Esto es perceptible no sólo por la excepcionalidad peligrosa de las fuerzas policiales al irrumpir en una villa miseria disparando balas de goma mientras una murga ensayaba en sus calles estrechas, lo que dejó niños heridos por los proyectiles, sino también por las filas de hombres con los brazos contra la pared al salir de una estación del ferrocarril. Se suman inspecciones colectivas de documentos de los pasajeros en colectivos del conurbano al que se suben policías con tal fin, un periodista de origen mapuche demorado por inspección de antecedentes en la estación Carlos Gardel del subte porteño, cacheo de jóvenes por la sospecha de caminar por una calle cotidiana de Mataderos, etcétera. Todos acontecimientos que se tornan comunes en el país y que permiten que sean registrados por las cámaras de los celulares de cualquier ciudadano —como también fueron registrados con esos celulares los disparos de los policías contra los miembros de la murga en la villa 21-24 hace pocas semanas.

El estado de sospecha permanente es incongruente con el Estado de derecho que permite a los ciudadanos la libre circulación. Ni hablar ya de la sospecha por “portación de cara”, que se denota cuando la mayoría —aunque no todos— de los demorados por averiguación de antecedentes responden al estereotipo social de la delincuencia: tez morena y un vestir popular que remitiría a la imagen policial del crimen. Esas facultades otorgadas libremente a la Policía no sólo atentan contra los derechos democráticos y plantean un retroceso en las libertades civiles a épocas previas a los años noventa, cuando fueron derogados los polémicos edictos policiales que daban vía libre a las fuerzas de seguridad. También plantean riesgos definidos y mortales: basta recordar la detención arbitraria —y el posterior asesinato— de los jóvenes Walter Bulacio o Miguel Bru por parte de la Policía (la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el crimen de Bulacio). Esta opinión es sostenida por constitucionalistas del tenor de Daniel Sabsay, quien dista de ser considerado como una figura revulsiva al estado general de las cosas.

Sin embargo, podría considerarse que este es el aspecto menor de un problema mayor que hace que sea cierto que es peor el remedio que la enfermedad. Ya que la enfermedad de la delincuencia y la inseguridad tienen su origen central en las fuerzas policiales. Regentes y ordenadores del tráfico de estupefacientes, la trata, el juego clandestino y el comercio de autopartes desarrollado a partir de desarmaderos ilegales, la Policía es parte fundamental del orden criminal. El sistema delictivo es parte del sostén mismo de la institución policial, ya que no todo el dinero recaudado de manera ilegal va a manos particulares, sino que una porción se destina, incluso, al mantenimiento de automóviles policiales y condiciones edilicias: un verdadero círculo de Möbius. La Policía ha sido señalada como promotora de zonas liberadas para el ejercicio de la delincuencia, también como recluta de esos delincuentes —es notorio el caso de Luciano Arruga, asesinado por oponerse a ser usado como peón del crimen—, a la vez que miembros mismos de la institución policial son frecuentemente detenidos mientras realizan crímenes contra la propiedad. El pensador Michel Foucault sostenía que el incremento de la inseguridad era congruente con el sistema policial, ya que era la base de un sostenido reclamo de injerencia y control policiales, que permiten un ejercicio más límpido de la delincuencia por parte de las fuerzas de la seguridad.

¿Es este acuerdo que otorga más poder a la Policía la contraparte para un uso más sofisticado de la represión sobre la protesta social, como se prevé a partir de la aprobación del anunciado protocolo que impediría piquetes y manifestaciones?

Frente a este estado de las cosas, la alternativa vigente a disminuir la delincuencia y la inseguridad corre por el lado de vigilar la institución policial a través de los organismos populares existentes y de la apertura de los registros de la actividad policial de cada comisaría. Otorgar mayor poder a la Policía implica dar al crimen mayor facilidad para su imperio. Antes de que las manifestaciones brutales y las consecuencias de ese poder se multipliquen, es necesario acabar con esa posibilidad como primer paso para asegurar el triunfo contra la delincuencia.

Los acontecimientos se habían precipitado al finalizar aquella jornada de domingo tumultuosa en la que se realizaron unos comicios escandalosos en la provincia de Tucumán. Durante todo el día el país había asistido a las imágenes que mostraban la descomposición de un régimen: punteros ofreciendo bolsones de comida a cambio de votos, periodistas apaleados por mostrar esos métodos, urnas que se llenaban de votos a favor de Juan Manzur antes de que la elección comenzara, robo y quema de urnas en varias localidades. Una de esas localidades tiene el nombre de Los Ralos.

Alrededor de las diez de la noche de ese domingo, cuando se dieron a conocer las tendencias definitivas y el ganador a delegado comunal -que pertenecía al Frente para la Victoria-, una patota que respondía a un candidato disconforme ingresó a la escuela Manuel Lizondo Borda y con violencia se apoderó de seis urnas, una de las cuales fue quemada en la calle de ingreso al establecimiento. Luego del ataque, la calma volvió. Por poco tiempo. A la medianoche, mientras se llevaba a cabo el escrutinio de los votos (en la pequeña localidad el fraudulento método de los acoples hacía que hubiera 25 candidatos a delegado comunal), un grupo de policías detuvo a Santiago Navarro, esposo de una fiscal del Partido Obrero. Pronto sus compañeros se congregaron frente al edificio para reclamar su libertad. Entonces la represión se desató. A una militante de más de cincuenta años le quebraron el brazo en tres partes. Otra sufrió rotura de sus dedos. Un auto sin chapa identificatoria fue a buscar a Kobak y, entre golpes, policías de civil lo detuvieron. “Zurdo de mierda”, cuenta Kobak que escuchó mientras lo golpeaban, tirado en el piso del auto.

Kobak fue detenido junto a Santiago y Alejandro Navarro, el último militante del Polo Obrero. Permanecieron presos en una celda de cinco metros por cinco metros en la que se hacinaban dieciocho detenidos por crímenes comunes. Se le permitía una hora de visitas por día a las que solo tenían acceso su abogado o familiares directos. Por eso amigos suyos que habían querido visitarlo durante su detención no pudieron hacerlo. El dibujante Bernardo Erlich escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Kobak es un tipo sin recursos. Si no fuera por el bardo que está armando el PO, puede envejecer preso que a nadie se le mueve un pelo”. Se habían conocido cuando jóvenes, varias veces Kobak se había quedado a dormir en la casa de los Erlich, y cuenta el caricaturista que gozaban de la dicha de la conversación.

Kobak se había incorporado a las filas del trotskismo siendo ya adulto y le dedicó toda su energía desde entonces a la militancia. Su orgullo personal era el comedor comunitario del Polo Obrero en Los Ralos, del cual Kobak era el responsable. Conocido y respetado por todos sus vecinos, su organización lo había designado como candidato a delegado comunal de la localidad. Sabían que no iban a ganar, pero aprovechaban la elección para difundir en la población las ideas y las propuestas del socialismo revolucionario.

Kobak es, físicamente, un hombre pequeño. Quizás por eso sus amigos se alarmaron al conocer la noticia de su injusta detención. “Yo sabía que mi partido iba a activar los mecanismos necesarios para mi defensa, y por eso estaba tranquilo”, cuenta Kobak ahora que es, otra vez, un hombre libre. No se equivocaba. El Partido Obrero desarrolló una campaña nacional para reclamar la libertad de Kobak. Hubo movilizaciones en un sinfín de ciudades de la Argentina. Circuló un petitorio demandando su liberación. En las redes sociales se hizo notar el hashtag #LlibertadAKobak. Trabajadores, profesionales y artistas se sumaron al reclamo para que Kobak cesara de ser un detenido político. En medio de las turbulentas jornadas del Tucumanazo -con movilizaciones diarias en la plaza Independencia exigiendo nuevas elecciones contra el fraude-, sus compañeros instalaron carpas frente a la casa de Gobierno para que ni José Alperovich o Manzur pudieran olvidar que sus compañeros peleaban por la libertad de un preso político. El dirigente del PO Jorge Altamira viajó a Tucumán para sumarse a la causa. Entonces el juez decidió su liberación.

José Kobak forma parte de ese sector de la sociedad que está convencido de la caducidad del sistema capitalista y que por eso trabaja en pos de su superación histórica. Estuvo preso por defender el derecho a elecciones limpias y, apenas salido de la prisión, se sumó al reclamo de nuevas elecciones sin el sistema de acoples, para garantizar el derecho de los tucumanos al ejercicio formal de la democracia. Así lo manifestó al participar de la movilización de los martes de la comisión de familiares de víctimas del poder, encabezados por Alberto Lebbos, que pide justicia por su hija asesinada desde hace muchos años. Marchó junto a sus compañeros por la plaza Independencia, protagonista de tantas y tantas protestas. Era otra vez un hombre libre. Kobak había regresado al difícil, pero feliz, oficio de luchar.

Hace unas semanas, más precisamente el 16 de julio de este año, uno de los escribas de la propaganda estatal kirchnerista había publicado en Tiempo Argentino un artículo titulado “Formosa del Bicentenario y la cuestión nacional” en el que aseguraba que Gildo Insfrán era el artífice de una “revolución formoseña”. Sin el pudor que lleva a medir el sentido de las palabras, el articulista no sólo atribuía al gobernador -que inició su gobierno en 1995- ser el líder de un proceso transformador, sino que Insfrán habría panificado “paliar los desastres del neoliberalismo cívico-militar tan tempranamente como desde su primer mandato”, intento que se habría traducido en “una mejora sustancial en todos los estratos de la población, con énfasis en los hogares más empobrecidos” y que habría redundado en un “masivo respaldo del pueblo formoseño a la defensa y consolidación del proyecto histórico del pueblo argentino reiniciado en 2003”. El texto, una oda al lamebotismo del poder de los así llamados “intelectuales K”, finalizaba planteando que “la instalación en Formosa de una planta de Conversión de Uranio (Dioxitek) y del reactor CAREM, emblemas del emblemático Plan Nuclear Argentino” serían la prueba concluyente de tal “revolución”. Nada más alejado de la realidad y sólo una muestra más del “relato” kirchnerista. Relato que puede y debe ser refutado con una sencilla enumeración de datos.

