El episodio constituye un hecho gravísimo. Para poder considerar la seriedad de sus posibles consecuencias se debe hacer por un instante abstracción de la figura de Milagro Sala —denunciada innumerable cantidad de veces por sus manejos espurios de fondos públicos, por patoterismo, amenazas con armas y un uso por parte del Estado de su movimiento como fuerza de choque contra organizaciones sociales y políticas opuestas al kirchnerismo.

Si se logra abstraer esa figura no tan sólo polémica, sino ciertamente repudiable, se podrá constatar que la resolución judicial que determina su detención lo hace en torno al acampe de protesta realizada por su organización. Un hecho similar al que realizó durante gran parte de 2015 Félix Díaz en representación del pueblo qom, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, en la capital argentina. Un método de protesta usado muchas veces por una gran cantidad de movimientos sociales en reclamo por sus derechos. Un derecho a la protesta garantizado por la Constitución.

A Sala no se la detiene por las polémicas denuncias en su contra, sino por manifestarse e interrumpir el tránsito. Un propósito que tiene como fin draconiano actuar como referencia para los sectores de la población que decidan protestar en defensa o en reclamo de derechos. En medio de un año de ajuste, la medida parecería anticipar una respuesta del Estado —represiva— ante el descontento social. Sin embargo, ¿quién es Milagro Sala?

La provincia de Jujuy fue una de las más afectadas por las políticas de los años noventa. Como en muchas otras provincias, durante la década de los ochenta el empleo público había pegado un salto, al mismo tiempo que la mecanización de ciertas industrias (azúcar, tabaco) expulsaba a trabajadores del sector privado. En 1980 había 57,3 asalariados en el sector público por cada cien en el sector privado, mientras que en 1991 la cifra ascendía a 83,7. Hacia finales de los ochenta, el ajuste fiscal estatal y los altos índices de inflación comenzaron a afectar seriamente a los trabajadores estatales. Las privatizaciones, la racionalización del Estado y el cierre de industrias golpearon fuertemente a la población trabajadora de Jujuy. No extraña, entonces, que este sector haya encabezado las luchas populares de la época. Entre 1988 y 1997, el frente de gremios estatales dirigió grandes peleas, que jaquearon a varios gobernadores. Entre las organizaciones más relevantes se encontraban el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), encabezado por el Perro Santillán, en aquella época militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Nando Acosta y donde haría sus primeras armas una joven, Milagro Sala, que pronto llegaría a ser su lugarteniente.

El año 1997 fue el momento culminante del conflicto social. El reguero de puebladas que atravesó el interior del país encontró en Jujuy su expresión más desarrollada. Un corte de ruta de desocupados en Libertador General San Martín fue reprimido por la fuerza pública y provocó una enorme respuesta popular. En pocos días, la provincia se llenó de piquetes y cayó el gobernador Carlos Ferraro, acorralado por la movilización social y la crisis interna en el Partido Justicialista. En esos años, el establecimiento de planes sociales permitió a las organizaciones sociales consolidar su fuerza. La CCC se transformaría en una organización de masas, bastante más grande que la organización barrial Tupac Amaru, fundada a partir del trabajo de barrio que, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), impulsaba Milagro Sala.

Con la llegada del kirchnerismo al poder, la situación cambiaría radicalmente. La política kirchnerista fue desarrollar un proyecto asistencialista a gran escala para contener a miles de pobres y desocupados y desviar la lucha mediante la cooptación de las organizaciones sociales (y el aislamiento y la criminalización de las que se negasen). En ese marco, la Tupac Amaru entabló una relación directa con el Gobierno nacional, lo que le permitió gestionar un volumen de recursos que la transformó en la principal organización social de Jujuy. Con sesenta mil adherentes y cinco mil trabajadores en sus proyectos y sus cooperativas —principalmente obreros de la construcción—, la organización social liderada por Milagro Sala se convirtió en el principal empleador de la provincia, luego del Estado y casi a la par del Ingenio Ledesma.

