Según cifras oficiales se realizan 500 mil abortos por año en la Argentina. El estudio de la Cepal realizado por Silvia Mario y Edith Pantelides, citado por el ministerio de Salud de la Nación, así lo cuantifica y establece que, en promedio, mueren 100 mujeres por año por complicaciones relacionadas con abortos mal hechos. Es decir, cada tres días una mujer muere por esta razón -o sinrazón, mejor dicho-. La cifra de abortos por año es gigantesca: más de mil abortos se producen por día. Esa cifra puede dar cuenta de la magnitud de la falta de lógica de la ilegalidad de esta práctica -y de la criminalidad de sus consecuencias-. En 2012 se aprobó el aborto en Uruguay: las cifras oficiales indican que cesó en absoluto la muerte materna por razones relacionadas con el aborto. Y que el aborto disminuyó incluso sus cifras generales. Una política sanitarista que contemple la legalización de una práctica ya establecida no es sólo una necesidad ética y moral, sino una necesidad material concreta y urgente.

La cuestión de clase es un tópico que atraviesa todo el problema: las mujeres de sectores medios y altos pueden recurrir a los servicios de clínicas privadas que cobran entre 25 mil y 30 mil pesos el aborto en condiciones médicas e higiénicas del más alto rigor. En cambio, los sectores populares no podrían pagar esas cifras y deben recurrir a la precariedad sanitaria que, en casos extremos, se produce bajo la forma de prácticas de curandería y barbarie. Nada de esto parece importarle al “Papa de los pobres”, que insiste con un lobby antiabortista de consecuencias asesinas. Una mujer muerta cada tres días. Es inmoral.

(Una digresión. Acaba de lanzarse una campaña kirchnerista por el Día de la Mujer en el que referentes artísticas de ese espacio político señalan no querer flores y sí en cambio otros derechos. Debe señalarse la hipocresía monumental de esas mujeres que no incluyen entre las reivindicaciones el derecho al aborto -quizás para no enojar a su jefa clerical- a la vez que el olvido de los objetivos históricos del movimiento de la mujer, que siempre defendió su derecho a obtener no sólo pan, sino también rosas).

No es la única inmoralidad a la que debe enfrentarse el género femenino. El Estado argentino está implicado en las redes de trata que asolan a las mujeres. La policía federal y las provinciales forman parte de un negocio perverso que convierte al cuerpo de la mujer en una mercancía y que, como tal, es objeto de secuestros y abusos en pos de una extracción de beneficios materiales. No sólo eso, el Estado argentino es cómplice de la impunidad de crímenes y desapariciones ligados a este fenómeno. Y en sus más altas esferas: no debe olvidarse la actuación del gobierno de José Alperovich para intentar dejar en el olvido el asesinato de Paulina Lebbos y cómo indujo a la justicia provincial a dejar parada una investigación que podría estar relacionada con la culpabilidad de los hijos del poder. Sólo la persistencia de su padre Alberto Lebbos y la movilización generada por la indignación provocada por el caso lograron la reapertura del expediente, que mostró la inoperancia del poder judicial, inoperancia de carácter inducido. El secretismo y la complicidad de las fuerzas estatales en las redes de trata forma parte del mismo subsuelo de las instituciones que se revela hoy debido al caso Alberto Nisman.

No está de más recordar estas cuestiones -sólo un par en medio de un vendaval de derechos pisoteados que sufren las mujeres en las sociedades contemporáneas- tras recordar una vez más la lucha internacional de la mujer y su movilización en reclamo, una vez más, de sus derechos, una tarea pendiente de la sociedad toda.

La reforma fue rechazada por todos los ámbitos relacionados con los sectores laboriosos debido a su carácter marcadamente antiobrero. El corpus del edificio legislativo promueve la precarización de los trabajadores, elimina categorías laborales, impulsa la tercerización mediante nuevas figuras de asociación empresaria que quitan responsabilidad a las empresas “madre”, tiende a equipar a las partes dejando de lado la noción de que la parte laboriosa es la más débil y quita responsabilidad a los funcionarios del Estado, que sólo deberían responder al Código Administrativo. El desarrollo técnico de este armado que precariza las condiciones jurídicas de los trabajadores puede consultarse en el texto elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, que se pronuncia en contra de estas reformas que, señalan, “precarizan las condiciones laborales” y que se puede consultar aquí. 

El último punto enumerado en el párrafo anterior no sólo obra en el campo de las relaciones obrero-patronales, ya que la exclusividad de pertenencia de los funcionarios estatales al ámbito del Código Administrativo los hace inmunes a otro tipo de demandas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la tragedia de Once -que costó 51 vidas- los funcionarios que hoy están sentados en el banquillo de los acusados no pasarían por los tribunales penales ni civiles, ya que toda su responsabilidad debería ser juzgada en el estricto ámbito de la legislación estatal. Tal norma es un reaseguro de la impunidad.

