No podría causar sorpresa. La política devaluatoria incidió directamente sobre la capacidad adquisitiva de los salarios, que fueron a la baja, incluso en los sectores medios, en el marco de una tendencia inflacionaria alcista que aún no se detiene. No sólo eso: las tarifas de los servicios básicos de luz, gas y agua se multiplicaron de manera desorbitada y se acusó a los sectores medios de haber sido subsidiados injustamente frente a otros segmentos sociales del interior del país, que también tuvieron incrementos en sus boletas de servicios, paradojalmente.

Los aumentos mensuales de los combustibles no sólo incidieron en los bolsillos de quienes manejan automóviles de manera cotidiana, sino que afectaron a toda la cadena de producción, lo que llevó a la tendencia inflacionaria alcista al paroxismo. Sólo en el ámbito de los trabajadores de la construcción hubo 70 mil despidos en estos primeros meses del Gobierno de Macri, que se niega a usar las partidas de presupuesto para obra pública que podrían alivianar esta situación de desocupación.

De este modo, los estratos medios y medios bajos que le habían entregado el triunfo a Macri registraron rápidamente los efectos del ajuste de su Gobierno, de manera tangible, experiencial y negativa para las condiciones de existencia que habían alcanzado.

Tal vez la mayor muestra de ruptura con los sectores medios que habían votado a Macri se mostró a través de la intensa lucha de la universidad en su conjunto, liderada por los gremios docentes y a la que se sumaron estudiantes, no docentes y hasta autoridades, aunque con posicionamientos diferentes. Ante el anuncio del aumento equivalente a cero del presupuesto universitario y la negativa de aumento salarial a los docentes —en la Universidad de Buenos Aires (UBA) existen doce mil docentes ad honorem, es decir, que cobran nada por impartir sus conocimientos—, la comunidad universitaria salió a la lucha. Se decretó el paro, pero con clases públicas cortando calles, para de esa manera involucrar al estudiantado en el reclamo. Se dieron clases en trenes y subterráneos en movimiento, en el patio de comidas del Unicenter Shopping, en las calles circundantes a la vanguardista Facultad de Filosofía y Letras del barrio de Caballito, en la avenida San Juan de la de Sociales, en la de Independencia que corresponde a Psicología —las tres tomadas por los estudiantes— y hasta en la Facultad de Derecho, una de las más numerosas y siempre representativa del humor social por la extensión de su alumnado y profesorado. Allí hubo, por primera vez en más de una década, un paro.

La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad fue tomada por los estratos medios como una bandera de lucha irrenunciable. Y el jueves 12 se produjo una movilización universitaria como no se veía desde 2001, cuando Ricardo López Murphy anunció el recorte para las universidades durante el efímero Gobierno de Fernando de la Rúa.

Por primera vez en quince años se movilizaron todos los gremios universitarios, incluso los dirigidos por el kirchnerismo. Sin embargo, hay que hacer notar que tales sindicatos habían decidido no ir hacia la Plaza de Mayo, es decir, no realizar el reclamo en el centro del poder político. Querían quedarse en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación. Así lo hicieron mientras decenas de miles de manifestantes llegaron a la Plaza de Mayo para manifestar su descontento con el Gobierno macrista. La izquierda que dirige los sindicatos docentes y los centros de estudiantes combativos había marcado el rumbo de los reclamos.

Los sindicatos habían realizado una gran movilización el 29 de abril contra la política de desempleo del Gobierno macrista, aunque sin llamar a un paro. Los universitarios, hijos de la clase media, hicieron lo propio en un contexto de paros, cortes de calle y manifestaciones multitudinarias que culminaron el jueves en la Plaza de Mayo.

¿Hay una ruptura del Gobierno de Mauricio Macri con los sectores que lo habían votado? Es muy probable. Macri debería tener en cuenta que el ocaso del Gobierno de De la Rúa comenzó con las movilizaciones estudiantiles contra López Murphy. Y debería tener en cuenta que, a diferencia de De la Rúa, que siempre contó con la paz sindical a su favor, el Gobierno de Macri ya convocó a las multitudes gremiales en repudio a sus políticas. Toda señal de alarma en medio de una crisis económica que no cesa debería ser tenida en cuenta como prioridad.

Hay una infinidad de hechos que muestran más similitudes que diferencias entre las políticas estratégicas del macrismo y las del kirchnerismo. En primer lugar, hay que señalar que ambas tendencias promovían la devaluación, que es la marca y seña de toda política de este período y es, principalmente, una confiscación de los salarios de los trabajadores en función de medidas de recuperación procapitalista en medio de la crisis económica. De este modo, la devaluación llevada adelante por Alfonso Prat-Gay solamente podría haber sido muy similar a la reclamada y anunciada por los economistas de Daniel Scioli, Mario Blejer o Miguel Bein, además de que fuera saludada luego de realizada por el principal asesor sciolista, Gustavo Marangoni. Más allá de esta información esencial, revisemos algunos episodios que reafirman la caracterización de “ajustadores” que viene bien para macristas o kirchneristas y que fue la causa por la que muchos llamaron a votar en blanco —una buena manera de evitar el voto a los propios verdugos.

