Boudou no es una excepción al armado kirchnerista y se puede asegurar sin dudas que los presidentes de la década ganada, incluído él mismo, amaron el dinero. Ninguna persona cercana a la figura de Néstor Kirchner podría poner en duda esa afición, replicada en su esposa, la actual presidente Cristina Fernández, y que también se cuenta entre los deseos públicos y privados del vice procesado, hoy jefe de Estado, Amado Boudou.

No se trata de especulación psicologista, sino de constatación de los datos que indican el aumento de las fortunas personales de los Kirchner y de Boudou durante sus servicios en la función pública, en particular desde mayo de 2003. El patrimonio de los Kirchner creció más de mil por ciento durante el tiempo de sus presidencias. En 2002, Boudou presentaba bienes por $128.034,29 en su declaración de impuesto a las ganancias. En 2012, señalaba que su fortuna había ascendido a $1.112.132,14 ante la Oficina Anticorrupción. Un crecimiento más que notable. Y más todavía cuando para el juez Ariel Lijo, que dictó el procesamiento del hoy presidente, Boudou se había convertido en el verdadero dueño de Ciccone Calcográfica, operación para la que habría contratado al prestanombres Alejandro Vanderbroele.

Existe un rasgo que opera en ciertas personas y que se condice con las leyes de la física y la naturaleza: la transformación de cantidad en calidad. De tal modo, la acumulación física de dinero promueve que los billetes dejen de ser meros billetes -o números de cuenta en paraísos fiscales del Caribe o las Seychelles- para convertirse en cifras del poder. Un proceso que sufre una tercera transformación y que bien definió en los noventa el suicidado empresario menemista Alfredo Yabrán: “El poder es impunidad”, había dicho. Impunidad, agua en la que se mueve a gusto el vicepresidente procesado, hoy presidente, Boudou.

Desde sus tempranas épocas como animador de la noche marplatense en el boliche Frisco -nido de pseudo-bon vivants modernosos pero también de arribistas sociales-, pasando por sus veleidades militantes en la liberalísima UPAU -cuando su agrupación, y él mismo, militaban por el desprocesamiento de los militares acusados por crímenes en la dictadura-, hasta su paso kirchnerista por la ANSES, el ministerio de Economía y la vicepresidencia -regado todo por la idiosincracia millonaria de Puerto Madero y sus formas adictivas. ¿Es el hoy presidente Boudou una anomalía de este modelo nacional y popular?

Permítaseme arriesgar que, en realidad, se trata de su exponente más honesto. El modelo kirchnerista no produjo transformaciones estructurales sino que se abocó a la reconstrucción de una burguesía nacional parasitaria, a la entrega de los recursos del país a multinacionales como Chevron, al pago de la deuda usuraria y reparaciones como las que se brindaron al Banco Mundial, a Repsol y que hoy negocia en Nueva York Axel Kicillof con los fondos buitre.

Boudou es el emblema de un modelo que lleva, como señala la fábula del sapo y el escorpión, a la corrupción como constituyente de su naturaleza. A pesar de la defensa ignominiosa que pueda realizar Hebe de Bonafini sobre él -que la hunde más en la oscuridad de un rol que no debería haber tenido-, es la torpe honestidad de Boudou la que expone vehementemente sus miserias.

Aunque quiera disimular, como Remo Erdosain ante el farmacéutico Ergueta, a quien intenta conducir hacia la entrega de su dinero en un capítulo de la genial novela de Robertlo Arlt, Los siete locos. Quizás la sociedad deba imitar a Ergueta, levantarse, extender el brazo, hacer chasquear la yema de los dedos y pronunciar, mirando bien directo a los ojos del hoy presidente Amado Boudou, esa línea ejemplar: “Rajá, turrito, rajá”.

¿Sería posible imaginar que el 20 de diciembre de 2001 los centenares de miles de manifestantes hubieran designado mediadores para discutirle a De la Rua la decisión del Estado de Sitio? ¿Podría considerarse que los obreros de Avellaneda hubieran elegido representantes para solicitarle a Edelmiro Farrell la liberación del teniente Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García, para luego movilizarse por dos horas antes de ser reprimidos por la policía, en el marco legítimo de la ley? ¿Es pertinente pensar siquiera que los trabajadores y estudiantes cordobeses le hubieran anticipado al gobierno de Onganía cuarenta y ocho horas antes que tomarían el barrio Clínicas con barricadas y autos quemados para determinar el fin de ese tramo de la dictadura?

