Ahora bien, para los municipios, el principal problema dentro del flagelo del narcotráfico es el narcomenudeo. ¿Por qué? Muy simple, porque destruye las normas convivenciales de los barrios.

Pensalo así: ¿qué pasa si tu vecino tiene apostados dos, tres o seis amigos en forma constante en su puerta? ¿Si recibe visitas todo el tiempo, 24 horas por día? ¿Si le va tan bien que tiene la mejor pilcha, el mejor auto, pero no estudia ni trabaja? ¿Cómo va a pensar tu hijo que le va a ir mejor? ¿Estudiando o traficando? Este tipo de vecino en el Conurbano es muy común y se multiplica por cientos. Por eso, luchar contra el narcomenudeo es trascendental.

Desde el municipio de Lanús hemos creado una Coordinación de Lucha Contra el Narcomenudeo. Su tarea consiste en prestarles colaboración a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales encargadas del tema, recibir denuncias que después realiza directamente la Secretaría de Seguridad en la Justicia, para no exponer al vecino, hacer políticas de prevención y concientización.

También incorporamos un mapa del delito, confeccionado junto a los mejores profesionales, que servirá para evaluar cuáles son los lugares estratégicos para implementar el plan contra el narcotráfico. El mapa se irá actualizando con cada nuevo dato del delito, información que recolectamos a diario con nuestros sistemas de monitoreo y servicios de denuncias para los vecinos.

El 29 de marzo de 2016 se dispuso la creación de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Avellaneda-Lanús, que se instaló en locaciones provistas por la Intendencia de Lanús en la arteria de Dehesa, entre camino General Belgrano y Sánchez de Bustamante, que es otro foco importante ubicado en el límite de los dos partidos. Esta es la principal fuerza provincial de combate contra el narcotráfico.

En nuestro distrito es destacable la labor del área de Seguridad de la policía provincial, que también hace investigaciones y es muy activa en la materia. Es importante también la labor de la policía local en la venta callejera de estupefacientes.

Estamos trabajando para lograr lo que durante mucho tiempo parecía imposible: el trabajo integral y coordinado entre todas las jurisdicciones y las autoridades. Con unión y con inteligencia vamos a ganarle a este enemigo que ya se cobró la vida y la salud de muchos de nuestros jóvenes. Vamos a terminar con el narcotráfico.

¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?

Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.

Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.

Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.

El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fue interceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.

No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.

De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.

El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.

Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.

El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.