Es una disciplina marcial moderna, menos rígida que otras artes marciales, pero deportivamente más completa. Empecé de grande y soy claramente un competidor regular. Lo tomé como una carrera y llegué a cinturón negro.

En este sentido el taekwon-do es como la carrera de abogacía: (aclaro que soy abogado) hasta el más negado, si sienta el culo, obtiene su título. Yendo al tema del título de la nota, la teoría del poder en el taekwon-do tiene varios elementos, pero me voy a concentrar en dos:

1) La ley de Newton, que dice que toda fuerza ejercida genera una fuerza igual y opuesta. Es decir, si golpeamos una pared con 90 k, la pared devuelve 90 k. Si la fuerza supera la resistencia de la pared, se rompe.

2) La concentración del impacto en un punto o, como me gusta decir a mí, “hacer foco”.

Esto quiere decir, concentrar el golpe en un lugar exacto y con una pequeña superficie de impacto, desde una parte del cuerpo idónea, por ejemplo, nudillos, para ejercer la mayor presión posible.

O sea, para romper una tabla, por ejemplo, hay que dar un golpe certero, veloz, desde una parte del cuerpo idónea y concentrado en una superficie no extendida capaz de quebrar la resistencia de la tabla.

El kirchnerismo, en este ensayo, es el objeto a romper, la pared supongamos. Quebrar la resistencia de una pared formada por 12 años de poder, con todas las herramientas del Estado a su disposición, sumado a un enorme poder territorial, es difícil.

Requeriría acumular fuerzas, la máxima posible, y enfocarla en un candidato (no varios, que no lograrán más que dispersar energía), en el lugar exacto.

Ese lugar, el punto de impacto, parecería ser la provincia de Buenos Aires. Si se gana allí, no hay chance de que la pared no se rompa.

Como estamos, hasta las PASO, no hay chances de que esto suceda. Después esperemos que la oposición junte fuerzas, enfoque y rompa. Si no, la pared va a ser la misma, con una mano de pintura naranja.

El razonamiento de Freyre es tan retorcido y tirado de los pelos como se puede esperar del kirchnerismo hoy: básicamente Massa y Macri van a pagarle a los fondos buitres, cosa que vaciaría presupuestariamente a la Argentina, lo cual tendría como resultado que se corten los medicamentos. Bastó con que Leandro Cahn, director de Comunicación y Desarrollo Institucional saliera a aportar una serie de datos sencillos que tiran abajo la descabellada hipótesis de Freyre. Entre ellos, como pieza de información más contundente, que ni siquiera durante la crisis de 2001 ocurrió algo semejante.

Esto no fue solamente una exagerada y escabrosa declaración. Freyre no estaba simplemente aventurando una hipótesis alocada, estaba haciendo un trabajo de apriete político. El otro día en su Twitter publicó “En 2016 morirá Anibal Pachano, en las peores condiciones, él lo decreta. Otra muerte más para la estadística del Sida.”

Pachano es un massista declarado. Este tuit, como otros que siguen la misma línea, tiene muchas características comunes del modo patotero en que los kirchneristas intentan asfixiar al pensamiento disidente. Soberbio, dueño de una verdad inventada, falaz y sobretodo agresivo. Exponer una condición de la vida íntima como es el HIV, invocar a la muerte y sentenciar al otro por su pensamiento político es de las cosas más bajas que hayamos visto hacer en mucho tiempo a un promotor del oficialismo.

Tan así fue que el propio Anibal Fernández tuvo que desautorizar sus declaraciones. “El retroviral -dijo Aníbal- va a venir al país con cualquier gobierno. Nadie es tan tarado como para pensar una cosa semejante”.

No es esa la explicación. No es una cuestión de taradez, es una cuestión de decencia. El kirchnerismo quiere imponer la idea de que son los dueños de la decencia, de los tratos humanitarios, de hacer las cosas que están bien. Por eso cuando se le espeta a Freyre sobre las muchísimas fallas en el sistema actual de repartición de medicamentos responde que eso es responsabilidad de los centros de salud. ¿Quién administra los centros de salud? ¿El massismo? ¿Macri?

