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Consideraciones sobre el nuevo paro general

Cuatro meses duró la tregua que le habían otorgado las direcciones sindicales al gobierno de la presidente Cristina Fernández luego del imponente paro de abril de este año, cuando no se movió una hoja. La cúpula de la CGT moyanista, opositora al Gobierno y cuyos líderes intentan acomodarse al próximo escenario poskirchnerista, fijó fecha para el próximo jueves 28 de agosto. La CTA opositora que dirige Pablo Micheli había acordado con la Coordinadora Sindical Clasista, cuyo rostro visible es el diputado obrero Néstor Pitrola, parar el 26. Ante la decisión de la CGT, la CTA comenzará el paro al mediodía del 27 con una movilización dirigida al centro del poder político provocando de este modo que vastos sectores laboriosos realicen un paro general de 36 horas. En un contexto de crisis económica recesiva, despidos y suspensiones en la industria y pauperización de los salarios debido al regresivo impuesto al salario, faltaba que los trabajadores intervengan. Ya no. Dentro de una semana retumbarán sus voces.

Voces que desconciertan a un gobierno que, en su etapa final, acentúa su escisión de la realidad. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, declaró que no estaban “dadas las condiciones objetivas para un paro general”. “Hoy no hay más despidos de lo que había en 2012, 2013, no hay más suspensiones -agregó el ministro. No se perdió poder adquisitivo”. También sostuvo que las paritarias estaban “por encima de la inflación del Indec”. Sin embargo, hasta el sospechable organismo de estadísticas reconoció que se habían perdido más de 230 mil puestos de trabajo en el último período y que, entre abril y junio 890 mil personas que buscaban trabajo no habían encontrado un empleo, con el resultante de que 200 mil de ellas habían abandonado esa búsqueda. A pesar de este reconocimiento, las cifras del Indec siguen siendo engañosas, ya que si no se contabilizaran los planes sociales como empleos, el porcentaje de la desocupación se acercaría al 20% en todo el país. Este falaz método le permite concluir al Gobierno que algunas de las provincias más pobres del país, como Chaco o Formosa, tienen pleno empleo -cuando en realidad la pobreza generalizada intenta ser paliada con planes de miseria.

La crisis económica, que ya ostenta rasgos recesivos, produce una ola de despidos y suspensiones en la industria -tan sólo en el sector automotriz se contabilizan 10 mil suspensiones. Sin embargo, esta situación no implica que se diluya la posibilidad de protestas laborales de carácter ofensivo, como en el caso del Ingenio El Tabacal, de Salta, que logró un aumento salarial del 39%, o el paro general de los docentes universitarios tucumanos -que contó con el apoyo activo del estudiantado- que obtuvo luego de un mes de protestas más de 40% de aumento general y que llega en los cargos simples al 60% de suba salarial. En los casos defensivos, luchas como las de la gráfica Donelley -cerrada mediante una quiebra fraudulenta por la patronal- que fue tomada y puesta a producir por sus trabajadores o la de Lear Corporation -que muestra una gran resistencia de los empleados despedidos pese a una alianza gubernamental, empresarial y sindical en su contra- señalan un camino frente al cierre de fábricas o desvinculaciones. La memoria histórica de la clase obrera argentina es extensa en cuanto al método de la ocupación de empresas, método que se avizora como el apropiado para enfrentar las crisis -aunque esté alejado de la concepción de las direcciones sindicales burocráticas.

“Todo paro es político y sobre todo un paro general”, señaló el ministro Tomada, sin equivocarse. El intento de acomodamiento al poskirchnerismo en la interna peronista es una motivación de peso para la intervención de Moyano y compañía -aunque no se podría soslayar la necesidad de dar una salida a las bases sindicales que demandan una intervención frente a los ataques a sus condiciones de vida. Por eso plantean de manera genérica “modificaciones al impuesto a las ganancias” y no plantean una salida frente al alza de los despidos. Diferente al programa acordado por la CTA de Micheli -quien también busca acomodarse y hasta se reunió con Sergio Massa- y la Coordinadora Sindical Clasista, que plantea la prohibición de los despidos por un año, el reparto de las horas de trabajo y la ocupación de toda empresa que cierre. Una posición que se sustenta en el parlamento de la mano de los diputados del Frente de Izquierda, que presentaron el proyecto de ley para prohibir despidos y que también propusieron la estatización de Donelley y la metalúrgica Emfer y Tatsa, propiedad de los vaciadores hermanos Cirigliano.

Esa diferenciación también se notará en las jornadas de lucha de la semana que viene. La CGT anunció que no realizará movilizaciones durante el paro. La CTA y la izquierda se movilizarán y pararán desde el día anterior y el 28 el clasismo garantizará el paro mediante piquetes en las puertas de las empresas y en las principales rutas del país. El paro general no sólo implica una intervención general de los trabajadores frente a una situación concreta, sino que actúa como una escuela política en la que se debaten diversos métodos y estrategias. Las jornadas de la semana que viene serán un episodio más en el intento de fisonomización política propia de la clase obrera frente al fin de ciclo kirchnerista.

