La Presidenta quiere disipar la idea de que su actual acercamiento con Macri (quien fuera desde 2007 cuando asumió la Jefatura de Gobierno uno de los más grandes enemigos del kirchnerismo) es parte de un pacto en reacción a la creciente popularidad de la alternativa opositora del Frente Renovador. En otras palabras, quiere despolitizar el asunto con el argumento de la objetividad.

Efectivamente hay un pacto ¿qué hay de malo en reconocerlo? ¿Por qué tantos esfuerzos en disimularlo? Durante casi dos mandatos los porteños vienen esperando una comunicación más fluida entre la Nación y la Ciudad. Obras como ésta, que serán beneficiosas tanto para los habitantes de la Capital como de Gran Buenos Aires, nos encaminan hacia una ciudad más organizada. Si eso nace de un pacto, entonces me quedo con la Presidenta que pacta. Nunca es malo decir la verdad, en especial cuando se trata de buenas noticias.

Es cierto, no obstante, que las repercusiones de reconocer ese pacto son un poco más complejas de lo que se ve a simple vista. Para el Gobierno Nacional la presencia de Macri como un dirigente opositor de centro-derecha siempre fue funcional para sostener su reputación de centro-izquierda. Se trata de un esquema dual en el que Cristina se siente cómoda y que la aparición del Frente Renovador sin duda pone en crisis. Sin esa polarización centro-derecha / centro-izquierda el destino post-presidencial de Cristina queda en manos del justicialismo que nunca es muy benévolo con los que se van. Por eso es comprensible que haga énfasis en las diferencias: no quiere perderlo a Macri como antagonista ideológico porque eso supondría perder su lugar de centro-izquierda.

Sostener esa ficción no le va a ser fácil. Después de casi una década de enfrentamientos y disputas con el Gobierno de la Ciudad, cuando las diferencias que los separan no parecían hacer lugar ni siquiera a necesidades “objetivas” de ningún tipo, es hasta de perogrullo decir que las intenciones de fondo son lisa y llanamente políticas.

Siempre que su acercamiento con Macri redunde, como en este caso, en el beneficio de todos, me parece que no hay nada de malo en reconocerlo. Sin rasgarse las vestiduras ni hacer el papel de mártir, que a fin de cuentas están haciendo lo que hace rato deberían haber hecho: dialogar.

Sabemos que en la 31 y la 31bis, , que conforman el complejo habitacional precario con la mayor tasa de crecimiento en los últimos años, las edificaciones no paran. Cuando no quedan territorios hacia los cuales expandirse el límite es el cielo: las edificaciones crecen hacia arriba con 5, 6 o hasta 7 pisos, en condiciones que ponen en riesgo la vida de los propios inquilinos.

La proliferación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires se dio en los últimos años de manera vertical, es decir, a través de la construcción de edificios. Esto produce lo que se conoce como “densificación”, un aumento de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes por hectáreas. La misma tendencia se ha registrado en las villas y asentamientos precarios. En 2009 la prensa hablaba de construcciones de hasta 5 pisos en las villas 31 y 31 bis. Esa densificación, en las villas, trajo consigo una mayor oferta de unidades para alquiler, lo que consolidó el mercado informal inmobiliario.

Desde luego, el crecimiento de estas estructuras es absolutamente improvisado, carece de cualquier evaluación previa sobre el terreno y la infraestructura. Pero tienen sus dueños y también sus inquilinos. ¿Cuánto cuesta el alquiler de esas piezas? Entre 1000 y 1500 pesos por mes. Una diferencia no tan grande con los costos de alquiler de un monoambiente en zonas del sur de la capital, que promedian los 2000 pesos. El espacio promedio de estas piecitas es de 20 m2, la mitad del tamaño de un departamento que cualquier hijo de vecino consideraría pequeño en el mejor de los casos. Los pisos son mayormente de cemento aislado, casi no tienen revoques en la paredes. Muchas tienen techos de losa y otras directamente de chapa. Algunos investigadores distinguen entre dos tipos de alquiler: el que hacen algunos vecinos de sus viviendas como forma de obtener un ingreso y el de los inquilinatos, que son edificaciones con entre 20 y 30 cuartos, con un propietario que cobra altas tarifas.

Las condiciones de vida son precarísimas. Aun así el Estado subvenciona el pago de los alquileres, cada vez más costosos, a los dueños ilegítimos de estas edificaciones ilegales. Permite también las conexiones clandestinas de electricidad y agua, por las cuales ni dueños ni inquilinos pagan un peso.

Un centenar de familias, imposibilitadas para afrontar los aumentos de los costos de alquile,r comenzó a asentarse durante el año pasado en el borde de la autopista Illia. Esto no hace otra cosa que sumar más riesgos. Mientras las viviendas ilegales crecen en las villas, las piezas se venden a montos que llegan hasta los 200.000 pesos y aumenta la desigualdad en Buenos Aires. Desigualdad que afecta tanto a los residentes de las villas que viven en condiciones infrahumanas como para los ciudadanos que viven en zonas lindantes donde crece la inseguridad y la frustración: ellos sí tienen que pagar luz, agua y ABL, servicios ciertamente cada vez más costosos y, como muestran los hechos recientes, más defectuosos.

Los gobiernos implementan una política de dejar hacer o directamente se hacen presente de los modos más fáciles, a través de subvenciones que mantienen el estado de situación y dejando que el problema se agrave y que los costos los paguen otros: los ciudadanos de hoy y los gobiernos de mañana. Es vital para la coexistencia pacífica y la dignidad de toda la ciudadanía que se tomen cartas en el asunto inmediatamente, con políticas serias y a largo plazo que den un marco de formalidad y pacifiquen la vida de todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires.