El domingo en su programa Periodismo para Todos, el periodista Jorge Lanata recorrió el caso de Paulina, una mujer de 23 años cuyo cadáver fue hallado trece días después de su desaparición ocurrida el 26 de febrero de 2006. Aquella tarde comenzaba una trama siniestra -que hoy continúa- de ocultamiento y protección de los homicidas, que se sospecha forman parte de esa casta conocida como “los hijos del poder” tucumano. De los “hijos del poder” de la provincia que gobierna como si fuera un feudo, José Alperovich, quien es conocido por el mote de “El Zar”. Su mujer es la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Rojkés de Alperovich, tercera en la sucesión presidencial y presidenta del Partido Justicialista tucumano. Luego del programa de Lanata, Rojkés salió a denunciar a Alberto Lebbos por haber armado “una operación política” que beneficiaria a sus socios. El último martes Lebbos los presentó: se trata de aquellos que lo acompañaron desde la primera movilización que demandaba que se esclareciera el crimen de su hija.

Los hechos son los siguientes. Paulina Lebbos fue a bailar con unos amigos al boliche “Gitana”, en la capital tucumana. Luego de separarse aquella madrugada de febrero de 2006, no se la volvió a ver con vida. El 11 de marzo dos hermanos que iban a su trabajo rural montados en sus caballos descubrieron el cadáver entre las malezas al costado de una ruta. Lo denunciaron a la policía, que los obligó a mentir para ocultar su propia no sólo ineficacia, sino deliberada acción para demorar el hallazgo de ese cuerpo. Debido al dudoso accionar policial, existe una causa judicial que investiga a los oficiales a cargo del operativo. Todos ellos fueron ascendidos por el gobierno de Alperovich.

Los fiscales a cargo de la investigación de la muerte de Paulina sólo entorpecieron la causa. El primer fiscal Carlos Noguera tuvo que renunciar al expediente luego de que la prensa lo fotografiara saliendo del domicilio particular de José Alperovich. Su reemplazante Carlos Ramón Albaca sólo puso piedras en el camino de la justicia. Es decir: no permitió que el querellante Alberto Lebbos tuviera acceso al expediente durante siete años, durante siete años no envió las muestras de ADN encontradas en el cadáver de Paulina para que sean analizadas, en siete años no realizó ningún careo ni llamó a testificar a personas que se acercaron a la fiscalía a aportar pruebas y no profundizó -según consta en el informe realizado por el delegado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI), Bernardo Lobo Bugeau- ninguna de las hipótesis del homicidio. Finalmente, Albaca también fue separado de la investigación. ¿Qué buscaban proteger?

Varias de las hipótesis apuntan a los “hijos del poder” tucumano y una de ellas involucra directamente a “un hijo de Alperovich y otro hijo de Kaleñuk”, según relató un testigo. Se refería a uno de los hijos del gobernador y al hijo de Alberto Kaleñuk, secretario privado de Alperovich. Según esta hipótesis, Paulina habría muerto en una fiesta, escondido su cadáver en un freezer y tirado luego de días su cadáver al costado de la ruta. La casa de fin de semana donde se habría llevado a cabo la fiesta fatal fue desmantelada ladrillo por ladrillo a fines de 2006. Hoy sólo quedan los cimientos. Una obra maestra de la demolición de cualquier posibilidad de encontrar los rastros del crimen.

¿Son esos “hijos del poder” tucumano los culpables del asesinato de Paulina Lebbos? Lo deberá investigar el fiscal Diego López Ávila, recientemente designado al frente de la causa judicial. Deberá enfrentar lo que el delegado del PRONALCI describió así: “Estamos en presencia de otras fuerzas y de otros poderes, muy distintos de los que confluyen azarosamente en un hecho, tornándolo a este confuso e impenetrable; y es claro que la acción de la justicia ha sido reprimida y censurada, una vez más, en orden a otros intereses y otros valores que esgrimen y hacen valer quienes tienen poder real”.

Durante estos siete años sólo la izquierda acompañó movilización tras movilización a Alberto Lebbos. La senadora Rojkés denunció a los “socios políticos” del padre de Paulina tratando de que se los identifique, quizás, con Lanata, con Magnetto, con aquella oposición destituyente a la que acusa ante cada agachada el oficialismo. Sin embargo, sólo la izquierda acompañó a Lebbos en su lucha contra la impunidad todos estos largos años.