El ajuste realizado en las provincias gobernadas por el kirchnerismo nada tiene que envidiar al realizado a nivel nacional por el macrismo. Los docentes de Santiago del Estero realizaron dos meses de huelga debido a la negativa a subir sus salarios por parte del clan Zamora —aquel gobernador de origen radical que se plegó con todas las plumas a las huestes k— y que culmina por estos días con algunos triunfos parciales, luego de movilizaciones históricas para la provincia y también de la represión gubernamental.

Qué decir del ajuste en las tierras de la mismísima Alicia Kirchner, hermana del ex Presidente fallecido y miembro supernumerario del movimiento fundado por aquel. Las medidas contra el salario de los trabajadores estatales, docentes y mineros, acompañadas por el despido de miles de trabajadores de la construcción de las empresas de Lázaro Báez, socio de la ex pareja presidencial, convirtieron a la provincia en un polvorín a punto de estallar. Las organizaciones sindicales y políticas de oposición al kirchnerismo y al radicalismo se unificaron y llevaron el jueves 5 una jornada de protesta que cortó los accesos a la provincia. La protesta contra el ajuste kirchnerista de Alicia se profundiza cada vez más.

Aún más notorio y salvaje es el ajuste llevado adelante por la kirchnerista Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego, que quiere imponer un régimen de baja de salarios, suba de la edad de jubilaciones y despidos —en medio de suspensiones en la industria metalúrgica privada— que provoca una huelga de más de dos meses de docentes y estatales. El último episodio de protesta incluyó escenas de alta violencia, ilegalidad y feroz represión cuando se apresó a dirigentes sindicales de los reclamos en la oscuridad de la madrugada —algo prohibido por el Código Procesal fueguino. Los gremialistas fueron liberados luego de dos días de detención e incomunicación, bajo la advertencia de que no podían acercarse no sólo a los lugares de protesta de sus compañeros de trabajo, sino que debían evitar estar a menos de cien metros de cualquier repartición pública y ni siquiera se les permitió salir de sus hogares después de las diez de la noche, en un sucedáneo de los regímenes de libertad condicional. El viernes 6, una movilización de miles en la noche más austral planteó una vigorosa respuesta del movimiento de los trabajadores contra el ajuste k.

La devaluación, la inflación, las decenas de miles de despidos y, en definitiva, las políticas de ajuste —ataque contra las condiciones de existencia de los sectores laboriosos y populares— forman parte del programa de Gobierno macrista. Se replican allí donde gobiernan los kirchneristas, aunque si se le pregunta a un kirchnerista si está dispuesto a denunciar el ajuste de Alicia Kirchner, su respuesta se irá por las ramas más diversas. El centro de la situación política en el período inmediato se encuentra en la necesidad de imponer una derrota a las clases trabajadoras, que muestran disposición a movilizarse en defensa de sus derechos, para imponer el ajuste nacional macrista como los ajustes provinciales kirchneristas. El voto en blanco demuestra su justeza y plantea la necesidad de la construcción política alternativa para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino sus responsables gubernamentales y empresariales, de uno u otro signo.

El martes 1º de marzo, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, gobernada por la kirchnerista Alicia Kirchner, manifestantes docentes y estatales en un número superior a los tres mil (que, en la pequeña ciudad patagónica, son una enormidad) expulsaron a La Cámpora, que había decidido manifestarse para apoyar a la gobernadora. Se trata de un episodio que indica una profundización del escenario de choques sociales en la provincia, otrora feudo político del kirchnerismo.

Santa Cruz es la provincia en la que se refugió el kirchnerismo residual. Si bien no obtuvo la mayor cantidad de votos, algo que sí hizo su contrincante radical, Alicia Kirchner (hermana del fallecido ex Presidente y fundador de la tendencia que gobernó el país durante doce años) se convirtió en gobernadora por obra de la antidemocrática ley de lemas. Según Alicia Kirchner misma denuncia, heredó una provincia en llamas. Lo que omite Alicia es que ella misma es heredera del régimen kirchnerista. Kirchnerismo que gobierna desde hace 25 años la provincia, trece años más de los que gobernó el país.

La provincia, como el país, está en ruinas. Por eso mismo Alicia Kirchner anunció ni bien asumió un ajuste que iba a terminar con los “ñoquis”, el mismo eufemismo que usa el Gobierno de Mauricio Macri para justificar los despidos masivos. El principal socio del Gobierno provincial —y socio y amigo primordial de los Kirchner en términos personales—, Lázaro Báez, dictaminó, apenas ingresada Alicia al Gobierno, el despido de 1.800 obreros de la construcción en sus obras. A la vez que la gobernadora Kirchner determinaba la interrupción de toda obra pública en curso.

Kirchner no despidió ñoquis, sino que decretó el cese de pagos de los contratados del Estado —una forma de precarización que estableció con impudor el Gobierno kirchnerista—, lo cual provocó la reacción de los sindicatos estatales, que además se ven amenazados por el despido de miles de agentes.

