(Una digresión: ¿Qué necesidad lleva a la realización de un spot de campaña de Mauricio Macri y su Gobierno pagado con fondos estatales? ¿El spot de la empanada provee algún tipo de información relevante o se trata solamente de la continuidad de las publicidades electorales en tiempo no electoral y realizado con fondos públicos? ¿Es una distribución de la pauta oficial pero sin sentido informativo, sin utilidad pública ni social alguna, un mero intento de alcanzar una imagen simpática del oficialismo en medio del ajuste que lleva adelante y que sufren, en particular, los sectores populares? El spot de la empanada se trata de las innecesarias cadenas nacionales kirchneristas por otros medios).

Los personajes del spot son presentados de manera individual, para ello se disecciona —falsariamente— el proceso de producción social del trabajo en el país. Mientras los reductos campesinos se ven cada vez más amenazados, no sólo por el avance agrosojero y el impulso terrateniente que implica, sino incluso a través de bandas paramilitares que expulsan a los pequeños productores de sus tierras a punta de pistola, como sucede de manera frecuente en la provincia de Santiago del Estero (este año el Movimiento Campesino de Santiago del Estero —Mocase— denunció que la empresa Manaos intentó avanzar sobre los dueños de las tierras en Quimilí), el proceso de industrialización agraria se muestra como realizado por individuos. De ese modo, un tal Edgardo cría las vacas, Nilda planta cebollas y Pablo —que se presenta en una línea fordista de producción— cosecha papas. El proceso de apropiación del trabajo de los obreros agrícolas realizado por empresarios de la rama se ve camuflado, como si se tratara de pequeños productores, aunque deja entender que en realidad es gran producción agraria.

La invisibilización del empresariado permite ocultar su rastro destructivo: cuando el spot muestra la producción avícola (necesaria para el huevo de la empanada), es imposible desligar la imagen del drama laboral de Cresta Roja, quebrada falsamente para despedir a dos mil obreros y puesta a producir en condiciones precarias luego de la represión que ejerciera el Gobierno de Macri sobre sus obreros. El día que Macri anunció en Cresta Roja el veto a la ley antidespidos, los obreros avícolas habían realizado un paro por la falta de pagos de sus salarios, que fueron abonados antes de que el Presidente realizara su anuncio.

El spot de la empanada no sólo se ocupa de mostrar y ocultar al mismo tiempo el proceso social de producción, sino que indica cómo se ve a sí mismo el Gobierno y algunas instituciones. “Necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas”, dice el locutor y así da cuenta de la visión de un Estado ajeno a la producción, pero que debería hacerse cargo de la gestión que la permita. Sin embargo, también oculta que con una política que no implique la reorganización industrial del ferrocarril, el Gobierno solamente eternizará el esquivo método camionero como el principal modo de transporte, una forma retardataria de la producción que es más cara que el ferrocarril y que destruye la infraestructura vial —al promover la obra pública a los adjudicatarios gubernamentales de siempre, nuevos beneficiarios del viejo capitalismo de amigos. Baste señalar que es la única intervención en el spot en la que se menciona las tareas del Gobierno.

Sin embargo, luego, con la imagen de un brazo en remera y otro con camisa o delantal blanco que estrechan sus manos (y detrás, un escritorio y una computadora; más lejos, el cuadro de un título profesional), el spot apela a su visión del sindicalismo: “Gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan”. ¡Pero la imagen da cuenta de una consulta en una obra social! No es de extrañar que las burocracias sindicales hayan levantado su amenaza de paro en función de mayores fondos a las obras sociales, que, se sabe, contribuyen a la riqueza personal de los dirigentes parasitarios de los gremios de los trabajadores. Otra vez, para el macrismo, los sindicatos deberían ocuparse de la gestión (“cuidado”) sanitaria de los trabajadores y no ser entidades de lucha por las reivindicaciones de los sectores laboriosos: al oficialismo le gusta la imagen de gremios mansos. De cualquier manera, el locutor alude a la gomería de Fabián, sin saber que los trabajadores de las gomerías y los obreros de las plantas del neumático acaban de ganar su sindicato nacional con una dirección clasista (el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina — Sutna— fue recuperado de la burocracia sindical k de Hugo Yasky y Pedro Wasiesko a manos de una lista encabezada por militantes del Partido Obrero, con lo que se logró que la izquierda dirigiera un sindicato industrial nacional después de sesenta años) y que, en el acto del primero de mayo, su nuevo secretario general, Alejandro Crespo, anunció que su gestión tendría como objetivo cumplir los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores y aportar a la perspectiva de un gobierno obrero.

La línea final del spot de la empanada pronunciada por el presidente Macri señala la adscripción gubernamental a la utopía reaccionaria (por su falsedad estratégica) de una sociedad sin conflictos en la que existiría una comunión de intereses nacionales entre los distintos sectores que forman la nación. “Todo es posible juntos” es un eslogan demagógico: no existe una sociedad uniforme, sino que está atravesada por las diferencias de clase. El Gobierno de Mauricio Macri lo visibiliza de la mejor manera: los grandes beneficiarios de sus cinco meses de mandato son los empresarios, mientras quienes sufren el ajuste pertenecen a la clase trabajadora. No hay posibilidad de un “juntos”: el macrismo impulsa cada vez más al choque de clases.

