El martes 1º de marzo, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, gobernada por la kirchnerista Alicia Kirchner, manifestantes docentes y estatales en un número superior a los tres mil (que, en la pequeña ciudad patagónica, son una enormidad) expulsaron a La Cámpora, que había decidido manifestarse para apoyar a la gobernadora. Se trata de un episodio que indica una profundización del escenario de choques sociales en la provincia, otrora feudo político del kirchnerismo.

Santa Cruz es la provincia en la que se refugió el kirchnerismo residual. Si bien no obtuvo la mayor cantidad de votos, algo que sí hizo su contrincante radical, Alicia Kirchner (hermana del fallecido ex Presidente y fundador de la tendencia que gobernó el país durante doce años) se convirtió en gobernadora por obra de la antidemocrática ley de lemas. Según Alicia Kirchner misma denuncia, heredó una provincia en llamas. Lo que omite Alicia es que ella misma es heredera del régimen kirchnerista. Kirchnerismo que gobierna desde hace 25 años la provincia, trece años más de los que gobernó el país.

La provincia, como el país, está en ruinas. Por eso mismo Alicia Kirchner anunció ni bien asumió un ajuste que iba a terminar con los “ñoquis”, el mismo eufemismo que usa el Gobierno de Mauricio Macri para justificar los despidos masivos. El principal socio del Gobierno provincial —y socio y amigo primordial de los Kirchner en términos personales—, Lázaro Báez, dictaminó, apenas ingresada Alicia al Gobierno, el despido de 1.800 obreros de la construcción en sus obras. A la vez que la gobernadora Kirchner determinaba la interrupción de toda obra pública en curso.

Kirchner no despidió ñoquis, sino que decretó el cese de pagos de los contratados del Estado —una forma de precarización que estableció con impudor el Gobierno kirchnerista—, lo cual provocó la reacción de los sindicatos estatales, que además se ven amenazados por el despido de miles de agentes.

Kirchner, es decir, Alicia, actúa igual que Macri, es decir, Mauricio. Macri elimina las retenciones a las mineras, Alicia elimina el impuesto provincial a las mineras. Macri anuncia una pesada herencia y ñoquis, así replica Alicia. Mauricio impulsa la ley antipiquetes, Alicia Kirchner pide refuerzos de la Gendarmería para enfrentar los cortes de ruta de los despedidos del socio familiar Lázaro Báez.

Santa Cruz es el eslabón más débil de la crisis que atraviesa actualmente el Estado argentino, y que se replica en las provincias. Alicia Kirchner, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, se ve obligada a realizar el ajuste que en sus acólitos denuncian respecto al Gobierno nacional. Sin embargo, ese ajuste podría terminar llevándosela puesta. Una muestra del descontento es la manifestación durante su discurso de apertura a las sesiones parlamentarias, copado por la movilización contra sus políticas económicas.

La provincia austral se convirtió en el reducto de refugio del kirchnerismo residual. También podría ser el sitio en el que comiencen a estallar las rebeliones contra el ajuste. Paradoja de paradojas: mientras en Caballito o Parque Saavedra el kirchnerismo realiza las plazas de la resistencia —término abonado por una izquierda seguidista al kirchnerismo—, en Santa Cruz los trabajadores avanzan contra el ajuste que los K quieren imponer. Oh, historia, cuyo alimento nutricio es la contradicción.

En Caleta Olivia, una ciudad en la costa norte de la patagónica provincia de Santa Cruz, se desarrolla el juicio por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida el 7 de febrero de 2006 en Las Heras durante una pueblada provocada por medidas represivas contra la huelga petrolera que conmovía la región. Hay una docena de imputados por el asesinato, ocurrido por arma de fuego, producido durante tumultuosos incidentes frente a la aicaldía donde, en un movimiento provocador, se había apresado sin causa al vocero de los trabajadores. La mayoría de los acusados son petroleros. A continuación, los hechos que producidos en 2006 tienen la mayor actualidad, ya que el motivo del conflicto era la lucha contra la tercerización y contra el impuesto al salario, dos características de la política económica del kirchnerismo de aquellos y de estos tiempos.

