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Consideraciones sobre el nuevo paro general

Cuatro meses duró la tregua que le habían otorgado las direcciones sindicales al gobierno de la presidente Cristina Fernández luego del imponente paro de abril de este año, cuando no se movió una hoja. La cúpula de la CGT moyanista, opositora al Gobierno y cuyos líderes intentan acomodarse al próximo escenario poskirchnerista, fijó fecha para el próximo jueves 28 de agosto. La CTA opositora que dirige Pablo Micheli había acordado con la Coordinadora Sindical Clasista, cuyo rostro visible es el diputado obrero Néstor Pitrola, parar el 26. Ante la decisión de la CGT, la CTA comenzará el paro al mediodía del 27 con una movilización dirigida al centro del poder político provocando de este modo que vastos sectores laboriosos realicen un paro general de 36 horas. En un contexto de crisis económica recesiva, despidos y suspensiones en la industria y pauperización de los salarios debido al regresivo impuesto al salario, faltaba que los trabajadores intervengan. Ya no. Dentro de una semana retumbarán sus voces.

Voces que desconciertan a un gobierno que, en su etapa final, acentúa su escisión de la realidad. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, declaró que no estaban “dadas las condiciones objetivas para un paro general”. “Hoy no hay más despidos de lo que había en 2012, 2013, no hay más suspensiones -agregó el ministro. No se perdió poder adquisitivo”. También sostuvo que las paritarias estaban “por encima de la inflación del Indec”. Sin embargo, hasta el sospechable organismo de estadísticas reconoció que se habían perdido más de 230 mil puestos de trabajo en el último período y que, entre abril y junio 890 mil personas que buscaban trabajo no habían encontrado un empleo, con el resultante de que 200 mil de ellas habían abandonado esa búsqueda. A pesar de este reconocimiento, las cifras del Indec siguen siendo engañosas, ya que si no se contabilizaran los planes sociales como empleos, el porcentaje de la desocupación se acercaría al 20% en todo el país. Este falaz método le permite concluir al Gobierno que algunas de las provincias más pobres del país, como Chaco o Formosa, tienen pleno empleo -cuando en realidad la pobreza generalizada intenta ser paliada con planes de miseria.

La crisis económica, que ya ostenta rasgos recesivos, produce una ola de despidos y suspensiones en la industria -tan sólo en el sector automotriz se contabilizan 10 mil suspensiones. Sin embargo, esta situación no implica que se diluya la posibilidad de protestas laborales de carácter ofensivo, como en el caso del Ingenio El Tabacal, de Salta, que logró un aumento salarial del 39%, o el paro general de los docentes universitarios tucumanos -que contó con el apoyo activo del estudiantado- que obtuvo luego de un mes de protestas más de 40% de aumento general y que llega en los cargos simples al 60% de suba salarial. En los casos defensivos, luchas como las de la gráfica Donelley -cerrada mediante una quiebra fraudulenta por la patronal- que fue tomada y puesta a producir por sus trabajadores o la de Lear Corporation -que muestra una gran resistencia de los empleados despedidos pese a una alianza gubernamental, empresarial y sindical en su contra- señalan un camino frente al cierre de fábricas o desvinculaciones. La memoria histórica de la clase obrera argentina es extensa en cuanto al método de la ocupación de empresas, método que se avizora como el apropiado para enfrentar las crisis -aunque esté alejado de la concepción de las direcciones sindicales burocráticas.

“Todo paro es político y sobre todo un paro general”, señaló el ministro Tomada, sin equivocarse. El intento de acomodamiento al poskirchnerismo en la interna peronista es una motivación de peso para la intervención de Moyano y compañía -aunque no se podría soslayar la necesidad de dar una salida a las bases sindicales que demandan una intervención frente a los ataques a sus condiciones de vida. Por eso plantean de manera genérica “modificaciones al impuesto a las ganancias” y no plantean una salida frente al alza de los despidos. Diferente al programa acordado por la CTA de Micheli -quien también busca acomodarse y hasta se reunió con Sergio Massa- y la Coordinadora Sindical Clasista, que plantea la prohibición de los despidos por un año, el reparto de las horas de trabajo y la ocupación de toda empresa que cierre. Una posición que se sustenta en el parlamento de la mano de los diputados del Frente de Izquierda, que presentaron el proyecto de ley para prohibir despidos y que también propusieron la estatización de Donelley y la metalúrgica Emfer y Tatsa, propiedad de los vaciadores hermanos Cirigliano.