Para finalizar, no es menor que la voz que guía el relato de la publicidad oficial pertenezca al actor Luis Brandoni, quien en esa obra mayor de la cinematografía local llamada Esperando la carroza definiera a la miseria mediante la imagen de tres empanadas. En época de despidos, inflación y ajuste gubernamental, el spot explica la sociedad mediante la exhibición de una solitaria y devaluada empanada nacional, dura definición autocrítica del horizonte de expectativas de las políticas macristas.

No podría causar sorpresa. La política devaluatoria incidió directamente sobre la capacidad adquisitiva de los salarios, que fueron a la baja, incluso en los sectores medios, en el marco de una tendencia inflacionaria alcista que aún no se detiene. No sólo eso: las tarifas de los servicios básicos de luz, gas y agua se multiplicaron de manera desorbitada y se acusó a los sectores medios de haber sido subsidiados injustamente frente a otros segmentos sociales del interior del país, que también tuvieron incrementos en sus boletas de servicios, paradojalmente.

Los aumentos mensuales de los combustibles no sólo incidieron en los bolsillos de quienes manejan automóviles de manera cotidiana, sino que afectaron a toda la cadena de producción, lo que llevó a la tendencia inflacionaria alcista al paroxismo. Sólo en el ámbito de los trabajadores de la construcción hubo 70 mil despidos en estos primeros meses del Gobierno de Macri, que se niega a usar las partidas de presupuesto para obra pública que podrían alivianar esta situación de desocupación.

De este modo, los estratos medios y medios bajos que le habían entregado el triunfo a Macri registraron rápidamente los efectos del ajuste de su Gobierno, de manera tangible, experiencial y negativa para las condiciones de existencia que habían alcanzado.

Tal vez la mayor muestra de ruptura con los sectores medios que habían votado a Macri se mostró a través de la intensa lucha de la universidad en su conjunto, liderada por los gremios docentes y a la que se sumaron estudiantes, no docentes y hasta autoridades, aunque con posicionamientos diferentes. Ante el anuncio del aumento equivalente a cero del presupuesto universitario y la negativa de aumento salarial a los docentes —en la Universidad de Buenos Aires (UBA) existen doce mil docentes ad honorem, es decir, que cobran nada por impartir sus conocimientos—, la comunidad universitaria salió a la lucha. Se decretó el paro, pero con clases públicas cortando calles, para de esa manera involucrar al estudiantado en el reclamo. Se dieron clases en trenes y subterráneos en movimiento, en el patio de comidas del Unicenter Shopping, en las calles circundantes a la vanguardista Facultad de Filosofía y Letras del barrio de Caballito, en la avenida San Juan de la de Sociales, en la de Independencia que corresponde a Psicología —las tres tomadas por los estudiantes— y hasta en la Facultad de Derecho, una de las más numerosas y siempre representativa del humor social por la extensión de su alumnado y profesorado. Allí hubo, por primera vez en más de una década, un paro.

La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad fue tomada por los estratos medios como una bandera de lucha irrenunciable. Y el jueves 12 se produjo una movilización universitaria como no se veía desde 2001, cuando Ricardo López Murphy anunció el recorte para las universidades durante el efímero Gobierno de Fernando de la Rúa.

Por primera vez en quince años se movilizaron todos los gremios universitarios, incluso los dirigidos por el kirchnerismo. Sin embargo, hay que hacer notar que tales sindicatos habían decidido no ir hacia la Plaza de Mayo, es decir, no realizar el reclamo en el centro del poder político. Querían quedarse en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación. Así lo hicieron mientras decenas de miles de manifestantes llegaron a la Plaza de Mayo para manifestar su descontento con el Gobierno macrista. La izquierda que dirige los sindicatos docentes y los centros de estudiantes combativos había marcado el rumbo de los reclamos.

Los sindicatos habían realizado una gran movilización el 29 de abril contra la política de desempleo del Gobierno macrista, aunque sin llamar a un paro. Los universitarios, hijos de la clase media, hicieron lo propio en un contexto de paros, cortes de calle y manifestaciones multitudinarias que culminaron el jueves en la Plaza de Mayo.

¿Hay una ruptura del Gobierno de Mauricio Macri con los sectores que lo habían votado? Es muy probable. Macri debería tener en cuenta que el ocaso del Gobierno de De la Rúa comenzó con las movilizaciones estudiantiles contra López Murphy. Y debería tener en cuenta que, a diferencia de De la Rúa, que siempre contó con la paz sindical a su favor, el Gobierno de Macri ya convocó a las multitudes gremiales en repudio a sus políticas. Toda señal de alarma en medio de una crisis económica que no cesa debería ser tenida en cuenta como prioridad.

Hay una infinidad de hechos que muestran más similitudes que diferencias entre las políticas estratégicas del macrismo y las del kirchnerismo. En primer lugar, hay que señalar que ambas tendencias promovían la devaluación, que es la marca y seña de toda política de este período y es, principalmente, una confiscación de los salarios de los trabajadores en función de medidas de recuperación procapitalista en medio de la crisis económica. De este modo, la devaluación llevada adelante por Alfonso Prat-Gay solamente podría haber sido muy similar a la reclamada y anunciada por los economistas de Daniel Scioli, Mario Blejer o Miguel Bein, además de que fuera saludada luego de realizada por el principal asesor sciolista, Gustavo Marangoni. Más allá de esta información esencial, revisemos algunos episodios que reafirman la caracterización de “ajustadores” que viene bien para macristas o kirchneristas y que fue la causa por la que muchos llamaron a votar en blanco —una buena manera de evitar el voto a los propios verdugos.

