El legado social y político de Mugica es sin duda alguna digno de reconocimiento. El proyecto de ley, sin embargo, invoca una serie de ambigüedades alrededor de los supuestos “valores villeros”, concepto extraño que desde La Cámpora quieren instalar.

Con la autoproclamada intención de desestigmatizar la nomenclatura de villero, los impulsores y defensores de este proyecto -Andrés “El Cuervo” Larroque, Juan Cabandié, Anabel Fernández Sagasti, entre otros- explican que estos valores consisten en “solidaridad, optimismo, generosidad, esperanza, humildad y valor por lo colectivo”. En un ejercicio muy sencillo de sentido común, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, replicó que esos valores son universales y no dependen de un sector social. Ciertamente, la justificación de los diputados de La Cámpora ante la Comisión de Legislación General que dio dictamen favorable al proyecto, hace agua en cuanto a intentar disfrazar valores humanos universales como valores de clase. Y esta maniobra no puede tener otro rótulo que el de demagógica.

Aclaremos los tantos: una cosa es desestigmatizar y otra muy distinta es exaltar. Estoy de acuerdo en que es necesario, para una mejor convivencia social, que la expresión “villero” deje de ser pretexto para fomentar la segregación y el odio entre las personas. Villero es el que vive en una villa, nada menos… pero tampoco nada más.

Las villas son fenómenos de precarización en todo sentido: urbanístico, habitacional, político y social. La responsabilidad de que esa precarización exista y se prolongue es del Estado. En ese sentido, mientras que adhiero a la idea de no discriminar a una persona por el mero hecho de vivir en una villa – situación que no habla en modo alguno de sus condiciones morales e intelectuales–, me parece alarmante que funcionarios públicos propongan la asociación de un concepto que arrastra consigo décadas de miseria a valores inmaculados como los de la solidaridad y el optimismo.

El mito de los pobres como personas esencialmente buenas ha sido siempre una maniobra clasemediera para expiar culpas de clase. Hay pobres buenos y pobres malos. El problema para la política debiera ser que no haya pobres.

El concepto de “valores villeros” expresa entonces dos cosas: el derrotismo cultural de naturalizar a la pobreza y a las condiciones precarias de vida como invariantes de la historia, por un lado, y la inescrupulosidad y cinismo descarado de los representantes que se dicen “progresistas” porque reivindican formas de vida circunstanciales y lamentables sólo porque ellos no son quienes las padecen. Para ser más claros: si a Cabandié y a Larroque les parece tan inmaculada la condición de los villeros que se vayan a vivir ellos a una villa.

A diferencia de estos dirigentes de La Cámpora, el Padre Mugica decía cosas como: “Señor, perdoname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no”. Mugica entendía la diferencia entre él y los pobres. La entendía y la padecía. La pobreza no era para él algo que reivindicar sino algo de lo que había que salir. La lucha era para erradicar la pobreza. Es sencillamente esto lo que estos pibes bien, con sus honorarios y comodidades de funcionarios públicos (a los que no están dispuestos a renunciar) no entienden: la diferencia entre la pobreza y los pobres. Los pobres son personas que merecen -como cualquier conciudadano- nuestro respeto. La pobreza es una condición lamentable que reclama la erradicación a través del trabajo, la planificación pública y la cooperación de todos los representantes y organismos del Estado.

Que villero deje de ser una mala palabra no debería implicar que se convierta en un elogio, en un signo de heroísmo. Las villas no son algo de lo que debamos sentir orgullo porque hablan de los malos manejos del Estado. Lo que estos chicos de la Cámpora quieren es lavar sus culpas de clase para seguir haciendo la vista gorda a un problema que nadie, ni el Gobierno al que tanto defienden, resuelve.

Las generalizaciones de clase le hacen muy mal al país, especialmente cuando se usan demagógicamente para justificar las desigualdades sociales. Al pastiche ridículo de los “valores villeros” yo quisiera oponer el concepto universal tan imprescindible como tergiversado de los derechos humanos, que deben ser defendidos en todas partes, y especialmente allí donde el Estado menos los respeta.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.