El absurdo que atraviesa el proyecto de Kunkel podría hacer presumible que su autor es un ignorante absoluto acerca de los procesos sociales y el desarrollo no tan sólo de la historia argentina, sino de la universal. Pero no es así. Kunkel fue uno de los diputados de la Juventud Peronista que en 1974 renunció a la bancada oficialista ante la presentación por parte del entonces presidente Perón de la ley de Asociaciones Profesionales, que todavía rige, y que abrió el camino a la eternización de las burocracias sindicales y al bloqueo de direcciones alternativas en todas las ramas de la producción. El proyecto de ley de Kunkel no es ingenuo ni absurdo. Es peligroso. Y da cuenta de la total degradación del proyecto político del oficialismo.

La ley está inspirada en otra que aplicó el régimen dictatorial de Augusto Pinochet en Chile. El “Decreto Supremo 1086”, promulgado por Pinochet el 15 de septiembre de 1983, años en los que la lucha democrática lanzaba a miles a las calles a desafiar a la opresión militar. Su artículo segundo indica los datos que los manifestantes deben avisar a los funcionarios de gobierno con dos días de anticipación: “El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, donde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación”.

El proyecto de ley kirchnerista calca a la ley dictatorial y señala en su artículo séptimo: “Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. En esa notificación deberá indicarse: a) El lugar en que se llevará a cabo. b) El tiempo estimado.c) El objeto de la manifestación. d) El manifestante delegado.”

El proyecto K introduce la figura del “manifestante delegado”, que tendría la misión de parlamentar con los representantes estatales o privados a los que se dirijan las peticiones de la manifestación por el lapso de dos horas. Pasado ese período, se declararía la ilegitimidad de la protesta y las fuerzas de seguridad deberían disolverla –aunque, según indica la norma, la fuerza debería usarse en su “mínima expresión” y (gracias Ley de Medios) la protesta declarada “legítima” debería ser difundida en los medios públicos-. Dos horas es el tiempo de legitimidad que le otorgaría el Estado antes de quedar libre de manos para la represión. Félix Uriburu, Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla palmearían los hombros de los diputados que aprueben esta ley.

La actual coyuntura marca un incremento exponencial de la protesta social, que tuvo un pico la semana pasada con la realización del paro general, de carácter activo debido a los piquetes de la izquierda sindical. Estos sectores impulsan la continuidad de la protesta, con paros progresivos de 36 y 72 horas –aunque el moyanismo se manifiesta proclive a llegar a acuerdos y acomodamientos políticos de cara al 2015 antes que verificar el cumplimiento de sus reclamos-.

Frente a esta alza de luchas es que se erige la muralla represiva de la ley antipiquetes de los K. No está de más recordar que el periodo  que se inició con la convulsión social de 2001 y 2002 encontró a Néstor Kirchner reprimiendo a los vecinos asambleístas que se reunían en Río Gallegos, Santa Cruz. Cristina Fernández da fin al ciclo kirchnerista con una reaccionaria ley para seguir reprimiendo.

En Caleta Olivia, una ciudad en la costa norte de la patagónica provincia de Santa Cruz, se desarrolla el juicio por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida el 7 de febrero de 2006 en Las Heras durante una pueblada provocada por medidas represivas contra la huelga petrolera que conmovía la región. Hay una docena de imputados por el asesinato, ocurrido por arma de fuego, producido durante tumultuosos incidentes frente a la aicaldía donde, en un movimiento provocador, se había apresado sin causa al vocero de los trabajadores. La mayoría de los acusados son petroleros. A continuación, los hechos que producidos en 2006 tienen la mayor actualidad, ya que el motivo del conflicto era la lucha contra la tercerización y contra el impuesto al salario, dos características de la política económica del kirchnerismo de aquellos y de estos tiempos.

