Como si no hubiese sido suficiente con las tomas en Parque Indoamericano y Villa 20 en Lugano, ahora tenemos gente acampando nada menos que ante el Obelisco. El mensaje que los ocupantes parecen querer dar a las autoridades es “o urbanizan las villas o convertimos al centro en una villa más”.

Por eso, lo primero, ante todo, es restablecer el orden. Lo segundo es dar una respuesta a estos reclamos que no sólo son legítimos sino que representan a muchas más personas que las que van a ocupar espacios ilegalmente. Es necesario planificar para terminar con la existencia de villas y asentamientos a lo largo de toda el área metropolitana.

El Instituto de Políticas de Pacificación que presido tiene un programa y una agenda de acciones concretas, bien programadas, para evitar ocupaciones ilegales que provoquen más violencia social. Para salir de una vez por todas del cortoplacismo del subsidio constante y de la impostura de dejar crecer a la pobreza y a la informalidad en nuestra Ciudad. Ahí sí que no vamos a tener la necesidad de decir que hay que reprimir las ocupaciones ilegales de espacios.

No se puede esperar a que haya urbanización para que luego haya orden. El orden se debe garantizar constantemente y en simultáneo al plan de acción que garantice, lo más pronto posible, que no haya razones para que nadie quiera reincidir en el absurdo.

Tal iniciativa consiste en un proyecto de ley al que dimos en llamar Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, que propone emular la experiencia realizada en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Río es una de las ciudades más pobladas de Brasil y es la que tiene la mayor cantidad de favelas. Desde 2008 el Estado interviene en estos asentamientos precarios a través de unas fuerzas especiales llamadas UPP -Unidades de Policía Pacificadora- que son escuadrones especializados en combatir el delito organizado. En otras palabras: echan a los narcos de las favelas.

¿Es comparable el problema de las villas en la Ciudad de Buenos Aires al de Río? Si bien nuestra problemática es de proporciones mucho más modestas, el crecimiento acelerado de la cantidad de villas y de la actividad delictiva dentro de ellas nos permite pensar que lo que pasa hoy en Río puede ser el futuro de Buenos Aires si no lo combatimos correctamente.

En Brasil la intervención de las UPPs viene dando buenos resultados. El procedimiento de “pacificación” consiste en dos etapas: primero se saca a los narcos de las villas, lo cual requiere un trabajo de inteligencia policial que tenga en cuenta las particularidades de cada zona (sociales, territoriales y de diversas índoles) de modo tal que se pueda garantizar la reducción del delito sin poner en riesgo a personas inocentes, que son la mayoría de los ciudadanos que habitan en villas y asentamientos. Una vez expulsados los delincuentes de las villas se procede a una segunda etapa, que según la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires consistirá en la instalación en el territorio de UPSs – Unidades de Pacificación Social. Estas estarán coordinadas por funcionarios de la Secretaría de Habitat de la Ciudad y contarán con equipos de trabajo comunitario cuya función será la de asegurar la llegada del Estado a esos territorios. A partir de eso podrá iniciarse el proceso de urbanización, que consistirá en dar servicios públicos, mejorar las condiciones habitacionales y permitir la aparición de escuelas, hospitales, comercios y demás establecimientos fundamentales para la vida de los ciudadanos.

Esto ya se está haciendo en Río de Janeiro y podemos hacerlo en Buenos Aires. Para que la Legislatura trate este proyecto de ley necesitamos reunir 40.000 firmas que equivalen al 1,5% del padrón electoral porteño. Los invito a visitar la página de IPP en Facebook, a leer el proyecto de ley y acercarse a nuestras mesas. Allí estuvimos recolectando firmas desde este fin de semana. Juntos podemos pacificar Buenos Aires y garantizar un mejor futuro: sin narcos y sin villas.

Veníamos hablando del conflicto en el Parque Indoamericano, de las villas, de los asentamientos, de las condiciones precarias de vida en la que siguen estando año a año miles de ciudadanos. También del mal hábito de subsidiar y de la relación simbiótica que se ha gestado entre los gobiernos y parte de la ciudadanía a la que tristemente la han habituado a vivir de dádivas estatales. De todo eso hablamos en las ediciones previas de esta columna.