Con recursos del Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Planificación de la Nación, la Tupac Amaru llegó a construir alrededor de mil viviendas por año, lo que equivale al 50% de las casas construidas en la provincia por medio de ese programa. Además, recibió bolsones de mercadería del Gobierno provincial y beneficios de otros programas. Ese acceso privilegiado la habilitó para redistribuir recursos entre otras organizaciones sociales de la provincia. Así, obtuvo frente a estas una jerarquía que se manifestó en la creación, en 2007, de la Red de Organizaciones Sociales. Los defensores de Sala destacan su enorme trabajo asistencial. Unas veinte mil personas, en una provincia de setecientos mil habitantes, pudieron acceder a una vivienda gracias a los planes de construcción de la Tupac Amaru. Esto no elimina que los habitantes de las casas no tienen los títulos de propiedad —que son de la organización— y que si abandonan la Tupac Amaru, también dejan de tener el derecho a usar esas viviendas.

Por fondos del Ministerio de Desarrollo Social se establecieron seis fábricas. Hay una textil y una de bloques de construcción, con la que ahorraban parte de los costos de las obras. Los planes de empleo del Ministerio de Obras Públicas que administraban oscilaban entre 35 mil y 80 mil al mes. Por ley provincial de Jujuy, realizaban el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas como cooperativa social. De los quince mil cooperativistas de Jujuy, un tercio pertenecía a la Tupac Amaru.

Además de ser cuestionada por no respetar los convenios colectivos de trabajo (los emprendimientos se hacían con trabajo precarizado), la Tupac Amaru es denunciada por distintas organizaciones debido a sus métodos violentos para acallar la protesta social, cuando perturba los intereses del Estado o los suyos como organización. Se han denunciado agresiones a trabajadores del Estado en lucha, amenazas y golpizas a dirigentes y militantes de otras organizaciones. En el aniversario del apagón de 2005, los seguidores de Sala se enfrentaron a palazos con la CCC y con miembros del Movimiento Socialista de los Trabajadores, así como con trabajadores municipales del SEOM. En 2006, Sala agredió a dirigentes del Partido Obrero. Ese mismo año, encabezó el ataque en el que le fisuraron el cráneo a golpes al ex dirigente de la CCC, Lucas Arias, durante una negociación en el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro de Infraestructura provincial y la Policía presentes. Y así sigue la lista.

El accionar de las patotas de Milagro Sala (“La banda de la Flaca” es una de las fracciones de la hinchada de Gimnasia de Jujuy) revela un modus operandi habitual durante el kirchnerismo. La costumbre del gobernador y su policía de hacer o dejar hacer en los desalojos de tierras, tercerizando la represión. Así ocurrió en San Pedro, unas tierras del Ingenio La Esperanza, adonde la Tupac Amaru llevó a sus matones para escarmentar a cien familias y dejó un saldo de varios heridos. Lo mismo ocurrió en el barrio Alto Comedero, zona liberada mediante. Luego intervino en decenas de desalojos en Fraile Pintado, San Salvador de Jujuy, San Pedro y El Talar, en nombre de los terratenientes.

No ha sido detenida por ninguna de estas causas, algunas de las cuales ni siquiera constan en un expediente judicial, ya que la Justicia ha rechazado considerarlas siquiera. Lejos del mito que los sectores del derrotado kirchnerismo que la presentan como una heroína de las clases subalternas hostigada por su condición de “india y mujer”, se trata de una persona cooptada por el Estado para tercerizar la represión y regimentar al movimiento social durante la “década ganada”. De cualquiera manera, que esté en prisión por realizar un reclamo marca una advertencia para quienes se planteen defender sus derechos a través de la lucha. Se trata, por lo tanto, de una amenaza que pende sobre los sectores populares y, especialmente, sobre la clase trabajadora. Por eso es una medida que se debe rechazar y repudiar.