Hay que cortarla con el tremendismo y empezar a tomar en serio las problemáticas que acechan a la Argentina. Por mucho que le moleste al Gobierno y a sus promotores, el recambio de autoridades no va a hacer que se extingan la vida, el amor y la decencia en el país. No son ellos o la muerte. Semejante idea sólo puede ocurrírsele a un bárbaro, a un patotero. Usar los derechos individuales para patotear al que piensa distinto es tristísimo. Con una serie de tuits, Freyre tergiversa aquello por lo que dice luchar.

En diciembre de 2006 se sancionó la ley 2257 de Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trasladaba  la capacidad de reprender ciertos delitos a la órbita de la Ciudad. Esto, que fue ciertamente un gran avance en la autonomía de la Capital, lamentablemente hoy día tiene algunas repercusiones negativas que es necesario resolver con suma urgencia.

Hace meses que venimos hablando sobre cómo los conflictos de Buenos Aires vinculados a la violencia, el delito y las ocupaciones ilegales son de competencia compartida entre la Nación y la Ciudad. En ese juego de mutuas responsabilidades ambos gobiernos se señalan el uno al otro como chivos expiatorios y, paradójicamente, justifican su irresponsabilidad. No es ninguna novedad que el kirchnerismo y el macrismo, encarnados enemigos para la prensa, sepan capitalizar su contienda ideológica para minimizar costos políticos de su inacción en materia de seguridad.

El proyecto que presentamos provee un marco regulatorio para la acción contra el delito que impida a los gobiernos tomarse estas desafortunadas “licencias”.

Para explicarlo brevemente: 1) Establece la conformación de un Comité de Crisis de Seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires a conformarse por el ministro de Seguridad de la Ciudad, el jefe de la Policía Metropolitana, el vicepresidente primero de la Legislatura, el Fiscal General de la Ciudad, el ministro de Seguridad nacional y la Procuradora General de la Nación. Esto formalizará las vías de comunicación y el trabajo en conjunto de las autoridades de ambas jurisdicciones que actualmente parecen comunicarse sólo a través de declaraciones en diarios y programas de radio. 2) Estipula el traslado de efectivos de la policía metropolitana a las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), que conforman las zonas más jaqueadas por el delito organizado, actualmente desprovistas de presencia de las fuerzas de seguridad locales. 3) Fija un plazo de 30 días para la elaboración de un plan de seguridad integral para la Ciudad, cosa que no existe aún y es cada vez más necesaria.

La superposición de responsabilidades entre ambas autoridades ha puesto a la ciudadanía porteña en un callejón sin salida. Para no desperdiciar el logro de la ley impulsada en 2006, hay que avanzar en formalizar los procedimientos conjuntos de ambos gobiernos para que sus faltas no queden justificadas por las del otro.

La necesidad de orden, que se hace visible a lo largo y ancho del país, no es sólo de la sociedad sino también de los organismos del Estado y de las autoridades. Es este desorden normativo el que permite que el delito avance y se instale en nuestros territorios deteriorando la vida de los ciudadanos.

Escribo esta columna a algunas horas de la reunión de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo ya adelantó que votará en contra y se preocupó por congregar a los diputados más duros para convalidar su posición. Algunos son de La Cámpora, que ingresó a la “política grande” como promesa de renovación.

Que quede claro: la necesidad de modernizar muchos paradigmas históricos de la política no tiene signo partidario. Se puede percibir tanto con La Cámpora como con el PRO y algunas otras expresiones partidarias. La coyuntura pide no sólo gente joven sino mentalidades jóvenes, es decir, ideas que se correspondan con el mundo que vivimos hoy, donde la información circula libremente.

¿Dónde quedó la promesa renovadora de La Cámpora? Algún viento partidario se la llevó hace tiempo. Bastó que empezaran a ocupar cargos para mostrar que se puede ser joven y tener una forma de hacer política prehistórica. Con ideas que se inventaron hace por lo menos cuatro décadas para un país que atravesaba otras problemáticas, legislan a favor de las falacias que el Gobierno necesita para postergar su más que evidente derrumbe. La de los valores villeros es una de ellas. Esta semana el coro de diputados del FPV canta otra canción, la del vicepresidente intocable. La del funcionario que no debe explicaciones. Con esos argumentos, el kirchnerismo va a rechazar las exigencias de la oposición.