Caza de brujas en el SMATA

Apenas habían pasado unas horas desde que la empresa Gestamp y los trabajadores que ocupaban sus instalaciones firmaran la conciliación obligatoria cuando un operativo conjunto del gobierno kirchnerista, el sindicato SMATA y los empresarios se lanzó para desconocer el acuerdo. La ministra de Industria criticó la conciliación por permitir que los despedidos -quienes habrían sido protagonistas de la “permanente extorsión de grupos minúsculos que defienden sus intereses en detrimento de la mayoría”- recuperen su trabajo; Ricardo Pignanelli desconoció la medida del ministerio de Trabajo bonaerense, culpó por la medida “a la complicidad de algunos partidos políticos y sus dirigentes, en particular del Partido Obrero” y convocó a un plenario de delegados de su sindicato -”si no se soluciona esto pongo 15 mil mecánicos en la Panamericana para resolverlo a nuestro modo”, había dicho y voceros de la empresa declararon a la agencia oficial Télam que no acatarían la conciliación. La amenaza de Pignanelli de resolver el asunto con sus propios métodos plantea una grave situación y constituye una “salida a la Pedraza” del conflicto. El sindicato ferroviario ejecutó un plan asesino, ideado por sus dirigentes, para resolver un conflicto sindical.

El antecedente directo que marcó la posibilidad de la “salida a la Pedraza” fue constituido por una solicitada publicada el viernes 30 en el diario Crónica en la que el sindicato mecánico acusaba por la “anarquía” a “quienes quieren imponer representatividad a través de la violencia”, además de acusar a “los legisladores del partido obrero y la izquierda en general” (sic) por incentivar tal ejercicio anárquico. Pedían la acción de la Justicia para solucionar el conflicto antes de amenazar con “ejercer nuestro derecho a la defensa”. La pieza responsabilizaba con gravedad a la izquierda, que en el último periodo ganó posiciones en comisiones internas, delegados y activistas en una clara cacería de brujas contemporánea. En el conflicto de Gestamp intervinieron activamente trabajadores que pertenecen al PTS y al MAS.

“Acá puede haber activistas más picantes o menos picantes, pero el problema real que tenemos nosotros es el Partido Obrero”. Estas fueron las palabras que pronunció hace quince días Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata, en una reunión que contó con la participación de la Comisión Directiva del sindicato y delegados de la oficialista lista Verde, según uno de los asistentes que concurrió al encuentro y que por seguridad prefirió mantener en reserva su identidad. Pignanelli focaliza a la oposición, que cuenta con activistas de diversas tendencias, en “La Naranja Mecánica” que auspicia el PO, que actúa en varias fábricas del gremio y que ya fue objeto varias veces de ataques por parte de esa directiva. En el acto de traspaso de mando de “Paco” Manrique a Pignanelli, realizado en el Luna Park a fines de septiembre de 2011, el secretario general saliente dijo: “Que vengan esos de la Naranja Mecánica a ver si pueden sacarnos”. Miembros del Smata llegaron a revisar, en estos últimos días, la página de Facebook de la agrupación para increpar a sus “amigos” de la red social en las fábricas Mercedes Benz, Toyota y Ford. Los activistas opositores, que pertenecen al clasismo, actúan en secreto para evitar represalias de las empresas como del sindicato.

El 16 de mayo en la puerta de Volskwagen, ante una volanteada para pedir la solidaridad con Gestamp, una patota de varias decenas de hombres que se identificaban vivando a la lista Verde había atacado a golpes a ocho trabajadores de la autopartista. Dos trabajadores de Volkswagen contaron a este cronista que la los delegados opositores no tienen permitida la entrada a las reuniones del plenario de delegados de la fábrica, acusados de ser “traidores a SMATA”. “Tienen temor del crecimiento de la oposición en la fábrica y por eso suspendieron las elecciones sindicales que se deberían haber hecho en abril”, afirmaron

El SMATA vive, por obra de su dirección burocrática, un estado de cacería de brujas, fruto del crecimiento de las tendencias clasistas en los lugares de trabajo. El acuerdo del gobierno nacional en la persecusión a los trabajadores que luchan los alinea en una peligrosa formación. Si la amenaza de Pignanelli de resolver la situación en Gestamp con sus propios métodos prospera, una etapa nefasta se repetiría en el sector laborioso metalmecánico. No se debe olvidar que la excusa para perpetrar el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra fue “la inacción de la Justicia” que habría obligado a los sindicalistas ferroviarios a actuar “a su manera”. Esa fue la justificación que brindaron los asesinos. La misma que hoy levanta Pignanelli en el SMATA.