La historia de las ocupaciones ilegales en la Ciudad de Buenos Aires se repite con una frecuencia que haría sonrojar hasta a los productores de Hollywood, quienes nos tienen ya bastante acostumbrados a la remake de la remake de la remake. Hace dos meses ese repetidísimo cuento obtuvo un escenario novedoso: de los creadores de Parque Indoamericano y Villa Papa Francisco llegó otra desopilante historia de impericias, Villa Obelisco. 

Las dimensiones del conflicto han ido mutando de manera poco clara. Primero se instaló una gran carpa que sigue allí hasta el día de hoy. Como al parecer eso no fue suficiente para llamar la atención de las autoridades se fueron instalando carpas chicas que llegaron a ser casi veinte. El Gobierno de la Ciudad, que no quería pagar el costo de desalojar a los ocupantes, cometió el error de creer que no habría costos en permitir que la ocupación siguiera. Es cierto que los porteños tienen una capacidad notable para acostumbrarse al deterioro, pero todo tiene su límite. Para la ciudadanía, la precarización de un punto neurálgico de la ciudad como la intersección de Corrientes y 9 de Julio es algo difícil de ignorar.

Al día de hoy las carpas chicas se fueron y sólo quedó la grande. ¿Qué es lo que negoció el Gobierno de la Ciudad con los manifestantes? No lo sabemos. Las negociaciones se vienen desarrollando a puertas cerradas, lo cual alentará las suspicacias de quienes creemos que tanto este gobierno como el Nacional enfrían los conflictos momentáneamente usando fondos públicos. Las decisiones que se están tomando a espaldas de la sociedad (es decir, de los contribuyentes) tendrán repercusiones para todos en dos sentidos: primeramente porque se utilizará dinero del Estado que no se implementará para otras cosas y en segundo lugar porque seguirá sin resolverse el problema de fondo por el cual se han vuelto cada vez más recurrentes las ocupaciones.

La solución a ese problema de fondo es la que propone nuestra Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires: sacar a los delincuentes de las villas y empezar la urbanización en un marco de absoluta legalidad. Es importante que el Gobierno aclare cómo es que persuade a los manifestantes para que se retiren del Obelisco. Si es con la implementación de una política habitacional seria, como la que nosotros proponemos (lo cual no ocurrirá de un día para el otro) o si es simplemente por la asignación de dádivas que financiamos todos.

El problema de las ocupaciones es recurrente porque nadie quiere hacerse cargo. Es mugre que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra. La opción responsable es la de empezar a consensuar cuál es el equilibrio que queremos entre la legitimidad de ciertos reclamos y los castigos que se deben imponer por quebrar la ley, así como también definir cuánto de lo que ocurre es responsabilidad de los gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Vivimos en una ciudad sin política habitacional, donde los que reclaman por la existencia de dicha política lo hacen quebrantando la ley y, para colmo, en vez de ser castigados son premiados por su transgresión. Esto es, como lo dije en otro momento, el reino del absurdo.

Claramente ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno de la Nación tienen estas cuestiones en mente. Desde esta columna espero poder compartirlas con ustedes para que las tengamos presentes a la hora de tomar las decisiones que se avecinan.