Kirchner, es decir, Alicia, actúa igual que Macri, es decir, Mauricio. Macri elimina las retenciones a las mineras, Alicia elimina el impuesto provincial a las mineras. Macri anuncia una pesada herencia y ñoquis, así replica Alicia. Mauricio impulsa la ley antipiquetes, Alicia Kirchner pide refuerzos de la Gendarmería para enfrentar los cortes de ruta de los despedidos del socio familiar Lázaro Báez.

Santa Cruz es el eslabón más débil de la crisis que atraviesa actualmente el Estado argentino, y que se replica en las provincias. Alicia Kirchner, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, se ve obligada a realizar el ajuste que en sus acólitos denuncian respecto al Gobierno nacional. Sin embargo, ese ajuste podría terminar llevándosela puesta. Una muestra del descontento es la manifestación durante su discurso de apertura a las sesiones parlamentarias, copado por la movilización contra sus políticas económicas.

La provincia austral se convirtió en el reducto de refugio del kirchnerismo residual. También podría ser el sitio en el que comiencen a estallar las rebeliones contra el ajuste. Paradoja de paradojas: mientras en Caballito o Parque Saavedra el kirchnerismo realiza las plazas de la resistencia —término abonado por una izquierda seguidista al kirchnerismo—, en Santa Cruz los trabajadores avanzan contra el ajuste que los K quieren imponer. Oh, historia, cuyo alimento nutricio es la contradicción.

Esto es perceptible no sólo por la excepcionalidad peligrosa de las fuerzas policiales al irrumpir en una villa miseria disparando balas de goma mientras una murga ensayaba en sus calles estrechas, lo que dejó niños heridos por los proyectiles, sino también por las filas de hombres con los brazos contra la pared al salir de una estación del ferrocarril. Se suman inspecciones colectivas de documentos de los pasajeros en colectivos del conurbano al que se suben policías con tal fin, un periodista de origen mapuche demorado por inspección de antecedentes en la estación Carlos Gardel del subte porteño, cacheo de jóvenes por la sospecha de caminar por una calle cotidiana de Mataderos, etcétera. Todos acontecimientos que se tornan comunes en el país y que permiten que sean registrados por las cámaras de los celulares de cualquier ciudadano —como también fueron registrados con esos celulares los disparos de los policías contra los miembros de la murga en la villa 21-24 hace pocas semanas.

El estado de sospecha permanente es incongruente con el Estado de derecho que permite a los ciudadanos la libre circulación. Ni hablar ya de la sospecha por “portación de cara”, que se denota cuando la mayoría —aunque no todos— de los demorados por averiguación de antecedentes responden al estereotipo social de la delincuencia: tez morena y un vestir popular que remitiría a la imagen policial del crimen. Esas facultades otorgadas libremente a la Policía no sólo atentan contra los derechos democráticos y plantean un retroceso en las libertades civiles a épocas previas a los años noventa, cuando fueron derogados los polémicos edictos policiales que daban vía libre a las fuerzas de seguridad. También plantean riesgos definidos y mortales: basta recordar la detención arbitraria —y el posterior asesinato— de los jóvenes Walter Bulacio o Miguel Bru por parte de la Policía (la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el crimen de Bulacio). Esta opinión es sostenida por constitucionalistas del tenor de Daniel Sabsay, quien dista de ser considerado como una figura revulsiva al estado general de las cosas.

Sin embargo, podría considerarse que este es el aspecto menor de un problema mayor que hace que sea cierto que es peor el remedio que la enfermedad. Ya que la enfermedad de la delincuencia y la inseguridad tienen su origen central en las fuerzas policiales. Regentes y ordenadores del tráfico de estupefacientes, la trata, el juego clandestino y el comercio de autopartes desarrollado a partir de desarmaderos ilegales, la Policía es parte fundamental del orden criminal. El sistema delictivo es parte del sostén mismo de la institución policial, ya que no todo el dinero recaudado de manera ilegal va a manos particulares, sino que una porción se destina, incluso, al mantenimiento de automóviles policiales y condiciones edilicias: un verdadero círculo de Möbius. La Policía ha sido señalada como promotora de zonas liberadas para el ejercicio de la delincuencia, también como recluta de esos delincuentes —es notorio el caso de Luciano Arruga, asesinado por oponerse a ser usado como peón del crimen—, a la vez que miembros mismos de la institución policial son frecuentemente detenidos mientras realizan crímenes contra la propiedad. El pensador Michel Foucault sostenía que el incremento de la inseguridad era congruente con el sistema policial, ya que era la base de un sostenido reclamo de injerencia y control policiales, que permiten un ejercicio más límpido de la delincuencia por parte de las fuerzas de la seguridad.

¿Es este acuerdo que otorga más poder a la Policía la contraparte para un uso más sofisticado de la represión sobre la protesta social, como se prevé a partir de la aprobación del anunciado protocolo que impediría piquetes y manifestaciones?

Frente a este estado de las cosas, la alternativa vigente a disminuir la delincuencia y la inseguridad corre por el lado de vigilar la institución policial a través de los organismos populares existentes y de la apertura de los registros de la actividad policial de cada comisaría. Otorgar mayor poder a la Policía implica dar al crimen mayor facilidad para su imperio. Antes de que las manifestaciones brutales y las consecuencias de ese poder se multipliquen, es necesario acabar con esa posibilidad como primer paso para asegurar el triunfo contra la delincuencia.

