El paro docente por salario -de particular interés social, ya que afecta la cotidianidad familiar- cobra dimensiones dramáticas debido a la implacable decisión de sostenerlo por parte de los maestros para no permitir un brutal ataque a sus condiciones de vida. Las mínimas ofertas gubernamentales, en medio de la devaluación y de la inflación, implican de hecho una rebaja salarial. Contra esa perspectiva se desarrollan paros en todo el país y, a diferencia de otros años, las direcciones sindicales yaskistas de CTERA no pueden decidir levantamientos de paros o acuerdos con el gobierno a espaldas de sus bases. Esas direcciones -atravesadas por el hiperoficialismo de Hugo Yasky, ex jefe gremial docente y actual secretario general de la CTA (además de aplaudidor en cuanto acto de  la presidenta Cristina Fernández se lo invite)- no podrían hacerlo debido a los fuertes reclamos de los maestros, a la vez que debido a la irrupción de la izquierda en numerosas seccionales y provincias en las que se convirtió en una dirección radicalizada del conflicto.

En Misiones, pese a la represión física por parte de la policía de Maurice Closs, los docentes persisten con sus movilizaciones y cortes de ruta. Este jueves el dirigente de los maestros Rubén López fue detenido mientras intentaba realizar un corte de ruta, a la vez que los docentes fueron dispersados con gas pimienta. Luego López fue liberado. En Salta las movilizaciones docentes tienen una masividad como no se vivía desde el año 2000, durante el auge piquetero en esa provincia. En Santiago del Estero los docentes que paran desmienten los anuncios del nuevo vicepresidente del senado Gerardo Zamora sobre la normalidad social que dominaría su provincia. En Jujuy más de diez mil docentes se movilizaron ganando las calles como no se veía desde hacía mucho tiempo, hecho que debió reconocer la prensa local y el gobierno.

Se podría continuar con la enumeración, pero se condensa en la imagen que marcaron los docentes de todo el país que fueron los principales protagonistas de las movilizaciones convocadas el miércoles por la CTA opositora hacia las plazas del poder político. Un día después de que los docentes de La Matanza marcharan por las calles de ese distrito juntando un par de miles de manifestantes, su secretaria general Romina del Pla destacaba en su discurso en plaza de Mayo la firme decisión de los docentes en ir hasta el fondo en este conflicto crucial. El jueves por la tarde se anunció un nuevo fracaso en las reuniones paritarias y la continuidad, entonces, del paro general de los educadores.

Un piquete sobre el Puente Avellaneda conmovió a la opinión pública debido a sus consecuencias criminales. Un grupo de personas perteneciente al sindicato de trabajadores portuarios dirigido por Luis Corvalán arrojó desde el puente a un joven que pretendía atravesar la protesta para llevar al hospital a su pareja embarazada. Corvalán, un dirigente sindical que responde al kirchnerismo y que ubicó a su familia en puestos clave en el sindicato y la obra social para convertirlas en un negocio íntimo, admitió que había contratado a sujetos ajenos al gremio para realizar la protesta, en un calco de la contratación de sicarios por parte del gremialista ferroviario José Pedraza que culminaron con el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en 2010, cuando contaba con 23 años de vida. El repudio generalizado a la acción criminal supone el cuestionamiento social a las acciones de la así conocida “burocracia sindical”, una capa social parasitaria que concentra el poder en la mayoría de los sindicatos.

Otro crimen promovido por la burocracia sindical conmocionó a la opinión pública. El martes por la mañana un grupo de afiliados a la UOCRA, sindicato de los trabajadores de la construcción, atacó a los tiros a unas personas que intentaban conseguir conchabo en una obra en el partido de Lomas de Zamora, matando a una persona e hiriendo de bala a otros tres. La misma obra había sido objeto hacía dos semanas de un ataque por parte de una facción de la UOCRA contra otra en pelea por la caja sindical y por el control de la bolsa de trabajo que controla el gremio. Así había sido denunciado entonces por el SITRAIC, un sindicato de la contrucción disidente -de gran crecimiento en el último periodo- cuyo génesis tuvo lugar en Lomas de Zamora. Sin embargo, no se tomó ninguna medida contra los patoteros sino que, por el contrario, el día del ataque a tiros que terminó con un homicidio la policía se retiró del lugar, en un clásico movimiento de “liberación de la zona” para que los homicidas pudieran actuar con tranquilidad. La UOCRA está dirigida por el sindicalista kirchnerista Gerardo Martínez, de un oscuro pasado durante la dictadura militar como servicio de inteligencia del Batallón 601. Las patotas y los ataques armados son un método que recorre a su sindicato, controlado como un negocio personal por Martínez, quien ostenta un baño con jacuzzi en su oficina sindical, además de una visible malhadada fortuna. Lo usual hubiera sido un retraimiento gremial ante lo sucedido, pero por el contrario el repudio fue generalizado al punto de que ocho colectivos del SITRAIC partieron desde Lomas de Zamora el miércoles para participar de la movilización de la CTA. Una dura disputa de ribetes físicos se produce en estos momentos entre los trabajadores de la construcción por sacarse de encima una burocracia delictiva conducida por Martínez, quien debería ser juzgado por sus crímenes.

