Es un retroceso.

La condena a José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández había significado un hecho histórico, ya que por primera vez en el país la justicia dictaba prisión para los autores intelectuales de un crimen político. También a los autores materiales y a los policías que liberaron la zona para que el delito se pudiera cometer. Menos de tres años después del histórico fallo, Pedraza regresa a su hogar.

Pedraza había sido detenido en un piso de Puerto Madero. Hoy comenzará a vivir en otro en Palermo Chico. ¿Cómo logra un trabajador, un representante sindical, vivir en torres de lujo, destinadas a empresarios por lo general? Es sencillo: José Pedraza forma parte de un sector parasitario de los trabajadores, la burocracia sindical que actúa no en función de los intereses de sus representados, sino en los de sus propios beneficios. Esta no es una apreciación subjetiva: Pedraza ordenó ejecutar el ataque patotero contra los obreros ferroviarios tercerizados que reclamaban el pase a planta permanente porque se ponía en juego un negocio del que sacaba grandes dividendos. El ataque patotero (liderado materialmente por el dirigente sindical de la línea Roca y ejecutado por barrabravas y lúmpenes contratados a tal efecto) también provocó graves heridas a Elsa Rodríguez -quien todavía padece consecuencias neurológicas por el balazo recibido en la cabeza y que vive en Berazategui, muy alejada (en todos los sentidos) del rascacielos que Pedraza comenzará a habitar-. Cuando el asesinato de Ferreyra era cometido, Pedraza y “El Gallego” Fernández participaban de un congreso auspiciado por una publicación del sector. El afiche de convocatoria señalaba a la Unión Ferroviaria como una “empresa” auspiciante del evento. No había error: Pedraza era un empresario que extraía sus ganancias sobre la base de la hiperexplotación laboral expresada en la tercerización de los obreros de la cooperativa Unión del Mercosur. En el departamento de Puerto Madero en el que fue detenido se encontró folletería de la cooperativa. Pedraza era un empresario dedicado.

Entrevisté a Pedraza para mi libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” y fue la única vez que el asesino habló sobre el crimen con la prensa. La entrevista y el libro fueron señalados como material de prueba por la Justicia, que consideró que en ciertos pasajes Pedraza se autoincriminaba. Por esa razón también fui testigo en el juicio que lo condenó. Hay quienes indican que Pedraza merece la domiciliaria por una cuestión humanitaria. Cuando lo entrevisté, tuve también una primera impresión parecida. Pedraza parecía un abuelo que en cualquier momento iba a retirar a sus nietos al jardín de infantes para llevarlos a la plaza. Pero la entrevista evolucionó y terminó a los gritos. Pedraza había dicho que eran kirchneristas, había hecho un recuento de todos los funcionarios con los que habitualmente hablaba -incluida la presidenta Cristina Fernández, que se había referido a él como representante del “sindicalismo que construye”-, había dicho que los ferroviarios “no eran botones” y que por eso no habían entregado al matador Cristian Favale -que se pavoneaba de haber disparado fatalmente a Ferreyra-, había admitido “que pocos sabían que el ataque se iba a realizar”, es decir, había admitido la planificación anterior del crimen. Y terminó a los gritos, Pedraza acusaba a un delegado combativo de ser un “delincuente”. Pedraza se sacaba la máscara de abuelo para mostrar el rostro siniestro de un burócrata sindical que defendía el crimen que había cometido.

Pedraza había intentado coimear a la Justicia para que no se lo condenara a prisión efectiva. El otorgamiento de la domiciliaria en una torre de lujo lo acerca a este objetivo.

Mariano Ferreyra fue alcanzado por una bala de plomo que le perforó el pulmón y ocasionó su muerte, minutos después, en el hospital Argerich, en La Boca. Tenía 23 años, era un militante revolucionario, dirigente del Partido Obrero. La Justicia determinó que las balas que se dispararon aquel mediodía del 20 de octubre de 2010 fueron el fruto de la planificación criminal urdida por dirigentes de la Unión Ferroviaria, que habían contratado sicarios para realizar la tarea sucia, y lograr de ese modo escarmentar a los trabajadores ferroviarios tercerizados que llevaban adelante un plan de lucha para lograr su pase a planta y las normas laborales básicas establecidas por el convenio laboral.

Por el homicidio -que también costó graves heridas a Elsa Rodríguez, compañera de militancia de Ferreyra en el PO y responsable de un comedor en un barrio carenciado de Berazategui- fueron condenados a prisión los dirigentes sindicales José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, autores intelectuales del crimen; Pablo Díaz, Cristian Favale y Gabriel “El Payaso” Sánchez, Jorge González, Salvador Pipito y Claudio Alcórcel, ejecutores del fulminante ataque y los policías Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra, quienes garantizaron la liberación de la zona para la realización del plan homicida.

