Por la importancia e implicancias tanto económicas como sociales que revisten el futuro tratamiento de las tarifas de los servicios públicos y en particular para las economías regionales, consideramos conveniente y oportuno hacer este informe que es el comienzo-introducción de una serie de notas que vamos a ir publicando en Infobae sector por sector. No dudamos que muchos son los intereses corporativos que se mueven y se moverán alrededor de este tema, pero la transparencia de su tratamiento incide de forma concluyente en la calidad de vida de todos los argentinos.
Inexorablemente ahora o dentro de unos meses deberán ser tratadas todas las tarifas de los servicios públicos que hace varios años que se encuentran retrasadas, aunque en casi todos los casos están compensadas con subsidios a las empresas prestatarias. En otros casos la flexibilización tarifaría proviene en dejar libres a las empresas para que fijen las tarifas en otras áreas o actividades que estas explotan.
Sin embargo, por otra parte en algunos casos muy puntuales estas tendrán que ser motivo de estudios muy exhaustivos ya que en el momento de su negociación se introdujeron condiciones particulares que teóricamente apuntaban a favorecer a las economías regionales. Dichas condiciones ya en aquel entonces fueron cuestionadas por algunos sectores en cuanto a la transparencia de cómo se gestó su inclusión, como así también en cuanto a la equidad de las mismas.
El tiempo, ese justo juez, nos esta demostrando que estas normas tarifarías dieron y dan por resultado beneficios extraordinarios para las empresas concesionarias. Aquí corresponde detenernos para hacer una importante reflexión: cuando llegue el momento de las renegociaciones tarifarias, hay un hecho a considerar de fundamental importancia, que se da en muchas empresas trasnacionales: en sus países de origen están sufriendo graves quebrantos, motivados por la crisis económica y de desocupación que hoy amenaza a muchas naciones de Europa.
Para compensar esta difícil situación, inclusive en algunas ocasiones remitieron y/o remiten encubiertamente (con la consiguiente evasión impositiva) a sus metrópolis ganancias extraordinarias que obtuvieron y aun hoy obtienen en nuestro país y que las están incrementando con duros ajustes, que en algunos casos alcanzan a sueldos, como así también a la disminución de personal argentino y a dilatadas demoras en los pagos a proveedores. A esto debemos sumar notorias políticas de desinversión, que se traducen en desmejoras de los servicios que prestan.
Ejemplos a tener muy en cuenta son los de Aerolíneas Argentinas e YPF, ambas empresas fueron literalmente vaciadas y desguasadas por sus propietarios extranjeros, antes de que pasaran al Estado nacional. Estos hechos deben ser un alerta permanente a fin de evitar la repetición de episodios de similares características.
Por lo expuesto y por la gravedad de la situación económica que viven hoy los países centrales, es que debemos estar muy atentos y ser muy cautos ante cualquier actitud o accionar de las empresas multinacionales radicadas en nuestro país, ya que sus decisiones empresarias por imposición de sus casas centrales las pueden llevar a importar las crisis que ellos sufren en sus países de origen.
Por último, debemos puntualizar como acertadamente dijo la Presidenta de la Nación, que “Es función indelegable del Estado la regulación y contralor de las tarifas a renegociar, ya que hace al justo equilibrio entre las empresas prestatarias de servicios y los usuarios.” En este punto vale recordar, en concordancia con los dichos de la mandataria, lo que decíamos nosotros en noviembre del 2007 en cuanto a las tarifas de los servicios: “En el nuevo esquema económico que presenta la Argentina, es necesario encarar una renegociación sector por sector, discriminando áreas geográficas, e incluyendo una tarifa social que cubra a determinados segmentos poblacionales para evitar que las subas afecten a las familias de menores ingresos. Preocupación permanente y manifiesta del actual gobierno. A su vez, en esas renegociaciones habrá que redefinir contratos, prestaciones de las empresas y nuevas inversiones “. Sintetizando: esto sin duda deberá ser estudiado, tratado y corregido en audiencias públicas para que la transparencia y la equidad sean los árbitros de las futuras negociaciones.