En Córdoba se produjo un hecho que, por sus características, marcará los vaivenes del movimiento obrero de esa provincia y, por qué no, del país. Valeo, una autopartista de capitales franceses, fue ocupada por sus obreros en reclamo de aumentos salariales y contra el despido de trabajadores contratados. La respuesta patronal fue el despido de trabajadores efectivos. La ocupación se afianzó. Durante días, los obreros tomaron posesión del lugar, paralizaron las tareas y subvirtieron el orden de la propiedad en reclamo de mejoras salariales que excedieran a las conseguidas por el sindicato metalúrgico UOM. Hay que remarcar que las paritarias metalúrgicas ni siquiera comenzaron, pero eso no impidió que el rechazo a la burocracia y a los aumentos exiguos produjera una acción preventiva por parte de los trabajadores. El miércoles por la noche la policía se apostó en las puertas de la fábrica con la intención de desalojar a los ocupantes. La firmeza obrera los hizo desistir. Al día siguiente la patronal francesa aceptó la reincorporación de los despedidos y un plus adicional sobre lo que consiguiera la UOM en las paritarias. Un triunfo estratégico en momentos en que se anuncia una recesión en la industria automotriz. Sin dudas, Valeo marca un camino frente a lo que pueda suceder.

Es posible detectar en los casos enumerados una tensión entre el impulso a la lucha de los trabajadores y su contrario empujado por la burocracia sindical. No habría que dejar de lado en los análisis que el programa kirchnerista, que cumplió una década, de reconstrucción de la burguesía nacional a costa de la extracción de beneficios de la clase trabajadora, también la reconstruyó como clase -en medio de la precarización- luego de que esta sufriera la expulsión de los lugares de trabajo durante el menemismo. La clase trabajadora actual no está atravesada por la subyugación ante la burocracia, conserva en su memoria las enseñanzas del movimiento piquetero y hasta fue educada políticamente por los acontecimientos de 2001, que culminaron con la renuncia del reaccionario presidente Fernando de la Rua. Hoy, frente a un ataque brutal mediante la devaluación y la inflación promovidas por el gobierno, este sector social no sólo realiza una dramática ruptura con el kirchnerismo, sino que se pone a la cabeza de los reclamos para luchar. El ocaso del kirchnerismo, es decir, su fin de ciclo, tiene entre sus protagonistas a los sectores laboriosos, que decidirán con el curso de su acción una gran parte del futuro de la nación en la próxima coyuntura.

La alianza represiva del kirchnerismo y el PRO se dejó traslucir en un debate organizado en el programa Otro tema, conducido por Santo Biasati, que emite el canal TN. La mesa estaba integrada por los diputados Federico Sturzenegger (PRO), Victoria Donda (Libres del Sur), Miguel Bazze (UCR) y el dirigente Jorge Altamira (Partido Obrero-Frente de Izquierda). El principal defensor de la propuesta de limitar la protesta social presidencial fue Sturzenegger, que la apoyó con ahínco. El radical Bazze -que cada vez que fue gobierno reprimió, la última vez en 2001, cuando Fernando de la Rua se despidió dejando tras de sí un tendal de 35 muertos- dijo que había que permitir la protesta y ser razonable, pero la historia de su partido invalidaba cada uno de sus dichos. Victoria Donda se opuso al proyecto presidencial, pero Sturzenegger le recordó que UNEN, la alianza que ella integra, había presentado un proyecto en la legislatura porteña para limitar la protesta social. ¡Alcoyana, alcoyana! Altamira señaló que se revelaba el pacto K-PRO con estas ideas, defendió la posibilidad de la protesta como un derecho primigenio y llamó a movilizarse por las paritarias docentes. Hace poco más de una década, así había definido Altamira al piquete: “El piquete es una forma suprema de la solidaridad social, que va más allá de la camaradería y el apoyo recíproco entre los piqueteros, pues convoca a todos los explotados a tomar el destino en su propias manos”. 

