Todos los conocemos. Forman parte de cierto grupo de personas que no teme hacer demostración pública de impudicia. Son impulsores de derrumbes morales cotidianos y perdieron la capacidad del rubor. Estos días están dando vueltas por toda la web. Realizando manifestaciones políticas. Posaron frente a algunas cámaras fotográficas. Sostuvieron carteles manuscritos convocando a una marcha. Pronunciaron entonces la consigna: “Ni una menos”. Mantuvieron los ojos abiertos ante el flash. Luego volvieron a los despachos estatales donde se dan cita los cómplices del femicidio y la represión. Sergio Berni, Aníbal Fernández y la Policía Metropolitana son algunos de los impostores del #NiUnaMenos, quienes de repente no sólo parecen haber adquirido consciencia de los derechos de la mujer, sino que querrían que se los esterilice de las responsabilidades que poseen en este estado de las cosas.

Una mujer en Mendoza denuncia a su marido varias veces por violencia en la comisaría. La Policía cita al marido pero lo deja en libertad. La mujer decide irse de la casa. Mientras realiza la mudanza, el hombre ingresa en el lugar, llega hasta la cocina, ve a la mujer y comienza a apuñalarla. Se retira, pero al irse comprueba que María del Carmen Saldaño sigue respirando, entonces Oscar Rubén Suárez regresa, culmina su tarea, y cuando comprueba que ya no respira, la abraza y dice: “Te amo”. Sucedió el 15 de mayo en el barrio de San José.

“No le sirvió de nada porque ahora salen todos a hablar pero no hizo nada la psiquiatra ni los profesionales que lo atendían, ni el juez, ni el fiscal, nadie hizo nada, se lavaron las manos, simplemente la dejaron sola”. Así caracterizó el rol del Estado en declaraciones a la prensa una amiga de María Eugenia Lanzetti, quien fuera degollada por su ex pareja Mauro Bongiovanni en un jardín de infantes, donde daba clases y delante de los niños, en Córdoba hace pocas semanas.

En el libro “Francesas”, del periodista Jean Charles Chattard y que acaba de ser presentado en Salta, se postula la tesis acerca del encubrimiento judicial -y que fue refrendado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- en el caso de las turistas francesas asesinadas a tiros en 2011. Una trama estatal de desaparición de pruebas, torturas policiales, deslindamiento de la información de autopsias realizadas en Francia y sospechas sobre la plantación de los cuerpos en el lugar donde fueron encontrados. Una pista indica, según el libro, que las francesas habrían sido asesinadas luego de participar en una fiesta de los hijos del poder salteño. Mientras tanto, la presidenta había ido a Francia y entregado al entonces presidente Sarkozy las supuestas pruebas de un crimen que había sido resuelto. Todo mentira. El Estado era encubridor.

Tal como sucedió en el caso de Paulina Lebbos. Una mujer asesinada y cuyo crimen fue imposible de investigar por siete años debido a la acción del Estado. Inacción que fue comprobada por la Justicia, que ordenó que se cambiara al fiscal Albahaca -que no había avanzado en la investigación, que había desviado pistas, que había omitido pruebas- por otro equipo judicial que, siete años después, debía retomar el camino para resolver el crimen. Una pista sobre el asesinato de Paulina tenía como sujetos matadores a otros hijos del poder tucumano que habrían usado sus vínculos estatales para encubrirse.

Así como sucede en esas cuevas del crimen llamadas “whiskerías” -escudadas también bajo la fachada de boliches más sofisticados- que se nutren de la esclavización de mujeres cuyos cuerpos son convertidos en objetos destinados a la mecanización fordista del sexo pago. Mujeres llevados a los centros urbanos desde pueblos recónditos bajo la promesa de futuros laboriosos pero que se encuentran con el encierro, la retención de documentos, la violación reiterada, la desaparición de la vista de los suyos y hasta la muerte. Un negocio mafioso cuyo mayor impulsor es la policía. Una policía que también es cómplice a la hora de esconder los talleres textiles clandestinos donde familias enteras trabajan sin salidas en jornadas de dieciséis horas, entre otros crímenes policiales.

Y entonces esos representantes del Estado y la represión, de la Policía y sus negocios mafiosos, sonríen frente a cámara o simulan gestos graves mientras sostienen un cartel que dice #NiUnaMenos en una muestra de cómo se pueden traspasar todos los límites de la hipocresía.

Ellos no deben estar, y sí debemos estar todo el resto. Quienes abogamos porque cesen los femicidios; porque se realicen estadísticas oficiales y haya un registro de la violencia contra la mujer y los femicidios; porque existan fueros especiales de crímenes contra la mujer en los ámbitos civil y penal de la justicia; porque se reglamente en su totalidad la Ley de Protección Integral a las Mujeres y que se provea de fondos para su implementación; quienes planteamos que deben existir en las currículas educativas contenidos preventivos de la violencia contra la mujer; aquellos que estamos a favor de la legalización del aborto, que debe ser gratuito y, también, quienes pensamos que debe existir un ente autárquico y autónomo en el Estado que sea elegido por votación y que se ocupe de los temas de las mujeres. Debemos marchar, impedir el oportunismo de los cómplices, llenar la plaza de Congreso y todas las plazas del país el 3 de junio, hacer posible el #NiUnaMenos.