¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?

Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.

Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.

Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.

El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fue interceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.

No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.

De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.

El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.

Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.

El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.