Sin embargo -más allá de la coincidencia del PRO con los kirchneristas- el primero en acusar recibo de los deseos presidenciales fue Maurice Clos, el gobernador oficialista de Misiones. Ante el paro y la movilización de los maestros misioneros -y ante la instalación de un piquete de huelga en la ruta 12-, Clos se valió de su policía provincial y de la Gendarmería conducida por el fascistizante Sergio Berni para apalear a los manifestantes. Bala de goma, gases lacrimógenos, palos y hasta la intervención de la montada conformaron la postal de la brutalidad policial contra la protesta social, tal como había pedido Cristina. Nora Didieu, secretaria general de ATE, permanecía internada debido las lesiones recibidas, mientras una maestra sufría la fractura de un brazo debido a la represión policial. Se había detenido a 27 manifestantes durante la jornada de protesta gremial.

De cualquier manera, la protesta gremial en Misiones formaba parte de un conglomerado más amplio de lucha docente en todo el país. El paro general docente se cumplió en la mayor parte de las provincias y los distritos más numerosos son también los más conflictivos. La movilización conjunta de estatales y maestros bonaerenses fue de las mayores de los últimos tiempos, a la vez que provocó que el gobernador Daniel Scioli tuviera que pasar el inicio de las sesiones legislativas de la mañana a la tarde para evitar toparse con el enojo gremial de los manifestantes. Las movilizaciones de los maestros no parecen tener un fin próximo en el horizonte, por el contrario, el 12 de marzo se realizará un paro nacional de la CTA, con movilizaciones y piquetes. De esos que tanto molestan a la presidenta. Del triunfo de esos piquetes depende también el ulterior desarrollo de las paritarias en otros gremios. Es decir, depende una parte sustancial del futuro de las capas profundas del país.

El Indec, aquella antigua institución de las estadísticas transformada en un deslucido centro de desinformaciones progubernamentales, decretó el fin de la desocupación en el Chaco. El gobernador Jorge Capitanich realizó una conferencia de prensa en la que celebró el anuncio: “Finalmente, en el segundo trimestre de este año, la desocupación bajó al 0,4 por ciento”. La manipulación estadística del organismo controlado por el católico fanático y antiguo miembro de Guardia de Hierro Guillermo Moreno toma a beneficiarios de planes sociales, incluso a aquellos que no realizan ninguna actividad laboral en retribución por esa paga, como trabajadores en actividad. La falsedad del “pleno empleo” en el Chaco es evidente para quien viva allí y para quien la visite. No está de más recordar que en mayo luego de la represión ordenada por el gobierno chaqueño murió Florentín Díaz, miembro de la comunidad aborigen Curushy. Díaz había participado de una protesta, justamente, de desocupados. Formosa y Misiones fueron beneficiadas por las calculadoras mágicas del Indec y registran los niveles más bajos de desempleo. Se debe destacar que Formosa, Chaco y Misiones son las provincias más pobres de la nación.

Una nación que, en palabras de la presidenta Cristina Fernández, tiene mejores índices que Canadá y Australia. Algo que, incluso tomando como datos válidas las cifras dadas por el Indec, son desmentidas por estudios internacionales promovidos por las Naciones Unidas. Según estos registros, el Índice de Desarrollo Humano le otorga a Australia el 2º lugar en el mundo, a Canadá el 11º y a la Argentina el 45º. El PIB nominal per cápita ordena a Australia en el 6º lugar, a Canadá en el 10º y a la Argentina en el 60º. En términos de esperanza de vida, Australia está 10º entre las naciones del mundo, Canadá 13º y la Argentina 60º. Respecto a la igualdad de ingreso, Australia se ubica en el 27º puesto, Canadá en el 39º y la Argentina en el 61º. Según el Índice Prescott-Allen -que mide el bienestar de las naciones no sólo con el método de la ONU que calcula el IDH o por el PIB, sino que también toma como factor el impulso ecológico de cada país-, Canadá se ubicaría en el 6º lugar, Australia en el 18º y la Argentina en el 54º. Los datos -recopilados por mi amigo Ignacion Jorajuria- son elocuentes. A pesar del énfasis discursivo de la presidenta Cristina Fernández, nada demuestra que la Argentina esté mejor que Canadá o Australia.

Cuando se presencia este tipo de intervenciones falsarias, surge la pregunta acerca de si los gobernantes que las enuncian son cínicos sin remedio o si realmente se creen su propio relato impostor. En un caso u otro, para describir el estado político y moral de quienes nos gobiernan corresponde usar la palabra que escribiera en una de sus columnas la gran periodista Susana Viau, fallecida hace unos meses. Viau había escrito: “demencial”.