Algo similar podría decirse sobre la izquierda argentina, embarcada en un debate nodal respecto a qué posicionamiento tener frente al Gobierno de Mauricio Macri, que, en realidad, revela tendencias latentes de características históricas en este sector político, como el adaptacionismo y la sumisión a las presiones del nacionalismo burgués o diversas tendencias de la pequeña burguesía. Los debates en la izquierda tienen una importancia radical, ya que de ellos depende una acción política concreta que marcará sus posibilidades de desarrollo —o no— en el próximo período. Sobre todo en un momento en el que la izquierda influye políticamente a significativas capas de trabajadores que decidirán su participación independiente —o no— en la crisis, en medio de la paz social garantizada por las direcciones sindicales, en gran parte kirchneristas.

El episodio que desató con mayor virulencia este debate gira en torno a la detención de Milagro Sala. El reclamo por la libertad de la dirigente jujeña es correcto en tanto y en cuanto fue detenida por el “delito” de protestar, una medida gubernamental que proyecta de manera definida la criminalización del derecho al reclamo y que debe ser enfrentada incluso como medida de autoprotección para los luchadores del próximo período. Sin embargo, gran parte de la izquierda se pasó sin ambages a la defensa de Milagro Sala, al postularla como luchadora y concurrir —acontecimiento notable— al acto realizado en plaza de Mayo, organizado por el kirchnerismo, que se convirtió en una encadenación de homenajes a Sala y que concluyó con la asistencia cantando la consigna kirchnerista de: “Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver”. Sin delimitación alguna, la izquierda había aportado su presencia a un acto que contó en el palco con la presencia de Guillermo “Patota” Moreno, Martín Sabbatella, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi —que bancó al represor César Milani y bajo cuya jefatura de bancada los kirchneristas aprobaron la ley antiterrorista—, entre otros.

No sólo eso. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), partido al que pertenece el ex candidato Nicolás del Caño, suscribió un documento con la rúbrica de un legislador cuyo contenido es ajeno por completo a la así llamada “izquierda revolucionaria” —que fue firmado en conjunto con diputados el Frente para la Victoria— y que plantea un acomodamiento a la defensa del orden constitucional actual, cuando tal sector político plantea históricamente una superación de este orden con características sociales totalmente diferentes. Tal partido censuró las críticas de otras organizaciones de izquierda a Sala en nombre del objetivo superior de la lucha por su libertad, cuando Milagro expresa la regimentación estatal de los movimientos de lucha, la precarización laboral por medio de cooperativas de miles de trabajadores jujeños y la represión tercerizada mediante patotas a opositores al régimen de Eduardo Fellner y Cristina Fernández durante la década ganada.

El Partido Obrero, por caso, había sido criticado por no concurrir a la movilización kirchnerista y fue el principal impulsor de una movilización independiente, aunque esto le haya valido críticas en las que se lo caracteriza como macrista por no sumirse a la dirección de los K: un despropósito. Una posición de principios y autodefensa contra la criminalización de la protesta social se había transformado en un frente antimacrista encabezado por el kirchnerismo residual, al que se sumaba la izquierda.

La delimitación del kirchnerismo fue la gran ausente de la actuación de la izquierda en estos días. Pero no es una novedad. En realidad, se trata de un debate que lleva décadas en la izquierda y que hoy adquiere rasgos actuales y convulsivos debido a la violencia con la que una parte mayoritaria de ese sector decidió acercarse al kirchnerismo de un modo inédito. Para el Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), por ejemplo, la asunción de Mauricio Macri se trata de un salto cualitativo respecto del Gobierno anterior, cuando, en realidad, las medidas de gobierno del macrismo son calcadas de las tomadas por Axel Kicillof en enero de 2014: devaluación y suba de tasas de interés internas.

El Gobierno de los hiperbeneficios al sector agroexportador mediante la baja de las retenciones es quien nombró al antiguo kirchnerista y autor de la 125, Martín Lousteau, como embajador en Washington: una adhesión por parte de los K primigenios al ajuste macrista. Que no cesa allí: Mario Blejer, Miguel Bein y Gustavo Marangoni (capitostes del plan económico y político de Daniel Scioli) reconocieron que ellos hubieran hecho lo mismo que Macri, o le prestaron admiración y solidaridad. A pesar de todo esto, el MAS plantea que hay un “salto cualitativo” entre uno y otro gobierno y llega a comparar la situación argentina con la alemana en los comienzos de la década del treinta del siglo XX: como si el kirchnerismo hubiera sido la reformista socialdemocracia alemana y Macri, Adolf Hitler. Un delirio atómico.

