La represión kirchnerista va en aumento

La búsqueda de un significado total en acciones aisladas suele provocar la irrupción de esa forma del entendimiento conocida como impresionismo, es decir, de una explicación alejada de la realidad, basada en la mera sugerencia de una explicación simplista. Distintas corrientes abrevan en esta forma de explicar los acontecimientos de la política argentina, tan alejadas de los aportes del método científico, de la investigación policial que inauguró Allan Poe y continuó -con otros métodos- el policial negro estadounidense, de la dialéctica. Por caso, tomemos una serie de hechos que tuvieron su culminación, momentánea, el último jueves 23 de octubre.

En la Panamericana, se produjeron unos violentos incidentes en los que resultaron heridos varios manifestantes que reclamaban la reincorporación de trabajadores despedidos de la empresa Lear mientras se desalojaba la autopista -que no estaba cortada totalmente-. También es cierto que hubo dos policías contusos. Apretados, estos son los hechos. El diario Página/12, por ejemplo, tuvo una mirada impresionista -que expresa fielmente el relato de los acontecimientos realizado por el kirchnerismo oficial- que lo llevó a despachar el asunto en dos párrafos que daban cuenta de incidentes, “heridos en ambos bandos y detenidos”.

Sin embargo, un escrutinio un poquito más pormenorizado de los hechos da cuenta de lo siguiente. El último jueves la represión de la Gendarmería fue salvaje. Los miembros de la fuerza de seguridad comandada por Berni tiraron balas de goma no sólo a mansalva, sino que a quemarropa. Hubo más de veinte heridos por los perdigones de parte de los manifestantes, varios de ellos internados, e incluso el diputado nacional Nicolás del Caño, del PTS-Frente de Izquierda, fue herido durante la represión. Un gendarme fue herido mientras un manifestante resistía el embate cuerpo a cuerpo -que se realizaba mientras se disparaban las balas de goma- y golpeó al susodicho hombre de Berni. Mientras tanto, la caravana de autos que acompañaba la manifestación -y que ocupaba dos carriles de la Panamericana- fue disuelta mediante la rotura de los vidrios de dos autos y la detención de sus choferes por parte de las fuerzas del orden. El salvajismo de la represión fue tal que el CELS, dirigido por el kirchnerista Horacio Verbitsky, señaló en su comunicado sobre los acontecimientos, que el accionar gubernamental “insistió con respuestas violentas y con un uso abusivo de la fuerza que resultó incluso más lesivo para la integridad de los participantes de la protesta que los operativos anteriores”.

Pero hay más.

Dos días antes de la violenta represión, una patota ingresó a la carpa que los trabajadores despedidos de Lear mantienen frente a la puerta de la fábrica de origen estadounidense. Exhibieron cuchillos y armas de fuego. Amenazaron a una de las trabajadoras diciéndole que la iban “violar”. Tajearon la carpa y se robaron las banderas antes de retirarse. No se debería pasar por alto que existe en el lugar un destacamento permanente de la policía bonaerense junto al de la Gendarmería, que incluso custodia la fábrica desde adentro de las instalaciones, como si la institución de seguridad del Estado fuera un cuerpo de seguridad privado de la empresa. La inacción de estas fuerzas para impedir la realización del bravo ataque indica que hubo una zona liberada.

Hay más.

Hace unas semanas, el diputado bonaerense del Frente de Izquierda Christian Castillo se había reunido con Jorge Capitanich y Sergio Berni para tratar de encontrar una salida al conflicto, originado luego de Lear decidiera doscientos despidos de la parte obrera. Las reuniones fueron infructuosas debido a que el Gobierno decidió no obligar a la empresa a dar marcha atrás con despidos que fueron considerados por la Justicia y el ministerio de Trabajo como ilegales. La represión del jueves y el ataque del martes sucedieron luego del fracaso de las negociaciones.

El increscendo de represión estatal y paraestatal -que es plausible de atribuirse a las patotas sindicales del Smata, dirigido por Ricardo Pignanelli- muestran la evolución del kirchnerismo, en este fin de ciclo, hacia una política que escarmienta a los trabajadores que luchan. En una situación económica y política que provocará un incremento de las manifestaciones obreras ante la inflación y el ajuste. En marzo de 2013, la presidente Cristina Fernández había declarado, una vez más y aunque no se correspondiese con la realidad, que su Gobierno no reprimiría a quienes cortaran calles ni pensaran distinto. Nada de esto sucede hoy. Y la venia política a Berni plantea que no sucederá en el periodo inmediato. Un fin de ciclo que, como conclusión al relato impresionista del oficialismo, podría estar marcado por la conflictividad social y las convulsiones políticas en las que la clase trabajadora tendrá una intervención autónoma.

Milani y la Justicia: el mundo del revés

Muchas veces se ha postulado el carácter independiente de la Justicia, como si tal poder orbitara en el vacío y sus ejecutores no pertenecieran a ninguna clase o fracción política. Los acontecimientos contradictorios que se produjeron o producen en estos días no sólo desmienten tal noción, sino que resultan altamente pedagógicos sobre el carácter de la época que vivimos.

