El Mundial y la seguridad en Brasil

Según una nota publicada en el sitio de ESPN el 23 de mayo, el Mundial de Brasil 2014 es el más lucrativo de la historia. También estaría siendo el más costoso: el gasto total estimado para el gobierno de Brasil sería de 14 mil millones de dólares. Gran parte de este total estaría destinada al mejoramiento de los estadios de las 12 ciudades en las que se juegan los partidos, los aeropuertos, el sistema de transporte y, por supuesto, la seguridad.

Brasil implementó el operativo de seguridad más grande jamás realizado para un campeonato de la FIFA. El presupuesto -mayor a 800 millones de dólares- que implicó la movilización de más de 150 mil policías y soldados fue, de acuerdo con Ralf Mutschke, director de seguridad de la FIFA, motivo de tranquilidad para el ente organizador del torneo, luego de los varios disturbios y manifestaciones acontecidos durante el tiempo previo al inicio del mundial.

Las medidas de seguridad que el Estado de Brasil tomó para este Mundial también están pensadas para las Juegos Olímpicos que se celebrarán allí en 2016. Además de la movilización de efectivos policiales y del ejército, se incluyó la compra de robots de Estados Unidos, drones de Israel y tanques de Alemania.

El modelo de robots utilizado es el packbot 510 y lo desarrolla una empresa estadounidense llamada iRobot. Son robots de asistencia militar equipados con cámaras y que pueden identificar artefactos explosivos improvisados, es decir, no convencionales en sentido militar. Cada unidad cuesta entre 100 mil y 200 mil dólares.

Por otro lado, los drones, más conocidos aquí en Argentina por la experiencia que se viene haciendo en el Municipio de Tigre, son vehículos aéreos no tripulados. Brasil compró a Elbit Systems, la empresa israelí de defensa, 2 ejemplares del modelo Hermes 900, que sobrevuelan el territorio.

En el medio de todo este despliegue de tecnología destinada a la seguridad, la policía de Brasil fue equipada con lentes de reconocimiento facial que sirven para identificar fácilmente entre una multitud la presencia de criminales buscados por la policía.

Cabe destacar que, junto con el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, Brasil ha sido recientemente sede de la cumbre medioambiental de las Naciones Unidas, los Juegos Mundiales Militares y la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en la que la visita del Papa Francisco convocó a  casi 4 millones de personas.

En el transcurso de los últimos años y con proyección a los que vienen, Brasil, un país que se perfila como potencia emergente ha sido el escenario de eventos internacionales que redimensionaron su necesidad de definir políticas de seguridad. Esto se vio cristalizado en el documento Garantía de Ley y Orden lanzado por el Ministerio de Defensa el año pasado. El mismo otorga potestad a las Fuerzas Armadas (ejército, prefectura y fuerzas aéreas) la capacidad de intervenir en conflictos de orden civil y establece los modos en los que pueden tener lugar sus intervenciones.

En definitiva, la militarización de la seguridad en Brasil, de la cual hemos dado cuenta en esta columna al referirnos a las Unidades de Policía de Pacificación que se vienen llevando a cabo en Río de Janeiro desde 2008, es una característica notable de sus políticas de seguridad en los últimos años.

Brasil es uno de los países de la región sudamericana con mayor cantidad de asentamientos precarios (favelas) donde operan los grupos de narcotraficantes más importantes de la región. Sus pretensiones de ascender globalmente como potencia mundial demandan un endurecimiento notable de su control securitario. En esta línea vienen sus iniciativas recientes en la materia para las cuales, la Copa Mundial de Fútbol, es sólo un desafío más que sólo una detallada evaluación posterior nos dirá qué tan bien supieron sortearlo.

Pacificar también es tener un plan

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.