Afortunadamente, tanto en Lanús como en municipios vecinos, y esto da gusto señalarlo, los secretarios de Seguridad, todos provenientes de distintos espacios y con nuestras comprensibles diferencias, estamos empezando un diálogo que puede ser muy beneficioso para los vecinos del sur de Gran Buenos Aires.

Esta semana mantuvimos una reunión en el Club Lanús distintos responsables municipales de la Seguridad: Gonzalo Calvos de Almirante Brown, Mónica Ghirelli de Avellaneda, Raúl Torres de Berazategui, Susana González de Ensenada, Carlos Salerno de Esteban Echeverría, Fernando Jantus de Ezeiza, Héctor Corrado de Lomas de Zamora, Adolfo Mohamed de Presidente Perón, Analía Pauluzzi de Quilmes y Mauricio Gómez de San Vicente.

Algunos son del Frente para la Victoria  y otros del PRO. Creo que no es necesario decir que en el contexto político actual, el solo gesto de sentarnos todos a buscar soluciones en conjunto es un avance enorme en gestión, participación y democracia.

En la reunión abordamos diversos temas: repasamos los conflictos y las necesidades de cada partido, comparamos situaciones e hicimos evaluaciones del funcionamiento de las policías locales, una de las más recientes iniciativas en el control territorial del delito. Además, se debatió sobre el destino que dará cada municipio al Fondo Municipal de Fortalecimiento en Seguridad, iniciativa reciente de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo. Esto se traduce en cantidad de efectivos y móviles policiales en el territorio, así como en cámaras de vigilancia, implementaciones de las cuales he hablado ya en otras columnas, específicamente en Lanús, pero que tienen cobertura en todo Gran Buenos Aires.

Fue una jornada muy positiva, en términos generales y sienta un punto de partida para la acción en conjunto. Entre todas las iniciativas que evaluamos en la reunión creo que es destacable el armado de una red de centros de monitoreo que permitirá la visualización en espejo entre municipios vecinos, así como la implementación de un sistema de cámaras cerrojo que haga circular información entre los municipios para evitar rutas de escape a los delincuentes y armar operativos en conjunto.

Coordinando el esfuerzo de todos los municipios vamos a devolverle al sur y a sus vecinos la tranquilidad y, de paso, a mejorar nuestra calidad democrática, al aprender de nuestras diferencias y fortalecer nuestras preocupaciones comunes, que son las preocupaciones de todos.

En diciembre de 2006 se sancionó la ley 2257 de Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trasladaba  la capacidad de reprender ciertos delitos a la órbita de la Ciudad. Esto, que fue ciertamente un gran avance en la autonomía de la Capital, lamentablemente hoy día tiene algunas repercusiones negativas que es necesario resolver con suma urgencia.

Hace meses que venimos hablando sobre cómo los conflictos de Buenos Aires vinculados a la violencia, el delito y las ocupaciones ilegales son de competencia compartida entre la Nación y la Ciudad. En ese juego de mutuas responsabilidades ambos gobiernos se señalan el uno al otro como chivos expiatorios y, paradójicamente, justifican su irresponsabilidad. No es ninguna novedad que el kirchnerismo y el macrismo, encarnados enemigos para la prensa, sepan capitalizar su contienda ideológica para minimizar costos políticos de su inacción en materia de seguridad.

El proyecto que presentamos provee un marco regulatorio para la acción contra el delito que impida a los gobiernos tomarse estas desafortunadas “licencias”.

Para explicarlo brevemente: 1) Establece la conformación de un Comité de Crisis de Seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires a conformarse por el ministro de Seguridad de la Ciudad, el jefe de la Policía Metropolitana, el vicepresidente primero de la Legislatura, el Fiscal General de la Ciudad, el ministro de Seguridad nacional y la Procuradora General de la Nación. Esto formalizará las vías de comunicación y el trabajo en conjunto de las autoridades de ambas jurisdicciones que actualmente parecen comunicarse sólo a través de declaraciones en diarios y programas de radio. 2) Estipula el traslado de efectivos de la policía metropolitana a las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), que conforman las zonas más jaqueadas por el delito organizado, actualmente desprovistas de presencia de las fuerzas de seguridad locales. 3) Fija un plazo de 30 días para la elaboración de un plan de seguridad integral para la Ciudad, cosa que no existe aún y es cada vez más necesaria.

La superposición de responsabilidades entre ambas autoridades ha puesto a la ciudadanía porteña en un callejón sin salida. Para no desperdiciar el logro de la ley impulsada en 2006, hay que avanzar en formalizar los procedimientos conjuntos de ambos gobiernos para que sus faltas no queden justificadas por las del otro.