La condena de José Pedraza -baluarte kirchnerista en su sindicato y elogiado por la presidenta Cristina Fernández como ejemplo del “sindicalismo que construye”- implicó el aprisionamiento, por primera vez en la historia nacional, del autor intelectual de un crimen político. La Justicia le acaba de negar el pedido de prisión domiciliaria al asesino. La figura de Mariano Ferreyra se multiplicó por miles en murales, afiches, libros, registros audiovisuales. Se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia y contra la impunidad, en una bandera de denuncia de la precarización laboral y la tercerización (un trabajador ferroviario que ingresó a la planta del ferrocarril luego del crimen y la movilización colgó un pasacalles en la zona sur en la que encomendaba a Mariano Ferreyra a un santo popular y le agradecía los favores recibidos), y en un símbolo vivo de la juventud militante y socialista, en oposición a las juventudes rentadas y proestatales de La Cámpora y el kirchnerismo.

Miles de chicos y chicas conocieron su historia y se identificaron con Ferreyra, uno más y uno de los suyos, pero que había decidido militar por transformaciones sociales estratégicas, por un gobierno de la clase trabajadora, por el socialismo. La precarización laboral contra la que luchaban Mariano Ferrerya y sus compañeros aquel mediodía en Avellaneda y Barracas no ha cesado. Un estudio reciente elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, basado en datos oficiales del Indec, señala que la informalidad laboral es el modo de existencia del 41,8% de la población laboral activa y que ese porcentaje se eleva al 61,6% entre los trabajadores jóvenes, de entre 15 y 24 años.

En el día de hoy se realizarán en Barracas recordatorios del asesinato de Ferreyra. La calle Coronel Bosch -por donde marchaban las columnas de los ferroviarios tercerizados aquella mañana entre Avellaneda y Barracas- pasará a llamarse Mariano Ferreyra, por iniciativa de su hermano Pablo Ferreyra, legislador porteño por el kirchnerismo. Luego, sus compañeros de militancia del Partido Obrero realizarán una jornada en homenaje a Ferreyra y una denuncia de la actualidad de la tercerización y precarización laboral. Una vez más muchedumbres de jóvenes y no tan jóvenes se congregarán para reclamar los mismos puntos que reclamaba Mariano Ferreyra aquel 20 de octubre de 2010, hace cuatro años. Coros de voces nombrarán al unísono otra vez su nombre. En la continuidad de esa tarea y en la perspectiva de acabar con el arrebatamiento de los derechos laborales es que se le rendirá el mejor homenaje. Un acto de lucha será la mejor manera de impedir que el olvido se pose sobre la memoria de la vida de Mariano Ferreyra.

El antecedente directo que marcó la posibilidad de la “salida a la Pedraza” fue constituido por una solicitada publicada el viernes 30 en el diario Crónica en la que el sindicato mecánico acusaba por la “anarquía” a “quienes quieren imponer representatividad a través de la violencia”, además de acusar a “los legisladores del partido obrero y la izquierda en general” (sic) por incentivar tal ejercicio anárquico. Pedían la acción de la Justicia para solucionar el conflicto antes de amenazar con “ejercer nuestro derecho a la defensa”. La pieza responsabilizaba con gravedad a la izquierda, que en el último periodo ganó posiciones en comisiones internas, delegados y activistas en una clara cacería de brujas contemporánea. En el conflicto de Gestamp intervinieron activamente trabajadores que pertenecen al PTS y al MAS.

“Acá puede haber activistas más picantes o menos picantes, pero el problema real que tenemos nosotros es el Partido Obrero”. Estas fueron las palabras que pronunció hace quince días Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata, en una reunión que contó con la participación de la Comisión Directiva del sindicato y delegados de la oficialista lista Verde, según uno de los asistentes que concurrió al encuentro y que por seguridad prefirió mantener en reserva su identidad. Pignanelli focaliza a la oposición, que cuenta con activistas de diversas tendencias, en “La Naranja Mecánica” que auspicia el PO, que actúa en varias fábricas del gremio y que ya fue objeto varias veces de ataques por parte de esa directiva. En el acto de traspaso de mando de “Paco” Manrique a Pignanelli, realizado en el Luna Park a fines de septiembre de 2011, el secretario general saliente dijo: “Que vengan esos de la Naranja Mecánica a ver si pueden sacarnos”. Miembros del Smata llegaron a revisar, en estos últimos días, la página de Facebook de la agrupación para increpar a sus “amigos” de la red social en las fábricas Mercedes Benz, Toyota y Ford. Los activistas opositores, que pertenecen al clasismo, actúan en secreto para evitar represalias de las empresas como del sindicato.

