previas de esta columna.

Nos referimos además a la cultura de nuestros abuelos inmigrantes y del esfuerzo con el que construyeron sus vidas, la de sus hijos y sus nietos (o sea, la gran mayoría de nosotros). Parece un tema totalmente distinto, pero en la Argentina todo está conectado.

Cerca de Parque Indoamericano hubo otras ocupaciones. Más precisamente en el Barrio Pirelli, donde existe un complejo de viviendas que fueron asignadas a sus actuales habitantes durante el 2009. Son principalmente los hijos de estas familias quienes ocuparon el predio destinado a las 40 viviendas que aún no se han terminado de construir y que reclaman su “derecho” a ser beneficiarios de estos nuevos departamentos.

Días atrás, representantes de estos ocupantes visitaron el programa de TN “Palabras +, Palabras -” que conducen Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda. Chicas que promediaban los 18 años hablaban de su derecho a tener una vivienda, motivo de la ocupación.

Por otra parte, en una entrevista de Luis Majul a Marina Klemensiewicz, Secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad, la funcionaria advirtió que no se pueden regalar viviendas como si se tratara de caramelos. Si bien me he expresado varias veces en disonancia con las políticas del PRO (tan mal acostumbrado al subsidio como el propio Gobierno Nacional), hay que reconocer la veracidad de las palabras de Klemensiewicz. Tiene toda la razón.

Cuando escuchaba a las entrevistadas en TN no podía dejar de hacerme esta pregunta: ¿derecho a qué? Hoy por hoy, en Buenos Aires casi no existen personas menores de 30 años que estén en condiciones de ser propietarias. Porque sus sueldos no les dan tranquilidad a los bancos y los bancos no dan préstamos, porque los inmuebles son carísimos, porque la economía es impredecible, etcétera. Es prácticamente imposible que una persona de entre 20 y 30 años tenga una vivienda propia o esté tramitando su obtención.

La edad de emancipación se ha corrido mucho en los últimos años. De esto han hablado bastante los sociólogos. Los jóvenes de clase media, normalmente, tienden a irse de la casa de sus padres (alquilando, desde ya) alrededor de los 25 años. Hoy, alquilar un departamento de dos ambientes ronda los 2.500 pesos. A eso hay que sumarle expensas (cada vez más caras en edificios nuevos) y demás gastos.

Por eso me pregunto, nuevamente: ¿derecho a qué? ¿A que el Estado les de una casa sólo porque ya no quieren vivir en el mismo techo que sus padres? Algunos dirán, y es cierto, que estas jóvenes ya son madres, mientras que las personas de clase media suelen convertirse en padres unos años más tarde y que por lo tanto su necesidad habitacional es más urgente. Ahora, ¿y con eso qué? ¿Por qué eso les da un “derecho” a ser propietarios de una vivienda otorgada por el Estado?

Acceder a una vivienda digna no significa ser propietario. Y mucho menos que sea el Estado el que las otorgue a título gratuito.

Es hora de plantearse de qué hablamos cuando usamos la palabra “derecho”. El derecho a una vivienda digna lo tenemos todos. Las obligaciones contractuales y los requerimientos económicos para ello no debería esconderse debajo de la alfombra. ¿Pueden tener una vivienda estos jóvenes? ¿Por qué estos sí y los otros no?

A nadie se le ocurriría la posibilidad de que los jóvenes de clase media ocupen el Jardín Botánico para pedirle departamentos al Estado. Es un disparate, desde luego, pero que el disparate sirva para pensar.

Por favor, ahorrémonos los lugares comunes bienpesantes (“fachos, les quieren negar derecho de vivienda a los pobres”), porque acá se está hablando del aletargamiento de un facilismo de nuestra política que le está haciendo muy mal a la ciudad y al país.

Estamos hablando de un empobrecimiento ideológico: la convicción de que el Estado debe dar a los que no tienen nada lo que casi nadie (ni clase media, ni clase baja) está logrando conseguir por las vías del esfuerzo. Estoy hablando de nivelar para arriba. De que hasta el más pobre pueda pagarse una casa, pero que se la pague con el fruto de su trabajo.

Los que quieran seguir nivelando para abajo pueden repetir cuanto quieran como un mantra: “Es mi derecho”. Así pierden sentido las ideas.