Esa diferenciación también se notará en las jornadas de lucha de la semana que viene. La CGT anunció que no realizará movilizaciones durante el paro. La CTA y la izquierda se movilizarán y pararán desde el día anterior y el 28 el clasismo garantizará el paro mediante piquetes en las puertas de las empresas y en las principales rutas del país. El paro general no sólo implica una intervención general de los trabajadores frente a una situación concreta, sino que actúa como una escuela política en la que se debaten diversos métodos y estrategias. Las jornadas de la semana que viene serán un episodio más en el intento de fisonomización política propia de la clase obrera frente al fin de ciclo kirchnerista.

Capitanich vs la clase trabajadora

En la novela Segunda fundación, uno de los personajes de Isaac Asimov, al explicar el mecanismo del engaño, señala: “Solía decir que sólo una mentira que no estuviera avergonzada de sí misma podía tener éxito”. Tal vez el jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich no se haya detenido en este requisito a la hora de pronunciar, en las últimas jornadas, unos brutales ataques a trabajadores empeñados en no perder sus puestos ni sus fuentes de trabajo. Para justificar las suspensiones de todo el personal en la fábrica Lear y las desvinculaciones de doscientos trabajadores -entre los que se cuentan los delegados de la comisión interna-, Capitanich había atribuido el viernes los hechos a la acción del Partido Obrero, al que definió como “el preferido por los capitalistas”.

“Esto tiene que ver con una acción del Partido Obrero, que no es el partido de los trabajadores. El único partido que defiende a los trabajadores es el Partido Justicialista”, había dicho el ex gobernador del Chaco (una de las provincias más pobres del país). Y había agregado: “Lo que hace el Partido Obrero es defender siempre los intereses de la patronal y hostigar el funcionamiento de la economía, El Partido Obrero no es un partido antisistema; es el partido del sistema, el preferido por los capitalistas y por los grandes empresarios“. La suma de incoherencias -una encadenación de mentiras que se avergonzarían de sí mismas- se incrementó el último martes, cuando en su habitual encuentro matutino con el periodismo, Capitanich continuó: “No nos vengan a correr por izquierda. La verdadera izquierda revolucionaria de este país siempre fue el peronismo”. Y en referencia al activismo de izquierda que gravita en el conflicto de Lear, agregó: “Observamos con mucha preocupación que no son solamente idiotas útiles sino que están actuando para destruir el empleo de los argentinos”. Las manifestaciones del jefe de Gabinete no sólo tuvieron el encanto del absurdo, sino que evitaron explicar el rol de una empresa multinacional estadounidense que había decidido vaciar su producción importándola desde plantas centroamericanas -pese a las restricciones a las importaciones que plantea el gobierno argentino- en función de deshacerse de su comisión interna combativa, en complicidad con el sindicato SMATA, dirigido por Ricardo Pignanelli. El citado sindicato acababa de publicar una solicitada en la que se manifestaban cansados del accionar de la izquierda y anunciaba que llamaría a una asamblea para destituir a los delegados combativos. Una vieja tradición de la burocracia sindical que, en el caso de SMATA, fue cómplice en la entrega de trabajadores izquierdistas a los militares para su desaparición durante la dictadura, como se comprobó en el caso de la fábrica Mercedes Benz.

Sin embargo, las declaraciones de Capitanich, por asombrosas que resulten, no logran ocultar el peso de unas acciones patronales hostiles contra sectores de la clase trabajadora que defiende sus derechos. No sólo es síntoma de esta acción empresarial el conflicto en Lear, sino también el de larga data en los talleres ferroviarios Emfer y Tatsa (de difusa propiedad del grupo Cirigliano, que también lo está vaciando) y, más recientemente, el de la gráfica de origen estadounidense Donelley, que el lunes anunció el cierre de su planta, ubicada también en el trazado de la ruta Panamericana. El modus operandi se había repetido tanto en Lear como en Donelley -cuya comisión interna está dirigida por miembros de la lista Bordó, que se referencia en el Partido de los Trabajadores Socialistas, miembro junto al PO e Izquierda Socialista del Frente de Izquierda-: los empresarios habían planteado recursos preventivos de crisis para imponer suspensiones y despidos, que fueron rechazados por los trabajadores y por el ministerio de Trabajo, aunque luego ejercitaron las desvinculaciones, en un caso, y el cierre de la fábrica, en el otro.