Formosa tiene una población de 550.000 habitantes. Cerca de dos tercios de la población activa trabaja para el Estado, alrededor del 80% cobra el salario mínimo y 50 mil subsisten con los planes de empleo. Incluso los datos del INDEC la ubican entre las más pobres de la nación. El censo de 2010 señala que es una de las cuatro provincias con más elevado analfabetismo del país, con departamentos que tienen picos de 13,5 puntos porcentuales (como el departamento Ramón Lista, de alta población aborigen). El 47% de los hogares en Formosa habita en viviendas deficitarias. Es decir que uno de cada dos hogares revisten condición “precaria”. El 41,1% de los habitantes formoseños no tiene instalaciones de agua dentro de sus viviendas y no existe tendido de gas en toda la provincia. El 38,8% no posee instalaciones sanitarias con descarga de agua. La tasa de mortalidad infantil es la más elevada del país, con 21,2 fallecimientos cada mil niños nacidos vivos, cuando el promedio del país es de 11,7. Un 22,4% de los jóvenes está en situación de pobreza según estadísticas oficiales recopiladas por UNICEF. Los pobres entre los pobres son indios. La Encuesta Materno Infantil Pueblos Originarios (EMIPO) del Plan Nacer, de 2010, indican que un 81,3% de las madres de menores de seis años afirmó que sus hijos ingieren solo una comida diaria, un 8,5% afirmó que ingieren dos comidas diarias, y un 6,9% que ingieren tres comidas diarias. Un 23,9% de las mujeres dijo que había perdido uno o más hijos. Para la región NEA ese porcentaje fue de 12,6%, y a nivel nacional aumentó al 13,8%.

Las rebeliones indígenas incendian cada cierto tiempo el interior de la provincia. En 2010, el reclamo mediante el corte de ruta de la Comunidad La Primavera -a una hora y media de la capital- en reclamo de derechos básicos -agua, posta sanitaria y documentos y títulos de tierras- culminó con la represión ejercida por la policía de Insfrán, que usó armas de fuego y terminó con la vida de Roberto López y postró de por vida a Samuel Garcete. Durante el ataque, perdió la vida el policía Eber Falcón. El episodio se extendió al punto de que las viviendas de los qom fueron quemadas por las fuerzas del orden. En abril de 2013, el este formoseño fue escenario de una rebelión inusitada de las poblaciones originarias, que incluyó toma de municipalidades y hasta de comisarías. Durante tres semanas álgidas, el gobernador Insfrán se negó a negociar con las comunidades indígenas. La cuestión de la tierra es uno de los problemas fundamentales de la región. Tal es el motivo del reciente desalojo violento de los wichís de Las Lomitas que terminó este viernes con la patota atacándolos a ellos y a los estudiantes, en mayor parte militantes del Partido Obrero.

La represión e intimidación a los opositores no se limita a la disidencia indígena. En 2010, Insfrán llegó al extremo de reprimir con agentes encubiertos y la policía una protesta de estudiantes secundarios del colegio nacional. Los adolescentes habían ocupado por primera vez el edificio educativo, al que ingresó personal policial de civil y policías que los reprimieron con una inusitada violencia. Más tarde, la infantería atacó a padres y estudiantes en la plaza que queda enfrente del edificio.

La corrupción en Formosa es endémica. La obra pública es realizada por empresas de funcionarios del gobierno y sus familiares -como consta en la causa iniciada para que se investiguen los hechos de corrupción protagonizados por la secretaria de obra pública Stela Maris Manzur. Un sobrino arrepentido del vicegobernador Floro Bogado contó el sistema de ñoquis que impera en el Congreso provincial, donde se cobran sueldos por trabajadores inexistentes. Una corrupción que no sólo se limita a la provincia: la causa Ciccone no sólo involucra directamente al vicepresidente Amado Boudou, sino que tiene un capítulo fundamental en la Formosa, cuyo ministerio de Economía pagó 7 millones de pesos a The Old Found -que sería la empresa vitrina de los negocios de Amado- por una asesoría realizada para esa cartera. La causa que investiga el hecho se encuentra bloqueada por la Justicia de Insfrán.