El ajuste realizado en las provincias gobernadas por el kirchnerismo nada tiene que envidiar al realizado a nivel nacional por el macrismo. Los docentes de Santiago del Estero realizaron dos meses de huelga debido a la negativa a subir sus salarios por parte del clan Zamora —aquel gobernador de origen radical que se plegó con todas las plumas a las huestes k— y que culmina por estos días con algunos triunfos parciales, luego de movilizaciones históricas para la provincia y también de la represión gubernamental.

Qué decir del ajuste en las tierras de la mismísima Alicia Kirchner, hermana del ex Presidente fallecido y miembro supernumerario del movimiento fundado por aquel. Las medidas contra el salario de los trabajadores estatales, docentes y mineros, acompañadas por el despido de miles de trabajadores de la construcción de las empresas de Lázaro Báez, socio de la ex pareja presidencial, convirtieron a la provincia en un polvorín a punto de estallar. Las organizaciones sindicales y políticas de oposición al kirchnerismo y al radicalismo se unificaron y llevaron el jueves 5 una jornada de protesta que cortó los accesos a la provincia. La protesta contra el ajuste kirchnerista de Alicia se profundiza cada vez más.

Aún más notorio y salvaje es el ajuste llevado adelante por la kirchnerista Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego, que quiere imponer un régimen de baja de salarios, suba de la edad de jubilaciones y despidos —en medio de suspensiones en la industria metalúrgica privada— que provoca una huelga de más de dos meses de docentes y estatales. El último episodio de protesta incluyó escenas de alta violencia, ilegalidad y feroz represión cuando se apresó a dirigentes sindicales de los reclamos en la oscuridad de la madrugada —algo prohibido por el Código Procesal fueguino. Los gremialistas fueron liberados luego de dos días de detención e incomunicación, bajo la advertencia de que no podían acercarse no sólo a los lugares de protesta de sus compañeros de trabajo, sino que debían evitar estar a menos de cien metros de cualquier repartición pública y ni siquiera se les permitió salir de sus hogares después de las diez de la noche, en un sucedáneo de los regímenes de libertad condicional. El viernes 6, una movilización de miles en la noche más austral planteó una vigorosa respuesta del movimiento de los trabajadores contra el ajuste k.

La devaluación, la inflación, las decenas de miles de despidos y, en definitiva, las políticas de ajuste —ataque contra las condiciones de existencia de los sectores laboriosos y populares— forman parte del programa de Gobierno macrista. Se replican allí donde gobiernan los kirchneristas, aunque si se le pregunta a un kirchnerista si está dispuesto a denunciar el ajuste de Alicia Kirchner, su respuesta se irá por las ramas más diversas. El centro de la situación política en el período inmediato se encuentra en la necesidad de imponer una derrota a las clases trabajadoras, que muestran disposición a movilizarse en defensa de sus derechos, para imponer el ajuste nacional macrista como los ajustes provinciales kirchneristas. El voto en blanco demuestra su justeza y plantea la necesidad de la construcción política alternativa para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino sus responsables gubernamentales y empresariales, de uno u otro signo.

El primer acto mundial en conmemoración de esa lucha —y de reivindicación de sus objetivos y de homenaje a sus luchadores— se cumplió en la Argentina con rigurosidad. En el Prado Español, ubicado en la actual plaza Francia, más de dos mil trabajadores de diversas nacionalidades y de adscripciones socialistas y anarquistas realizaron el acto al mismo tiempo que se celebraba en las principales capitales europeas y en varias ciudades estadounidenses. La clase obrera argentina, constituida por trabajadores del más diverso origen, se plegaba a la clase trabajadora internacional en una acción global y política en función de sus objetivos históricos estratégicos. Una tradición —no en el sentido fetichista o folclórico del término, ya que supone una jornada de lucha por la perspectiva de estructuración política de la clase— que se mantiene hasta hoy.

Sin intención de realizar una historia de los primeros de mayo en el país, dejaremos anotado, de cualquier manera, que sus conmemoraciones sufrieron represiones y muertes durante los primeros años del siglo veinte, que las distintas dictaduras prohibieron su celebración, que el peronismo cambió su carácter para considerarlo como Día del Trabajo y elegir reinas de belleza populares, y que, en general, el sentido histórico de la fecha sólo fue sostenido por la izquierda mediante actos en distintos lugares públicos o clandestinos. Luego de la crisis de 2001, la izquierda logró ocupar el centro político del país —la plaza de Mayo— para la realización de la jornada política del primero de mayo. Allí se plantearon durante estos últimos años no solamente los reclamos políticos de los trabajadores argentinos, sino que se pusieron de relieve las luchas de la clase obrera de otras naciones, en la seguridad de que no hay fronteras que separen los objetivos estratégicos de los sectores laboriosos y que se trata entonces de una lucha internacional.

En el último período, el Frente de Izquierda —que logró fisonomizarse como la expresión política de la izquierda y los trabajadores y obtuvo los más grandes logros políticos de este sector— fue el convocante al acto del primero de mayo en la plaza. Un hecho que se repetirá una vez más el próximo domingo.