El 16 de mayo en la puerta de Volskwagen, ante una volanteada para pedir la solidaridad con Gestamp, una patota de varias decenas de hombres que se identificaban vivando a la lista Verde había atacado a golpes a ocho trabajadores de la autopartista. Dos trabajadores de Volkswagen contaron a este cronista que la los delegados opositores no tienen permitida la entrada a las reuniones del plenario de delegados de la fábrica, acusados de ser “traidores a SMATA”. “Tienen temor del crecimiento de la oposición en la fábrica y por eso suspendieron las elecciones sindicales que se deberían haber hecho en abril”, afirmaron

El SMATA vive, por obra de su dirección burocrática, un estado de cacería de brujas, fruto del crecimiento de las tendencias clasistas en los lugares de trabajo. El acuerdo del gobierno nacional en la persecusión a los trabajadores que luchan los alinea en una peligrosa formación. Si la amenaza de Pignanelli de resolver la situación en Gestamp con sus propios métodos prospera, una etapa nefasta se repetiría en el sector laborioso metalmecánico. No se debe olvidar que la excusa para perpetrar el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra fue “la inacción de la Justicia” que habría obligado a los sindicalistas ferroviarios a actuar “a su manera”. Esa fue la justificación que brindaron los asesinos. La misma que hoy levanta Pignanelli en el SMATA.

El paro docente por salario -de particular interés social, ya que afecta la cotidianidad familiar- cobra dimensiones dramáticas debido a la implacable decisión de sostenerlo por parte de los maestros para no permitir un brutal ataque a sus condiciones de vida. Las mínimas ofertas gubernamentales, en medio de la devaluación y de la inflación, implican de hecho una rebaja salarial. Contra esa perspectiva se desarrollan paros en todo el país y, a diferencia de otros años, las direcciones sindicales yaskistas de CTERA no pueden decidir levantamientos de paros o acuerdos con el gobierno a espaldas de sus bases. Esas direcciones -atravesadas por el hiperoficialismo de Hugo Yasky, ex jefe gremial docente y actual secretario general de la CTA (además de aplaudidor en cuanto acto de  la presidenta Cristina Fernández se lo invite)- no podrían hacerlo debido a los fuertes reclamos de los maestros, a la vez que debido a la irrupción de la izquierda en numerosas seccionales y provincias en las que se convirtió en una dirección radicalizada del conflicto.

En Misiones, pese a la represión física por parte de la policía de Maurice Closs, los docentes persisten con sus movilizaciones y cortes de ruta. Este jueves el dirigente de los maestros Rubén López fue detenido mientras intentaba realizar un corte de ruta, a la vez que los docentes fueron dispersados con gas pimienta. Luego López fue liberado. En Salta las movilizaciones docentes tienen una masividad como no se vivía desde el año 2000, durante el auge piquetero en esa provincia. En Santiago del Estero los docentes que paran desmienten los anuncios del nuevo vicepresidente del senado Gerardo Zamora sobre la normalidad social que dominaría su provincia. En Jujuy más de diez mil docentes se movilizaron ganando las calles como no se veía desde hacía mucho tiempo, hecho que debió reconocer la prensa local y el gobierno.

Se podría continuar con la enumeración, pero se condensa en la imagen que marcaron los docentes de todo el país que fueron los principales protagonistas de las movilizaciones convocadas el miércoles por la CTA opositora hacia las plazas del poder político. Un día después de que los docentes de La Matanza marcharan por las calles de ese distrito juntando un par de miles de manifestantes, su secretaria general Romina del Pla destacaba en su discurso en plaza de Mayo la firme decisión de los docentes en ir hasta el fondo en este conflicto crucial. El jueves por la tarde se anunció un nuevo fracaso en las reuniones paritarias y la continuidad, entonces, del paro general de los educadores.

Un piquete sobre el Puente Avellaneda conmovió a la opinión pública debido a sus consecuencias criminales. Un grupo de personas perteneciente al sindicato de trabajadores portuarios dirigido por Luis Corvalán arrojó desde el puente a un joven que pretendía atravesar la protesta para llevar al hospital a su pareja embarazada. Corvalán, un dirigente sindical que responde al kirchnerismo y que ubicó a su familia en puestos clave en el sindicato y la obra social para convertirlas en un negocio íntimo, admitió que había contratado a sujetos ajenos al gremio para realizar la protesta, en un calco de la contratación de sicarios por parte del gremialista ferroviario José Pedraza que culminaron con el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en 2010, cuando contaba con 23 años de vida. El repudio generalizado a la acción criminal supone el cuestionamiento social a las acciones de la así conocida “burocracia sindical”, una capa social parasitaria que concentra el poder en la mayoría de los sindicatos.