Con mucha demora, y cumpliendo varias resoluciones judiciales, el ministerio de Trabajo tuvo que garantizar el reingreso de la despedida comisión interna de Lear durante la mañana del último martes -a pesar de que el viernes mismo la empresa había suspendido a todo el personal-. “El ministerio vino a hacer cumplir la reinstalación y comprobó el lock out patronal con la evidencia de la empresa vacía y nadie trabajando -señaló a este cronista Silvio Fanti, secretario general de la comisión interna-. Cuando termine el periodo de suspensiones, la resolución indica que los delegados tenemos que estar”.

-Capitanich dijo que ustedes eran “idiotas útiles” al servicio de los grupos concentrados, ¿qué opina de esas declaraciones?

-No somos idiotas útiles, encabezamos la defensa de los puestos de trabajo y lo vamos a seguir haciendo. El SMATA debería movilizarse junto a nosotros y no lo hace, ellos sí, en claro servicio a este grupo concentrado. La empresa tiene un plan de expansión, necesita bajar los costos salariales y para eso necesita descabezar una comisión interna que defiende los derechos de los trabajadores. Yo he votado al kirchnerismo y le diría al jefe de Gabinete que si lo que dice es verdadero, que venga con nosotros a defender los puestos de trabajo.

Ante el cierre de la gráfica Donelley, los trabajadores decidieron tomar la empresa. “Los tres turnos de trabajo estamos desde esta mañana cumpliendo la conciliación obligatoria y estamos produciendo, terminando los trabajos que teníamos que terminar -explicó el martes por la mañana a este cronista Eduardo Ayala, delegado de la empresa-. La empresa no apareció y estamos tratando de preservar el trabajo para todos y lo estamos logrando. 

-¿Cuál es la actitud del sindicato?

-El sindicato nos está acompañando.

Donelley había anunciado la suspensión de trabajadores -no el cierre de la empresa- y había comenzado el vaciamiento empresarial tercerizando su producción hacia otras plantas. “En las plantas que dirigimos sindicalmente nos negamos a aceptar el trabajo derivado de Donelley -señala Pablo Viñas, secretario general de AGR-Clarín y miembro de la lista Naranja, ligada al PO-. Sin embargo, pequeños talleres cooperativos cuya dirección legal es la del sindicato estuvieron produciendo ese trabajo que la empresa decidió tercerizar. Ante el cierre de esta gran planta, creemos que es necesario que el sindicato llame al paro de todo el gremio para evitar esta situación”.

La posibilidad de que grandes empresas realicen operativos de despidos y vaciamientos para evitar la acción del sindicalismo combativo fue esbozada por el periodista Ricardo Carpena en su columna sindical del lunes en el diario Clarín. En medio del agravamiento de la crisis económica y el crecimiento de la izquierda en los sindicatos, las graves declaraciones de Capitanich y las amenazas de Pignanelli corroborarían esta teoría. Jorge Altamira, líder del Frente de Izquierda y otro “idiota útil”, según las palabras del jefe de Gabinete, así opinó: “Es palabrerío sin contenido: sólo la izquierda está contribuyendo a desbaratar los planes para despedir trabajadores y cerrar plantas. Capitanich dice que se acuesta muy tarde. Le recomendaría que duerma el tiempo suficiente como para contestar apropiadamente las preguntas de los periodistas y no desvaríos. El que está a las cinco de la mañana defendiendo los puestos de trabajo es el Frente de Izquierda, acción que se replica en el plano legislativo, donde planteamos la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin mengua salarial. Estamos avanzando con la CTA de Micheli en la realización de una gran marcha contra los despidos y el impuesto al salario que realizaremos a fin de mes”. La semana que viene la CGT definirá si realiza un tercer paro general contra el gobierno de Cristina Fernández ante la crítica situación que se vive en el campo laboral.

Hace cierto tiempo el kirchnerismo consideraba que, a su izquierda, sólo se encontraba la pared. No sólo miembros del gobierno planteaban esta máxima abiertamente, sino que sus acólitos estaban convencidos de su justeza y de su verdad. Sin embargo, uno de los efectos de la construcción de un relato ajeno a la realidad es que, cuando tal realidad se torna ineludible por la fuerza de los hechos, sólo resta entonces la aceptación o la psicosis. Las indefinibles declaraciones del jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich permiten señalarlas como manifestaciones de esta segunda posibilidad. Quizás se trate de una psicosis senil que, en tanto síntoma de un cuerpo político agotado, tan sólo sea una comprobación más del así llamado “fin de ciclo” kirchnerista.