De todas maneras, el embellecimiento del macrismo no es privativo del MAS. El PTS planteó: “El crecimiento económico del kirchnerismo dejó, como parte de su herencia, una fuerte recomposición social de la clase trabajadora”. No contento con esta resignificación del Gobierno de la precarización laboral, el PTS rescata a la burocracia sindical. En una entrevista realizada a Roberto Baradel, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y miembro activo del kirchnerismo que dejó pasar sus ajustes en la docencia, lo caracterizan como un “‘viejo conocido (en) la misma orilla de los que se plantan hace años” y pronostica que el burócrata se pondrá a la cabeza de las luchas. No sólo adaptacionismo al kirchnerismo, sino defección ante sus representantes en la burocracia sindical. Casi toda la izquierda, además, se especializa en el olvido sobre las diez provincias gobernadas por el kirchnerismo o el pejotismo, que hoy aplican un ajuste y despidos que no tienen nada que envidiar al del Gobierno nacional.

No se trata de nostalgia —quizás surgida por el acostumbramiento a doce años de kirchnerismo—, sino de un regreso al adaptacionismo a la variante política del nacionalismo burgués. En lugar de delimitarse de todas las corrientes del espectro político del sistema, la izquierda sucumbe a ellas y plantea un frente único con quienes erigieron desde el Estado las condiciones para el triunfo de Macri y su ajuste —que no diferiría, muy probablemente, del propio en medio de un agudizamiento de la crisis capitalista mundial. Un frente único con los autores de la ley antiterrorista y cuyas represiones costaron veinte vidas a lo largo de la década ganada. Un frente único con un supuesto mal menor contra un supuesto mal mayor, cuando en realidad el ascenso de Macri se produce en el marco de una crisis de régimen de conjunto.

La opción para la izquierda es la delimitación de las corrientes capitalistas y la fisionomización propia, que se producirá en agudización de la lucha de clases, que sobrevendrá, pero sobre todo de su planteamiento estratégico político. De otro modo, será la protagonista de un retroceso de características impensadas.

Hace unos días, el martes más específicamente, los obreros de Cresta Roja fueron los protagonistas de la primera represión del Gobierno de Mauricio Macri. El acto de violencia estatal podría no tener sentido por fuera de la demostración de fuerza de un Gobierno que necesita establecer distancias respecto de una imagen de delarruismo que lo aleje de una figura de autoridad. Esta es la conclusión necesaria a una encadenación de hechos que comenzó el lunes por la noche, cuando los trabajadores y sus representantes gremiales acordaron con los enviados del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que, en caso de protestar, sólo ocuparían dos carriles de la autopista Ricchieri y dejarían fluir el tráfico, en función de las reuniones institucionales que estaban previstas para el martes. Pero los acontecimientos superaron el acuerdo. Según todos los testigos, no había demoras en el tránsito cuando, a las diez de la mañana, la Gendarmería, sin previo aviso, arrinconó a los trabajadores con violencia y carros hidrantes al perímetro por fuera de la autovía. En vivo, la población asistía al primer episodio en el que la fuerza estatal era puesta en funcionamiento para reprimir la protesta social. La violencia de la Gendarmería había sido innecesaria. El macrismo se adelantaba así a un período en el que el ajuste que lleva adelante y las medidas que tienden a que la clase trabajadora sea el depositario de las penas de la reestructuración de la economía poblarán de luchas las calles en el futuro inmediato.

La represión se volvió a repetir por la tarde, acompañada en ese momento por balas de goma. Uno de los operarios heridos sufrió un ACV pocas horas después, debido a la tensión de toda la situación y permanece internado en una clínica en Monte Grande, donde fue intervenido quirúrgicamente. El martes de los acontecimientos se decretó la quiebra de la compañía Cresta Roja. Queda entonces la salida promovida por el Gobierno de encontrar nuevos compradores para la empresa. De todas maneras, la solución más adecuada sería la expropiación por parte del Estado de la compañía avícola, ya que el Estado es el principal deudor de la quiebra. De este modo, podría poner en funcionamiento una fábrica en un momento de rentabilidad para el sector, a la vez que proveería de alimento a los miles de comedores escolares y hospitales que tiene bajo su esfera.

Este cronista habló con obreros de Cresta Roja, quienes relataron una Navidad que se pasó en mesas de familiares, porque en las propias casas las heladeras estaban vacías. Contaron que este año con los cuatro mil pesos del Plan de Recuperación Productiva (Repro) otorgado por el Gobierno no habían podido comprar los regalos para sus hijos y que, si bien no pierden las esperanzas, el rastro de una situación dificultosa no había podido perderse en la cena de Nochebuena. Pero también contaron que sabían que todos habían brindado por la lucha, o porque la situación se encauce, o porque llegue una solución con la fábrica abierta y con todos los puestos de trabajo. En cada mesa de Navidad ese había sido el brindis en la medianoche unánime. Todos habían colocado sus miradas hacia el futuro.

Observación que no quita la constatación de la habilidad política de Macri —habilidad, tretas, lo mismo da. Debe hacerse notar que la nueva administración de Gobierno oscila entre la debilidad y la fortaleza —señálese que gobierna un “no partido” que no tiene una infraestructura o militancia, por un lado, combinada con el manejo de los estados y los presupuestos de nación, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, por el otro. Las acciones del Ejecutivo intentan inclinar la balanza hacia esta última.