4. El jueves la presidente Cristina Fernández realizó una cadena nacional en la que anunció que el cadáver tibio de Ariel Velásquez -el joven radical baleado la jornada previa a las PASO del 9 de agosto en circunstancias no aclaradas y que había muerto el día anterior al discurso presidencial- no era un militante radical, como se había anunciado, sino un miembro de la agrupación Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala. “Cuando estaba entrando acá, estaban las pantallas de la televisión diciendo que un militante radical había sido asesinado en Jujuy -dice la transcripción oficial del discurso de Fernández. Obviamente, le echaban la culpa a una organización, la Tupac, que lidera Milagro Sala, y tengo acá lo que me acercó… De resultas que el militante radical no era radical, sino que nos acercaron la certificación del Juzgado Electoral de Jujuy, la persona muerta… ‘Certificación. Poder Judicial de la Nación. El que suscribe, secretario electoral de la nación, distrito Jujuy, Juan Chañi, certifica en cuanto hubiese derecho que el ciudadano Jorge Ariel Velázquez -el chico, pobrecito, que mataron de un tiro- se encuentra afiliado al Partido por la Soberanía Popular’. Este es el certificado. ¿Saben de quién es el Partido por la Soberanía Popular? Es el que lidera Milagro Sala y que pertenece a Unidos y Organizados. Este chico iba además al colegio que pertenece a esta organización. […] Acá tienen, el pibe, el pobre compañerito, iba a la escuela que fundó Milagro Sala, la Tupac. Acá la solicitud, acá está el emblema de la organización del partido, acá están las notas del chico, pobrecito”.

Luego, en los standupescos discursos de “los patios de la militancia”, al divisar una bandera de la Tupac Amaru, dijo: “Ustedes vieron cómo quisieron hacerles una operación”. El cadáver de Ariel Velásquez todavía no había enfriado ni sus familiares habían podido retirarlo de la morgue, mientras la Presidente, por medio de la cadena nacional, se atribuía la filiación política del joven militante radical de una manera escandalosa y cruel. Luego se sabría que efectivamente Velásquez era un militante radical, que no había firmado ninguna ficha de afiliación a la Tupac Amaru -la ficha presentada tiene una firma distinta a la del joven militante y hasta tiene una “z” donde debería ir una “s”, en un extraño caso en el que el firmante no sabría cómo escribir su propio apellido. Familiares del occiso informaron que durante los doce días de agonía ni un militante de la Tupac Amaru se había acercado para informarse sobre la situación de Velásquez y que el día de su asesinato había sido amenazado por la mañana por miembros de la agrupación de Milagro Sala, mientras realizaba una actividad militante para el radicalismo. La madre luego dijo que la Presidente no le había transmitido sus condolencias. La afirmación presidencial se desmoronaba y la inmoral apropiación política del fallecido con ella. Nada sucedió. Dos días después, en una nueva cadena nacional, la Presidente omitió toda declaración respecto al hecho.

3. El jueves por la noche el jugador de fútbol Carlos Tévez asistió como invitado al programa de la medianoche que conduce el periodista Alejandro Fantino. Tévez es un jugador que decidió abandonar su carrera europea para volver al club de sus amores y orígenes, Boca Juniors. Allí contó cómo durante su estadía en Formosa para jugar un partido con su equipo le había sorprendido la enorme pobreza que asolaba a vastos sectores de la provincia, mientras los jugadores se alojaban en un hotel cinco estrellas digno de Las Vegas. El señalamiento le valió que el funcionario kirchnerista Jorge Manuel Santander, ex director de Acción Cultural de Formosa y asesor actual del jefe de gabinete provincial, lo tildara de “villerito europeizado” en una publicación en su muro de Facebook. Allí escribió: “Lavate la boca para hablar de nosotros hdp. Lo recibieron en el aeropuerto con flores y besos, banderas y multitudes, pasión y calidez y él, villerito europeizado, le devolvió ese afecto a nuestro pueblo rebajándonos a mierda. ¿Cuánto te pago Macri, podrido de mierda?”. Los insultos vertidos por el funcionario -de grueso calibre clasista y despreciativo- podrían haber sido considerados si hubiera existido una disculpa, lo que nunca sucedió. O podrían haberse considerado una acción individual, si algún otro funcionario del Gobierno formoseño lo hubiera desmentido, pero nunca sucedió. Por el contrario, el gobernador Gildo Insfrán, en el cargo desde hace dos décadas, en un discurso el sábado acusó a los porteños que quieren opinar sobre Formosa sin conocerla y señaló que las palabras de Tévez debían haber sido “guionadas”. El programa de televisión paraestatal Duro de Domar, producido por Diego Gvirtz -también productor del show paraestatal 678 y otros productos de igual calaña- emitió un informe en el que se traducían al lenguaje televisivo los insultos de Santander, asumiendo el cambio que había ocurrido en Tévez desde que salió del barrio popular en el que nació hasta su actualidad de millonario. La degradación moral kirchnerista en defensa del gobernador Insfrán se hacía una vez más presente.