El gran logro del lobby clerical es la inserción en el Código Civil del concepto de que “la vida se inicia en la concepción”, obturando de este modo aún más las posibilidades de la legalización del aborto -un derecho de la mujer cuya prohibición sólo encubre las diferencias de clase: las mujeres de recursos los pueden realizar en clínicas privadas, las mujeres de los sectores postergados mueren en abortos mal realizados y clandestinos. El Vaticano logró, además, que se eliminara un párrafo que señalaba que en el caso de reproducción asistida la existencia de la persona comenzaba desde “la implantación del embrión”, obstruyendo la posibilidad de discutir el concepto de acuerdo a las circunstancias. Por otro lado, eliminó toda referencia a la “fecundación post mortem”, al alquiler de vientres y a cualquier posibilidad de concepción que esté en contra de la doxa católica.

De cualquiera manera, la premura en el tratamiento de la ley es una pasaje de facturas del papa Bergoglio al gobierno kirchnerista y una demostración de fuerza. La Iglesia, no contenta con la disposición de un código civil a su medida, exigió que sea aprobado apenas una semana después de la visita de la presidenta Fernández a la Santa Sede. El precio del “cuiden a Cristina” y de la foto de la mandataria vestida de negro junto al monarca vaticano vestido de blanco se cobra en contantes y sonantes a los pocos días. Una demostración de la orbitación papal en la política argentina y en el peso que se guarda para sí mismo Francisco en una transición complicada en este fin de ciclo kirchnerista.

Susana D., una mujer de 37 años cuyo apellido preserva el secreto de sumario, concurrió a una posta sanitaria en su norteño pueblo debido a fuertes dolores abdominales, pero ante la gravedad de su estado, los médicos decidieron trasladarla al hospital Oscar Arias, de Libertador General San Martín. Allí, la ginecóloga que la atendió constató un cuadro de septicemia aguda que podía haber sido provocado por la realización de un aborto en condiciones precarias.

La profesional llamó entonces a la policía, que dio parte a la Justicia. La fiscal Silvia del Valle Farral tomó cartas en el asunto y decidió poner custodia en la puerta del cuarto. Apenas estabilizado su estado de salud, Susana D. fue trasladada a una dependencia policial, donde se quebró y confesó entre llantos que se había realizado un aborto con la ayuda de dos amigas, que el embarazo era fruto de una violación y que le habían dado sepultura a los restos del feto en el cementerio de Calilegua. La fiscal Del Valle Farral ordenó la detención de las otras dos mujeres, María C. y María G., y las acusó por “homicidio”. En el caso de Susana D., la acusación es de “homicidio agravado por el vínculo”, que podría ser penado hasta con prisión perpetua. Las tres mujeres permanecen encerradas en una celda de la comisaría 24 del Barrio Ledesma.

El caso muestra, una vez más, el sometimiento sobre las mujeres que comete el aparato legislativo y represivo del Estado. Sólo en la provincia de Jujuy se atiende diariamente a seis mujeres en los hospitales por abortos clandestinos mal realizados. En abril de este año, una joven de 19 años falleció en el hospital Pablo Soria de San Salvador debido a las consecuencias de una intervención quirúrgica mal realizada. Las complicaciones por aborto constituyen la principal causa de muertes maternas en la Argentina y, según cifras oficiales, las mujeres fallecidas por esta causa alcanzan a 100 por año, aunque otros estudios elevan esa cifra. Una guía editada por el ministerio de Salud de la Nación cita el estudio de las doctoras Silvia Mario y Edith Pantelides que estima que se realizan 460 mil abortos clandestinos por año en el país.

La magnitud del problema plantea no sólo la inutilidad de la prohibición del aborto, sino el rol criminal del Estado, que al obligar a las mujeres que determinan realizarlo a hacerlo en condiciones clandestinas, plantea diferencias definitorias de acuerdo a su rol de clase. Los abortos realizados en clínicas o consultorios ginecológicos con condiciones seguras cuestan entre 20 mil y 35 mil pesos. Cifras imposibles para las mujeres de los sectores populares que recurren a los métodos más precarios para ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El aparato del Estado impide ese derecho a las mujeres. La Iglesia católica, sostenida por el Estado, es un agente activo de esta posición. Y su influencia es enorme y fatídica. La misma presidenta Cristina Fernández se opone ferréamente al aborto. La oposición de derecha -y la de centroizquierda encabezada por la clerical Elisa Carrió- también. Un signo de la hipocresía generalizada, porque las amigas con las que la Presidente y Carrió toman el té pueden realizarse abortos en clínicas asépticas. No así la mayoría de la población femenina, que no sólo se ve enfrentada a consecuencias físicas de diverso tipo por someterse a estas intervenciones clandestinas, sino también a la muerte. Sólo la izquierda apoya firmemente el reclamo de la legalización del aborto. Incluso algunos sectores del oficialismo y de la oposición de centroizquierda también lo harían, pero prefieren la cautela a los principios.

Hay tres mujeres presas -tres mujeres, como toda mujer perseguida por abortar, pertenecientes a los sectores postergados de la población- encerradas en una celda, porque una de ellas -Susana D- decidió legítimamente sobre su cuerpo y sobre su vida que no podía traer y sostener un nuevo hijo en este mundo. Este es su crimen, para la ley argentina. Esta es la triste postal de nuestra era.