El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.

Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.

Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.

Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.

La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.

Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.

Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.

De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

Las dimensiones del conflicto han ido mutando de manera poco clara. Primero se instaló una gran carpa que sigue allí hasta el día de hoy. Como al parecer eso no fue suficiente para llamar la atención de las autoridades se fueron instalando carpas chicas que llegaron a ser casi veinte. El Gobierno de la Ciudad, que no quería pagar el costo de desalojar a los ocupantes, cometió el error de creer que no habría costos en permitir que la ocupación siguiera. Es cierto que los porteños tienen una capacidad notable para acostumbrarse al deterioro, pero todo tiene su límite. Para la ciudadanía, la precarización de un punto neurálgico de la ciudad como la intersección de Corrientes y 9 de Julio es algo difícil de ignorar.

Al día de hoy las carpas chicas se fueron y sólo quedó la grande. ¿Qué es lo que negoció el Gobierno de la Ciudad con los manifestantes? No lo sabemos. Las negociaciones se vienen desarrollando a puertas cerradas, lo cual alentará las suspicacias de quienes creemos que tanto este gobierno como el Nacional enfrían los conflictos momentáneamente usando fondos públicos. Las decisiones que se están tomando a espaldas de la sociedad (es decir, de los contribuyentes) tendrán repercusiones para todos en dos sentidos: primeramente porque se utilizará dinero del Estado que no se implementará para otras cosas y en segundo lugar porque seguirá sin resolverse el problema de fondo por el cual se han vuelto cada vez más recurrentes las ocupaciones.

La solución a ese problema de fondo es la que propone nuestra Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires: sacar a los delincuentes de las villas y empezar la urbanización en un marco de absoluta legalidad. Es importante que el Gobierno aclare cómo es que persuade a los manifestantes para que se retiren del Obelisco. Si es con la implementación de una política habitacional seria, como la que nosotros proponemos (lo cual no ocurrirá de un día para el otro) o si es simplemente por la asignación de dádivas que financiamos todos.

El problema de las ocupaciones es recurrente porque nadie quiere hacerse cargo. Es mugre que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra. La opción responsable es la de empezar a consensuar cuál es el equilibrio que queremos entre la legitimidad de ciertos reclamos y los castigos que se deben imponer por quebrar la ley, así como también definir cuánto de lo que ocurre es responsabilidad de los gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Vivimos en una ciudad sin política habitacional, donde los que reclaman por la existencia de dicha política lo hacen quebrantando la ley y, para colmo, en vez de ser castigados son premiados por su transgresión. Esto es, como lo dije en otro momento, el reino del absurdo.

Claramente ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno de la Nación tienen estas cuestiones en mente. Desde esta columna espero poder compartirlas con ustedes para que las tengamos presentes a la hora de tomar las decisiones que se avecinan.

Donde no hay condiciones normales de vida se rompen los códigos de convivencia pacífica a los que aspira cualquier sociedad. En nuestro caso esas aspiraciones se han visto constantemente frustradas por la adicción de los gobiernos (tanto nacional como de la ciudad) a medidas de contención que deberían ser pasajeras pero que son dilatadas en el tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de los subsidios, lo cual me lleva a la segunda razón por la cual es importante este proyecto de ley: es un camino para terminar con la cultura del subsidio. Frenando el subsidio a mansalva lograremos dos cosas importantes: en primer lugar una mejor administración de la economía pública y, en segundo lugar, revitalizar la cultura del trabajo que construyó a la clase media bonaerense.

Finalmente, la tercera razón de la importancia de este proyecto de ley radica en su condición de ser una iniciativa popular. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la posibilidad de que los ciudadanos (es decir, personas que no cumplen funciones legislativas) presenten proyectos de ley, siempre que estos reúnan una serie de requisitos. La Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires está encaminada a conseguir el último requisito faltante: 40 mil firmas que representan al 1,5% del padrón. Hemos estado juntando firmas en distintos puntos de la Ciudad. Pueden enterarse de la ubicación de nuestras mesas entrando a nuestro sitio oficial: www.politicasdepacificacion.org.

No obstante, quiero invitar a todo aquel que se sienta representado por nuestro proyecto de ley a colaborar con el Instituto de Políticas de Pacificación ayudándonos a conseguir más firmas. Estamos buscando voluntarios y creemos que, siendo esta una iniciativa popular, éstos deben ser ciudadanos comunes motivados por el deseo de mejorar nuestra querida Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro.

Por eso, dejáme hablarte directamente: solamente en los casi cinco meses que van del año oíste hablar de numerosas ocupaciones de espacios públicos (en Parque Indoamericano, en Villa Lugano, en el Obelisco), de nuevos subsidios que empeoran la situación, de un clima de violencia social creciente con linchamientos a delincuentes y de discrepancias entre las voces oficiales sobre lo que está pasando. Vos sabés que esto no da para más. Así que te pido que por favor nos ayudes con lo que puedas, ya sea acercándote a nuestras mesas a firmar o juntando firmas en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en donde puedas. El Instituto de Políticas de Pacificación aceptará la colaboración de todos los que crean que la Ciudad de Buenos Aires se merece una vida mejor, sin violencia, sin delincuentes, sin subsidios, sin villas, con barrios.