Es por eso que en tan pocos días llevó adelante la iniciativa en todos los terrenos. Primero, llamó a dialogar a los ex candidatos a la Presidencia, cita a la que acudieron todos presurosos, salvo la izquierda. Sin embargo, no adelantó allí que digitaría a dos jueces de la Corte designados por comisión, una bajeza, ya que ocultó a los incautos la acción de Estado más discutible que iba a tomar en las siguientes horas. La designación en comisión de los jueces de la Corte —que luego transfirió a febrero— no sólo es una atribución polémica, sino que revela el carácter hiperbonapartista del Gobierno en esta etapa.

Macri también quitó las retenciones a los empresarios agrícolas. Y luego lanzó la devaluación, que implica una nueva etapa en nuestra economía, cuya base es la confiscación salarial en beneficio de la clase empresarial. Un clásico programa de ajuste, según los manuales de cualquier Chicago Boy (No debería dejarse de lado el hecho de que Mauricio Macri recibió a Félix Díaz, representante de la comunidad qom La Primavera, y que trasladó sus reclamos al área del ministerio de Justicia, quitándolos del área de desarrollo social. Tal vez —habrá que ver— sea una actitud demagógica, sin embargo, no es menor señalar que la ex Presidente Cristina Fernández no recibió a los qom durante los largos meses de su acampe para preservar su relación con el caudillo feudal Gildo Insfrán. La recepción de Díaz por parte de Macri señala otra vez su habilidad política).

Todo esto en una semana, en unos pocos días.

En esos pocos días el salario de las amplias masas argentinas se depreció.

Se abre una etapa en la que la movilización de los trabajadores será nodal para esgrimir cuál será su futuro.

Mientras la militancia kirchnerista se reúne en plazas para realizar duelos colectivos por la ley de medios (o reclama la permanencia de 678 en el canal estatal), sus representantes no protestaron frente al Gobierno de los decretos para rechazarlos, no pidieron sesiones extraordinarias del Congreso para hacer valer la tan mentada república, ni llamaron a la movilización social en pos de mantener el nivel de consumo de los salarios —no es casual que Macri le haya entregado el manejo de las obras sociales a los hombres del sindicalismo peronista.

Es una oportunidad, entonces, para que la izquierda vehiculice estos reclamos. Por lo pronto, ya llamó a una movilización el martes 22 para peticionar un doble aguinaldo que compense la pérdida que produjo la devaluación y la inflación.

Una parte de la izquierda —expresada en la política del ex candidato Nicolás Del Caño y su partido— piensa, sin embargo, que la tarea de la hora consiste en congraciarse con el kirchnerismo o con la izquierda kirchnerista, sea cual sea el significado de ese oxímoron político.

Piensan que un frente con ese sector contra el macrismo podría redundar en un crecimiento de tal izquierda. Por eso se plegaron al boicot del Frente para la Victoria frente a la Asamblea Parlamentaria de la asunción de Macri o se negaron a reclamar cara a cara los planteos de la clase trabajadora al nuevo Presidente —luego le enviarían, de manera vergonzante, el enlace de una carta abierta con ese contenido. Se trata de una intervención del oportunismo político más banal. Que, además, impulsa la resurrección del kirchnerismo en su etapa agónica. Todo lo contrario de lo que la izquierda debería realizar hoy, que es la corporización de su planteo de un modo independiente.

Han pasado pocos días y de manera vertiginosa ha empezado el ciclo de Mauricio Macri, en medio de una crisis económica que trasciende las fronteras y en el marco de una inestabilidad política que se transforma en una incógnita a la hora de resolverse. Estas primeras semanas delimitarán también a los actores del nuevo campo político.

Hay algunas certezas. Cristina Fernández de Kirchner cesa su mandato con un país con unas finanzas cercanas a la quiebra, casi sin reservas en el Banco Central y con vencimiento de bonos que deberán ser pagados en dólares en el futuro inmediato. Mientras tanto, el endeudamiento público —inexistente, según el ministro de Economía saliente Axel Kicillof y la ex Presidente— se eleva a 240 mil millones de dólares, con acreedores internos como el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Banco Nación. A esto hay que sumarle 11 mil millones de dólares que reclaman los fondos buitre.

CFK deja el país con una inflación anual muy elevada —que se incrementó en las últimas semanas—, de alrededor del treinta por ciento, mientras que la mitad de los trabajadores argentinos se encuentra en situación de precarización laboral y cobra menos de seis mil pesos por mes. Estudios extraoficiales indican que la pobreza se acerca al treinta por ciento de la población total, mientras que para el kirchnerismo la Argentina cuenta con menos pobres que Alemania.

El nuevo Gobierno de Mauricio Macri planteó en su programa un futuro próximo con una devaluación en marcha y negociaciones con organismos financieros internacionales para acceder a créditos. Tal programa —que es el mismo que propugnaba su oponente derrotado, Daniel Scioli, quizás con un tinte más gradualista— es la expresión de un ajuste, en términos clásicos. Por definición, las devaluaciones plantean una reducción de los costos de la fuerza de trabajo y se realiza en función de una supuesta reactivación que impulsarían la producción y las exportaciones. Sin embargo, el contexto internacional es el de una crisis económica mundial que no cesa en su octavo año, retracción de los capitales de los mercados emergentes, una gigantesca devaluación en China, país que promueve una menor importación de bienes y materias primas. En Estados Unidos la crisis recrudeció luego de dos años en los que parecía haber sido amainada y sus capitalistas abandonan las inversiones en el extranjero para refugiarse en los bonos del tesoro norteamericano.