Un sector del Frente de Izquierda decidió no participar del acto en plaza de Mayo para realizar otro el sábado, frente a la embajada de Brasil. Más allá de las consideraciones políticas de la decisión —que implica una subordinación a la defensa del Gobierno del Partido de los Trabajadores brasileño, que incluye el abandono del centro político argentino y se transforma en una postura que atenta contra el desarrollo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores como tal—, se podría señalar que incurre en una posición ajena a los métodos históricos de la clase obrera. El frente único en defensa de la estructuración de los trabajadores como alternativa política en el país requiere poner el empeño para lograr ese objetivo. La izquierda conoce de debates en tribunas populares y el domingo se asistirá a la discusión pública sobre el carácter del impeachment de Dilma Rousseff en Brasil: el Partido Obrero, por caso, lo caracteriza como un golpe institucional y plantea que los trabajadores brasileños deben llamar a un congreso para intervenir de manera independiente en la crisis. Izquierda Socialista, otra fuerza del FIT, señala que no se trata de un golpe. La unidad lograda por la izquierda en función de los planteos políticos de los trabajadores no esquiva, y hay que valorar positivamente este hecho, la confrontación pública de ideas contrapuestas en el marco de una lucha común.

Una necesidad fuertísima en medio del ajuste del Gobierno macrista y cuando el kirchnerismo —que ajusta allí donde gobierna— intenta conformarse como “la oposición”. Frente a ello, la izquierda —y su expresión política, el Frente de Izquierda— debe fisonomizarse como la verdadera oposición independiente tanto del oficialismo como de los personeros del anterior Gobierno. El primero de mayo en el país servirá, una vez más y en la plaza de Mayo, para mostrar cómo la lucha de los trabajadores aceiteros logró un 38% de aumento salarial y cómo el paro de los bancarios provocó un aumento del 33%, mientras las burocracias sindicales se niegan a un paro contra los despidos, la inflación y los tarifazos que asolan a los sectores populares de la Argentina. El primero de mayo de 2016 tendrá en el país el carácter de una jornada de lucha y constituirá, entonces, el ascenso de un peldaño más hacia la construcción de la izquierda como una alternativa política para la nación y, especialmente, para sus trabajadores.

Antes que nada, hay que resaltar que los beneficios y la amabilidad de la aplicación para celulares, como tal, es muy positiva. Sin necesidad de llamar, se obtiene transporte sin demasiadas demoras y con tarifas convenientes en relación con las establecidas por las estipulaciones de los taxímetros. Por otro lado, el registro del usuario y su tarjeta de crédito evitan no sólo el uso de dinero en efectivo, sino que previenen de ese modo los asaltos en los taxis, una modalidad que —si bien es minoritaria— existe.

Nadie podría oponerse a la llegada de la tecnología, sus avances y sus desarrollos, salvo a riesgo de adscribir al ludismo, corriente de personas que ante los avances de la Revolución Industrial se dedicaban a destruir maquinarias porque atentaban contra los métodos de trabajo de antaño. Sin embargo, estos beneficios —la superficie— no señalan lo que subyace bajo Uber.

Existe una regla que indica que cada uno se presenta al resto como quisiera que lo vean, aunque esta percepción diste de la realidad. Tal es el caso de Uber, que no es tan sólo una aplicación o red social, sino que se trata de una de las empresas de mayor crecimiento en el último período, a la vez que se instala como una de las que obtiene mayor facturación. A diferencia de otras aplicaciones o redes sociales —cuyas ganancias se plantean a través de publicidad o planes a futuro—, Uber cobra el 25% del valor de cada viaje realizado, un porcentaje elevadísimo si se tiene en cuenta que lo que provee es simplemente un servicio tecnológico. La empresa no contrata a los choferes, sino que los incorpora a un staff bajo la falsa denominación de socios. De ese modo, no sólo no paga cargas sociales —como obra social, aportes jubilatorios ni de ningún tipo—, sino que alienta la evasión de cualquier tipo de regulación.

Su método es el mismo de los esquemas comerciales piramidales de personas que venden tuppers, suplementos dietéticos o cualquier emprendimiento que quiere ocultar la relación de dependencia con las personas, a las que extrae beneficios por su trabajo. No se trata ya de pagar malos sueldos, sino de directamente no pagarlos. Por otro lado, no sólo no tributan al Estado nacional donde Uber se maneje, sino que los fondos se trasladan a cuentas en paraísos fiscales europeos. Los choferes de Uber no gozan de aportes patronales ni seguridad social, ni tienen derecho a vacaciones pagas, ni a ningún derecho que se haya ganado durante la historia nacional de las clases subalternas.

De cualquier manera, no es algo que no se desestime: desde diciembre se lleva adelante en Londres un juicio entablado por cuatro choferes de Uber contra la empresa para que reconozca su rol patronal y que de ese modo admita los aportes que correspondan y el derecho a vacaciones pagas. Un juicio determinante para que la aplicación reconozca su rol empresario y los deberes que tal función implica. En Brasil se realizó la primera huelga de choferes de Uber, que apagaron el uso de la aplicación en demanda de que baje el porcentaje que cobra la empresa por cada viaje. Son síntomas del rechazo a los abusos en la relación con los choferes.

