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Hay que remover el asentamiento Papa Francisco

El asesinato de Melina Lopez, de 18 años, en las inmediaciones del asentamiento conocido como barrio Papa Francisco debería ser una alerta para las autoridades de la Ciudad sobre el problema que ese barrio, un añadido reciente al alarmante repertorio de villas de nuestra ciudad, representa.

Melina caminaba junto a su novio en la intersección de Pola y Fernández de la Cruz cuando fueron asaltados por un grupo de delincuentes armados. Estos intentaron robarle a Melina la cartera. Uno de ellos le disparó en la cabeza. Luego de cometido el homicidio, los asaltantes corrieron a refugiarse al asentamiento.

Este caso dista de ser aislado. La zona es escenario recurrente de robos cuyos perpetuadores utilizan el asentamiento para refugiarse. A diferencia de otros asentamientos, el barrio Papa Francisco no cumple otra función que la de resguardar delincuentes. Practicamente no hay viviendas allí.

Como trascenció hace unos meses, la toma del predio fue organizada por Antonio Marcelo Chancalay, quien tiene una orden de captura emitida por la jueza Gabriela Lopez Iñigue, un puntero histórico de la Villa 20 que además ocupó un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que posee acciones de una SRL llamada Mach que realizó contrataciones con el Estado (algunas a través de la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, conocida por el escándalo de Schoklender). Chancalay es un peso pesado que pasó por distintos partidos políticos: fue ibarrista, fue macrista y actualmente puso su aparato a disposición del Frente UNEN.

La propia gestación de este mal llamado “barrio” es de carácter absolutamente político, a los efectos de presionar al Gobierno de la Ciudad a destinar fondos a viviendas y subsidios, cosa que este Gobierno está acostumbrado a hacer tanto como lo hace el Gobierno Nacional.

No existe ningun plan real de urbanización de esos terrenos por parte de las autoridades. El legislador Gustavo Vera (que recientemente se desvinculó de UNEN debido al papelón que involucró a Carrió y Pino Sonalas) de la agrupación La Alameda presentó hace unos meses un proyecto de urbanización en el que se establece la necesidad de sanear el terreno debido a que, por haber funcionado como un cementerio de autos, presenta propiedades tóxicas.

El barrio Papa Francisco no está, momentáneamente, en condiciones de ser habitado y por lo tanto el Gobierno no debería permitir que ese asentamiento exista, especialmente cuando su única función resulta ser la de albergar delincuentes.

Es por eso que considero que se debe proceder a demoler todo el asentamiento, perimetrarlo y empezar con el proceso de saneamiento.

Quiero ser claro respecto a esto ya que, episodios como el que protagonizó esta semana el Secretario de Seguridad Sergio Berni, demuestran que, a la hora de referirse a la relación entre pobreza y delito, hay muchas mentalidades susceptibles. El barrio Papa Francisco no es un asentamiento de gente humilde porque nadie vive allí. Se trata de un loteo hecho a mano y algunas casitas donde hoy se ocultan delincuentes como los que mataron a Melina. Hay que tirarlo abajo.

Berni se equivoca, la pacificación no fracasó

Sergio Berni está equivocado. El martes, en Animales Sueltos, criticó la iniciativa que se está llevando a cabo en Río de Janeiro para combatir al narcotráfico y dijo que fue “un fracaso”. No es cierto.

El Instituto de Políticas de Pacificación, que presido, viene siguiendo muy de cerca el caso, principalmente porque en él se inspira nuestro proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Rio de Janeiro es la ciudad de Brasil con la mayor cantidad de favelas. En ellas operan muchos grupos de narcotraficantes, lo cual agravala precariedad de vida un clima de constante violencia. Cualquiera que haya visto la película Ciudad de Dios se hará una imagen. De hecho, la historia transcurre en La Rocinha, la única favela en Río que ocupa la totalidad de un área administrativa. Para hacer una analogía con Buenos Aires, sería como si una villa ocupara la totalidad de una comuna.

En el 2008 se implementó por primera vez el uso de UPPs – Unidades de Policía de Pacificación, en la favela de Santa Marta. Para el 2013, había bases en 38 barrios. Según datos del Instituto de Seguridad Pública, en esos 38 barrios se registró una disminución del 50% de los homicidios.

Los vecinos de los barrios pacificados reconocen los cambios y dicen estar conformes. En Santa Marta, según estudios de la Fundación Getúlio Vargas, las UPPs tienen la aceptación del 87% de la comunidad. En Ciudad de Dios, el 93% se muestra conforme. Las 17 comunidades que recibieron UPPs en los últimos años registraron aumentos notables de negocios y comercios.

Una investigación del Banco Mundial realizada en 2011 comparaba el estado de tres favelas con UPPs con una que, en ese momento, no tenía. En las favelas en vías de pacificación se registraba una mejor relación de los habitantes con las fuerzas policiales, comunidades más afianzadas y mayor integración de esas zonas con el resto de la ciudad. 

Estos datos se encuentran incluidos en un documento elaborado por IPP al que pueden acceder todos, inclusive Berni. www.politicasdepacificacion.org

Por eso, insisto con la necesidad de aprender de la experiencia brasileña. Nuestro proyecto de ley -que, vale decirlo, es la única propuesta concreta respecto a cómo combatir el narcotráfico e integrar las villas a la Ciudad- logra incorporar los métodos brasileros a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque afortunadamente tiene menos villas y menos narcos, no deja de tener un escenario de profunda gravedad.

Pacificar también es tener un plan

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.