El Gobierno de Macri tendrá el ambiguo carácter de fortaleza y debilidad al mismo tiempo, que deberá sortear hacia una de las dos posibilidades en el futuro más cercano. Por un lado, el partido central PRO no es un partido de cuadros ni de militancia masiva, lo que podría ser constatado como la expresión del derrumbe de la vieja partidocracia argentina. Por otro lado, al tener el Gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad de Buenos Aires, reúne el control del Estado de manera inexpugnable. De esa fortaleza depende, también, el modo en el que realizará el ajuste por venir.

¿Y el kirchnerismo? La ex Presidente se despidió de su gestión con una gran movilización en la Plaza de Mayo —en medio del bochorno que concentró la atención de la nación durante los últimos días y que concluyó con su decisión de no entregar los atributos presidenciales a Mauricio Macri. ¿Habrá sido esa movilización el canto de cisne del movimiento inaugurado en 2003? Por lo pronto, varios diputados y funcionarios anunciaron un período de gracia con el nuevo Gobierno, a la vez que varios ya buscan acuerdos de mayor alcance. Las principales figuras del kirchnerismo no parecen haber quedado en lugares de relevancia, por lo que —si así lo deciden— deberán dar la disputa política desde el llano. De cualquier manera, la falta de mayoría propia del macrismo en el Senado parecería señalar un Gobierno que deberá acordar con la oposición para llevar adelante su programa.

La asunción de Macri repitió sus discursos generalistas, basados sobre todo en un mensaje emocional que apela a grandes tópicos sin demasiadas especificaciones —las que se concretan en las reuniones de su gabinete y en particular en el equipo liderado por Alfonso Prat-Gay, que se pondrá al frente del manejo de la Economía. Ya en la Casa Rosada y con los atributos de mando, saludó a la multitud que llenó la plaza para recibirlo. Y también bailó mientras la vicepresidente Gabriela Michetti cantaba Gilda. “Cosas veredes”, decía el Quijote a Sancho Panza.

La incógnita mayor es cómo reaccionará la clase trabajadora ante las medidas del nuevo Gobierno. ¿Si apuntan a la inflación y a la desvalorización de la fuerza de trabajo mediante la devaluación, habrá una respuesta por parte de los sectores laboriosos? La década que acaba formó a toda una nueva generación de trabajadores con disposición a defender sus condiciones de vida y sus conquistas. De cómo actúen estos sectores también dependerá la aplicación de los planes económicos del Gobierno que acaba de asumir, una vez finalizado el ciclo kirchnerista. Las incógnitas se develarán al ritmo de los acontecimientos.

Por eso, el ímpetu de diferenciación que buscó Daniel Scioli los últimos diez días de campaña hizo que los militantes que habían declarado que lo votarían con un “broche en la nariz” el día previo a la elección señalaran que votaban a una versión rediviva de Ernesto “Che” Guevara, más o menos. La puesta en escena, sin embargo, no sirvió. Y se hubiera revelado como fachada más temprano que tarde. El programa de Gobierno de Macri y de Scioli eran similares en tanto el próximo Gobierno, ante el estado de bancarrota general y ante el hecho de que pasó el tiempo de realizar una “devaluación ordenada”, deberá (para organizar la crisis en función de los intereses sociales que defiende) devaluar, endeudarse y realizar un ajuste que afectará, principalmente, a las mayorías populares. Ese es el plan inmediato del Gobierno del presidente electo Mauricio Macri y el que hubiera aplicado —quizás más gradualmente— Scioli en caso de ganar.

La entrega del Estado a Macri por parte del kirchnerismo es también comprobable en que en Córdoba la diferencia a favor de Cambiemos superó la categoría de abrumadora y que tan sólo en su capital sacó una diferencia equivalente a la obtenida a nivel nacional. El kirchnerismo le había entregado la central provincia obrera argentina al proyecto macrista. Tal como le había entregado el principal distrito de la nación, la provincia de Buenos Aires, semanas antes a María Eugenia Vidal, que surgió como alternativa al peor candidato de la historia del kirchnerismo: Aníbal Fernández, responsable político de la masacre de Avellaneda y de la liberación de la zona que permitió el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otros tantos acontecimientos que emparentaron su figura con la del oprobio, el vivillo de barrio y el pelafustán.

La elección fue hiperpolarizada y se comprueba en los dos puntos porcentuales de diferencia y en que doce millones de personas votaron por Macri y doce millones de personas votaron por Scioli. El voto en blanco fue ínfimo, el menor en la historia de las votaciones desde 1983. Lo cual reafirma un frenazo por parte de quienes llamaron a votar de ese modo y el Frente de Izquierda, en particular, que fue la fuerza que llamó con más homogeneidad a votar en blanco. Las elecciones generales habían mostrado que la candidatura de Nicolás del Caño no había crecido desde las PASO y que la influencia de la izquierda, en el ámbito electoral, mostraba un cierto impasse luego de un sostenido crecimiento durante los últimos comicios.