La última tropelía del gobernador eterno intenta convertir a la provincia en un depositario de peligrosos elementos radioactivos rechazados en todo el país -y prohibidos por la propia legislación local. La instalación de plantas de esta naturaleza está prohibida en zonas urbanas por ley debido a su alta toxicidad y contaminación. La planta Dioxitex, que el gobierno gildista anunció se instalará en la provincia, fue denunciada por contaminar el suelo, las aguas subterráneas y el aire en el barrio cordobés de Alta Gracia, donde se encontraba ubicada. A esto se agrega la existencia de metales cancerígenos debajo de los residuos radioactivos. En 2012 la planta fue clausurada debido a la falta de habilitación y de autorización de las redes sanitarias para arrojar efluentes, falencias de seguridad sanitaria y la carencia de un certificado de bomberos. Se intentó trasladar a otras localidades cordobesas y a La Rioja, pero la población lo rechazó. En la época de Fukushima, la energía limpia es la opción estratégica para un desarrollo estratégico. Aún así, Insfrán plantea la instalación en la provincia. Gildo quiere convertir a la provincia en un basurero nuclear.

Para ciertos constructores del “relato” kirchnerista -que tienen cobijo en los órganos de propaganda paraestatal del Gobierno-, Gildo Insfrán es el líder de una “revolución” en Formosa. En realidad, su gobierno es una manifestación autocrática en la ya imperfecta democracia argentina. La oposición radical comparte intereses con el insfranismo, ya que sus representantes forman parte del negocio de la tierra y son grandes terratenientes beneficiados por Gildo -él mismo poseedor de grandes haciendas en Formosa y Paraguay. Su gobierno es conocido entre la población de la provincia como “la dictadura”. La necesidad de construir una alternativa política a este estado de las cosas es imperiosa. El incremento de las movilizaciones sindicales y el crecimiento de la izquierda, representada en el Partido Obrero, no son ajenos a esta perspectiva estratégica.

En el Chaco, a pesar de la llegada del otoño, las temperaturas siguen rondando los veinticinco grados. O aún más. Como cuando durante estos días la represión se vivió en sus calles. Este último miércoles 7 de mayo yo estaba en esa provincia, por razones periodísticas ajenas a la protesta social, cuando se realizó en el centro de Resistencia una multitudinaria movilización contra el ajuste gubernamental y por paritarias libres para los gremios estatales, docentes y de la salud. Fue entonces cuando la temperatura aumentó.El gobierno de la provincia del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, decidió no permitir que las calles sean cortadas. Por eso las pobló de policías -que cortaban las calles- y, antes de que la manifestación llegara a casa de Gobierno, emprendió la represión.

Palos, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma. Esos fueron los elementos que se usaron para dispersar a los manifestantes, a los que se persiguió por cinco cuadras. Luego del acto de repudio, el gobernador Juan Carlos Ivanoff Bacileff -que había compartido el estrado con Capitanich el primero de mayo- reafirmó su política de mano dura y señaló que ese sería el método para normalizar la provincia. Una muestra de kirchnerismo explícito, ya que en su discurso ante el Parlamento la presidenta Cristina Kirchner había pedido despejar de las calles la protesta social.

En Santiago del Estero dieron un paso más: por primera vez, la Justicia puso a su disposición el aparato represivo de la Ley Antiterrorista, impulsada y votada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. La causa que investiga el accionar del periodista Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, durante los levantamientos policiales que sacudieron al país el pasado diciembre, cobró nueva vida -y significados- al conocerse que la tipificación de la carátula no solamente lo acusaba de “sedición”, sino que agravaba la figura con los artículos 212 y el artículo 41 quinquies del Código Penal.

Esto quiere decir que la Justicia lo investiga por “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, a la vez que dobla las penas en función de la reforma concretada por la Ley Antiterrorista. Suárez, cuyo delito fue filmar la detención de un policía que se intentaba encadenar en la plaza central de Santiago e informar sobre la situación aquellos días tenebrosos de diciembre, podría cumplir de seis a doce años de prisión. Esto sucede en la provincia de Santiago del Estero, cuya gobernadora es la esposa del ex gobernador, Gerardo Zamora, quien hoy es el tercero en la cadena de sucesión presidencial al ocupar la presidencia del Senado. Claudia Ledesma, tal el nombre de la mandataria provincial, es conocida por ser un títere de Zamora, a la vez que en este último periodo intentó fortalecer su halo gubernamental con una serie de medidas represivas contra manifestaciones -las últimas: contra la marcha del día de la mujer y contra estudiantes del Normal santiagueño.

Se sabe que frente a los fines de ciclo ciertos órdenes internos se desbordan y muestran su intimidad. El fin de ciclo kirchnerista pone al desnudo sus herramientas represivas y el modo de usar su legislación para acallar las manifestaciones que intentan mostrar su carácter de independencia.