A fines de 2005 los trabajadores petroleros de la empresa tercerizada INDUS -que enrola a sus empleados en el régimen de la UOCRA a pesar de que cumplen tareas petroleras- se dieron cuenta de que el impuesto al salario había dado fin al cobro de sus aguinaldos: en los recibos el saldo era negativo. Comenzaron una serie de medidas de lucha tendientes a lograr que la empresa se hiciera cargo del monto del impuesto y el pase al convenio petrolero. La constatación de los enormes descuentos en los salarios de los trabajadores enrolados en el convenio petrolero (que tenían salarios mayores) los llevó a plegarse a las medidas de lucha y a la huelga. Unos días después del comienzo de 2006, la huelga general petrolera en el norte de Santa Cruz -gobernada en ese momento por el entonces kirchnerista Sergio Acevedo- con piquetes en las puertas de las empresas se había decretado masivamente. Cada punto de lucha contaba con la participación de centenares de obreros que rotaban en turnos.

La decisión de los trabajadores era inflexible. La zona se militarizó. El GEOF, grupo comando creado por el gobernador Néstor Kirchner, ocupó la ciudad de Las Heras, deteniendo ciudadanos a mansalva, hostigando a la población, realizando razzias en boliches contra la juventud, imponiendo un clima de terror en la ciudad. Sin embargo, la exigencia para que se respeten los salarios obreros y se acabe con la tercerización no admitía otras posibilidades de tal modo que, cumplidos 20 días de huelga, el gobierno de Acevedo montó una provocación.

El 6 de febrero por la noche se detuvo, sin causa y sin explicaciones, a Mario Navarro, vocero de los huelguistas. Nadie informanba sobre la situación de detención de Navarro, ni la jueza a cargo, ni la policía. Cuando la noticia se supo en los piquetes, los trabajadores decidieron movilizarse hacia la comisaría para exigir la libertad de su dirigente. Al mismo tiempo, la policía y el GEOF se preparaban para la represión. Que pronto iniciaron. El grupo de 600 trabajadores resistió el embate de gases lacrimógenos y balas de goma, que se dispararon en tal cantidad que ningún vecino de Las Heras pudo quedar indiferente. El humo de los gases y el estruendo de los tiros sacudió a la ciudad, cuyos jóvenes se plegaron a la resistencia a la policía. Según los vecinos de Las Heras, nunca se había vivido una pueblada así en el pueblo. En medio del tumulto y del caos, el policía Jorge Sayago cayó y luego se comprobó que había muerto. Después de horas de combates callejeros, Navarro fue liberado por la policía.

El terror de la ocupación policial de la ciudad se incrementó con detenciones arbitrarias, apremios ilegales, circulación de autos sin chapa, interrogatorios en viviendas sin pertinencia judicial. A tales niveles llegó el clima represivo, que los delegados petroleros, trabajadores que habían participado de la lucha y sus familias le pidieron protección del párroco Luis Bicego, que habilitó las aulas de la escuela que funciona junto a su iglesia para darles refugio. Durante dos semanas, cien personas se instalaron en el edificio, durmiendo en colchones instalados en las aulas, hasta que el clima represivo amainó debido a la denuncia de los hechos que se nacionalizó. En el interín, se habían realizado las primeras detenciones arbitrarias sobre trabajadores que fueron trasladados a comisarías de toda la provincia. Una comisión de madres y esposas de los presos comenzó a recorrer distintas ciudades de Santa Cruz para dar con el paradero de los suyos y organizó movilizaciones y fondo de lucha para sostener el matenimiento de sus familias mientras los petroleros permanecían encarcelados. Luego de meses comenzaron a ser liberados, aunque hubo petroleros que permanecieron presos durante tres años.

El juicio que investiga el asesinato de Sayago comenzó hace unas semanas. Este cronista presenció la sesión del miércoles 17 en la que el testigo Torres, que había acusado a algunos de los imputados, reveló que su declaración había sido armada por la policía y que había accedido a firmarla porque se encontraba bajo amenazas. Es la tónica del proceso, en el que se denuncian irregularidades que se habrían producido de modo permanente a lo largo de la instrucción previa a este juicio oral.

Quizás no se sepa jamás cómo se produjeron los hechos que culminaron con la vida de Sayago debido a un juicio completamente viciado. Quizás deba considerarse la responsabilidad política del entonces gobierno kirchnerista de Sergio Acevedo en la sucesión de los hechos. También debería evaluarse el modo en el que el kirchnerismo defendió la tercerización laboral y el impuesto al salario frente a la lucha de los trabajadores contra las dos medidas injustas. Dos medidas que el kirchnerismo sigue caracterizando como centrales para su política y que defiende aún hoy a pesar de la oposición de los sectores laboriosos.