¿Implica esto que es mejor el régimen existente para los peones de taxis? De ninguna manera. Es uno de los sistemas de mayor explotación vigentes. Los choferes de taxi deben trabajar entre 14 y 16 horas por día para alcanzar salarios equivalentes a 8 mil o 10 mil pesos por mes, luego de entregar mil pesos por día en concepto de alquiler a los dueños de los taxímetros. Esto no es sólo denigratorio para las condiciones de cualquier tipo de trabajo, sino que pone en riesgo la salud de los choferes y la de los propios pasajeros, ya que tantas horas de sometimiento laboral podrían redundar en accidentes de tránsito. El sindicato de taxistas hace la vista gorda a esta situación debido a sus vínculos íntimos con los dueños de flotas de taxis —es conocido que el mismo Omar Viviani está relacionado directamente con tal negocio. Además, las paradas de taxis en terminales de ómnibus, aeropuertos y sitios turísticos están regenteadas por mafias que no excluyen manejos delictivos. Otra vez, las cúpulas sindicales son cómplices de este estado de las cosas.

Más allá del debate producido por la oposición del gremio de los taxistas a la implementación de Uber, la discusión revela las condiciones oprobiosas en las que se desarrollan las posibilidades laboriosas de los choferes de los taxis o de Uber. Si este debate sirve para clarificar esa situación y ayuda a que los peones de taxis se propongan superar a sus podridas direcciones sindicales y a los choferes de Uber a demandar por sus derechos, entonces la discusión habrá sido productiva.

Imposible evitar el discurso político cuando la inflación amenaza con dar un salto exponencial luego de los tarifazos en las facturas de energía y transporte. De un día para el otro viajar hacia el trabajo o hacia cualquier destino cotidiano costará el doble —cuando los salarios no aumentaron en esa proporción ni por asomo— o prender la luz, usar la estufa, llamar por teléfono o bañarse tendrán también un aumento sideral en sus costos —cuando los salarios no aumentaron en esa proporción ni por asomo. Imposible evitar el diálogo político cuando una ola de despidos se cierne sobre los ciudadanos mismos, los vecinos, los amigos de los amigos, los parientes. Y mientras tanto suben los precios de los artículos de la canasta familiar a un ritmo prepotente. Es de esta manera que se manifiesta en estos lares el ajuste. De un modo brutal.

¿Y cómo cesar en la conversación política cuando finalmente se apresa a Jaime, a Ricardo Jaime, a un coimero? Nótese que no se utiliza el potencial ni las comillas para denominar a Jaime como coimero, ya que así fue señalado por la Justicia y no hay agravio en usar el término sino sencilla y simple realidad. Un coimero. Un funcionario que aceptaba dádivas a cambio de favores políticos. Una imagen de lo despreciable y lo nefasto. Jaime, hay que recordar, había sido condenado y excarcelado por la Justicia debido a su papel de coimero, aunque condenado nominalmente por esos actos execrables. También había sido condenado por su responsabilidad en la masacre de Once, que costó 51 vidas y sin embargo seguía en libertad, ya que la condena no era firme. Tuvo la Justicia que detenerse en los millones de euros pagados para comprar vagones chatarra para detener a un monstruo de la corrupción, que ni bien fue detenido adujo que no era suya la responsabilidad, sino que le correspondía a Julio de Vido y a la pareja presidencial de los Kirchner. Es posible. Sin embargo, el coimero hoy está preso y con justicia lo está.

Cuando, entonces, llegan a las mesas de los cafés y los momentos de distensión en la oficina y los almuerzos ejecutivos y todos lados los #PanamaPapers que desatan la fiebre por saber cómo se fuga y por qué el dinero de nuestro país. O por qué se crean empresas en el exterior en lugar de inscribirlas como todo hijo de vecino en el Banco de la Nación Argentina. O por qué se mudan dineros a ciudades que son sede de los paraísos fiscales en las Bahamas, las Seychelles, Gran Caimán o Uruguay antes que el propio país. El esfuerzo investigativo producido luego de la filtración que mostró el modo de accionar de Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en registrar compañías fantasma en lugares propicios para el lavado de dinero o la evasión impositiva. Un accionar que roza al presidente Mauricio Macri, que fuera director de compañías con sede en las Bahamas o en Uruguay y que de este modo se proclama como un objeto de sospechas. La misma titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, había señalado un par de años atrás que el modo de lavar dinero tenía como una instancia primordial la constitución de empresas en paraísos fiscales. Hoy Alonso se arrepintió y defiende al Presidente antes de cualquier investigación. Sin embargo, sus palabras anteriores quedan. No hay manera de que el manto de sospechas sobre Mauricio Macri o el grupo familiar empresarial que integra (y el silencio sobre sus actividades en empresas offshore al convertirse en funcionario público) cesen sin un adentramiento adecuado en el mecanismo de las compañías de su familia.

Cuando de repente se apresa a Lázaro Báez, el hombre que pasó de ser cajero en un banco a multimillonario de la obra pública en Santa Cruz. El hombre que pasó la última noche de Néstor Kirchner antes de su fallecimiento junto a su esposa y la entonces presidente Cristina Fernández. El hombre que construyó el mausoleo en el que se depositaron los restos del ex Presidente y quien colocó una placa donde se define como amigo del fundador del kirchnerismo. El hombre que fue señalado por la investigación periodística de Jorge Lanata y su equipo como la cabeza de un entramado de lavado de dinero, que finalmente fue la causa por la que hoy se encuentra detenido en el penal de Ezeiza. Uno de los símbolos de la corrupción afiebrada del kirchnerismo. La detención de Báez involucra al círculo íntimo de la ex pareja presidencial. Porque Báez es Néstor y Néstor es Cristina. Con los riesgos que ello implica.

