Los datos son contundentes. Unas empresas de transporte que cobran contratos millonarios del ente estatal ENARSA -compañía estatal de energía que les adjudica contratos de transporte de combustible de manera directa- cuyos miembros del directorio son funcionarios públicos -algo que riñe con la legalidad- y de comprobados vínculos personales, comerciales y políticos con el ex piquetero Luis D’Elía. Cada una de estas afirmaciones está respaldada por documentos oficiales y es el fruto de la investigación realizada por Marina Dragonetti y Gabriel Levinas para plazademayo.com, que fuera editada por este cronista y que fuera expuesta el domingo en el programa Periodismo para Todos. Sin embargo, la contundencia de las afirmaciones -a las que se debería añadir que los mentados empresarios no tenían patrimonios personales previos como para constituir compañías que le facturan de la noche a la mañana millones de pesos por mes- fue desplazada por el impacto que provocó la infiltración en el informe de un “arrepentido” en una jugada realizada por D’Elía. Un episodio que debería promocionar algunas reflexiones sobre el estado actual del periodismo y la relación con el estado actual de la política. Sin embargo, antes de intentarlo, repasemos lo inapelable de la investigación.
