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Una retrógrada campaña sobre sexualidad

Ni la ultraconservadora Sarah Palin se hubiera atrevido. Sin embargo, la juventud del PRO cordobesa lo hizo. Imprimió un folleto para la prevención del HIV ilustrado por una vagina intervenida con una cremallera. Un cierre. En el tope de la imagen -que para agregar más significados tremebundos representaba una vagina púber o depilada- había un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el SIDA. No hay demasiado lugar para interpretaciones alternativas. El mensaje de la campaña visual del PRO es que la castidad es la manera de evitar el contagio de HIV.

En la derecha constituida por el PRO conviven distintas tendencias, alguna más liberal basada en el liberalismo económico y en el legado privatista de la Ucedé y otra más retrógrada, influenciada por la iglesia católica. En 2007 Luis Hernán Rodríguez Felder había sido designado como ministro de cultura porteño por el intendente Mauricio Macri. Había accedido a un pedido de su adláter Gabriela Michetti. Rodríguez Felder era un hombre de la iglesia y del conservadurismo. Se mostraba dudoso del arte conceptual y había señalado que el Centro Cultural Recoleta tendría como eje el arte figurativo, que su esposa practicaba. Rodríguez Felder parecía un personaje de Capusotto extraído de tiempos inmemoriales para insertarlo en nuestra contemporaneidad. Una solicitada impulsada por artista y miembros del campo cultural -cuyo mayor activista había sido León Ferrari- logró que el ministro de la estética eclesiástica de cultura no asumiera. Fue un golpe para los sectores ultramontanos que anidan en el PRO.

La campaña del PRO cordobés es fallida en una cantidad inumerable de aspectos. Es machista: señala que la responsabilidad del contagio del HIV es femenina. Es retrógrada: dice que la mujer debería abstenerse de tener sexo para no contagiarse del virus. Es violenta: lo representa mediante una cremallera cerrada sobre una vagina. Es perversa: es una vagina depilada, que bien podría ser púber.

¿Es esta una concesión más al Papa Francisco? Quizás. La Iglesia Católica es una de las principales responsables de la expansión del SIDA debido a su irracional oposición al uso del preservativo. Un cierre sobre una vagina demuestra la actualidad de esta propuesta reaccionaria. Frente a la posibilidad de una existencia sexual plena, la derecha amenaza con el SIDA si no se produce la abstinencia sexual. El PRO de Macri muestra, de este modo, las tensiones reaccionarias que conviven en su propuesta.

Jujuy: prisión para mujeres por un aborto

El edificio que alberga las leyes argentinas está construido con ladrillos de opresión. Este concepto es experimentado ahora mismo por tres mujeres jujeñas, oriundas de la localidad de Calilegua, presas en una comisaría de la capital provincial por haber realizado un aborto. Los hechos remiten al caso de Romina Tejerina, quien permaneció nueve años presa en la misma provincia debido a la carencia del derecho al aborto legal en la Argentina y, por el contrario, la criminalización de tal práctica.

Susana D., una mujer de 37 años cuyo apellido preserva el secreto de sumario, concurrió a una posta sanitaria en su norteño pueblo debido a fuertes dolores abdominales, pero ante la gravedad de su estado, los médicos decidieron trasladarla al hospital Oscar Arias, de Libertador General San Martín. Allí, la ginecóloga que la atendió constató un cuadro de septicemia aguda que podía haber sido provocado por la realización de un aborto en condiciones precarias.

La profesional llamó entonces a la policía, que dio parte a la Justicia. La fiscal Silvia del Valle Farral tomó cartas en el asunto y decidió poner custodia en la puerta del cuarto. Apenas estabilizado su estado de salud, Susana D. fue trasladada a una dependencia policial, donde se quebró y confesó entre llantos que se había realizado un aborto con la ayuda de dos amigas, que el embarazo era fruto de una violación y que le habían dado sepultura a los restos del feto en el cementerio de Calilegua. La fiscal Del Valle Farral ordenó la detención de las otras dos mujeres, María C. y María G., y las acusó por “homicidio”. En el caso de Susana D., la acusación es de “homicidio agravado por el vínculo”, que podría ser penado hasta con prisión perpetua. Las tres mujeres permanecen encerradas en una celda de la comisaría 24 del Barrio Ledesma.

El caso muestra, una vez más, el sometimiento sobre las mujeres que comete el aparato legislativo y represivo del Estado. Sólo en la provincia de Jujuy se atiende diariamente a seis mujeres en los hospitales por abortos clandestinos mal realizados. En abril de este año, una joven de 19 años falleció en el hospital Pablo Soria de San Salvador debido a las consecuencias de una intervención quirúrgica mal realizada. Las complicaciones por aborto constituyen la principal causa de muertes maternas en la Argentina y, según cifras oficiales, las mujeres fallecidas por esta causa alcanzan a 100 por año, aunque otros estudios elevan esa cifra. Una guía editada por el ministerio de Salud de la Nación cita el estudio de las doctoras Silvia Mario y Edith Pantelides que estima que se realizan 460 mil abortos clandestinos por año en el país.

La magnitud del problema plantea no sólo la inutilidad de la prohibición del aborto, sino el rol criminal del Estado, que al obligar a las mujeres que determinan realizarlo a hacerlo en condiciones clandestinas, plantea diferencias definitorias de acuerdo a su rol de clase. Los abortos realizados en clínicas o consultorios ginecológicos con condiciones seguras cuestan entre 20 mil y 35 mil pesos. Cifras imposibles para las mujeres de los sectores populares que recurren a los métodos más precarios para ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El aparato del Estado impide ese derecho a las mujeres. La Iglesia católica, sostenida por el Estado, es un agente activo de esta posición. Y su influencia es enorme y fatídica. La misma presidenta Cristina Fernández se opone ferréamente al aborto. La oposición de derecha -y la de centroizquierda encabezada por la clerical Elisa Carrió- también. Un signo de la hipocresía generalizada, porque las amigas con las que la Presidente y Carrió toman el té pueden realizarse abortos en clínicas asépticas. No así la mayoría de la población femenina, que no sólo se ve enfrentada a consecuencias físicas de diverso tipo por someterse a estas intervenciones clandestinas, sino también a la muerte. Sólo la izquierda apoya firmemente el reclamo de la legalización del aborto. Incluso algunos sectores del oficialismo y de la oposición de centroizquierda también lo harían, pero prefieren la cautela a los principios.

Hay tres mujeres presas -tres mujeres, como toda mujer perseguida por abortar, pertenecientes a los sectores postergados de la población- encerradas en una celda, porque una de ellas -Susana D- decidió legítimamente sobre su cuerpo y sobre su vida que no podía traer y sostener un nuevo hijo en este mundo. Este es su crimen, para la ley argentina. Esta es la triste postal de nuestra era.