Nos referimos además a la cultura de nuestros abuelos inmigrantes y del esfuerzo con el que construyeron sus vidas, la de sus hijos y sus nietos (o sea, la gran mayoría de nosotros). Parece un tema totalmente distinto, pero en la Argentina todo está conectado.

Cerca de Parque Indoamericano hubo otras ocupaciones. Más precisamente en el Barrio Pirelli, donde existe un complejo de viviendas que fueron asignadas a sus actuales habitantes durante el 2009. Son principalmente los hijos de estas familias quienes ocuparon el predio destinado a las 40 viviendas que aún no se han terminado de construir y que reclaman su “derecho” a ser beneficiarios de estos nuevos departamentos.

Días atrás, representantes de estos ocupantes visitaron el programa de TN “Palabras +, Palabras -” que conducen Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda. Chicas que promediaban los 18 años hablaban de su derecho a tener una vivienda, motivo de la ocupación.

Por otra parte, en una entrevista de Luis Majul a Marina Klemensiewicz, Secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad, la funcionaria advirtió que no se pueden regalar viviendas como si se tratara de caramelos. Si bien me he expresado varias veces en disonancia con las políticas del PRO (tan mal acostumbrado al subsidio como el propio Gobierno Nacional), hay que reconocer la veracidad de las palabras de Klemensiewicz. Tiene toda la razón.

Cuando escuchaba a las entrevistadas en TN no podía dejar de hacerme esta pregunta: ¿derecho a qué? Hoy por hoy, en Buenos Aires casi no existen personas menores de 30 años que estén en condiciones de ser propietarias. Porque sus sueldos no les dan tranquilidad a los bancos y los bancos no dan préstamos, porque los inmuebles son carísimos, porque la economía es impredecible, etcétera. Es prácticamente imposible que una persona de entre 20 y 30 años tenga una vivienda propia o esté tramitando su obtención.

La edad de emancipación se ha corrido mucho en los últimos años. De esto han hablado bastante los sociólogos. Los jóvenes de clase media, normalmente, tienden a irse de la casa de sus padres (alquilando, desde ya) alrededor de los 25 años. Hoy, alquilar un departamento de dos ambientes ronda los 2.500 pesos. A eso hay que sumarle expensas (cada vez más caras en edificios nuevos) y demás gastos.

Por eso me pregunto, nuevamente: ¿derecho a qué? ¿A que el Estado les de una casa sólo porque ya no quieren vivir en el mismo techo que sus padres? Algunos dirán, y es cierto, que estas jóvenes ya son madres, mientras que las personas de clase media suelen convertirse en padres unos años más tarde y que por lo tanto su necesidad habitacional es más urgente. Ahora, ¿y con eso qué? ¿Por qué eso les da un “derecho” a ser propietarios de una vivienda otorgada por el Estado?

Acceder a una vivienda digna no significa ser propietario. Y mucho menos que sea el Estado el que las otorgue a título gratuito.

Es hora de plantearse de qué hablamos cuando usamos la palabra “derecho”. El derecho a una vivienda digna lo tenemos todos. Las obligaciones contractuales y los requerimientos económicos para ello no debería esconderse debajo de la alfombra. ¿Pueden tener una vivienda estos jóvenes? ¿Por qué estos sí y los otros no?

A nadie se le ocurriría la posibilidad de que los jóvenes de clase media ocupen el Jardín Botánico para pedirle departamentos al Estado. Es un disparate, desde luego, pero que el disparate sirva para pensar.

Por favor, ahorrémonos los lugares comunes bienpesantes (“fachos, les quieren negar derecho de vivienda a los pobres”), porque acá se está hablando del aletargamiento de un facilismo de nuestra política que le está haciendo muy mal a la ciudad y al país.

Estamos hablando de un empobrecimiento ideológico: la convicción de que el Estado debe dar a los que no tienen nada lo que casi nadie (ni clase media, ni clase baja) está logrando conseguir por las vías del esfuerzo. Estoy hablando de nivelar para arriba. De que hasta el más pobre pueda pagarse una casa, pero que se la pague con el fruto de su trabajo.

Los que quieran seguir nivelando para abajo pueden repetir cuanto quieran como un mantra: “Es mi derecho”. Así pierden sentido las ideas.