Parte fundamental de esta estrategia es la de responsabilizar a los medios. Así lo expresó la diputada oficialista Adela Segarra, que preside la Comisión de Juicio Político, en el programa de Marcelo Longobardi. Para ella, el juicio político sería darle tratamiento parlamentario a un “hecho mediático”.

Segarra minimiza la gravedad del asunto jugando la gastadísima carta de los medios hegemónicos que construyen una supuesta realidad virtual, hecha de falsedades malintencionadas. Lo cierto es que el Vicepresidente está siendo procesado y que las pericias, conforme avanzan, lo comprometen cada vez más.

La imagen de Boudou ya está deteriorada. Lo mejor que puede hacer el oficialismo es facilitar el juicio político, que en caso de resultar favorable al vicepresidente daría pruebas contundentes de la transparencia que proclaman.

Sin embargo, tal cosa no ocurre. Por el contrario, a los diputados oficialistas se les traba la lengua a la hora de hablar de las cosas más sencillas, como le pasó a Segarra al hablar de la expropiación de Ciccone.

Pero algunas cosas están cambiando. Podrá no haber juicio político, pero se está terminando la creencia en figuras sagradas. Asoma en su lugar una política de gestión, con funcionarios bajo el escrutinio constante de la sociedad. Todo salta con más facilidad a la vista, nadie puede controlar todos los canales de información. Y cada vez son más los dirigentes que por voluntad propia (un signo de inteligencia y habilidad, sin duda) disponen públicamente la información de sus movimientos. La transparencia es algo que el dirigente debe ofrecer y no que la sociedad, la justicia, los medios o quien sea deba solicitarle. El vínculo de representación empieza por ahí.

La Presidenta quiere disipar la idea de que su actual acercamiento con Macri (quien fuera desde 2007 cuando asumió la Jefatura de Gobierno uno de los más grandes enemigos del kirchnerismo) es parte de un pacto en reacción a la creciente popularidad de la alternativa opositora del Frente Renovador. En otras palabras, quiere despolitizar el asunto con el argumento de la objetividad.

Efectivamente hay un pacto ¿qué hay de malo en reconocerlo? ¿Por qué tantos esfuerzos en disimularlo? Durante casi dos mandatos los porteños vienen esperando una comunicación más fluida entre la Nación y la Ciudad. Obras como ésta, que serán beneficiosas tanto para los habitantes de la Capital como de Gran Buenos Aires, nos encaminan hacia una ciudad más organizada. Si eso nace de un pacto, entonces me quedo con la Presidenta que pacta. Nunca es malo decir la verdad, en especial cuando se trata de buenas noticias.

Es cierto, no obstante, que las repercusiones de reconocer ese pacto son un poco más complejas de lo que se ve a simple vista. Para el Gobierno Nacional la presencia de Macri como un dirigente opositor de centro-derecha siempre fue funcional para sostener su reputación de centro-izquierda. Se trata de un esquema dual en el que Cristina se siente cómoda y que la aparición del Frente Renovador sin duda pone en crisis. Sin esa polarización centro-derecha / centro-izquierda el destino post-presidencial de Cristina queda en manos del justicialismo que nunca es muy benévolo con los que se van. Por eso es comprensible que haga énfasis en las diferencias: no quiere perderlo a Macri como antagonista ideológico porque eso supondría perder su lugar de centro-izquierda.

Sostener esa ficción no le va a ser fácil. Después de casi una década de enfrentamientos y disputas con el Gobierno de la Ciudad, cuando las diferencias que los separan no parecían hacer lugar ni siquiera a necesidades “objetivas” de ningún tipo, es hasta de perogrullo decir que las intenciones de fondo son lisa y llanamente políticas.

Siempre que su acercamiento con Macri redunde, como en este caso, en el beneficio de todos, me parece que no hay nada de malo en reconocerlo. Sin rasgarse las vestiduras ni hacer el papel de mártir, que a fin de cuentas están haciendo lo que hace rato deberían haber hecho: dialogar.