La necesidad de orden, que se hace visible a lo largo y ancho del país, no es sólo de la sociedad sino también de los organismos del Estado y de las autoridades. Es este desorden normativo el que permite que el delito avance y se instale en nuestros territorios deteriorando la vida de los ciudadanos.

Melina caminaba junto a su novio en la intersección de Pola y Fernández de la Cruz cuando fueron asaltados por un grupo de delincuentes armados. Estos intentaron robarle a Melina la cartera. Uno de ellos le disparó en la cabeza. Luego de cometido el homicidio, los asaltantes corrieron a refugiarse al asentamiento.

Este caso dista de ser aislado. La zona es escenario recurrente de robos cuyos perpetuadores utilizan el asentamiento para refugiarse. A diferencia de otros asentamientos, el barrio Papa Francisco no cumple otra función que la de resguardar delincuentes. Practicamente no hay viviendas allí.

Como trascenció hace unos meses, la toma del predio fue organizada por Antonio Marcelo Chancalay, quien tiene una orden de captura emitida por la jueza Gabriela Lopez Iñigue, un puntero histórico de la Villa 20 que además ocupó un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que posee acciones de una SRL llamada Mach que realizó contrataciones con el Estado (algunas a través de la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, conocida por el escándalo de Schoklender). Chancalay es un peso pesado que pasó por distintos partidos políticos: fue ibarrista, fue macrista y actualmente puso su aparato a disposición del Frente UNEN.

La propia gestación de este mal llamado “barrio” es de carácter absolutamente político, a los efectos de presionar al Gobierno de la Ciudad a destinar fondos a viviendas y subsidios, cosa que este Gobierno está acostumbrado a hacer tanto como lo hace el Gobierno Nacional.

No existe ningun plan real de urbanización de esos terrenos por parte de las autoridades. El legislador Gustavo Vera (que recientemente se desvinculó de UNEN debido al papelón que involucró a Carrió y Pino Sonalas) de la agrupación La Alameda presentó hace unos meses un proyecto de urbanización en el que se establece la necesidad de sanear el terreno debido a que, por haber funcionado como un cementerio de autos, presenta propiedades tóxicas.

El barrio Papa Francisco no está, momentáneamente, en condiciones de ser habitado y por lo tanto el Gobierno no debería permitir que ese asentamiento exista, especialmente cuando su única función resulta ser la de albergar delincuentes.

Es por eso que considero que se debe proceder a demoler todo el asentamiento, perimetrarlo y empezar con el proceso de saneamiento.

Quiero ser claro respecto a esto ya que, episodios como el que protagonizó esta semana el Secretario de Seguridad Sergio Berni, demuestran que, a la hora de referirse a la relación entre pobreza y delito, hay muchas mentalidades susceptibles. El barrio Papa Francisco no es un asentamiento de gente humilde porque nadie vive allí. Se trata de un loteo hecho a mano y algunas casitas donde hoy se ocultan delincuentes como los que mataron a Melina. Hay que tirarlo abajo.

¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?

Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.

Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.

Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.

El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fue interceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.

No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.

De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.

El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.

Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.

El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.

El padre Carlos y yo nos encontramos y él me mostró cómo es la realidad cotidiana del Bajo Flores, barrio donde se encuentra una de las villas más grandes y peligrosas de Buenos Aires: la 1-11-14. Caminar por esas calles cuando el sol empieza a caer sobre las edificaciones y los pibitos de 14 años salen como zombies a buscar paco es una experiencia que no la puede reflejar ninguna estadística, ningún comunicado oficial sobre si sube o baja la cantidad de delitos en la Ciudad. Las tripas no entienden de números, se te revuelven y ya.

Con la gendarmería estaban mejor, dicen los vecinos de la zona, pero la gendarmería no logra terminar de hacer pie en un territorio extenso y hostil. Eso contábamos hace un año y, lamentablemente, no ha habido novedades al día de la fecha. Muchas calles siguen sin vigilancia y sin luz. Venimos diciendo hace rato que tenemos un Estado ausente, pero creo que, para ser más correctos deberíamos hablar de un Estado que hace actos selectivos de presencia. Donde el Estado no se decide a estar presente, las opciones para las personas comunes y corrientes no son muchas: sobrellevar la situación lo mejor que se pueda o actuar, hacer un intento, un esfuerzo por pacificar internamente a una comunidad donde gobierna la violencia.

El padre Carlos opta siempre por lo segundo. Y les puedo asegurar, porque caminé con él, que no es fácil. Por eso quiero aprovechar este espacio, habiéndose cumplido un año de mi primer encuentro con él (el primero de muchos, uno más fructífero que el otro), para reivindicar el trabajo del padre Carlos y para insistir en esta petición final con la que cerré mi nota de hace un año: en Bajo Flores, dije en su momento, necesitan una mano. Hoy la siguen necesitando. No cualquier mano, la mano del Estado… una mano visible para todos los vecinos.