“Es un orgullo enorme que me inviten al acto del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, porque es un acto de la gente, de la juventud que lucha por la verdad, por justicia, que no claudican jamás”, dijo Lebbos en el acto del martes. Esta columna cumple con el deseo de Lebbos -expresado en el primer párrafo- de difundir la identidad de sus verdaderos socios políticos en la lucha contra la impunidad.

La empresa Transportadora de Combustible Atalaya SRL tiene en su directorio a Lucía Andrea Paione, quien obra como funcionaria pública ya que es vocal en la estatal Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat, un ente dependiente de Jefatura de Gabinete y cuyo titular es Rubén Pascolini, segundo dirigente en importancia de la Federación de Tierra y Vivienda, que responde a D’Elía. Este hecho ya marca una incompatibilidad de los deberes de funcionario público, ya que Paione, al ostentar tal título, no podría tener relaciones contractuales con el Estado. Sin embargo, la empresa de Paione en abril de 2011 cobró $2,262,138.05 a ENARSA; en mayo de ese mismo año $3.406.962,86 y en junio $ 2,816,857.10, según datos del ente estatal. Además, Paione figura en los registros de Jefatura de Gabinete como la persona designada por Luis D’Elía para cobrar la pauta oficial para su programa matutino radial.

Paione es titular de otras dos empresas de transporte: Transporte El Millo Sociedad Anónima y Proveedora Comercial del Sur Sociedad Anónima. La constitución de estas empresas fue certificada por otra funcionaria pública, miembro de la Comisión de Tierras y columnista del programa radial de Luis D’Elía, la escribana Luciana Botte.

Antes de Paione, en el directorio de la empresa Atalaya figuraban Mario Silvano Coradín, que también fuera el encargado de cobrar pauta oficial para el programa radial de Luis D’Elía y también funcionario público en su momento, y Rosa Antonia Arias, también vocal en la Comisión Nacional de Tierras y ligada a la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía. Ninguna de estas personas tenía patrimonio personal previo como para constituir empresas que a su vez contrataban decenas de camiones para trasladar gas oil a usinas de energía nacionales. Todas están o estuvieron ligadas comercial, personal y políticamente a Luis D’Elía. La pregunta razonable es si no actuaban como testaferros del ex piquetero devenido dirigente ultrakirchnerista y si las contrataciones directas con el Estado no servían para financiar su parte de la famosa “Kaja” de la política.

Todos estos datos, cuya documentación puede revisarse en plazademayo.com quedaron desplazados debido al impacto que produjo que un testigo principal del informe periodístico fuera el “arrepentido” Mario Silvano Coradín, que ratificó cada información pero que luego fue presentado como “plantado” a Lanata por Luis D’Elía.

Los arrepentidos, los despechados y los traidores son una fuente de información invalorable para el periodismo, pero no se debe perder de vista que se trata de eso: arrepentidos de un delito, despechados de otros delincuentes o traidores a personas de esa misma laya. Son fuentes de datos que deben ser entonces corroborados y chequeados con la máxima rigurosidad. Sobre todo en la actual coyuntura política en la que el Estado considera al periodismo como a un enemigo y cuyos representantes pueden llegar a realizar operaciones inéditas, tales como la manipulación de testigos o la “implantación” de falsas fuentes. En el caso de Codarín, su testimonio ratificaba cada dato que estaba respaldado por documentación oficial, sin embargo, fue puesto en el lugar central del informe periodístico olvidando que, según todo indica, habría sido testaferro de D’Elía y participado de negocios con el Estado reñidos con la ética y con la ley. Ese es el rango moral al que esta persona adscribía y no debía habersele otorgado, en función de esta apreciación, un rol central en la información.

Conversaba con mi amiga Adriana Amado sobre las implicancias de este episodio de la vida periodística. Amado, que es una de las personas que estudia con más énfasis y dedicación la comunicación pública, señalaba que la recepción de la noticia hoy se juega en el campo de la creencia. Que el público no internaliza las “verdades” (hechos) que el periodismo pueda ofrecerle sino a través de la emoción y que por eso “la influencia del periodismo no es inmediata sino trabajosa y a largo plazo, porque las creencias sociales no se modifican con una tapa, ni con diez”, tal como señala en una columna reciente en la revista Noticias. El incidente del “infiltrado” de D’Elía le ganó la batalla a la información. Es un episodio menor en tanto y en cuanto el periodismo saque las conclusiones pertinentes de este hecho. Porque los datos quedan, los documentos están y el periodismo seguirá realizando su tarea, que es la de desnudar los que el Estado y los poderes (y sus lacayos) quisieran ocultar.