Otro crimen promovido por la burocracia sindical conmocionó a la opinión pública. El martes por la mañana un grupo de afiliados a la UOCRA, sindicato de los trabajadores de la construcción, atacó a los tiros a unas personas que intentaban conseguir conchabo en una obra en el partido de Lomas de Zamora, matando a una persona e hiriendo de bala a otros tres. La misma obra había sido objeto hacía dos semanas de un ataque por parte de una facción de la UOCRA contra otra en pelea por la caja sindical y por el control de la bolsa de trabajo que controla el gremio. Así había sido denunciado entonces por el SITRAIC, un sindicato de la contrucción disidente -de gran crecimiento en el último periodo- cuyo génesis tuvo lugar en Lomas de Zamora. Sin embargo, no se tomó ninguna medida contra los patoteros sino que, por el contrario, el día del ataque a tiros que terminó con un homicidio la policía se retiró del lugar, en un clásico movimiento de “liberación de la zona” para que los homicidas pudieran actuar con tranquilidad. La UOCRA está dirigida por el sindicalista kirchnerista Gerardo Martínez, de un oscuro pasado durante la dictadura militar como servicio de inteligencia del Batallón 601. Las patotas y los ataques armados son un método que recorre a su sindicato, controlado como un negocio personal por Martínez, quien ostenta un baño con jacuzzi en su oficina sindical, además de una visible malhadada fortuna. Lo usual hubiera sido un retraimiento gremial ante lo sucedido, pero por el contrario el repudio fue generalizado al punto de que ocho colectivos del SITRAIC partieron desde Lomas de Zamora el miércoles para participar de la movilización de la CTA. Una dura disputa de ribetes físicos se produce en estos momentos entre los trabajadores de la construcción por sacarse de encima una burocracia delictiva conducida por Martínez, quien debería ser juzgado por sus crímenes.

En Córdoba se produjo un hecho que, por sus características, marcará los vaivenes del movimiento obrero de esa provincia y, por qué no, del país. Valeo, una autopartista de capitales franceses, fue ocupada por sus obreros en reclamo de aumentos salariales y contra el despido de trabajadores contratados. La respuesta patronal fue el despido de trabajadores efectivos. La ocupación se afianzó. Durante días, los obreros tomaron posesión del lugar, paralizaron las tareas y subvirtieron el orden de la propiedad en reclamo de mejoras salariales que excedieran a las conseguidas por el sindicato metalúrgico UOM. Hay que remarcar que las paritarias metalúrgicas ni siquiera comenzaron, pero eso no impidió que el rechazo a la burocracia y a los aumentos exiguos produjera una acción preventiva por parte de los trabajadores. El miércoles por la noche la policía se apostó en las puertas de la fábrica con la intención de desalojar a los ocupantes. La firmeza obrera los hizo desistir. Al día siguiente la patronal francesa aceptó la reincorporación de los despedidos y un plus adicional sobre lo que consiguiera la UOM en las paritarias. Un triunfo estratégico en momentos en que se anuncia una recesión en la industria automotriz. Sin dudas, Valeo marca un camino frente a lo que pueda suceder.

Es posible detectar en los casos enumerados una tensión entre el impulso a la lucha de los trabajadores y su contrario empujado por la burocracia sindical. No habría que dejar de lado en los análisis que el programa kirchnerista, que cumplió una década, de reconstrucción de la burguesía nacional a costa de la extracción de beneficios de la clase trabajadora, también la reconstruyó como clase -en medio de la precarización- luego de que esta sufriera la expulsión de los lugares de trabajo durante el menemismo. La clase trabajadora actual no está atravesada por la subyugación ante la burocracia, conserva en su memoria las enseñanzas del movimiento piquetero y hasta fue educada políticamente por los acontecimientos de 2001, que culminaron con la renuncia del reaccionario presidente Fernando de la Rua. Hoy, frente a un ataque brutal mediante la devaluación y la inflación promovidas por el gobierno, este sector social no sólo realiza una dramática ruptura con el kirchnerismo, sino que se pone a la cabeza de los reclamos para luchar. El ocaso del kirchnerismo, es decir, su fin de ciclo, tiene entre sus protagonistas a los sectores laboriosos, que decidirán con el curso de su acción una gran parte del futuro de la nación en la próxima coyuntura.