A fines de 2005 los trabajadores petroleros de la empresa tercerizada INDUS -que enrola a sus empleados en el régimen de la UOCRA a pesar de que cumplen tareas petroleras- se dieron cuenta de que el impuesto al salario había dado fin al cobro de sus aguinaldos: en los recibos el saldo era negativo. Comenzaron una serie de medidas de lucha tendientes a lograr que la empresa se hiciera cargo del monto del impuesto y el pase al convenio petrolero. La constatación de los enormes descuentos en los salarios de los trabajadores enrolados en el convenio petrolero (que tenían salarios mayores) los llevó a plegarse a las medidas de lucha y a la huelga. Unos días después del comienzo de 2006, la huelga general petrolera en el norte de Santa Cruz -gobernada en ese momento por el entonces kirchnerista Sergio Acevedo- con piquetes en las puertas de las empresas se había decretado masivamente. Cada punto de lucha contaba con la participación de centenares de obreros que rotaban en turnos.

La decisión de los trabajadores era inflexible. La zona se militarizó. El GEOF, grupo comando creado por el gobernador Néstor Kirchner, ocupó la ciudad de Las Heras, deteniendo ciudadanos a mansalva, hostigando a la población, realizando razzias en boliches contra la juventud, imponiendo un clima de terror en la ciudad. Sin embargo, la exigencia para que se respeten los salarios obreros y se acabe con la tercerización no admitía otras posibilidades de tal modo que, cumplidos 20 días de huelga, el gobierno de Acevedo montó una provocación.

El 6 de febrero por la noche se detuvo, sin causa y sin explicaciones, a Mario Navarro, vocero de los huelguistas. Nadie informanba sobre la situación de detención de Navarro, ni la jueza a cargo, ni la policía. Cuando la noticia se supo en los piquetes, los trabajadores decidieron movilizarse hacia la comisaría para exigir la libertad de su dirigente. Al mismo tiempo, la policía y el GEOF se preparaban para la represión. Que pronto iniciaron. El grupo de 600 trabajadores resistió el embate de gases lacrimógenos y balas de goma, que se dispararon en tal cantidad que ningún vecino de Las Heras pudo quedar indiferente. El humo de los gases y el estruendo de los tiros sacudió a la ciudad, cuyos jóvenes se plegaron a la resistencia a la policía. Según los vecinos de Las Heras, nunca se había vivido una pueblada así en el pueblo. En medio del tumulto y del caos, el policía Jorge Sayago cayó y luego se comprobó que había muerto. Después de horas de combates callejeros, Navarro fue liberado por la policía.

El terror de la ocupación policial de la ciudad se incrementó con detenciones arbitrarias, apremios ilegales, circulación de autos sin chapa, interrogatorios en viviendas sin pertinencia judicial. A tales niveles llegó el clima represivo, que los delegados petroleros, trabajadores que habían participado de la lucha y sus familias le pidieron protección del párroco Luis Bicego, que habilitó las aulas de la escuela que funciona junto a su iglesia para darles refugio. Durante dos semanas, cien personas se instalaron en el edificio, durmiendo en colchones instalados en las aulas, hasta que el clima represivo amainó debido a la denuncia de los hechos que se nacionalizó. En el interín, se habían realizado las primeras detenciones arbitrarias sobre trabajadores que fueron trasladados a comisarías de toda la provincia. Una comisión de madres y esposas de los presos comenzó a recorrer distintas ciudades de Santa Cruz para dar con el paradero de los suyos y organizó movilizaciones y fondo de lucha para sostener el matenimiento de sus familias mientras los petroleros permanecían encarcelados. Luego de meses comenzaron a ser liberados, aunque hubo petroleros que permanecieron presos durante tres años.

El juicio que investiga el asesinato de Sayago comenzó hace unas semanas. Este cronista presenció la sesión del miércoles 17 en la que el testigo Torres, que había acusado a algunos de los imputados, reveló que su declaración había sido armada por la policía y que había accedido a firmarla porque se encontraba bajo amenazas. Es la tónica del proceso, en el que se denuncian irregularidades que se habrían producido de modo permanente a lo largo de la instrucción previa a este juicio oral.

Quizás no se sepa jamás cómo se produjeron los hechos que culminaron con la vida de Sayago debido a un juicio completamente viciado. Quizás deba considerarse la responsabilidad política del entonces gobierno kirchnerista de Sergio Acevedo en la sucesión de los hechos. También debería evaluarse el modo en el que el kirchnerismo defendió la tercerización laboral y el impuesto al salario frente a la lucha de los trabajadores contra las dos medidas injustas. Dos medidas que el kirchnerismo sigue caracterizando como centrales para su política y que defiende aún hoy a pesar de la oposición de los sectores laboriosos.