En diciembre de 2006 se sancionó la ley 2257 de Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trasladaba  la capacidad de reprender ciertos delitos a la órbita de la Ciudad. Esto, que fue ciertamente un gran avance en la autonomía de la Capital, lamentablemente hoy día tiene algunas repercusiones negativas que es necesario resolver con suma urgencia.

Hace meses que venimos hablando sobre cómo los conflictos de Buenos Aires vinculados a la violencia, el delito y las ocupaciones ilegales son de competencia compartida entre la Nación y la Ciudad. En ese juego de mutuas responsabilidades ambos gobiernos se señalan el uno al otro como chivos expiatorios y, paradójicamente, justifican su irresponsabilidad. No es ninguna novedad que el kirchnerismo y el macrismo, encarnados enemigos para la prensa, sepan capitalizar su contienda ideológica para minimizar costos políticos de su inacción en materia de seguridad.

El proyecto que presentamos provee un marco regulatorio para la acción contra el delito que impida a los gobiernos tomarse estas desafortunadas “licencias”.

Para explicarlo brevemente: 1) Establece la conformación de un Comité de Crisis de Seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires a conformarse por el ministro de Seguridad de la Ciudad, el jefe de la Policía Metropolitana, el vicepresidente primero de la Legislatura, el Fiscal General de la Ciudad, el ministro de Seguridad nacional y la Procuradora General de la Nación. Esto formalizará las vías de comunicación y el trabajo en conjunto de las autoridades de ambas jurisdicciones que actualmente parecen comunicarse sólo a través de declaraciones en diarios y programas de radio. 2) Estipula el traslado de efectivos de la policía metropolitana a las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), que conforman las zonas más jaqueadas por el delito organizado, actualmente desprovistas de presencia de las fuerzas de seguridad locales. 3) Fija un plazo de 30 días para la elaboración de un plan de seguridad integral para la Ciudad, cosa que no existe aún y es cada vez más necesaria.

La superposición de responsabilidades entre ambas autoridades ha puesto a la ciudadanía porteña en un callejón sin salida. Para no desperdiciar el logro de la ley impulsada en 2006, hay que avanzar en formalizar los procedimientos conjuntos de ambos gobiernos para que sus faltas no queden justificadas por las del otro.

La necesidad de orden, que se hace visible a lo largo y ancho del país, no es sólo de la sociedad sino también de los organismos del Estado y de las autoridades. Es este desorden normativo el que permite que el delito avance y se instale en nuestros territorios deteriorando la vida de los ciudadanos.

La Presidenta quiere disipar la idea de que su actual acercamiento con Macri (quien fuera desde 2007 cuando asumió la Jefatura de Gobierno uno de los más grandes enemigos del kirchnerismo) es parte de un pacto en reacción a la creciente popularidad de la alternativa opositora del Frente Renovador. En otras palabras, quiere despolitizar el asunto con el argumento de la objetividad.

Efectivamente hay un pacto ¿qué hay de malo en reconocerlo? ¿Por qué tantos esfuerzos en disimularlo? Durante casi dos mandatos los porteños vienen esperando una comunicación más fluida entre la Nación y la Ciudad. Obras como ésta, que serán beneficiosas tanto para los habitantes de la Capital como de Gran Buenos Aires, nos encaminan hacia una ciudad más organizada. Si eso nace de un pacto, entonces me quedo con la Presidenta que pacta. Nunca es malo decir la verdad, en especial cuando se trata de buenas noticias.

Es cierto, no obstante, que las repercusiones de reconocer ese pacto son un poco más complejas de lo que se ve a simple vista. Para el Gobierno Nacional la presencia de Macri como un dirigente opositor de centro-derecha siempre fue funcional para sostener su reputación de centro-izquierda. Se trata de un esquema dual en el que Cristina se siente cómoda y que la aparición del Frente Renovador sin duda pone en crisis. Sin esa polarización centro-derecha / centro-izquierda el destino post-presidencial de Cristina queda en manos del justicialismo que nunca es muy benévolo con los que se van. Por eso es comprensible que haga énfasis en las diferencias: no quiere perderlo a Macri como antagonista ideológico porque eso supondría perder su lugar de centro-izquierda.

Sostener esa ficción no le va a ser fácil. Después de casi una década de enfrentamientos y disputas con el Gobierno de la Ciudad, cuando las diferencias que los separan no parecían hacer lugar ni siquiera a necesidades “objetivas” de ningún tipo, es hasta de perogrullo decir que las intenciones de fondo son lisa y llanamente políticas.

Siempre que su acercamiento con Macri redunde, como en este caso, en el beneficio de todos, me parece que no hay nada de malo en reconocerlo. Sin rasgarse las vestiduras ni hacer el papel de mártir, que a fin de cuentas están haciendo lo que hace rato deberían haber hecho: dialogar.