¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?

Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.

Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.

Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.

El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fue interceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.

No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.

De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.

El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.

Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.

El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.

Donde no hay condiciones normales de vida se rompen los códigos de convivencia pacífica a los que aspira cualquier sociedad. En nuestro caso esas aspiraciones se han visto constantemente frustradas por la adicción de los gobiernos (tanto nacional como de la ciudad) a medidas de contención que deberían ser pasajeras pero que son dilatadas en el tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de los subsidios, lo cual me lleva a la segunda razón por la cual es importante este proyecto de ley: es un camino para terminar con la cultura del subsidio. Frenando el subsidio a mansalva lograremos dos cosas importantes: en primer lugar una mejor administración de la economía pública y, en segundo lugar, revitalizar la cultura del trabajo que construyó a la clase media bonaerense.

Finalmente, la tercera razón de la importancia de este proyecto de ley radica en su condición de ser una iniciativa popular. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la posibilidad de que los ciudadanos (es decir, personas que no cumplen funciones legislativas) presenten proyectos de ley, siempre que estos reúnan una serie de requisitos. La Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires está encaminada a conseguir el último requisito faltante: 40 mil firmas que representan al 1,5% del padrón. Hemos estado juntando firmas en distintos puntos de la Ciudad. Pueden enterarse de la ubicación de nuestras mesas entrando a nuestro sitio oficial: www.politicasdepacificacion.org.

No obstante, quiero invitar a todo aquel que se sienta representado por nuestro proyecto de ley a colaborar con el Instituto de Políticas de Pacificación ayudándonos a conseguir más firmas. Estamos buscando voluntarios y creemos que, siendo esta una iniciativa popular, éstos deben ser ciudadanos comunes motivados por el deseo de mejorar nuestra querida Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro.

Por eso, dejáme hablarte directamente: solamente en los casi cinco meses que van del año oíste hablar de numerosas ocupaciones de espacios públicos (en Parque Indoamericano, en Villa Lugano, en el Obelisco), de nuevos subsidios que empeoran la situación, de un clima de violencia social creciente con linchamientos a delincuentes y de discrepancias entre las voces oficiales sobre lo que está pasando. Vos sabés que esto no da para más. Así que te pido que por favor nos ayudes con lo que puedas, ya sea acercándote a nuestras mesas a firmar o juntando firmas en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en donde puedas. El Instituto de Políticas de Pacificación aceptará la colaboración de todos los que crean que la Ciudad de Buenos Aires se merece una vida mejor, sin violencia, sin delincuentes, sin subsidios, sin villas, con barrios.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.