Veníamos hablando del conflicto en el Parque Indoamericano, de las villas, de los asentamientos, de las condiciones precarias de vida en la que siguen estando año a año miles de ciudadanos. También del mal hábito de subsidiar y de la relación simbiótica que se ha gestado entre los gobiernos y parte de la ciudadanía a la que tristemente la han habituado a vivir de dádivas estatales. De todo eso hablamos en las ediciones previas de esta columna.

Nos referimos además a la cultura de nuestros abuelos inmigrantes y del esfuerzo con el que construyeron sus vidas, la de sus hijos y sus nietos (o sea, la gran mayoría de nosotros). Parece un tema totalmente distinto, pero en la Argentina todo está conectado.

Cerca de Parque Indoamericano hubo otras ocupaciones. Más precisamente en el Barrio Pirelli, donde existe un complejo de viviendas que fueron asignadas a sus actuales habitantes durante el 2009. Son principalmente los hijos de estas familias quienes ocuparon el predio destinado a las 40 viviendas que aún no se han terminado de construir y que reclaman su “derecho” a ser beneficiarios de estos nuevos departamentos.

Días atrás, representantes de estos ocupantes visitaron el programa de TN “Palabras +, Palabras -” que conducen Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda. Chicas que promediaban los 18 años hablaban de su derecho a tener una vivienda, motivo de la ocupación.

Por otra parte, en una entrevista de Luis Majul a Marina Klemensiewicz, Secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad, la funcionaria advirtió que no se pueden regalar viviendas como si se tratara de caramelos. Si bien me he expresado varias veces en disonancia con las políticas del PRO (tan mal acostumbrado al subsidio como el propio Gobierno Nacional), hay que reconocer la veracidad de las palabras de Klemensiewicz. Tiene toda la razón.

Cuando escuchaba a las entrevistadas en TN no podía dejar de hacerme esta pregunta: ¿derecho a qué? Hoy por hoy, en Buenos Aires casi no existen personas menores de 30 años que estén en condiciones de ser propietarias. Porque sus sueldos no les dan tranquilidad a los bancos y los bancos no dan préstamos, porque los inmuebles son carísimos, porque la economía es impredecible, etcétera. Es prácticamente imposible que una persona de entre 20 y 30 años tenga una vivienda propia o esté tramitando su obtención.

La edad de emancipación se ha corrido mucho en los últimos años. De esto han hablado bastante los sociólogos. Los jóvenes de clase media, normalmente, tienden a irse de la casa de sus padres (alquilando, desde ya) alrededor de los 25 años. Hoy, alquilar un departamento de dos ambientes ronda los 2.500 pesos. A eso hay que sumarle expensas (cada vez más caras en edificios nuevos) y demás gastos.

Por eso me pregunto, nuevamente: ¿derecho a qué? ¿A que el Estado les de una casa sólo porque ya no quieren vivir en el mismo techo que sus padres? Algunos dirán, y es cierto, que estas jóvenes ya son madres, mientras que las personas de clase media suelen convertirse en padres unos años más tarde y que por lo tanto su necesidad habitacional es más urgente. Ahora, ¿y con eso qué? ¿Por qué eso les da un “derecho” a ser propietarios de una vivienda otorgada por el Estado?

Acceder a una vivienda digna no significa ser propietario. Y mucho menos que sea el Estado el que las otorgue a título gratuito.

Es hora de plantearse de qué hablamos cuando usamos la palabra “derecho”. El derecho a una vivienda digna lo tenemos todos. Las obligaciones contractuales y los requerimientos económicos para ello no debería esconderse debajo de la alfombra. ¿Pueden tener una vivienda estos jóvenes? ¿Por qué estos sí y los otros no?

A nadie se le ocurriría la posibilidad de que los jóvenes de clase media ocupen el Jardín Botánico para pedirle departamentos al Estado. Es un disparate, desde luego, pero que el disparate sirva para pensar.

Por favor, ahorrémonos los lugares comunes bienpesantes (“fachos, les quieren negar derecho de vivienda a los pobres”), porque acá se está hablando del aletargamiento de un facilismo de nuestra política que le está haciendo muy mal a la ciudad y al país.

Estamos hablando de un empobrecimiento ideológico: la convicción de que el Estado debe dar a los que no tienen nada lo que casi nadie (ni clase media, ni clase baja) está logrando conseguir por las vías del esfuerzo. Estoy hablando de nivelar para arriba. De que hasta el más pobre pueda pagarse una casa, pero que se la pague con el fruto de su trabajo.

Los que quieran seguir nivelando para abajo pueden repetir cuanto quieran como un mantra: “Es mi derecho”. Así pierden sentido las ideas.