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani es un militar de carrera especializado en el área de Inteligencia, miembro del Batallón 601 -cueva de los espías del ejército durante la última dictadura- y actual jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, designado por recomendación de la presidenta Cristina Kirchner. Su participación en la desaparición de ciudadanos durante el último gobierno militar consta de indicios muy potentes y ha provocado que los querellantes de los familiares de esas víctimas del genocidio requieran a la Justicia que se lo investigue.

En los tribunales tucumanos se investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que el 17 de junio de 1976 participó de una expedición ordenada por sus superiores, y de la que nunca más volvió. Ledo, que en ese momento participaba de un campamento junto a sus compañeros en Tucumán, era asistente personal de Milani, en ese momento un joven subteniente que se encargó de dictaminar que Ledo no había regresado debido a una deserción. Ledo forma parte hoy de la larga lista de desaparecidos. La Justicia investiga la falsificación del documento que lo califica como “desertor” y la cadena de complicidades en su desaparición.

El fiscal Pablo Camuña, designado directamente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani -de pública adhesión al gobierno nacional. Sin embargo, la nueva prueba surgida en el último período determinó que la Cámara Federal de Tucumán recomendara “gravemente” a los fiscales que investiguen el rol de Milani en esos acontecimientos. La nueva prueba tiene como base los testimonios de los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes.

Álvaro era compañero de conscripción de Ledo y había sido presidente de la Juventud Peronista de Chilecito, La Rioja. Según declaró en los tribunales, era testigo de la relación de subordinación directa que tenía Ledo con Milani, a la vez que ambos habían advertido una actitud sospechosa por parte del entonces subteniente. Según contó Illanes, Milani tenía la costumbre de intentar sacar “información”. “Se acercaba a nosotros, charlaba primero sobre fútbol y películas, y después preguntaba cosas como: ‘¿Qué piensan sobre el Operativo Independencia?’, ‘¿Qué piensan sobre la guerrilla?’. Ni Ledo ni yo, que éramos militantes, respondíamos, pero era ostensible que estaba haciendo inteligencia entre nosotros”. Juan Carlos Illanes reafirmó el vínculo entre Ledo y Milani en Tucumán. Es la primera vez que Milani podría ser investigado directamente por los hechos represivos. En los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar.

Una situación que se replica en La Rioja, donde también se investiga otra desaparición que involucraría a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Se trata del secuestro de Ramón Olivera. Según la víctima, cuando fue conducido hacia el despacho del juez Roberto Catalón para su “legalización”, su entregador fue el propio Milani, quien además lo habría hostigado con dureza recriminándole su condición política durante todo el procedimiento y una vez llegados al despacho del juez. Dicho magistrado, debe recordarse, hoy se encuentra preso investigado por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

El fiscal Michel Salman pidió el sobreseimiento de Milani con argumentos propios de abogados de militares. Que los testimonios de los familiares de las víctimas estaban viciados de nulidad por parcialidad, que el procedimiento ante el juez correspondía a la legalidad -argumento rebatido ya en el juicio a las Juntas en 1985-, que Milani no estuvo esos días allí donde se lo menciona y que por eso se daba por probada su inocencia. Salman incumple de esta manera todo deber del fiscal en su rol de funcionario público, ya que se niega a investigar desde el comienzo, y para ello recurre a los mismos razonamientos que la defensa del acusado. No debería olvidarse que la justicia de La Rioja acaba de encausar por privación ilegítima de la libertad a docentes y activistas ambientales protagonistas de las movilizaciones de la última huelga de los maestros. Álvaro Illanes, denunciante de Milani en la causa Ledo, y su hermana. Un mundo del revés.

El mismo mundo del revés que se manifiesta en el accionar de la justicia en Santiago del Estero, donde por primera vez se intenta aplicar la Ley Antiterrorista, votada a mano alzada por el kirchnerismo en noviembre de 2011, a un periodista. Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, fue acusado por el fiscal Pedro Simón por el delito de sedición agravado por el intento de coaccionar a una autoridad mediante el terror por publicar las imágenes de un policía que protestaba y por informar sobre el estado de los levantamientos policiales en Santiago del Estero durante diciembre de 2013. Si fuera encontrado culpable, debería pasar entre 6 y 12 años tras las rejas.

El fiscal Simón había sido objetado en su designación en 2009 por el CELS, que denunciaba su falta de apego a la defensa de los derechos humanos y su tendencia a seguir los dictados del poder político. Un grave hecho que muestra el modo de acompañar, por parte de la justicia, los caminos del poder. Un poder en retirada. Pero que en su final muestra su verdadera naturaleza fascistizante. No debería sorprender que el ciclo abierto con una ilusoria “revolución” que habría de producir la Ley de Medios termina con uno de sus impulsores votando la Ley Antiterrorista. Que, como se señaló, podría ser aplicada a un periodista. Una imagen que bien da cuenta del fin del ciclo K.