Todo esto en el transcurso de unos pocos días, que no fueron ajenos a la movilización de los sectores laboriosos como los trabajadores estatales contra los despidos, los obreros industriales alimenticios en Pilar por aumento de salarios o los docentes de todo el país para reclamar el incremento de sus sueldos. Dice un dicho —o una maldición— “Ojalá que vivas tiempos interesantes”. Interesantes son los tiempos que vive hoy la Argentina. Ojalá que la detención de Lázaro Báez no oculte la vinculación de Mauricio Macri con los #PanamaPapers, que la detención del coimero Ricardo Jaime no oculte el tarifazo, los despidos o la inflación. Sólo de este modo la ciudadanía estará en condiciones de elaborar un balance sobre estos tiempos interesantes en los que la política atraviesa no sólo los diálogos sino también las conciencias.

El pago a los fondos buitre muestra un estatuto colonial en cuanto a la trastienda que devino tal acuerdo: como nunca antes, es un juez de un distrito estadounidense —no ya su Estado— el que estableció las condiciones para su rúbrica. Un estatuto al que todas las fracciones del oficialismo y la oposición k se sumaron bajo la excusa de que tal pago habilitaría el ingreso de capitales que hoy serían retaceados al país. La visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es el último eslabón requerido para el establecimiento de este gran acuerdo nacional. Sin embargo, las esperanzas de los promotores del pago para recibir empréstitos que ayudarían a la nación se sustentan sobre falsas expectativas.

Uno de los primeros anuncios del ministro Alfonso Prat-Gay había sido el préstamo de distintos bancos extranjeros que alcanzaba los cinco mil millones de dólares. A la fecha, tres mil millones de esos fondos ya se han ido de la Argentina en concepto de giros de utilidades o pago de importaciones financiadas. Ese tipo de pago acumula otros veinte mil millones de dólares en espera de ser realizados. En el marco de una tendencia internacional que indica que los flujos de capital se dirigen a las reservas nacionales de Estados Unidos u otras naciones centrales —y no en forma de inversiones en los países periféricos—, lo más probable es que asistamos a préstamos internacionales cuyo fin será el establecimiento de una fuga masiva de capitales de la Argentina.

Ni qué decir de las condiciones en que los empréstitos —que propiciarán la fuga— llegarán al país: con tasas de interés usurarias. Se estima que la tasa de interés en dólares sería del 7%, con una equivalencia en pesos que rondaría entre el treinta y el cuarenta por ciento. Un verdadero desfalco para fondos que ni siquiera se introducirían en un ciclo productivo nacional. Otra vez la Argentina iniciará un ciclo de deuda para pagar deuda, que, a la vez, promoverá la fuga de capitales. Sería claramente una “lose-lose situation”.

El punto nodal para explicar las condiciones desfavorables de un ciclo de endeudamiento se encuentra en las condiciones de la crisis económica mundial, que no se retrae sino que se profundiza —y que amenaza a nuestros principales socios económicos y vecinos. Brasil se encuentra en bancarrota. Una condición que será aprovechada por los grandes capitales internacionales para obtener beneficios. No sólo se trata de acabar con el nunca desarrollado plan de industrialización brasileña, sino que implicará el desguace de Petrobras en manos de compradores externos —una medida que no cuenta con la oposición de la opinión pública, en principio, dado el desprestigio inconmensurable de la compañía, que es el centro de un escándalo estatal de corrupción que llega al centro mismo del Gobierno. Todo esto en el contexto del descenso de los precios de los commodities y las materias primas, situación desfavorable que Brasil comparte con nuestro país, y el descalabro de la industria del acero, cuyo eje central se encuentra en las exportaciones obligadas que se realizan de tal material desde China, fuente central de empréstitos a nuestros vecinos. El momento de la crisis económica mundial marca el clímax de pronósticos perturbadores para las economías regionales e introduce a Brasil como una amenaza explosiva. Y se sabe que si Brasil estornuda, a la Argentina le agarra dengue.

El jefe de la bancada de senadores kirchneristas justificó su voto en la hipótesis de que así lo hubiera querido Néstor. No es un dato menor, sino que debe servir a la ciudadanía para comprobar que las consecuencias desastrosas de las decisiones económicas no son sólo responsabilidad del oficialismo macrista, sino que es compartida con el kirchnerismo en retirada. Una conclusión que deberá incluirse en el balance necesario para enfrentar la crisis que vivimos y la que se viene con mayor profundidad.

Por ejemplo, ese recurso le permitía a Ricardo Forster —profesor de filosofía y uno de los miembros más conspicuos de Carta Abierta— denunciar ecológicamente el traslado de los árboles de la avenida 9 de Julio para la construcción del metrobús y no decir ni pío acerca de la lucha del pueblo de Famatina, reprimido por el kirchnerista Luis Beder Herrera, contra la contaminación megaminera. O procesar a los militares responsables de desapariciones y otras aberraciones durante la última dictadura y hacer caso omiso y sostener en su puesto al elegido de Cristina al frente del Ejército, César Milani, denunciado por varias personas por su acción represiva en La Rioja durante los años oscuros. O exhibir a un niño jujeño que recitaba en Tecnópolis “No te burles de un colla”, mientras el kirchnerista Gildo Insfrán asesinaba en la ruta a manifestantes de la etnia qom y la Presidente se negaba a recibirlos en una audiencia largamente requerida mediante acampes en el centro porteño. Son sólo algunos ejemplos de la doble vara, de mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Que tiene una continuidad manifiesta en el método político del Gobierno de Mauricio Macri.