2. “Pocas veces vi elecciones tan violentas: urnas quemadas, una casa baleada y un camarógrafo herido. Y todavía no llegamos a la mitad del día”, escribió la periodista tucumana Mariana Romero en su cuenta de Twitter a media jornada electoral del domingo. Las escenas recorrían la provincia y el país: un sistema de boletas colectoras que hacía que los cuartos oscuros estuvieran repletos de listas y candidatos, mayormente pertenecientes al oficialismo kirchnerista o a la oposición radical-macrista, urnas llenas con boletas oficialistas antes de que comience la votación, un desenfreno clientelar que provocaba que impunemente se repartieran bolsones de alimentos en el afán de conquistar votos, la acción libre de punteros y coordinadores del intento de fraude, la violencia que producía que un camarógrafo de la cadena CCC que filmaba la entrega de bolsones fuera perseguido en su auto, sacado a los golpes del asiento de conductor y golpeado en represalia por sus actos -la policía calificó el hecho como “pelea por accidente”-, hasta el caos del ingreso de patotas a los establecimientos, el robo de urnas, la quema de urnas, los enfrentamientos y las amenazas con armas de fuego. Si en teoría las elecciones deberían ser el punto cúlmine de un régimen democrático, la jornada electoral en Tucumán mostraba, por el contrario, la declinación de un régimen fraudulento.

1. El lunes por la noche Tucumán estalló. No solo se reaccionaba frente a las denuncias de fraude de la oposición tradicional -que incluye a un desprendimiento del alperovichismo-, sino que mostraba el cansancio popular frente a un estado de las cosas. La progresión de las votaciones favorables al oficialismo venía en caída progresiva con cada elección, como signo de los ánimos. Pero lo escandaloso de la jornada, el triunfo provisorio del candidato oficialista Juan Manzur -un hombre del régimen, el funcionario político más rico del kirchnerismo y que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por enriquecimiento ilícito, el técnico que variaba los índices de desnutrición infantil en la provincia para que pasen desapercibidos- había desatado una ola de indignación ante la continuidad de statu quo. Temprano la izquierda se había movilizado por la liberación del dirigente del Partido Obrero José Kobak, detenido ilegalmente por un grupo de personas vestidas de civil que lo apaleó en la calle y sin causa desde el día de la votación. Luego, a las 20 horas, comenzó a llegar la gente a las inmediaciones de la plaza Independencia, mientras algunas cacerolas repicaban desde los edificios. Pronto serían decenas de miles. Para quien conozca las dimensiones de la plaza Independencia y la cantidad de manifestantes que se suceden en las frecuentes movilizaciones que allí se realizan, podrá dar cuenta de la excepcionalidad de la jornada, en la que multitudes ocuparon toda la plaza. Eran familias, jóvenes, ancianos que denunciaban el fraude, que exigían la apertura de las urnas y que coreaban: “Que se vayan todos”, en un déjà vu de los acontecimientos de 2001. Entonces llegó la represión salvaje, ordenada por el jefe de la policía desde las escalinatas de la casa de Gobierno, la incursión de la Montada con látigos sobre los manifestantes, la detención ilegal de jóvenes, que luego fueron golpeados dentro de la casa de Gobierno, por parte de policías de civil, enfrentamientos que se prolongaron desesperadamente con el resultado de doscientos heridos entre los movilizados. Mientras tanto, el diario Página 12 no usaba la palabra ‘represión’, sino que culpaba por los “incidentes” a un grupo de manifestantes que se había enfrentado a la policía, la política kirchnerista María José Lubertino condenaba a los neonazis alemanes en su cuenta de Twitter y el kirchnerismo en general mantenía silencio sobre la represión. Los manifestantes recuperaron la plaza. Y prometieron el martes por la noche regresar. Porque ante un fin de ciclo y la degradación también se pueden avizorar principios de evoluciones históricas de otra naturaleza.