Nuevamente asistimos a hechos y circunstancias que no alcanzamos a interpretar, comprender o advertir y que solo el transcurso del tiempo nos demostrara que cometimos un error al aceptar determinadas medidas o resoluciones que supuestamente se toman en beneficio de todos.

¿A qué nos estamos refiriendo? En estos días, el Poder Ejecutivo eleva al Congreso Nacional para su tratamiento el nuevo proyecto de telecomunicaciones, que está en abierta contradicción con algunos artículos de la Ley de Medios sancionada en 2013, al contemplar aspectos en la que algunas empresas de telefonía podrán acceder a servicios que en la anterior legislación no podían prestar.

Este es un tema muy delicado y de difícil compresión para el común de las personas que no tengan un conocimiento muy acabado de todo lo que a ello se refiere e infiere, por las serias consecuencias en todo lo que hace a la libertad de expresión, el conocimiento y la educación, cuyas implicancias futuras son muy difíciles de cuantificar. Por otra parte se favorece, facilita y promueve la conformación de un monopolio liderado por un grupo empresario extranjero.

Solo a modo de ejemplo a tener en cuenta, nos basta recordar cuando durante la Presidencia del Dr. Menem se dispuso el rebalanceo de las tarifas telefónicas, que supuestamente apuntaban a beneficiar a las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos, consecuentemente beneficiaba de manera muy especial a las economías regionales.

El rebalanceo fue motivo de acaloradas discusiones, fuertes debates y encontradas posiciones en las que se exponían argumentos a favor y en contra. Ello generó, cuando finalmente se aprobó dicha iniciativa, que surgieran dudas en cuanto a la transparencia de cómo la misma se había negociado y tramitado, inclusive fue motivo de investigaciones en España sobre supuestos sobornos en los que habría estado comprometida una empresa de esa nacionalidad y a sus más altos directivos, investigación que estuvo a cargo del entonces juez Baltasar Garzón.

Independientemente de todos los aspectos que pudieren ser considerados, sí es una realidad indubitable e insoslayable que el mismo generó ganancias para las empresas que excedieron las que debían ser las equitativas y justas.

Ahora en esta oportunidad, como en la anterior del rebalanceo, se aduce que esta modificación tiene por objeto “favorecer a los pequeños y medianos operadores por cable”, que son quienes conforman e integran a nuestras economías regionales, sofisma que vuelve a encubrir un beneficio para empresas multinacionales, ocultando su verdadero propósito que es el de desmantelar un supuesto monopolio nacional, para favorecer a otro extranacional.

Evidentemente hoy nuevamente asistimos a como de manera sorpresiva las empresas de telefonía vuelven a ser favorecidas, aparentemente sin fundamentos suficientemente bien explicitados que sustenten tales beneficios.

Por qué este apremio en sancionar este nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones que contradice en algunos aspectos la Ley de Medios también sancionada por este mismo Gobierno? ¿Que propósitos encubre? ¿No sería más conveniente, sensato y beneficioso que en esta oportunidad fuéramos más cautos y nos detuviéramos a estudiar con profesionalidad, analizar con tiempo y en profundidad los pros y los contras antes de que fuéramos quizás defraudados nuevamente en nuestra buena fe? Por todo lo expuesto no renunciemos a la experiencia olvidando, ya que como bien dice el antiguo refrán español: “No hay muerte como el olvido”.