Finalmente la apelación a la “renovación” que usó parte de la izquierda como caballito de batalla fue la que usó la campaña de Macri, con la salvedad de que un discurso de significante vacío de izquierda es menos potente que uno de significante vacío por parte de una fuerza con posibilidades de “renovar” ciertamente el espacio del Estado. Una situación contradictoria con el avance en los ámbitos sindicales, que se sigue realizando de manera imperturbable y que será fundamental a la hora de enfrentar el ajuste que vendrá de la mano del nuevo Presidente. Los sectores antimacristas que se ilusionaban en defender condiciones de vida votando a Scioli tendrán entonces la oportunidad de ejercer ese derecho a enfrentar el ajuste de la mano de la izquierda. El kirchnerismo tal como lo conocíamos ha concluido. El macrismo en el poder deberá realizar un giro económico en medio de la crisis. Los sectores laboriosos y el ala política que lo defiende tendrán la oportunidad de mostrar la justeza de sus reclamos y sus métodos. Una nueva etapa se abre en la nación.

Una vulgarización del planteo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores indica que para los “trotskistas” —o los izquierdistas en general— Macri o Scioli serían iguales. Una burrada atómica. Uno de ellos podrá ser más gradualista en su programa de ajuste y otro podrá plantear un camino inmediato de ajuste y endeudamiento. Pero ambos van hacia allí. Macri y Scioli devaluarán, se endeudarán y llevarán a las mayorías ciudadanas a una escala menor de sus condiciones de vida, porque están inmersos, ambos proyectos, en una crisis capitalista carácter mundial.

Tal crisis en nuestro país sólo podría ser resuelta a través de una reorganización de la economía que deje de beneficiar a los beneficiados de siempre y que intervenga positivamente sobre quienes producen la riqueza del país, es decir, los trabajadores —y no los empresarios, que hoy desde la Unión Industrial Argentina dicen abiertamente que tal o cual candidato del ballotage les viene igual: ambos devaluarán.

La sinrazón llega a niveles extremos que podrían medir un derrumbe catastrófico de los parámetros intelectuales de cierto sector que se interesa por la política. Pongamos por caso a los kirchneristas. Llaman a votar a Daniel Scioli como un baluarte de un supuesto Gobierno nacional y popular frente al probable arribo de la derecha. Una opinión que comparte Gildo Insfrán, masacrador del pueblo qom y eterno gobernador de Formosa con tintes feudales. Incluso el show mediático 678 llama a votar por Scioli, pero hace tres meses apenas consideraba al actual gobernador bonaerense como un siervo de los fondos buitre y del grupo Clarín.

¿Votar en blanco beneficiaría a Macri? Una ridiculez. Es el agente directo de los capitales sojeros y trasnacionales. Que también apoyan al kirchnerismo sciolista, ojo. Sin embargo, Macri indica en sus declaraciones que está dispuesto a llevar la crisis a su culminación de un modo más inmediato y abrupto. Votar en blanco no es estar un poco más a favor de Macri, sino que se trata de señalar con toda la gravedad posible un rechazo a la soga que pende sobre los cuellos de los argentinos y que supone un ajuste más inmediato o más gradualista en cualquiera de los casos.

El voto en blanco marca una perspectiva política ante la llegada dramática de la crisis económica mundial a nuestros lares. Y plantea una fuerte delimitación política con aquellos que se pliegan al sciolismo —o, se podría decir, al kirchnerismo en su etapa superior— cuando la nave se cae a pedazos. Como Adolfo Pérez Esquivel, que denunció furibundamente cómo el gobierno k hizo oídos sordos a las miserias denunciadas por el pueblo qom y otros reclamos de derechos humanos y que hoy llama a votar al ejecutor de esas miserias, o el triste papel de Patria Grande, un grupúsculo estudiantilista que finalmente sale del clóset del kirchnerismo y asume el voto a Scioli, el responsable político de la desaparición de Luciano Arruga.

Hoy el voto en blanco es fundamental. Es un voto contra el ajuste, venga de la mano de quien venga. Es un voto a favor de la organización de las fuerzas de la clase trabajadora y los sectores populares frente a la crisis amenazante, y que ya llegó. Es un voto no de principios (como de alguien que se lava las manos), sino de potente llamado a construir en la Argentina una fuerza política —y un Gobierno— que no atente contra las mayorías que viven de su trabajo en la sociedad. El voto en blanco marca un camino. El voto en blanco inscribe un sonoro “no” a la resignación de la opresión por los tiempos de los tiempos. El voto en blanco dice que hay una hoja abierta dispuesta a que se inscriban en ella las palabras de los protagonistas de la historia. El voto en blanco convoca a los ciudadanos a no ser títeres que se entregan a los ajustadores. Y por eso mismo el voto en blanco abre una senda, un camino, una señal de decisión.

El voto en blanco impugna la obligación de marchar con conciencia hacia el cadalso de la tristeza histórica y del arrepentimiento. Abre, entonces, una perspectiva ante una época en la que los argentinos deberán sucumbir ante los designios de la crisis económica o ante la elección de intervenir políticamente con gran potencia.