El contrato entre YPF y Chevron demostró —una vez más— la falsedad del discurso kirchnerista, que se mofaba de una supuesta reestatización del petróleo nacional, cuando en realidad lo entregaba a una compañía multinacional con innumerables beneficios empresariales —por caso, le garantizaba un precio base de compra del petróleo más allá de la cotización internacional del oro negro. El acuerdo YPF-Chevron ni siquiera había sido firmado por las dos empresas, sino que el contrato de entrega colonial había sido rubricado entre YPF Shell Oil, con sede en Estados Unidos, y Chevron Overseas, con sede en paraíso fiscal, tal como señaló el abogado ambientalista Enrique Viale. Empresas subsidiarias de las originales que oficiaban como testaferros que resguardaban a las compañías por posibles juicios por acciones contrarias a los intereses argentinos. Más todavía: el contrato contaba con una serie de cláusulas secretas sobre un recurso estratégico para nuestra nación. Aníbal Fernández, el epítome del cinismo kirchnerista, había sido el encargado de defender ese secretismo. El acuerdo fue aprobado en el Parlamento neuquino en medio de las balas de goma y los gases lacrimógenos de la represión policial. En 2015 la Corte Suprema de Justicia ordenó que se diera a conocer públicamente el contrato entre YPF y Chevron.

Laura Alonso, diputada en ese entonces por el partido PRO, había tuiteado en julio de 2013, ante la aprobación del acuerdo: “El secreto no es la regla en democracia. El acuerdo con Chevron empieza mal: no es público. Corre frío por la espalda, ¿no?”. Cuando la Justicia en primera instancia ordenó que se revelaran los términos del contrato, tuiteó: “Ordenan a YPF brindar información sobre el acuerdo con Chevron. Muy buena”. Y ante el fallo de la Corte Suprema que ordenaba, definitivamente y sin lugar a opinión, que debía mostrarse el acuerdo, tuiteó: “Gran fallo de la Corte Suprema a favor de la transparencia y el derecho a la información. ¡Bravo!”. Luego todo quedaría en el olvido.

Un par de meses después de asumido el Gobierno de Macri, Alonso —a cargo de la Oficina Anticorrupción— abjuraría de su llamado al derecho a la información y de su festejo por el fallo de la Corte Suprema. Alonso acaba de afirmar que el acuerdo secreto entre YPF y Chevron debe seguir secreto. Aquello que había sostenido mientras era opositora se transformaba en su reverso al momento de integrar el Gobierno y planteaba una desobediencia abierta al máximo órgano de Justicia de la nación, en una clara injerencia en un poder independiente. La doble vara del kirchnerismo entroncaba con los designios del macrismo.

¿Qué oculta el acuerdo entre YPF y Chevron? Analistas del accionar de las petroleras en naciones semicoloniales como la nuestra indican que muy probablemente se haya incluido un resguardo de “indemnidad ambiental”, es decir, la exculpación de la empresa en caso de desastre ambiental, para evitar fallos multimillonarios como el que enfrenta hoy Texaco (filial de Chevron) en Ecuador, luego de que produjera una descomunal tragedia en el ecosistema de ese país, de manera permanente, por su mala praxis en la extracción petrolífera. Aquello que el PRO defendía cuando era oposición hoy se convierte en una continuidad del kirchnerismo, una vez que el macrismo es oficialista. No es el único caso en el que la doble vara del kirchnerismo se convierte en método del nuevo oficialismo. Pero sí es el más relevante por la gravedad de sus términos, que llevan a desobedecer y avalar la desobediencia al máximo órgano de Justicia de la nación. No son iguales el macrismo y el kirchnerismo, pero tampoco son tan distintos.

El martes 1º de marzo, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, gobernada por la kirchnerista Alicia Kirchner, manifestantes docentes y estatales en un número superior a los tres mil (que, en la pequeña ciudad patagónica, son una enormidad) expulsaron a La Cámpora, que había decidido manifestarse para apoyar a la gobernadora. Se trata de un episodio que indica una profundización del escenario de choques sociales en la provincia, otrora feudo político del kirchnerismo.

Santa Cruz es la provincia en la que se refugió el kirchnerismo residual. Si bien no obtuvo la mayor cantidad de votos, algo que sí hizo su contrincante radical, Alicia Kirchner (hermana del fallecido ex Presidente y fundador de la tendencia que gobernó el país durante doce años) se convirtió en gobernadora por obra de la antidemocrática ley de lemas. Según Alicia Kirchner misma denuncia, heredó una provincia en llamas. Lo que omite Alicia es que ella misma es heredera del régimen kirchnerista. Kirchnerismo que gobierna desde hace 25 años la provincia, trece años más de los que gobernó el país.

La provincia, como el país, está en ruinas. Por eso mismo Alicia Kirchner anunció ni bien asumió un ajuste que iba a terminar con los “ñoquis”, el mismo eufemismo que usa el Gobierno de Mauricio Macri para justificar los despidos masivos. El principal socio del Gobierno provincial —y socio y amigo primordial de los Kirchner en términos personales—, Lázaro Báez, dictaminó, apenas ingresada Alicia al Gobierno, el despido de 1.800 obreros de la construcción en sus obras. A la vez que la gobernadora Kirchner determinaba la interrupción de toda obra pública en curso.

