Melina caminaba junto a su novio en la intersección de Pola y Fernández de la Cruz cuando fueron asaltados por un grupo de delincuentes armados. Estos intentaron robarle a Melina la cartera. Uno de ellos le disparó en la cabeza. Luego de cometido el homicidio, los asaltantes corrieron a refugiarse al asentamiento.

Este caso dista de ser aislado. La zona es escenario recurrente de robos cuyos perpetuadores utilizan el asentamiento para refugiarse. A diferencia de otros asentamientos, el barrio Papa Francisco no cumple otra función que la de resguardar delincuentes. Practicamente no hay viviendas allí.

Como trascenció hace unos meses, la toma del predio fue organizada por Antonio Marcelo Chancalay, quien tiene una orden de captura emitida por la jueza Gabriela Lopez Iñigue, un puntero histórico de la Villa 20 que además ocupó un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que posee acciones de una SRL llamada Mach que realizó contrataciones con el Estado (algunas a través de la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, conocida por el escándalo de Schoklender). Chancalay es un peso pesado que pasó por distintos partidos políticos: fue ibarrista, fue macrista y actualmente puso su aparato a disposición del Frente UNEN.

La propia gestación de este mal llamado “barrio” es de carácter absolutamente político, a los efectos de presionar al Gobierno de la Ciudad a destinar fondos a viviendas y subsidios, cosa que este Gobierno está acostumbrado a hacer tanto como lo hace el Gobierno Nacional.

No existe ningun plan real de urbanización de esos terrenos por parte de las autoridades. El legislador Gustavo Vera (que recientemente se desvinculó de UNEN debido al papelón que involucró a Carrió y Pino Sonalas) de la agrupación La Alameda presentó hace unos meses un proyecto de urbanización en el que se establece la necesidad de sanear el terreno debido a que, por haber funcionado como un cementerio de autos, presenta propiedades tóxicas.

El barrio Papa Francisco no está, momentáneamente, en condiciones de ser habitado y por lo tanto el Gobierno no debería permitir que ese asentamiento exista, especialmente cuando su única función resulta ser la de albergar delincuentes.

Es por eso que considero que se debe proceder a demoler todo el asentamiento, perimetrarlo y empezar con el proceso de saneamiento.

Quiero ser claro respecto a esto ya que, episodios como el que protagonizó esta semana el Secretario de Seguridad Sergio Berni, demuestran que, a la hora de referirse a la relación entre pobreza y delito, hay muchas mentalidades susceptibles. El barrio Papa Francisco no es un asentamiento de gente humilde porque nadie vive allí. Se trata de un loteo hecho a mano y algunas casitas donde hoy se ocultan delincuentes como los que mataron a Melina. Hay que tirarlo abajo.

El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.

Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.

Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.

Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.

La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.

Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.

Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.

De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.