Kirchner no despidió ñoquis, sino que decretó el cese de pagos de los contratados del Estado —una forma de precarización que estableció con impudor el Gobierno kirchnerista—, lo cual provocó la reacción de los sindicatos estatales, que además se ven amenazados por el despido de miles de agentes.

Kirchner, es decir, Alicia, actúa igual que Macri, es decir, Mauricio. Macri elimina las retenciones a las mineras, Alicia elimina el impuesto provincial a las mineras. Macri anuncia una pesada herencia y ñoquis, así replica Alicia. Mauricio impulsa la ley antipiquetes, Alicia Kirchner pide refuerzos de la Gendarmería para enfrentar los cortes de ruta de los despedidos del socio familiar Lázaro Báez.

Santa Cruz es el eslabón más débil de la crisis que atraviesa actualmente el Estado argentino, y que se replica en las provincias. Alicia Kirchner, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, se ve obligada a realizar el ajuste que en sus acólitos denuncian respecto al Gobierno nacional. Sin embargo, ese ajuste podría terminar llevándosela puesta. Una muestra del descontento es la manifestación durante su discurso de apertura a las sesiones parlamentarias, copado por la movilización contra sus políticas económicas.

La provincia austral se convirtió en el reducto de refugio del kirchnerismo residual. También podría ser el sitio en el que comiencen a estallar las rebeliones contra el ajuste. Paradoja de paradojas: mientras en Caballito o Parque Saavedra el kirchnerismo realiza las plazas de la resistencia —término abonado por una izquierda seguidista al kirchnerismo—, en Santa Cruz los trabajadores avanzan contra el ajuste que los K quieren imponer. Oh, historia, cuyo alimento nutricio es la contradicción.

Es un retroceso.

La condena a José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández había significado un hecho histórico, ya que por primera vez en el país la justicia dictaba prisión para los autores intelectuales de un crimen político. También a los autores materiales y a los policías que liberaron la zona para que el delito se pudiera cometer. Menos de tres años después del histórico fallo, Pedraza regresa a su hogar.

Pedraza había sido detenido en un piso de Puerto Madero. Hoy comenzará a vivir en otro en Palermo Chico. ¿Cómo logra un trabajador, un representante sindical, vivir en torres de lujo, destinadas a empresarios por lo general? Es sencillo: José Pedraza forma parte de un sector parasitario de los trabajadores, la burocracia sindical que actúa no en función de los intereses de sus representados, sino en los de sus propios beneficios. Esta no es una apreciación subjetiva: Pedraza ordenó ejecutar el ataque patotero contra los obreros ferroviarios tercerizados que reclamaban el pase a planta permanente porque se ponía en juego un negocio del que sacaba grandes dividendos. El ataque patotero (liderado materialmente por el dirigente sindical de la línea Roca y ejecutado por barrabravas y lúmpenes contratados a tal efecto) también provocó graves heridas a Elsa Rodríguez -quien todavía padece consecuencias neurológicas por el balazo recibido en la cabeza y que vive en Berazategui, muy alejada (en todos los sentidos) del rascacielos que Pedraza comenzará a habitar-. Cuando el asesinato de Ferreyra era cometido, Pedraza y “El Gallego” Fernández participaban de un congreso auspiciado por una publicación del sector. El afiche de convocatoria señalaba a la Unión Ferroviaria como una “empresa” auspiciante del evento. No había error: Pedraza era un empresario que extraía sus ganancias sobre la base de la hiperexplotación laboral expresada en la tercerización de los obreros de la cooperativa Unión del Mercosur. En el departamento de Puerto Madero en el que fue detenido se encontró folletería de la cooperativa. Pedraza era un empresario dedicado.

Entrevisté a Pedraza para mi libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” y fue la única vez que el asesino habló sobre el crimen con la prensa. La entrevista y el libro fueron señalados como material de prueba por la Justicia, que consideró que en ciertos pasajes Pedraza se autoincriminaba. Por esa razón también fui testigo en el juicio que lo condenó. Hay quienes indican que Pedraza merece la domiciliaria por una cuestión humanitaria. Cuando lo entrevisté, tuve también una primera impresión parecida. Pedraza parecía un abuelo que en cualquier momento iba a retirar a sus nietos al jardín de infantes para llevarlos a la plaza. Pero la entrevista evolucionó y terminó a los gritos. Pedraza había dicho que eran kirchneristas, había hecho un recuento de todos los funcionarios con los que habitualmente hablaba -incluida la presidenta Cristina Fernández, que se había referido a él como representante del “sindicalismo que construye”-, había dicho que los ferroviarios “no eran botones” y que por eso no habían entregado al matador Cristian Favale -que se pavoneaba de haber disparado fatalmente a Ferreyra-, había admitido “que pocos sabían que el ataque se iba a realizar”, es decir, había admitido la planificación anterior del crimen. Y terminó a los gritos, Pedraza acusaba a un delegado combativo de ser un “delincuente”. Pedraza se sacaba la máscara de abuelo para mostrar el rostro siniestro de un burócrata sindical que defendía el crimen que había cometido.

Pedraza había intentado coimear a la Justicia para que no se lo condenara a prisión efectiva. El otorgamiento de la domiciliaria en una torre de lujo lo acerca a este objetivo.